Angelli Ivette Jiménez Lara

Expediente 383/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
383/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Angelli Ivette Jiménez Lara
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de trece de diciembre del año en curso; en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el trece de octubre de dos mil veintiuno, se determinó por una parte, sobreseer en el presente juicio y, por otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: ( El Gobernador Constitucional y el Congreso, ambos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, dejen insubsistentes los artículos 15, fracción XI y XII, 21 fracción I, inciso c y apartado 1, referente a la creación y establecimiento de Centros Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos, 31 Bis y Quinto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado el siete de enero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Lo anterior, únicamente por lo que ve a las facultades que se atribuyen al Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad (artículos 15, fracción XI y XII, 21 fracción I, inciso c y apartado 1, referente a la creación y establecimiento de Centros Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos y Quinto Transitorio) para administrar ingresos de la universidad; así como, lo referente a los lineamentos en cuanto a cómo se debe ejercer su presupuesto (artículo 31 Bis)." De lo transcrito, se colige que el acto que debían realizar las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, era dejar insubsistentes los artículos 15, fracción XI y XII, 21 fracción I, inciso c y apartado 1, referente a la creación y establecimiento de Centros Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos, 31 B y Quinto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado el siete de enero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, ello por lo que ve únicamente a las facultades que se atribuyen al Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad, en relación con los preceptos declarados inconstitucionales antes referidos. Consecuentemente, con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la citada sentencia al no haber sido impugnada por alguna de las partes en el plazo concedido para tal efecto, por lo que se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento al fallo protector. Luego, a través de los oficios recibidos el seis y diez de diciembre actual, las autoridades responsables Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Encargada de la Unidad Jurídica y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a través de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, dieron cumplimiento al fallo protector y para ello, señalaron que con base en sus atribuciones se realizaron las adecuaciones correspondientes a la normativa declarada inconstitucional, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por el Congreso del Estado y manifestaciones efectuadas en el líbelo de cumplimiento por parte del Gobernador Constitucional, se advierte que dieron cabal cumplimiento a la resolución pronunciada. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la ley de la materia en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió, respecto del acto reclamado, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de trece de diciembre del año en curso; en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el trece de octubre de dos mil veintiuno, se determinó por una parte, sobreseer en el presente juicio y, por otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: ( El Gobernador Constitucional y el Congreso, ambos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, dejen insubsistentes los artículos 15, fracción XI y XII, 21 fracción I, inciso c y apartado 1, referente a la creación y establecimiento de Centros Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos, 31 Bis y Quinto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado el siete de enero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Lo anterior, únicamente por lo que ve a las facultades que se atribuyen al Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad (artículos 15, fracción XI y XII, 21 fracción I, inciso c y apartado 1, referente a la creación y establecimiento de Centros Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos y Quinto Transitorio) para administrar ingresos de la universidad; así como, lo referente a los lineamentos en cuanto a cómo se debe ejercer su presupuesto (artículo 31 Bis)." De lo transcrito, se colige que el acto que debían realizar las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, era dejar insubsistentes los artículos 15, fracción XI y XII, 21 fracción I, inciso c y apartado 1, referente a la creación y establecimiento de Centros Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos, 31 B y Quinto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado el siete de enero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, ello por lo que ve únicamente a las facultades que se atribuyen al Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad, en relación con los preceptos declarados inconstitucionales antes referidos. Consecuentemente, con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la citada sentencia al no haber sido impugnada por alguna de las partes en el plazo concedido para tal efecto, por lo que se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento al fallo protector. Luego, a través de los oficios recibidos el seis y diez de diciembre actual, las autoridades responsables Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Encargada de la Unidad Jurídica y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a través de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, dieron cumplimiento al fallo protector y para ello, señalaron que con base en sus atribuciones se realizaron las adecuaciones correspondientes a la normativa declarada inconstitucional, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por el Congreso del Estado y manifestaciones efectuadas en el líbelo de cumplimiento por parte del Gobernador Constitucional, se advierte que dieron cabal cumplimiento a la resolución pronunciada. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la ley de la materia en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió, respecto del acto reclamado, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio de cuenta por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación legal del Gobernador Constitucional, con sede en esta ciudad, y anexo, a través de los cuales, informa el cumplimiento dado al fallo protector concedido en autos; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, de igual manera con el diverso presentado en siete de diciembre de este año por la Encargada de la Unidad Jurídica y representante jurídica del Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Además, con sustento en los ordinales 9 de la ley de la materia, téngase como delegados de la autoridad oficiante a Alejandro Talavera Tovar, Betzania Lindaly Guzmán y Joel Enciso Suárez. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno respecto de las demás personas que señala como delegados, así como del domicilio para oír y recibir notificaciones precisado en su libelo de mérito, dado que ya fueron acordados de conformidad en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte. De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene señalando el telefónico de dicha dependencia 311 215 21 31, únicamente con el propósito de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, pues el objetivo de ello es, que el personal de actuaría de este juzgado federal establezca contacto con el citado ente para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve y acorde a lo dispuesto en los dispositivos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza al representante del Gobernador responsable y a sus delegados, el uso de medios electrónicos para obtener reproducción de las constancias que obren en este expediente, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la Encargada de la Unidad Jurídica y representante jurídica del Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el que manifiesta la forma en que dio cumplimiento con la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; sin embargo, únicamente agréguese para los efectos legales correspondientes, en el entendido de que una vez que la autoridad restante informe sobre su cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos en el plazo concedido, se proveerá lo conducente; lo anterior, a efecto de estar en posibilidades de determinar si se cumplió en su totalidad con el aludido fallo protector. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza

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