Antonio Alberto Aguilar Mijangos

Expediente 775/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
775/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2016

Partes del expediente

  • Antonio Alberto Aguilar Mijangos

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de mayo de dos mil dieciséis (fojas 9 a 13), por la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Antonio Alberto Aguilar Mijangos; asimismo, que tal resolución no se recurrió. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no se recurrió, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que, por una parte, se reclamó la falta de acuerdo a su escrito de veintitrés de junio de dos mil quince y recibido en esa misma fecha en el expediente 172/2012(1); y por otra, se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo número 775/2016; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de mayo del dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y recibida en este juzgado en la misma fecha, cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno (foja 2), Antonio Alberto Aguilar Mijangos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades descritos en su demanda. El peticionario del amparo narró los antecedentes del caso, señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de tres de mayo del dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Antonio Alberto Aguilar Mijangos; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos los trámites del juicio, se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque este juzgado conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza agraria y la autoridad responsable donde afirma el quejoso se sigue el procedimiento jurisdiccional donde tiene el carácter de parte procesal, tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, el quejoso Antonio Alberto Aguilar Mijangos, por su propio derecho reclamó lo siguiente: ACTO RECLAMADO: AUTORIDAD RESPONSABLE: La omisión de acordar su escrito de veintitrés de junio de dos mil quince, donde solicitó la ejecución del laudo en el expediente 172/2012(1). Junta Especial número uno de la local de conciliación y arbitraje del estado. Actuario adscrito a la referida junta. TERCERO. Presunción de certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial número uno de la local de conciliación y arbitraje del estado y el actuario adscrito a dicha junta, no rindieron su informe justificado, aun cuando quedaron debidamente notificados de la petición del mismo el cuatro de mayo del presente año, como se advierte de la constancia que obra a foja ocho de autos; por ende, como dichas autoridades tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de éste órgano jurisdiccional y a su alcance los medios necesarios para enviar su informe por vía diversa a la postal (fax y correo electrónico), acorde a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama, consistente en la omisión de acordar su escrito de veintitrés de junio de dos mil quince, donde solicitó la ejecución del laudo en el expediente 172/2012(1). CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. No se analizarán los conceptos de violación vertidos por el quejoso, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es de oficio y preferente al fondo acorde a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cierto, como se expuso, el acto por esta vía combatido es la omisión de acordar el escrito del quejoso de veintitrés de junio de dos mil quince, donde solicitó la ejecución del laudo en el expediente 172/2012(1) del índice de la Junta Especial número uno de la local de conciliación y arbitraje del estado; empero a criterio de este órgano jurisdiccional, contra dicho acto se surte la causal de improcedencia prevista XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del precepto transcrito se desprende la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueva contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; razón por la cual, en ese supuesto, existe valladar insuperable para abordar el estudio de la alegada inconstitucionalidad de los actos reclamados. Previamente, respecto al interés jurídico conviene hacer las siguientes consideraciones. Los artículos 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: - - - I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De ello, se aprecia que están legitimados para promover el amparo, los gobernados que aduzcan ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo y que la autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. La noción de perjuicio está íntimamente relacionada con la de interés jurídico, en tanto éste ha sido definido como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho público subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto titular de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Luego, si en el caso, se presumió cierto el acto reclamado ante la falta de informe por parte de la autoridad, tal presunción se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo. Por tanto, si el quejoso no ofreció prueba alguna que acredite que efectivamente tiene el carácter de actor en el expediente laboral 172/2012(1) del índice de la Junta Especial número uno de la local de conciliación y arbitraje del estado, donde afirma que no se ha ejecutado el laudo respectivo, cuya falta de ejecución por esta vía combate; se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Así lo estimó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P/J 23/2014 (10ª), en cuya parte relativa determinó: ".En el caso de la impugnación de violaciones procesales por parte de la autoridad jurisdiccional, no cabe duda que para resultar afectado el interés jurídico del quejoso, se requiere que éste sea parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado y es uno de los presupuestos a verificar, en primer orden, para establecer la procedencia del juicio de garantías. Es decir, el órgano de amparo tendría la necesidad de verificar que quien acude al amparo es uno de los sujetos que ha acudido ante el respectivo órgano jurisdiccional a deducir una controversia y ver comprometida su esfera jurídica con las actuaciones del procedimiento, respecto de lo que es objeto de debate. Lo anterior porque sólo derivado de su condición de parte es que podría tener la posibilidad de contar con el derecho público subjetivo a que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa. Así que el interés jurídico para controvertir el proceder o las conductas de omisión o dilación de la responsable, sólo correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen y es lo que les permitiría acudir ante esa instancia extraordinaria, requisito sin el cual el juicio de amparo resultaría improcedente. . la carga de probar el interés jurídico y la inconstitucionalidad del acto, no surge de la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación, sino que le corresponde al quejoso desde el momento mismo de presentación de la demanda de garantías y, en todo caso, la autoridad al rendir su informe podría relevarlo de la misma, si de dicho informe o de las constancias acompañadas, quedara demostrado el interés jurídico de la parte quejosa o la inconstitucionalidad del acto reclamado. Sin embargo, al no suceder así ante la omisión de la autoridad responsable, corresponde al quejoso demostrar ese interés jurídico que haga procedente el juicio de garantías. No obsta a lo antes dicho, que la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, imponga la obligación al quejoso de señalar en su demanda de garantías el acto que de cada autoridad se reclame y, que además manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen el antecedente del acto reclamado y el fundamento del concepto de violación; pues como se ha visto de los criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la autoridad responsable, pero no los demás hechos señalados ni aun los particularmente establecidos en la propia fracción IV del indicado artículo 116, por lo que tampoco opera la obligación prevista en el distinto numeral 78 de la propia ley en el sentido de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la autoridad responsable. Por tanto, la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de garantías, cuyo estudio es preferente". En mérito de lo expuesto, se colige que la parte quejosa, carece de interés para impugnar en esta vía el acto que hace consistir en la falta de acuerdo a su escrito del quejoso por el cual solicitó la ejecución del laudo en el expediente 172/2012(1) del índice de la junta responsable; actualizándose de esta forma la causal de improcedencia contemplada en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tal motivo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, como lo indica el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Antonio Alberto Aguilar Mijangos, contra el acto reclamado a la Junta Especial número uno de la local de conciliación y arbitraje del estado y del actuario adscrito a la referida junta, consistente en la omisión de acordar su escrito de veintitrés de junio de dos mil quince, donde solicitó la ejecución del laudo en el expediente 172/2012(1). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de mayo de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al que acompaña testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión número 513/2015, y el juicio de amparo 1808/2014; acúsese recibo, y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes, que el tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, bajo los términos ahí precisados, únicamente respecto a la materia de la revisión. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable directora del área técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 13, CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que cumpla con la sentencia dictada en este juicio dentro del plazo de tres días, para los efectos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE EFECTOS 1.- Directora del área técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 1.- Proceda de inmediato a valorar al quejoso en los términos establecidos en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, a fin de dar una contestación al quejoso respecto a su petición de ser reubicado de módulo. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192, 193, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionada; asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual manera, con fundamento en el artículo 193 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, requiérase al superior jerárquico de la autoridad responsable coordinador general de los Centros Federales de Readaptación Social, residente en la Ciudad de México; para que obligue a la directora del área técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 13, CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, con apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, con fundamento en el artículo 258 de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta sancionada, además que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese...

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