Antonio Almazan Arteaga

Expediente 1573/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1573/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Antonio Almazan Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora, si bien no obra en autos el acuse de recibo del oficio por medio del cual se comunicó la citada resolución a la autoridad que tiene su sede fuera de esta ciudad, lo cierto es, que lo resuelto no le causa perjuicio, sino únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la citada ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, ni se tramitó incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del Acuerdo General antes mencionado, ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original en que se actúa. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria encargada del Despacho, en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en oficio CR/CJD/013/4976/2021, suscrito por el Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, asistida de José Ignacio Alpuche Aguilar, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo, en el que informa que por acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, tuvo por desistido de la instancia y de la acción a la parte, aquí quejosa, según lo solicitado en su escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el Juicio Agrario 486/2017. Ahora bien de su contenido se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la falta de atención a lo solicitado mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el sentido de tener por desistido de la acción a Antonino Almazán Arteaga, del juicio agrario de origen. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en Chetumal, Quintana Roo, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que por acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, tuvo por desistido de la instancia y de la acción a la parte, aquí quejosa, según lo solicitado en su escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, ante la responsable en el Juicio Agrario 486/2017. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable, dio cabal atención a lo expresamente solicitado por la parte quejosa, en el sentido de proveer respecto de la solicitud de desistimiento de juicio agrario, contenida en el escrito presentado el cinco de julio del año en curso, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de las autoridades responsables de proveer su solicitud, lo que en el caso se subsana al dictar el once de octubre del año en curso, el acuerdo correspondiente a las peticiones ahí formuladas. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y nueve minutos del veintiocho de diciembre del año en curso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, toda vez que de autos se advierte que hasta la presente fecha el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con domicilio en Chetumal, Quintana Roo, autoridad señalada como responsable en este asunto, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo con el cual se le solicitó lo rindiera; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, independientemente de lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto; requiérase telegráficamente a la autoridad responsable, para el efecto de que informe la fecha en la que rindió su informe justificado, en su caso, o informe el impedimento que tenga para tal efecto. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre del dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro en Chetumal, Quintana Roo, no han rendido su respectivo informe justificado; y toda vez de que no obra en autos el acuse del oficio mediante el cual se le solicitó su informe a la citada autoridad con jurisdicción fuera de esta ciudad; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Por tanto, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.

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