Anthony Richard Meza

Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
70/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Anthony Richard Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a la parte quejosa el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo de los oficios con los que habría de notificarse a las autoridades responsables la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ya que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y dicho sentido no les causa ningún perjuicio, ni las legitima para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Se ordena reexpedir oficio. Sin perjuicio de lo anterior se ordena girar los oficios correspondientes con transcripción de la sentencia emitida el quince de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que las autoridades responsables tenga conocimiento del citado fallo. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a) de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, toda vez que la suspensión definitiva fue concedida. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En Tijuana, Baja California, a las diez horas con diez minutos del quince de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 70/2023-I, promovido por Anthony Richard Meza, por derecho propio, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, ante Claudia Beatriz de Haro Arellano, Secretaria de juzgado con quien actúa y da fe, se declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo y sin la asistencia de las partes. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, la secretaria certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Asimismo, la secretaria certifica que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y éstos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y la secretaria hace constar que no se ofrecieron medios de convicción y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Sin pruebas pendientes de acordar ni de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 70/2023-I; y, Resultandos: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido en este Juzgado de Distrito el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, Anthony Richard Meza, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra actos de la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, y de otras autoridades. Segundo. Trámite. Por razón de turno tocó conocer del presente juicio a este órgano de control constitucional, por acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, admitió a trámite y se solicitó informes justificados a las autoridades responsables. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, Considerandos: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables Acto reclamado 1 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California. La orden de aprehensión y su ejecución. 2 Comandante Regional Zona Playas de Rosarito. 3 Jefe de grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Playas de Rosarito. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, las autoridades responsables reseñadas en el esquema anterior, al rendir sus informes justificados, lo hicieron tal como se precisa a continuación: No. Autoridades Sentido del informe Foja(s) 1 Jefe de grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Playas de Rosarito. Niega 16 2 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California. Niega 17 y 18 3 Comandante Regional Zona Playas de Rosarito. Niega 29 Del recuadro que precede se advierte que las autoridades responsables indicadas al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. No pasa desapercibido que el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, informó que recibió solicitud por parte del Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada Zona Rosarito, para formular imputación a Anthony Richard Meza, por el delito daño en propiedad ajena culposo, relacionado con la causa penal 470/2018, por ello señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia inicial de imputación; sin embargo, dicha autoridad negó el acto que se le atribuye, en el caso haber girado una orden de aprehensión en contra del quejoso, al menos a la fecha en que se recibió el informe justificado. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación de la impetrante de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita corresponde a la solicitante del amparo. Por consiguiente, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales en torno a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Anthony Richard Meza, por derecho propio, en contra de los actos y autoridades precisadas, en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. Notifíquese.

  3. Incidental

    Resuelve: Único. Se niega a Anthony Richard Meza, la suspensión definitiva en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Se rinde informe previo. Visto el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual rinde su informe previo; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 140, párrafo primero, de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

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