Angelina Hernández Hernández
Expediente 571/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Angelina Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716, del tomo XXXI, mayo de 2010, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 571/2022, promovido por Angelina Hernández Hernández, por conducto de su apoderado legal contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Angelina Hernández Hernández, por conducto de su apoderado legal solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".la omisión de acordar lo conducente a la actualización del incidente de liquidación." SEGUNDO. El nueve de mayo de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 571/2022, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar la actualización del incidente de liquidación, solicitado mediante escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en los autos del juicio laboral 01/19/13. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, registrado con el folio 004594, y el treinta de mayo de dos mil veintidós, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora, ello dentro de los autos del juicio laboral 01/19/13. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de acordar la actualización del incidente de liquidación, solicitado mediante escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en los autos del juicio laboral 01/19/13; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Sin que pasen desapercibidos los alegatos que realiza el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que si bien, se dio una contestación a su petición de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la cantidad actualizada por la responsable le genera afectación, pues debe realizarse una nueva actualización al incidente de liquidación, por lo que presentó escrito de veinte de mayo de dos mil veintidós, sin que se advierta que la responsable dio contestación al mismo. Sin embargo, debe indicarse que la parte quejosa puede inconformarse ante la responsable de lo resuelto en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, lo anterior, a través del medio de impugnación que tiene a su alcance. Por cuanto a la omisión de acordar el escrito de veinte de mayo de dos mil veintidós, se señala dicho acto reclamado debe hacerlo valer mediante un diverso juicio de amparo, ya que se trata de una omisión diferente a la que se planteó en este juicio, la cual, ya quedó superada al acreditar las acciones que realizó la responsable para dar cumplimiento a dicha solicitud. Máxime, que la nueva petición de actualización al incidente de liquidación, se realizó con fecha posterior a la presentación del juicio de amparo en que se actúa, por lo que al momento de la presentación del mismo no existía el acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, registrado con el folio 004594, y el treinta de mayo de dos mil veintidós, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora, ello dentro de los autos del juicio laboral 01/19/13. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Diego Leroy Arteaga Loredo, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual, en atención a la vista ordenada por auto de uno de junio del presente año, realiza diversas manifestaciones respecto del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En ese sentido, se tienen por formuladas las mismas, las cuales podrán ser relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se proveyó sobre el plazo de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para que el quejoso se constituyera ante este Juzgado para efectos de realizar la devolución de los billetes de depósito números N 737655 y N 717135, que ampara las cantidades de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) y $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.), que exhibió para garantizar la suspensión definitiva otorgada en su oportunidad; término que transcurrió en exceso, sin contar los siguientes días inhábiles: Del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio dos mil veinte y del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Sin que la parte quejosa haya comparecido ante este órgano de control constitucional a recoger el referido documento. Lo anterior tomando en consideración la suspensión de plazos y términos decretados debido al periodo de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19). En tales condiciones, con apoyo en el dispositivo antes invocado, se declara la prescripción en favor del Erario Federal, de la suma que cubre el billete de depósito de mérito, por tanto, con trascripción de este proveído remítase el aludido billete de depósito a la Tesorería de la Federación, con la debida transferencia, y con la atenta solicitud del acuse de su entrega. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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