Antonia Gabriela Pacheco Torrijos

Expediente 569/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
569/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
14/06/2016

Partes del expediente

  • Antonia Gabriela Pacheco Torrijos
  • Director General del Instituto Mexiquense de la Vivienda del Gobierno del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual la quejosa designa autorizados y solicita copias de diversas constancias. Ahora, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que a la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite, y a las personas que refiere en la parte final de dicha solicitud se autorizan en términos restringidos. Finalmente, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas que refiere, previa constancia legal que obre en autos de dicha recepción, y por autorizada a la persona para recibirlas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de treinta de junio de dos mil quince (fojas 46 a 53), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para el efecto que el Coordinador de Delegaciones del Instituto Mexiquense de la Vivienda del Gobierno del Estado de México, realizara lo siguiente: ".para efecto que emita una respuesta por escrito en relación a la petición formulada, la que además deberá ser congruente con lo solicitado, y le dé a conocer la respuesta recaída a su petición formulada, la que además deberá ser relación a la petición en breve término, el cual no deberá excederse del plazo de tres días que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables cumplan con las ejecutorias dictadas en los juicios de garantías. Es importante resaltar que con motivo de la presente concesión, la autoridad responsable no está vinculada a responder favorablemente a los intereses de la solicitante, solamente a dar respuesta en forme congruente con lo planteado y hacerlo de su conocimiento en los términos apuntados..." Así, mediante los oficios registrados con los números de control interno 15275 y 16476, presentados el dieciséis de julio y cinco de agosto, ambos del año en curso (fojas 57 y 65, respectivamente), el Coordinador de Delegaciones Regionales del Instituto Mexiquense de la Vivienda del Gobierno del Estado de México, informó las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Posteriormente, en acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil quince (foja 69), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, como la responsable ya había informado respecto del cumplimiento a la concesión de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniese en relación al cumplimiento dado por dicha autoridad al fallo protector, sin que realizaran alguna manifestación al respecto. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ya que mediante oficio 224D15000-0501-2015 (foja 65), emitió una respuesta por escrito en relación a la petición formulada por la parte quejosa, la que además fue congruente con lo solicitado, y se la dio a conocer en breve término. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable de la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin vicio alguno; se concluye que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Lo que se robustece con la jurisprudencia visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2014, Tomo I, Libro 12, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Ahora con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, dese vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado de Distrito para que en el momento de su notificación o dentro del plazo de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su representación social corresponda; hecho que sea lo anterior, en su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es depurable, en razón que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales, además deberán ser digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que la sentencia, en la que, se sobreseyó y se concedió el amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que la autoridad responsable obligada al cumplimiento de la sentencia, mediante oficio, informó lo conducente; en consecuencia, no ha lugar a requerir cumplimiento a ésta; y en ese tenor, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con la misiva en comento, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, apercibidas que de no hacerlo en el término antes señalado, este juzgado se pronunciará sobre el mismo, conforme a las constancias que obren agregadas en autos.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Coordinador de Delegaciones Regionales del Instituto Mexiquense de la Vivienda del Gobierno del Estado de México, mediante el cual informa el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio el treinta de junio pasado; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Sin lugar a dictar mayor proveído respecto a las acciones por parte de la responsable oficiante respecto al cumplimiento dado a la sentencia amparadora, toda vez que ésta no ha adquirido firmeza procesal.

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