Antonia Cecilia Palma Ventolero

Expediente 783/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
783/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Antonia Cecilia Palma Ventolero

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Intégrense las constancias del exhorto 166/2019, número de orden 226/2019, de este índice, que remite el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, sin diligenciar, enviado para notificar a la quejosa el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, por los motivos que expone; háganse las anotaciones respectivas. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto referido, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DEICINUEVE POR MEDIO DE LISTA: " RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por ********************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 783/2019-I-A. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie los actos reclamados consisten esencialmente en: La resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, emitida en la causa de control ********************, consistente en la negativa de prorrogar la investigación complementaria y por consiguiente declarar cerrada la investigación. La resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, dictada en la citada carpeta administrativa, por la que declaró improcedente el incidente hecho valer a fin de que se dejara de considerar ofendida o víctima a ********************. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado señalado con el arábigo 1), este juzgador advierte que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( ...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI , Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto a la determinación tomada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa ********************, en la que determinó no acordar favorable la ampliación de la etapa de investigación complementaria solicitada por la quejosa y declaró cerrada la investigación al Ministerio Público, podía obtener su modificación o nulificación, mediante la interposición del recurso de revocación, previsto por el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Es así, porque es indiscutible que la peticionaria no cumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario en cuanto a que sólo en casos excepcionales se haga valer una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que sea quien remedie la irregularidad existente; y, sólo en el supuesto de que no fuera así, promoverlo cuando el acto reclamado afecte los derechos fundamentales del gobernado. Sin que se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en la aludida fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos, aunado a que la quejosa es parte en el juicio de origen y ha tenido conocimiento de las actuaciones emitidas en éste, según se observa de lo transcrito por la impetrante del amparo en su libelo de demanda. En las relatadas condiciones, la quejosa se encuentra obligada a hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto establece para impugnar el acto ahora reclamado como en el caso lo es el recurso de revocación previsto el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado señalado con el numera 2), consistente en la resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, dictada en la citada carpeta administrativa, por la que declaró improcedente el incidente hecho valer a fin de que se dejara de considerar ofendida o víctima a ********************, este Juzgado de Distrito, determina que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causal de improcedencia que se invoca de oficio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: Expuso que en la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por tanto, estimó el Máximo Tribunal, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Amén de que, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación la dedujo el Pleno de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos". Lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los cuales: "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) en comento del Máximo Tribunal del País es del texto siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que, como lo estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En efecto, en la especie, el acto reclamado consiste en la resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, dictada en la carpeta administrativa ********************, del índice del Juzgado responsable por la que declaró improcedente el incidente hecho valer a fin de que se dejara de considerar ofendida o víctima a ********************, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se pretende combatir, porque dicho acto no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, toda vez que se refiere a una cuestión meramente procesal. Por lo que, en su caso, tal afectación en todo caso, tendrá verificativo, hasta el momento en que el Juez natural, resuelva de manera definitiva el juicio del cual deriva el acto reclamado, esto es, a través del procedimiento abreviado, si se opta por el u ordenando la apertura del juicio oral, y una vez substanciado dichos procedimientos y emitida la sentencia correspondiente en uno u otro se advierta si el cierre de la investigación afectó en defensa del quejoso y trascendió al resultado del fallo caso en el cual y de ser procedente, estará en aptitud de hacer valer los recursos que establezca la ley del acto o los extraordinarios como el juicio de amparo. Por tanto, mientras lo anterior no suceda, el acto aquí reclamado, que se traduce esencialmente en el cierre de la investigación como ya se dijo sólo produce efectos de carácter procesal, que no tiene una afectación de imposible reparación al momento de su emisión para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues como se advierte, en el presente asunto, aun no se dictada sentencia definitiva, lo que impide a este Juzgado de Distrito el estudio de posibles violaciones procesales, máxime que en contra de la misma, podrá agotarse el recurso de apelación y ahí hacer valer las violaciones procesales de las cuales aquí se duele; y de persistir dichas violaciones, por medio del amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 170, fracción I, y 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, más no el juicio de amparo en la vía indirecta, como se pretende. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio penal oral, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimaran se hubieran cometido. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ********************. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, practíquense las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, a través de la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto, señale domicilio dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (municipio de Toluca) o dentro de la zona conurbada del mismo (Metepec, Estado de México). No obstante, atendiendo al sentido de la presente determinación, por única ocasión, con fundamento en el numeral 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito de en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído a la jurídico colectiva quejosa en el domicilio ubicado en calle ********************. Hecho lo anterior, de no tener inconveniente legal alguno, se solicita remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. AUTORIZADOS. En relación a las personas que designa como autorizados; dígase que éstas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles."

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por ********************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 783/2019-I-A. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie los actos reclamados consisten esencialmente en: La resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, emitida en la causa de control ********************, consistente en la negativa de prorrogar la investigación complementaria y por consiguiente declarar cerrada la investigación. La resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, dictada en la citada carpeta administrativa, por la que declaró improcedente el incidente hecho valer a fin de que se dejara de considerar ofendida o víctima a ********************. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado señalado con el arábigo 1), este juzgador advierte que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( ...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI , Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto a la determinación tomada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa ********************, en la que determinó no acordar favorable la ampliación de la etapa de investigación complementaria solicitada por la quejosa y declaró cerrada la investigación al Ministerio Público, podía obtener su modificación o nulificación, mediante la interposición del recurso de revocación, previsto por el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Es así, porque es indiscutible que la peticionaria no cumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario en cuanto a que sólo en casos excepcionales se haga valer una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que sea quien remedie la irregularidad existente; y, sólo en el supuesto de que no fuera así, promoverlo cuando el acto reclamado afecte los derechos fundamentales del gobernado. Sin que se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en la aludida fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos, aunado a que la quejosa es parte en el juicio de origen y ha tenido conocimiento de las actuaciones emitidas en éste, según se observa de lo transcrito por la impetrante del amparo en su libelo de demanda. En las relatadas condiciones, la quejosa se encuentra obligada a hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto establece para impugnar el acto ahora reclamado como en el caso lo es el recurso de revocación previsto el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado señalado con el numera 2), consistente en la resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, dictada en la citada carpeta administrativa, por la que declaró improcedente el incidente hecho valer a fin de que se dejara de considerar ofendida o víctima a ********************, este Juzgado de Distrito, determina que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causal de improcedencia que se invoca de oficio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: Expuso que en la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por tanto, estimó el Máximo Tribunal, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Amén de que, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación la dedujo el Pleno de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos". Lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los cuales: "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) en comento del Máximo Tribunal del País es del texto siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que, como lo estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En efecto, en la especie, el acto reclamado consiste en la resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, dictada en la carpeta administrativa ********************, del índice del Juzgado responsable por la que declaró improcedente el incidente hecho valer a fin de que se dejara de considerar ofendida o víctima a ********************, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se pretende combatir, porque dicho acto no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, toda vez que se refiere a una cuestión meramente procesal. Por lo que, en su caso, tal afectación en todo caso, tendrá verificativo, hasta el momento en que el Juez natural, resuelva de manera definitiva el juicio del cual deriva el acto reclamado, esto es, a través del procedimiento abreviado, si se opta por el u ordenando la apertura del juicio oral, y una vez substanciado dichos procedimientos y emitida la sentencia correspondiente en uno u otro se advierta si el cierre de la investigación afectó en defensa del quejoso y trascendió al resultado del fallo caso en el cual y de ser procedente, estará en aptitud de hacer valer los recursos que establezca la ley del acto o los extraordinarios como el juicio de amparo. Por tanto, mientras lo anterior no suceda, el acto aquí reclamado, que se traduce esencialmente en el cierre de la investigación como ya se dijo sólo produce efectos de carácter procesal, que no tiene una afectación de imposible reparación al momento de su emisión para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues como se advierte, en el presente asunto, aun no se dictada sentencia definitiva, lo que impide a este Juzgado de Distrito el estudio de posibles violaciones procesales, máxime que en contra de la misma, podrá agotarse el recurso de apelación y ahí hacer valer las violaciones procesales de las cuales aquí se duele; y de persistir dichas violaciones, por medio del amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 170, fracción I, y 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, más no el juicio de amparo en la vía indirecta, como se pretende. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio penal oral, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimaran se hubieran cometido. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ********************. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, practíquense las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, a través de la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto, señale domicilio dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (municipio de Toluca) o dentro de la zona conurbada del mismo (Metepec, Estado de México). No obstante, atendiendo al sentido de la presente determinación, por única ocasión, con fundamento en el numeral 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito de en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído a la jurídico colectiva quejosa en el domicilio ubicado en calle ********************. Hecho lo anterior, de no tener inconveniente legal alguno, se solicita remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. AUTORIZADOS. En relación a las personas que designa como autorizados; dígase que éstas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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