Antonio Almazan Arteaga
Expediente 1575/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1575/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Antonio Almazan Arteaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el trece de enero de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, devuélvase al Tribunal Unitario Agrario Del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en Chetumal, Quintana Roo, el anexo que adjuntó al oficio UAJ/532/2021, del cual se proveyó en siete de octubre de dos mil veintiuno, consistente en copia certificada del instrumento notarial número tres mil setecientos catorce, en el que Antonino Almazán Arteaga otorga a Jorge Paniagua Alcocer poder general para pleitos y cobranzas, por tanto, devuélvase a la autoridad de mérito, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos, solicitando a la responsable el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo, y anexo que adjunta, y anexo que adjunta En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte de la responsable, al no dictar el acuerdo respecto del memorial presentado ante la misma el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el expediente 508/2017, de su índice, en el que solicitó se le tenga por desistido de la acción y de la instancia en dicho procedimiento agrario. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización por parte de la responsable, al no dictar el acuerdo respecto del memorial presentado ante la misma el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el expediente 508/2017, de su índice, en el que solicitó se le tenga por desistido de la acción y de la instancia en dicho procedimiento agrario. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que el once de octubre de dos mil veintiuno, la responsable dictó un proveído donde tuvo por desistido de la acción y de la instancia a la parte quejosa en el expediente agrario 508/2017, y en dicho acuerdo se ordenó el archivo de dicho expediente. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó un proveído donde acordó lo relativo a la solicitud de la parte quejosa, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el proveído relativo a la solicitud hecha por la parte quejosa mediante memorial de fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el acuerdo donde dio contestación a su petición, dentro del expediente 508/2017. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable acordó lo relativo a la solicitud de la pate quejosa en el aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán; cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que aún no obra en autos el informe justificado requerido a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro en Chetumal, Quintana Roo, toda vez que aún se encuentra transcurriendo el término para tal efecto, tal como se advierte de la constancia de notificación vía correo electrónico del oficio 36598/2021; por tanto, resulta dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y señalar nueva fecha para su celebración. En virtud de lo anterior, se señala el cuatro de febrero de dos mil veintidós, a las diez horas con veintiún minutos, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto.
- Principal
Visto el estado de los autos y lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro en Chetumal, Quintana Roo, no ha rendido su respectivo informe justificado; y toda vez de que no obra en autos el acuse del oficio mediante el cual se le solicitó su informe a la citada autoridad con jurisdicción fuera de esta ciudad; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Por tanto, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y ÚN MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, de la revisión de la página de internet http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/?page_id=3391 que corresponde a los Tribunales Agrarios, se advierte el correo electrónico institucional del Magistrado Numerario del Tribunal Unitario y del Secretario de Acuerdos, ambos del Distrito 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, envíesele a la responsable, por conducto de los funcionarios antes citados, el oficio 23508/2021, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se comunicó la admisión de la demanda de amparo, junto con una copia simple de la demanda de amparo, a los correos electrónicos alduartef@tribunalesagrarios.gob.mx y raguilard@tribunalesagrarios.gob.mx, a fin de que se encuentren en aptitud de rendir el informe justificado de la autoridad responsable. Se hace del conocimiento del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro en Chetumal, Quintana Roo que, dada la situación de contingencia que prevalece con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información solicitada deberán rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión, en el entendido que deberán contar con el acuse de recibo por parte de este Juzgado de la recepción del mismo, para considerarse rendido. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 237, fracción I, en relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.
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