Antonio Almazan Arteaga
Expediente 1577/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1577/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Antonio Almazan Arteaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, residente en Chetumal, Quintana Roo, y anexo que adjuntó, del que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, residente en Chetumal, Quintana Roo, y anexo que adjuntó, del que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.2" De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, 2 Visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época b Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, el quejoso reclama de la responsable la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, en autos del expediente de origen 564/2017. En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, si bien manifestó que el diez de agosto de dos mil veintiuno, dicho tribunal acordó lo conducente en relación al escrito presentado por el aquí quejoso, en autos del expediente de origen 564/2017; sin embargo, omitió remitir las constancias relativas a dicha determinación, empero, adjuntó a su informe justificado, el diverso auto de once de octubre del año dos mil veintiuno, en el que se tuvo por desistido de la instancia y de la acción del juicio natural al aquí quejoso Antonino Almazán Arteaga; archivándose el juicio agrario en comento, como asunto concluido, que al final de cuentas, es lo que pretendía el quejoso en su escrito de cinco de julio de dos mil veintiuno, de cuya omisión de acordar reclamó en este juicio de amparo. En esa virtud, dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, pues por auto de once de octubre del año dos mil veintiuno, se tuvo por desistido de la instancia y de la acción promovida en su perjuicio en el juicio natural al aquí quejoso Antonino Almazán Arteaga; archivándose el juicio agrario en comento, como asunto concluido. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se aprecia que la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, residente en Chetumal, Quintana Roo, no ha rendido su informe justificado, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio con el cual se le solicitó. Atento a lo anterior, en aras de agilizar el procedimiento, requiérase, mediante oficio que al efecto se libre, vía estafeta, con copia de la demanda, a dicha autoridad, Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, residente en Chetumal, Quintana Roo, para que en el término de cinco días, legalmente computado, rinda su correspondiente informe justificado; apercibida, que de no dar cumplimiento a lo aquí requerido en el término señalado o no señalar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá la multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido también puede rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. En virtud de lo anterior, se señala el OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se aprecia que la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, residente en Chetumal, Quintana Roo, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio con el cual se le solicitó. En virtud de lo anterior, es dable diferir la audiencia constitucional, y se señala el UNO DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDÓS a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, para la celebración de la misma. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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