Antonio Castillo Márquez
Expediente 432/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonio Castillo Márquez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de abril de febrero de esta anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya impugnado; en consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y en el caso se desechó la demanda de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 432/2021. Desechamiento. Ahora, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, no existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En la especie se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6° de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que en un juicio de amparo se decretará el sobreseimiento cuando se advierta que se actualice una causal de improcedencia y cuando de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Enseguida es necesario establecer que el derecho de petición consagrado por el artículo 8 de la Constitución Federal encierra la facultad que tiene todo gobernado para hacer peticiones a los funcionarios públicos siempre y cuando éstas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa, acotando que tratándose de la materia política solo podrán hacerlo los ciudadanos de la república. A la solicitud realizada en los términos referidos, la autoridad se encontrará obligada a emitir un acuerdo por escrito que deberá hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Bajo esa línea de pensamiento tenemos que para que exista la obligación por parte de los funcionarios públicos de dar contestación a las peticiones formuladas por los gobernados debe de existir una solicitud hecha por escrito de forma pacífica y respetuosa, tal como lo establece la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (9ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, página 2167, Marzo de 2011, materia Constitucional, con el rubro siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. Del criterio jurisprudencial anterior se advierte que los elementos del derecho de petición son los siguientes: I. La petición: que debe de formularse de forma pacífica a una autoridad y recabarse la constancia de su entrega. II. La respuesta: que la autoridad deberá de emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; asimismo, la contestación deberá ser congruente con la petición planteada y notificarla de forma personal al promovente. Ahora, es necesario traer a contexto lo previsto por el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, que señala: "Artículo 26. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma." Del precepto transcrito se desprende que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca estatuye que las autoridades estatales deberán resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales. En el caso, Antonio Castillo Márquez reclama de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Tal situación se destaca porque el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, estatuye que los órganos estatales o municipales deberán resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales, lapso que se entiende como el que racionalmente se requiere para estudiar la petición y acordarla. En ese contexto, se tiene en cuenta que a la fecha de la promoción del presente juicio de amparo indirecto -veintiuno de abril de dos mil veintiuno- sólo han transcurrido setenta y seis días naturales, a partir de que el disidente presentó el ocurso que contiene su petición, por lo que la responsable aún se encuentran dentro del plazo legal de noventa días naturales para emitir la contestación correspondiente; de ahí que la omisión atacada sea inexistente, lo que conduce a estimar que en cuanto a ese acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V del propio ordenamiento. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas, porque con ningún medio de prueba podrían desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de amparo se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acto precisado atribuido a la autoridad señalada como responsable. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Es necesario precisar que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión a Antonio Castillo Márquez, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no haya dado respuesta a su escrito que presentó el cuatro de febrero de dos mil veintiuno y hubiese transcurrido el plazo previsto por el arábigo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, puede volver a promover el juicio constitucional en el caso de que lo estime conveniente. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Tomando en consideración que el quejoso señala los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones, cuya figura jurídica no se encuentra prevista en la ley de la materia, ni tampoco corresponde a un domicilio particular; con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene para tal efecto la lista de acuerdos, así como la lista electrónica que se genera en la página del Poder Judicial de la Federación. Autorizado. Por otro lado, se le tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Herminio Hernández Vargas, en razón de que no se encuentra en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni se acredita de forma fehaciente que se encuentre facultado para ejercer la facultad de licenciado en Derecho. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico que refiere, únicamente para facilitar su localización y como medio de contacto para las comunicaciones no procesales en el caso de que sea necesario, más no un medio para practicar notificaciones, por no estar previsto en la Ley de Amparo ni en los acuerdos generales que actualmente rigen la actuación de este órgano jurisdiccional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación d transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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