Angelita Reynozo Mezquitan

Expediente 2232/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2232/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Angelita Reynozo Mezquitan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el dieciocho de agosto de dos mil veinte (fojas 147 a 149), el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de agosto de la presente anualidad (foja 155), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a los quejosos la cantidad de $2,016.43 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por el justiciables, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cuota de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. No pasa inadvertido que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, éste, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el catorce de febrero de dos mil veinte (foja 114), se tuvo por recibido el oficio donde el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, informó respecto del desechamiento del recurso de revisión interpuesto por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese sentido, el seis de agosto de este año (foja 145), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, mediante el cual remitió el diverso recibido por dicho juzgado el trece de marzo de este año (fojas 143 y 144), del que se aprecia que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa el cheque a su nombre; asimismo, realizó los cálculos de la devolución condenada; luego, el dieciocho de agosto de dos mil veinte (fojas 147 a 149), el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el diecisiete del citado mes y año, se había entregado el cheque a favor de la mencionada parte justiciable y de la que se advierte que devolvió la cantidad de $1,772.39 (un mil setecientos setenta y dos pesos 39/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $2,016.43 (dos mil dieciséis pesos 43/100 moneda nacional); no obstante, se le debe restar la cuota mínima a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), por así estar ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, da como resultado la suma de $1,726.43 (un mil setecientos veintiséis pesos 43/100 moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve y el diecisiete de agosto del año que transcurre, se entregó el cheque mencionado; empero, se encontraba a disposición de la parte quejosa desde el veinticuatro de febrero de este año. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de julio del año próximo pasado a enero de esta anualidad. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio del año próximo pasado fue de 103.687; y para el mes de enero de este año fue de 106.447. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.026618573205899. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $1,726.43 (un mil setecientos veintiséis pesos 43/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $1,772.38 (un mil setecientos setenta y dos pesos 38/100 moneda nacional); luego, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $45.95 (cuarenta y cinco pesos 95/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $1,772.38 (un mil setecientos setenta y dos pesos 38/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $1,772.38 (un mil setecientos setenta y dos pesos 38/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $1,772.39 (un mil setecientos setenta y dos pesos 39/100 moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $0.01 (un centavo), pero el mismo no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable como la parte agraviada, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el dieciocho de agosto de dos mil veinte (fojas 147 a 149), el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de agosto de la presente anualidad (foja 155), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a los quejosos la cantidad de $2,016.43 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por el justiciables, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cuota de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. No pasa inadvertido que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, éste, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el catorce de febrero de dos mil veinte (foja 114), se tuvo por recibido el oficio donde el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, informó respecto del desechamiento del recurso de revisión interpuesto por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese sentido, el seis de agosto de este año (foja 145), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, mediante el cual remitió el diverso recibido por dicho juzgado el trece de marzo de este año (fojas 143 y 144), del que se aprecia que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa el cheque a su nombre; asimismo, realizó los cálculos de la devolución condenada; luego, el dieciocho de agosto de dos mil veinte (fojas 147 a 149), el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el diecisiete del citado mes y año, se había entregado el cheque a favor de la mencionada parte justiciable y de la que se advierte que devolvió la cantidad de $1,772.39 (un mil setecientos setenta y dos pesos 39/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $2,016.43 (dos mil dieciséis pesos 43/100 moneda nacional); no obstante, se le debe restar la cuota mínima a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), por así estar ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, da como resultado la suma de $1,726.43 (un mil setecientos veintiséis pesos 43/100 moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve y el diecisiete de agosto del año que transcurre, se entregó el cheque mencionado; empero, se encontraba a disposición de la parte quejosa desde el veinticuatro de febrero de este año. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de julio del año próximo pasado a enero de esta anualidad. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio del año próximo pasado fue de 103.687; y para el mes de enero de este año fue de 106.447. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.026618573205899. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $1,726.43 (un mil setecientos veintiséis pesos 43/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $1,772.38 (un mil setecientos setenta y dos pesos 38/100 moneda nacional); luego, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $45.95 (cuarenta y cinco pesos 95/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $1,772.38 (un mil setecientos setenta y dos pesos 38/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $1,772.38 (un mil setecientos setenta y dos pesos 38/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $1,772.39 (un mil setecientos setenta y dos pesos 39/100 moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $0.01 (un centavo), pero el mismo no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable como la parte agraviada, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibida la misiva suscrita por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en autos; luego, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la actual Ley de Amparo, téngase por interpuesto tal medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito los ordinales 84 y 89, ambos de la Ley de Amparo en comento y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la resolución dictada en este juicio constitucional es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad. Por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, con sustento en el arábigo 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el mismo dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al Órgano de Control Constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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