Antonio Christian Juárez Arias

Expediente 224/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
224/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Antonio Christian Juárez Arias
  • Centro Integral de Justicia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, doce de febrero de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 224/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, doce de febrero de dos mil veintiuno. Con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones II, inciso a) y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del Secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del Secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de febrero de dos mil veintiuno. Con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones II, inciso a) y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del Secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 213 dirigido a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, en su carácter de tercero interesado en el presente asunto, con la razón "autoridad errónea". En consecuencia, del estado de los autos se advierte que en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se tiene su denominación correcta, que lo es, DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA con residencia en Xalapa, Veracruz, por ende, se ordena reexpedir el oficio al citado tercero interesado con esa denominación a efecto de que se imponga del contenido de la sentencia dictada en este asunto. Con fundamento en el artículo 26, fracciones II, inciso a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del Secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón actuarial de cuenta levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, mediante el cual informa sobre la imposibilidad de notificar de manera personal al quejoso ANTONIO CHRISTIAN JUÁREZ ARIAS, la sentencia de trece de enero presente año, por la razón expuesta en la constancia actuarial de mérito; por lo anterior, se ordena realizar la notificación de dicha sentencia, así como las subsecuentes incluidas las personales, por medio de la lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal. Notifíquese en términos de ley. COMO ESTA ORDENADO EN EL AUTO QUE PRECEDE SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA ENGROSADA EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL DICE: "...SENTENCIA R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito ante la Secretaria de guardia de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, el once de mayo de dos mil veinte, Antonio Christian Juárez Arias promovió demanda de amparo en contra de actos de la 1. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, sala "C" de Veracruz, Veracruz, por actos que se precisará en el apartado correspondiente (fojas 1 a 11). SEGUNDO. Por acuerdo de esa misma fecha, se ordenó admitir la demanda de amparo; sin embargo dado que el asunto fue recibido dentro del contexto del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19) se estimó que en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se estimó que no entraba dentro de los supuestos de "asuntos urgentes" previstos en el mismo y por ello se reservó su tramitación ordinaria hasta que se reanudaran las labores jurisdiccionales al público (fojas 32 a 38). TERCERO. En proveído de dos de septiembre de dos mil veinte, se reanudó el procedimiento ordinario en el presente asunto, se señaló fecha y hora de audiencia constitucional y, dado que ya se había recibido el informe justificado del Juez responsable, se dio vista a las partes con el mismo (fojas 102 y 103). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 48) así como las notificaciones de la fiscal que participó en el procedimiento de origen (foja 46) así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y Secretaria de Salud del Estado de Veracruz, ambas con sede en Xalapa, Veracruz y del Fiscal adscrito a este Juzgado como terceros interesados tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio1 y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, ya que se trata de actos dictados dentro de un proceso penal, susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) pues se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución de los actos reclamados tienen lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: -La resolución dictada el cuatro de mayo de dos mil veinte, en la autoridad responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de Antonio Christian Juárez Arias, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito Contra la Salud, previsto y sancionado en el artículo 477, párrafo primero de la Ley General de Salud y del hecho con la apariencia de delito de Ultrajes a la Autoridad, previsto en el numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz, ello dentro de la causa penal 131/2020 de su índice - La determinación de la misma fecha que ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con relación a Antonio Christian Juárez Arias. Resoluciones notificadas de manera verbal al aquí quejoso su defensa en la audiencia de cuatro de mayo de dos mil veinte (disco óptico). Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Los actos reclamados son ciertos por lo que hace al 1. Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, sala "C" de Veracruz, Veracruz, ya que así lo reconoció en su informe justificado (foja 48). Pero además, porque así se desprende del disco óptico que contiene diligencias del proceso penal 131/2020 del juzgado responsable, remitidas por el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, sala "C" de Veracruz, Veracruz, incluida la audiencia de vinculación a proceso, de las que se advierte la resolución de plazo constitucional de cuatro de mayo de dos mil veinte, así como la fijación de la media cautela de prisión preventiva decretada en esa misma audiencia. Medios de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse, de audiovisuales en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia, emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que se lee: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." 2 Por tanto, se reitera, deben tenerse por ciertos los actos controvertidos en esta instancia constitucional. CUARTO. Procedencia del juicio. Es improcedente el estudio de los actos reclamados, no obstante su certeza, en virtud de que se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que por ser de orden público, su estudio es preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 del mismo ordenamiento. MARCO NORMATIVO. El numeral y fracción antes mencionados son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)"Del precepto transcrito legal se obtiene que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte del quejoso. Ahora, es pertinente establecer que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el peticionario de amparo de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto impugnado. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para apreciar con claridad el acto reclamado, se relatan los siguientes antecedentes del mismo, obtenidos de las documentales y del disco compacto enviado por el juez responsable, a saber: 1. El cuatro de mayo de dos mil veinte a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, el Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justiciada del Distrito Judicial XVII de Veracruz, puso a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Veracruz, Veracruz en turno, a Antonio Christian Juárez Arias, a quien atribuyó la posible participación en los hechos calificados como delitos Contra la Salud y Ultrajes a la Autoridad (foja 63). 2. Puesta a disposición turnada a la entonces 1. Jueza de Control Interina del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, sala "C" de Veracruz, Veracruz, la cual mediante proveído de esa misma fecha, señaló las diecinueve horas con quince minutos del cuatro de mayo de dos mil veinte, para que tuviera lugar la audiencia inicial para Control de Detención (foja 69). 3. En la citada hora y fecha tuvo lugar la citada audiencia, en la cual se escuchó la solicitud de la fiscalía, las manifestaciones del imputado y su defensor y la Juez calificó de legal la detención de Antonio Christian Juárez Arias, por lo que se indicó que comenzó a correr el plazo constitucional correspondiente a partir de ese momento. Acto seguido la Representación Social realizó la imputación correspondiente al detenido, una vez que se hizo de su conocimiento los datos de prueba, éste renunció al plazo constitucional y solicitó que se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia (foja 74, 20:22:34 horas en disco óptico) por lo que a continuación la Jueza procedió a dictar auto de vinculación a proceso en contra de Antonio Christian Juárez Arias por su probable participación en los hechos calificados por la ley como los delitos antes mencionados (fojas 54, 76 vuelta, 21:31:54 horas disco óptico) 4. En esa misma diligencia la Fiscalía solicitó se abriera debate sobre medidas cautelares y solicitó prisión preventiva oficiosa en contra de Antonio Christian Juárez Arias, y una vez que se escuchó a las partes, la Juez de Control concedió la medida solicitada, por el plazo de dos años o en su caso, en la durante el curso del proceso respectivo (fojas 78 vuelta, 21:55:03 horas de la fecha en cita). 5. El veintiséis de mayo de dos mil veinte, la defensa de Antonio Christian Juárez Arias, solicitó se fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia de suspensión condicional del proceso, por lo que mediante proveído de uno de junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 193, 194, 195 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalaron las trece con treinta minutos del cuatro de junio de dos mil veinte; audiencia en la cual el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, se concedió a Antonio Christian Juárez Arias la suspensión condicional del proceso, imponiendo por un periodo de seis meses, las condiciones previstas en el artículo 195, fracciones III, VII, y X del Código Nacional de Procedimientos Penales3, por lo que se levantó la medida cautelar de prisión preventiva y se ordenó la libertad del procesado, lo que se notificó en esa misma fecha al Encargado del Módulo Preventivo de 72 horas dependiente dela Dirección de Prevención y Reinserción Social en Veracruz, Veracruz, donde se encontraba recluido el aquí quejoso (foja 61, 98, así como observable a la hora 21:05:21 de la audiencia de cinco de junio del presente año contenida también en el disco óptico remitido por la responsable). SUBSUNCIÓN En el caso, el principal acto reclamado por la parte quejosa en este juicio constitucional, lo constituye la resolución de cuatro de mayo de dos mil veinte, dictada por 1. Juez de Control Interina del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XVII de Veracruz, Veracruz, Sala "C" dentro del proceso penal 131/2020 como probable responsable en la comisión de los delitos Contra la Salud y Ultrajes a la Autoridad, así como la decisión que continuara sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, de autos se aprecia la recepción del oficio remitido por el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, sala "C" de Veracruz, Veracruz, de los que a su vez se desprende que a solicitud de la defensa, se concedió al quejoso Antonio Christian Juárez Arias, la suspensión condicional del proceso; y se le sujetó a las condiciones contenidas en diversas fracciones del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se suspendieron los plazos para el cierre de la investigación complementaria, así como la medida cautelar que pesaba sobre el impetrante, girando en su favor boleta de libertad. En consecuencia, dado que el quejoso Antonio Christian Juárez Arias, reclamó, la medida cautelar de prisión preventiva que se le impusiera, así como el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro del citado proceso penal 131/2020, por los hechos que la ley señala como delitos Contra la Salud y Ultrajes a la Autoridad, y éste en su calidad de imputado accedió a un mecanismo de solución alterna del procedimiento, mediante la suspensión condicional del proceso, dicha manifestación entraña el consentimiento de los actos reclamados, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Lo anterior es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no se cuestionen los mismos, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pretende buscar una medida construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal. Sustenta la anterior consideración la Jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional."4 Sin que lo anterior implique dejar en estado de indefensión al aquí quejoso, puesto que en caso de que no se tenga por cumplidas las condiciones o el convenio en su caso celebrado y se ordene la continuación del proceso, el imputado tendrá la oportunidad de implementar su defensa en las actuaciones subsecuentes y en términos del párrafo quinto del artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la información generada como producto de los acuerdos reparatorios correspondientes, no podrán ser utilizados en perjuicio de las partes dentro el proceso penal. CONCLUSIÓN. De ahí que, la aceptación del citado mecanismo alternativo de solución de controversias debe tenerse, para los efectos del presente juicio de garantías como una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de los actos que se reclamaron, puesto que implican que no se controvierta la resolución de vinculación dictado en su contra, lo que, por supuesto abarca la medida cautelar dictada en el proceso, dado que la misma dejó de aplicarse al amparista al ordenarse su inmediata libertad. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio con fundamento en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la ley de la materia. QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del presente año. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, segundo párrafo y, demás aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Antonio Christian Juárez Arias, contra los actos en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expresados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese a las partes en términos de Ley. Así lo sentenció y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, el día de hoy trece de enero de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido de la Secretaria de Juzgado Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Doy fe."

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