Antonia Aguirre Guzman
Expediente 376/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 02/05/2023
Partes del expediente
- Antonia Aguirre Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de mayo de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto, sin que lo anterior haya acontecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver de oficio con base en los elementos que obran en el expediente. Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, misma que causó ejecutoria el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a Antonia Aguirre Guzmán, contra los actos que reclamó del Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y otra autoridad, para lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, es evidente que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la parte quejosa, en cuanto al pago retrasado de los meses de octubre y noviembre de dos mil dieciocho, enero, julio y septiembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil veintiuno, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrió la agraviada, al no recibir el pago oportuno, y a cosecuencia de esa conducta de las responsables, existe inminencia de que se seguirán desfasando, lo que implica deducir que el pago de las pensiones no se realizará de forma normal y puntual. Por tanto, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos de pensión subsecuentes, se realicen a la agraviada en tiempo, en virtud de que de ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de la parte quejosa. Por tanto, debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado instituto. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a los departamento correspondientes de ese instituto, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, incluso podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. [.] Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente sentencia. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a la suscrita tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, se estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que se vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la sentencia concesoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitirse pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia que, de declararse cumplido el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de la pensión, la agraviada tendrá expedito su derecho para agotar los recursos previstos en la Ley de Amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo amparo, sin necesidad de instar uno nuevo..." Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante los siguientes oficios: Con el oficio registrado con el folio 1493, remitió copia certificada de los pagos de nómina realizados a la quejosa Antonia Aguirre Guzmán, en los meses de diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés. A través del oficio registrado con el número 3000, se recibió en este órgano jurisdiccional copia certificada del pago de nómina correspondiente al mes de febrero de dos mil veintitrés. Finalmente, por medio del oficio con número 4660, la delegada de las autoridades responsables remitió copia certificada del pago de nómina del mes de marzo de dos mil veintitrés. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que: 1. Pagó de manera puntual la pensión correspondiente a la quejosa Antonia Aguirre Guzmán, y 2. Acreditó haber realizado el pago de cuatro meses ininterrumpidos, esto es, diciembre de dos mil veintidós, enero, febrero y marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la misiva que remite la delegada de la autoridad responsable, a través de la cual, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y al efecto, para acreditar su dicho remite constancia de la transferencia de pago de nómina relativo al mes de marzo de dos mil veintitrés, cabe mencionar que al tratarse de transferencia electrónica, resulta innecesaria la firma de la parte quejosa. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexo, y con el resto de las constancias que obran en autos, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
hago constar, que en esta fecha notifiqué a la parte quejosa ANTONIETA AGUIRRE GUZMÁN, la determinación de once de abril de dos mil veintitrés, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo "...ijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la misiva que remite la delegada de la autoridad responsable, a través de la cual, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y al efecto, para acreditar su dicho remite constancia de la transferencia de pago de nómina relativo al mes de marzo de dos mil veintitrés, cabe mencionar que al tratarse de transferencia electrónica, resulta innecesaria la firma de la parte quejosa. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexo, y con el resto de las constancias que obran en autos, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable mediante el cual informa que realizó transferencia de pago de nómina relativo al mes de febrero de dos mil veintitrés y remite las constancias correspondientes; por lo que, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que continúen informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida actualización, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional) por cien; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Notifíquese.
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