Antonio Acosta Gonzalez

Expediente 640/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
640/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Antonio Acosta Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Designa asesor jurídico. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Coordinador Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Antonio Acosta González. Atento a lo anterior, se tienen como defensores públicos del quejoso a los profesionistas antes mencionados; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto la funcionaria oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Autorizados. Ahora, por lo que hace a la diversa solicitud, téngaseles como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona para tales efectos, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la defensa y al quejoso.

  3. Principal

    hago constar que en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se practica la notificación de los proveídos de veintidós y veintiséis de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa Antonio Acosta González, en el juicio de amparo 640/2021-III, por medio de lista de estrados, que dicen:Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Designación de defensor. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles que se otorgó al quejoso Antonio Acosta González para que señalara defensor que lo represente en el presente juicio de amparo y tomando en consideración que de la demanda de amparo se advierte que no cuenta TANIA AGUILAR HERRERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.0d 26/10/22 21:31:57 con un defensor que lo patrocine en el presente juicio, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, y, por tanto, gírese oficio al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Defensoría Pública Penal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, asigne al quejoso Antonio Acosta González un defensor público, a efecto de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.43/2019(10a)1, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo 1 Publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495. TANIA AGUILAR HERRERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.0d 26/10/22 21:31:57 Juicio de amparo 640/2021-III ??????????????? represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Apercibimiento. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Designa asesor jurídico. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Coordinador Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Antonio Acosta González. Atento a lo anterior, se tienen como defensores públicos del quejoso a los profesionistas antes mencionados; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto la funcionaria oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Autorizados. Ahora, por lo que hace a la diversa solicitud, téngaseles como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona para tales efectos, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la defensa y al quejoso. Tijuana, Baja California, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso Antonio Acosta González, los acuerdos de veintidós y veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, por los motivos que en la misma se expone. Notificación por lista. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial de este juzgado, notificar al quejoso en comento, por lista de acuerdos tanto los aludidos proveídos de veintidós y veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, este auto, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese y por lista de estrados a la parte quejosa, el presente proveído, así como los acuerdos de veintidós y veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Se desecha la demanda de amparo.

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