Antonio de Jesús del Río Argudín
Expediente 254/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 41 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio de Jesús del Río Argudín
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado
- Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "A" en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 254/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintidós. Con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de sususpensión, en virtud que por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintidós. Con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de sususpensión, en virtud que por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintidós. Con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que se omitió notificar a la Fiscal Decimoquinta Investigadora de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial (en su carácter de tercero interesada en el presente asunto) la sentencia aquí dictada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por el artículo 2º de la citada ley, se regulariza el procedimiento, para el único efecto de notificar a dicha Fiscal la referida sentencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, misma que a la letra dice: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno en la Oficialía de partes común de los juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa Antonio de Jesús del Río Argudín promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 8-12). SEGUNDO. Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló fecha para la audiencia constitucional (fojas 13-16). Por acuerdo de diez de mayo de do mil veintiuno, se hizo efectivo apercibimiento de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno y se tuvieron inexistentes a las autoridades 7. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz y 10. Comisario Comandante o Coordinador de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz (foja 46). Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la tercero interesada Marisol Sandoval Ibarra y Fiscal Décima Quinta Investigadora de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 54-55) siendo emplazados el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno y el veinticinco de junio de dos mil veintiuno respectivamente (fojas 105-107 y 58), sin que compareciera la tercera interesada Marisol Sandoval Ibarra al presente juicio de garantías. Por proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso Antonio de Jesús del Río Argudín, para que en el término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar sus conceptos de violación que hizo valer en su escrito inicial, respecto de la orden de comparecencia y/o aprehensión, librada en el proceso penal 49/2019 del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, por el delito de fraude cometido en agravio de Marisol Sandoval Ibarra, apercibido que de no cumplir se continuaría el presente juicio en los términos planteados en su escrito inicial (foja 119). Apercibimiento que se hizo efectivo en audiencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 123-124). TERCERO. Agotada la secuela procesal, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 20, 27, 32, 37 y 48) y los emplazamiento de los terceros interesados (fojas 58 y 105-107) tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 116) quedando el expediente en estado de resolución. Hasta la fecha no obra constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, ya que se trata de actos dictados dentro de un proceso penal, susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la libertad personal lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) pues se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que conforme a la demanda de amparo e informes rendidos los actos reclamados en el presente juicio son: "La Orden de Comparecencia de catorce de agosto de dos mil nueve, dictada por el el Juez de Control y Enjuiciamiento Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, en la causa penal 49/2019 en contra del aquí quejoso Antonio de Jesús del Río Argudín por el delito de fraude cometido en agravio de Marisol Sandoval Ibarra." Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Juez de Control Comisionado a la Sala "A" adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, 3. Juez de Control Comisionado a la Sala "C" adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, 4. Juez de Control Comisionado a la Sala "D" adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, 5. Juez de Control Comisionado a la Sala "E" adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, todos con residencia en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se le reclamó, tal como se advierte del contenido del mismo (foja 20). En tales condiciones la negativa de dichas autoridades responsables no fue desvirtuada por el quejoso, aportando medio de convicción a efecto de demostrar la existencia del acto reclamado a la fecha de promoción de su demanda. Por ende, tomando en consideración que la negativa antes señalada no fue desvirtuada, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a las autoridades citadas en los párrafos que anteceden por el referido acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que se cita de acuerdo a lo estipulado en el artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta resolución, es cierto. En principio, porque así lo reconocieron las autoridades responsables: 2. Juez de Control Comisionado a la Sala "B" adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, 6. Director Estatal de la Policía Ministerial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, 8. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz y 9. Coordinación de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz, al rendir su informe con justificación (fojas 37, 48, 27 y 32) respectivamente. Lo que se constata en razón que la autoridad responsable 2. Juez de Control Comisionado a la Sala "B" adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la comparecencia del quejoso Antonio de Jesús del Río Argudín de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se puso a disposición de dicha autoridad en los autos del incidente de suspensión del presente juicio de garantías en la que se fijó fecha y hora para la audiencia de prórroga de investigación complementaria, fijándose las catorce horas del tres de mayo de dos mil veintiuno y se ordenó girara oficio a la Fiscalía Investigadora de la Unidad Integral de Procuración de Justicia para dejar sin efectos el oficio 850/2019, de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual fue girada la orden de comparecencia en contra del quejoso Antonio de Jesús del Río Argudín (foja 41) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se reitera, debe tenerse por cierto el acto controvertido en esta instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del Juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Motivo de improcedencia advertido de oficio En el caso, a criterio de este juzgador, se estima que sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo que se sostiene, en la medida que se considera que se reclama la orden de comparecencia ya se dejó sin efectos, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La causa de improcedencia a que se hace referencia en el numeral antes trascrito, si bien se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, también tiene su razón de ser en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Guarda relación con lo señalado, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita en términos de lo dispuesto en el artículo 6° Transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; tesis de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, de las constancias remitidas por el 2. Juez de Control Comisionado a la Sala "B" adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, se advierte que dentro de los autos de la causa penal 49/2019 instruida contra del aquí quejoso Antonio de Jesús del Río Argudín por el delito de fraude cometido en agravio de Marisol Sandoval Ibarra, obra la comparecencia del quejoso Antonio de Jesús del Río Argudín de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por medio de la cual se puso a disposición de dicha autoridad en los autos del incidente de suspensión del presente juicio de garantías, en la que se fijó fecha y hora para la audiencia de prórroga de investigación complementaria, fijándose las catorce horas del tres de mayo de dos mil veintiuno y se ordenó girara oficio a la Fiscalía Investigadora de la Unidad Integral de Procuración de Justicia para dejar sin efectos el oficio 850/2019, de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual fue girada la orden de comparecencia en contra del quejoso Antonio de Jesús del Río Argudín (foja 41). De esta forma, se desprende que la autoridad responsable dejó sin efectos la orden de comparecencia de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, lo que pone de manifiesto que no existe obstáculo legal alguno para considerar la cesación de los efectos de la citada orden de comparecencia que fue objeto el impetrante de garantías ante el juzgado en cita. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado a estudio. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Antonio de Jesús del Río Argudín, contra la autoridades responsables y acto precisado en el considerando segundo, conforme a los razonamientos emitidos en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley.
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