Antonia Balas Martínez
Expediente 465/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/04/2017
Partes del expediente
- Antonia Balas Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito de la promovente de amparo, por medio del cual solicita la devolución de la constancia de posesión que adjuntó a su escrito de demanda; atento a ello, previa compulsa devuélvase, en razón de que los autos están concluidos.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto en que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
"...DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de la quejosa Antonia Blas Martínez, por el cual desahoga la prevención realizada en proveído de veintinueve de marzo del año en curso. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, sobre el particular el quejoso reclama: "El indebido proceso que se realizó en el expediente 13694/H.AYTO, en todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el mismo, así como en cuanto a estudios técnicos y de valuación de las parcelas objeto de la expropiación, puesto que viola en perjuicio del quejoso el procedimiento a seguir, previsto por la ley de expropiación a seguir, previsto por la Ley de Expropiación y su Reglamento, precisamente los artículos 1,3,4,5,9,10 de la Ley de Expropiación, así como de las autoridades ejecutoras se señala el acto consistente en poseer de manera inmediata la parcela de la cual soy titular y posesionaria de los derechos agrarios, máxime que no se me dio garantía de audiencia conforme a lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En torno al acto reclamado, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción referida, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numerales 5º, fracción I y 6°, párrafo primero, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa; sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclama; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. Al respecto, debe decirse que desde el punto de vista doctrinal, la legitimación (como concepto puramente procesal) deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser parte en un proceso civil, según enseña Hugo Rocco; la capacidad de ser parte, dice Guasp, la cual consiste en la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere. Sobre ese tópico, es importante mencionar que la legitimación resulta de la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser sujeto procesal en relación con un asunto, cuya idoneidad deriva de la posibilidad de defender sus intereses por derecho propio o mediante la representación ya sea legal o convencional. También, debe mencionarse que la legitimación procesal, según la doctrina, se divide en legitimación procesal en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido. En cambio, la legitimación en el proceso es la capacidad de actuar en juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado como por su legítimo representante o por quien puede hacerlo como sustituto procesal. Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Expuesto lo anterior, la quejosa adjuntó a su escrito de demanda la constancia de posesión expedida por quienes se ostentaron como Comisariado Ejidal de San Francisco Chalchihuapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México, de seis de marzo del año en curso; sin embargo, previo requerimiento, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, informó que después de realizar una búsqueda en los asientos registrales y documentales de dicha dependencia no se localizó acta de asamblea vigente e inscrita respecto de los órganos de representación del citado ejido, ni solicitud pendiente por desahogar que verse sobre elecciones de órgano de representación; de ahí que, con dicha documental la peticionaria de amparo no acredite la posesión que aduce tener respecto de la parcela 295 Z-1 P-2. Ahora bien, por lo que hace a la copia simple del certificado parcelario 000000061449, también es ineficaz para acreditar la legitimación para instar en la presente vía constitucional, ya que está a nombre de diversa persona, la cual a decir de la quejosa en el escrito aclaratorio, es propietaria de los derechos parcelarios desde el fallecimiento de su esposo José Rosario Escobar, sin que ofreciera medio de prueba alguno para acreditar tal afirmación, por lo que dicho medio de convicción por si sólo no es idóneo para tener por acreditada su legitimación. En las condiciones anotadas dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicada en sentido contrario, se desecha la demanda, promovida por Antonia Blas Martínez, al carecer de legitimación para activar el amparo. Lo anterior, en términos de la parte conducente de la jurisprudencia visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Primera Parte, Materia(s) Administrativa, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AGRARIO. DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. El Tribunal Pleno hace suyo el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 27 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, Tercera Parte, que dice: si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquéllos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8o. bis, fracción II, de la Ley de Amparo, reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente" Por otra parte, no se soslaya que la legitimación, en su caso, puede acreditarse hasta la audiencia constitucional mediante las pruebas que al efecto se aporten; sin embargo, tanto del contenido del escrito inicial de demanda, así como del desahogo y las documentales que adjuntó a su libelo constitucional y las recabadas de manera oficiosa por este juzgado, se advierte que no cuenta con legitimación para instar en la presente instancia constitucional, por lo que es inconcuso que a fin práctico alguno conduciría admitir la demanda de amparo, pues lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia; contrario a lo previsto en el artículo 17, de la Constitución Federal..."
- Principal
...Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en ese sentido, ténganse por satisfecho el requerimiento formulado; por tanto, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Atento a ello, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la quejosa desahogue la prevención realizada en el referido auto...
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