Angélica Rocío Tapia Molina

Expediente 2227/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2227/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Angélica Rocío Tapia Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 89-91), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de once de diciembre del año en curso (foja 92), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el doce del mes en curso (foja 93); por tanto, el plazo de tres días otorgado a la fecha en que se actúa, transcurrió del dieciséis al dieciocho de los cursantes, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 56-69), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. El artículo 22, fracción XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos excedente del pago por inscripción de préstamo hipotecario, realizado con sustento en el artículo 22, fracción XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. [.] 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa, respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de préstamo hipotecario. [.] 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentado en la oficialía de partes de este juzgado el diez de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 89-91), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de la autoridad responsable, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de ******************** a la parte quejosa por medio de cheque el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. En ese tenor, si tenemos que al monto total de ********************, monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), monto mínimo a pagar, se obtiene la cantidad de $3,371.99 (tres mil trescientos setenta y un pesos 99/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, y el cuatro de diciembre de ese mismo año se efectúo la devolución mediante cheque a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de este año fue 103.687; y para el mes de octubre del año en curso 104.503. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0078. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********************; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ******************** (veintinueve pesos 30/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió al quejoso la cantidad total de ********************. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito de cuenta presentado por ***, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el acatamiento dado por la autoridad responsable a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las expresiones que aduce, en la inteligencia de éstas se analizarán al momento de resolver sobre el cumplimiento del fallo concedido. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta presentado por el quejoso ****, a través del cual, interpone recurso de inconformidad en contra del proveído de catorce de noviembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo y se ordenó el archivo definitivo del presente juicio como asunto totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, sin decidir sobre la admisión del citado recurso, remítase el original del escrito de agravios, así como los autos del juicio de amparo 699/2017, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para el efecto de que se substancie la inconformidad de referencia. Lo anterior, no obstante lo establecido en el precepto 203 de la ley de la materia, ya que mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, se modificaron los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito; a través de ello, se delegó competencia a los tribunales colegiados de circuito, para conocer de los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III del citado dispositivo 201 de la ley en comento, es decir, los que procedan contra las resoluciones que en amparo indirecto tenga por cumplida la ejecutoria de amparo y las que declaren sin materia o infundada una denuncia de repetición del acto reclamado. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación, para los fines legales consiguientes; asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Luego, como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza a la consulta vía electrónica del juicio de amparo indirecto 699/2017, al autorizado quien cuenta con nombre de usuario "laresendiz". Lo anterior, en razón de que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su libelo de cuenta, revocando el señalado con anterioridad. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el comunicado de cuenta signado por el delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual, informa que a fin de poder dar cumplimiento al fallo protector concedido en autos es necesario que el representante de la parte quejosa acuda a la dirección jurídica del ayuntamiento en comento, a fin de que le sea devuelta la cantidad correspondiente y, que una vez que suceda, lo informara a este juzgado; sin embargo, no remite la notificación por la que informa tal circunstancia a la parte quejosa. Cabe menciona, que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a la disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, las responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, deberán restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentran obligados a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a) Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b) Poner a su disposición el numerario a entregar y c) Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, previo a hacer efectivos los apercibimientos de multa, requiérase al Síndico y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido en autos y acrediten haber realizado la devolución correspondiente; o en su caso, haber puesto a disposición de la parte quejosa la devolución correspondiente y las constancias con las que comprueben que notificaron lo anterior a dicha parte, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. En la inteligencia de que continua vigente el apercibimiento de multa decretado en acuerdo de siete de octubre se la presente anualidad (foja 319). Notifíquese.

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