Antonino Lagunes Lagunes
Expediente 14/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 06/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonino Lagunes Lagunes
- Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en esta localidad; recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase al referido Tribunal informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número de toca 100/2023; por tanto, estese en espera de que la Superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta Ciudad; recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, instrúyase al analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) para que dé acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo 14/2022 a la Superioridad, esto con la finalidad de que dicho órgano jurisdiccional pueda consultarlo y obtener la información necesaria para su asunto. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos copia del escrito signado por Perla Crisol Aguilar Guizar -autorizada de la parte quejosa-; recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia de dos de febrero del año en curso dictada en autos (fojas 124 a 134 vta); en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con dicho extremo, remítanse estos autos, original y copia del escrito que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa la sentencia engrosada de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 14/2022 promovido por Antonino Lagunes Lagunes. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el siete de enero de dos mil veintidós y turnado el diez de enero siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-6). SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de enero siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este juzgado y, requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 10-14). El veinticinco de enero siguiente, se acordó: regularizar el procedimiento para el efecto de tomar nota del nombre correcto del quejoso y comunicarlo a las autoridades responsables (foja 19). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 23-24 y 25-26). El veintitrés de junio del año pasado, se acordó: requerir al quejoso si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de nuevos actos reclamados (foja 55) por lo que mediante proveído de seis de julio siguiente, se acordó: tener ampliada la misma (fojas 63-65). Se agregaron en autos los informes justificados que en ampliación rindieron las autoridades responsables respecto (fojas 70-72). Posteriormente, el diecinueve de octubre del citado año, se acordó: tener ampliada la demanda de amparo del quejoso respecto de una nueva autoridad responsable y por actos atribuidos a la misma (fojas 102-105) agregándose a los autos su respectivo informe justificado (fojas 110-111). Integrado el asunto, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 119) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en términos del numeral 107, fracción II, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: "El incremento excesivo del pago del impuesto predial del inmueble identificado con clave catastral 2 001 00 016 099 00 000, con dirección el lote 5, Predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver.", "El incremento excesivo de valor catastral del inmueble identificado con clave catastral 2 001 00 016 099 00 000, con dirección el lote 5, Predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver." Estos actos atribuidos al 1. Director de Ingresos y a la 2. Directora de Planeación Catastral, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz. Asimismo, de los escritos de ampliación de la demanda de amparo, se advierte que se reclaman: "a) La revaluación catastral al inmueble con clave catastral 1 027 00 016 526 00 0000, (antes clave catastral 2 001 00 016 099 00 000) con dirección en lote 5, predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver, el cual señala que tiene un adeudo de los años 2020, 2021 y 2022, por un monto total de $90,451.00 (noventa mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100). Monto que fuera señalado en este juicio por la autoridad responsable mediante oficio de diecinueve de abril de dos mil veintidós, y recibido por este Juzgado el veintisiete de ese mismo mes y año. b) El incremento excesivo del pago del impuesto predial y valor catastral del inmueble con clave catastral 1027 00 016 526 00 0000, (antes clave catastral 2 001 00 016 099 00 000) con dirección en lote 5, predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver." Estos actos atribuidos al 1. Director de Ingresos, a la 2. Directora de Planeación Catastral y a la 3. Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades 1. Director de Ingresos y 2. Directora de Planeación Catastral, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz, consistentes en: "El incremento excesivo del pago del impuesto predial del inmueble identificado con clave catastral 2 001 00 016 099 00 000, con dirección el lote 5, Predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver.", "El incremento excesivo de valor catastral del inmueble identificado con clave catastral 2 001 00 016 099 00 000, con dirección el lote 5, Predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver." En razón que al rendir su informe justificado negaron categóricamente haber emitido o participado en la ejecución de alguno de esos actos reclamados (fojas 23-24 y 25-26). Tampoco son ciertos los actos reclamados atribuidos al 1. Director de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz, consistentes en: "a) La revaluación catastral al inmueble con clave catastral 1 027 00 016 526 00 0000, (antes clave catastral 2 001 00 016 099 00 000) con dirección en lote 5, predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver, el cual señala que tiene un adeudo de los años 2020, 2021 y 2022, por un monto total de $90,451.00 (noventa mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100). Monto que fuera señalado en este juicio por la autoridad responsable mediante oficio de diecinueve de abril de dos mil veintidós, y recibido por este Juzgado el veintisiete de ese mismo mes y año. b) El incremento excesivo del pago del impuesto predial y valor catastral del inmueble con clave catastral 1027 00 016 526 00 0000, (antes clave catastral 2 001 00 016 099 00 000) con dirección en lote 5, predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver." Puesto que al rendir su informe justificado dicha autoridad negó categóricamente haber emitido o participado en la ejecución de esos actos destacados (fojas 70-72). En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de esas autoridades responsables, es decir, que éstas hayan ordenado o participado en la emisión de los referidos actos combatidos; procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los destacados actos reclamados que se les atribuyen. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a la 2. Directora de Planeación Catastral y a la 3. Tesorera Municipal, ambas del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz, consistentes en: "a) La revaluación catastral al inmueble con clave catastral 1 027 00 016 526 00 0000, (antes clave catastral 2 001 00 016 099 00 000) con dirección en lote 5, predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver, el cual señala que tiene un adeudo de los años 2020, 2021 y 2022, por un monto total de $90,451.00 (noventa mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100). Monto que fuera señalado en este juicio por la autoridad responsable mediante oficio de diecinueve de abril de dos mil veintidós, y recibido por este Juzgado el veintisiete de ese mismo mes y año. b) El incremento excesivo del pago del impuesto predial y valor catastral del inmueble con clave catastral 1027 00 016 526 00 0000, (antes clave catastral 2 001 00 016 099 00 000) con dirección en lote 5, predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver." Lo anterior en razón que al rendir sus respectivos informes justificados reconocieron la existencia de dichos actos (fojas 70-72 y 110-111). Máxime que ello se constata, en razón que obra agregado al presente juicio de amparo el oficio de diecinueve de abril de dos mil veintidós, que remitió el delegado de las autoridades responsables, que precisamente constituye el acto reclamado en este asunto (fojas 45-46) el cual tiene valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En la especie, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad para combatir los actos reclamados, al no acudir previamente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y plantear el juicio contencioso administrativo contra esos actos, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se puede advertir, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, ya que en esto estriba precisamente el principio de definitividad aludido, el cual debió agotarse previamente por la parte quejosa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se da pie al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, conviene destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos, para otorgar la suspensión del acto, que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que se concrete el motivo de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: 1) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte; es decir, que proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado. 3) Conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo, proceda la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. 4) No se esté en el caso de excepción. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, tales requisitos se cumplen. Respecto al PRIMER requisito consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues los referidos actos reclamados fueron emitidos por la 2. Directora de Planeación Catastral y por la 3. Tesorera Municipal, ambas del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz; autoridades evidentemente distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por cuanto hace al SEGUNDO requisito, relativo a que contra los actos impugnados proceda algún medio de defensa ordinario por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, también se actualiza, ya que los actos que en este juicio se reclaman y que se precisaron en este apartado, pueden ser analizados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, a través de la promoción del juicio contencioso. Lo anterior se deriva de lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que dispone: ".Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general.". De igual modo, la fracción II, del artículo 280, del ordenamiento legal referido, establece que procede el juicio contencioso contra: ".II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares;.". De lo anterior se desprende que contra la revaluación catastral al inmueble con clave catastral 1 027 00 016 526 00 0000, (antes clave catastral 2 001 00 016 099 00 000) con dirección en lote 5, predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Ver, el cual señala que tiene un adeudo de los años 2020, 2021 y 2022, por un monto total de $90,451.00 (noventa mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100) así como el incremento en el pago del impuesto predial respecto del citado inmueble; contenidos en el oficio sin número de diecinueve de abril de dos mil veintidós, signado por el delegado de las autoridades responsables (fojas 45-46) respectivamente, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz; medio ordinario de defensa idóneo para modificar, revocar o nulificar dichos actos. Con base en lo anterior, es posible afirmar que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. En relación con el TERCER requisito, también se satisface, pues la ley que rige el medio de impugnación relativo, a saber, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz vigente, contempla la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional y, sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Así, se concluye que la parte quejosa, antes de la promoción del presente juicio constitucional contra los referidos actos reclamados, debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa aludido. En similares condiciones se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 214/2018, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho; ejecutoria que si bien no obra en autos, es apta para motivar la presente sentencia, pues se obtuvo de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus resoluciones, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Enseguida, se verificará si se concreta excepción al principio de definitividad, distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio, esto es, lo relativo al CUARTO requisito en mención. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En el caso, la parte quejosa no reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma. 2. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Este aspecto está relacionado a que el acto reclamado adolezca de vicios de inconstitucionalidad directa y no derivada. En efecto, en el caso a estudio, la parte quejosa hace derivar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de lo que estima como vicios cuya naturaleza son de mera legalidad, haciendo alusión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior porque sostiene que las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados: no explican el razonamiento aritmético y jurídico empleado para la aplicación de los valores catastrales actualizados al inmueble de su propiedad y que da como resultado el monto que ahora se le exige su pago; tampoco indican si existe o no algún factor de condonación y/o apoyo en el pago del impuesto predial por las cantidades generadas debido a la mora; mucho menos funda ni motiva el por qué su predio fue considerado como urbano y no rural o viceversa. De lo anterior se aprecia que la parte quejosa no reclama en específico alguna violación directa a la constitución, pues de manera genérica señala que los referidos numerales 14 y 16, prevén las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pero no se duele de la violación directa de alguna de ellas; por lo que se concluye válidamente que su reclamo no implica violación directa a los referidos artículos constitucionales, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo, únicamente exigiría verificar si la revaluación catastral al inmueble con clave catastral 1 027 00 016 526 00 0000, (antes clave catastral 2 001 00 016 099 00 000) con dirección en lote 5, predio el Jobo, Pocitos y Rivera, en Veracruz, Veracruz y el incremento en el pago del impuesto predial respecto del citado inmueble, se ajustan o no a algún ordenamiento legal; lo que desde luego representa un tema de legalidad. De allí, que el reclamo constitucional implica una cuestión de legalidad, al versar sobre la indebida fundamentación y motivación de los actos combatidos, o sea, la transgresión a las leyes secundarias u ordinarias y, no una violación directa a la constitución. 3. Los que carecen de fundamentación. A simple vista, del oficio sin número de diecinueve de abril de dos mil veintidós, signado por el delegado de las autoridades responsables, se advierte que se fundó en los artículos 42, 116, 169 y 172, fracción I, del Código 543 Hacendario para el Municipio del Estado de Veracruz; así como 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio (fojas 45-46). Lo anterior pone de manifiesto que los actos reclamados no carecen de absoluta fundamentación que impida a la parte quejosa hacer valer el recurso idóneo para combatirlos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo resaltado es propio) 4. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el juicio contencioso administrativo de que se trata se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz y no en reglamento alguno. CONCLUSIÓN En consecuencia, dado que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, antes de acudir a la instancia constitucional. Es por ello que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta incuestionable que no puede acudir ahora ante esta instancia constitucional, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige en el referido juicio constitucional, pues una vez agotado el contencioso administrativo aludido, procedería el juicio de amparo. En ese contexto, es posible considerar que, si el quejoso omitió agotar el medio de impugnación ordinario ya aludido y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, resulta evidente la actualización del motivo de improcedencia aquí analizado. Luego, al concretarse el aludido motivo de improcedencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados atribuidos a las citadas autoridades responsables. Al decretarse el sobreseimiento del asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVEPRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Antonino Lagunes Lagunes, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución.
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