Angelina Flores Espino
Expediente 505/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Angelina Flores Espino
- Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual, el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar la resolución de trece de septiembre del año actual, dictada en el juicio de amparo en el que se actúa, a los terceros interesados Alberto Jorge Pérez Chaparro; en consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación a los terceros interesados de referencia de dicha determinación, del presente proveído y las subsecuentes, se efectúen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, toda vez que no obstante de encontrarse debidamente emplazados al presente juicio, hasta la fecha no se han apersonado y en consecuencia no han señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Por cuanto al diverso tercero interesado, gírese el oficio correspondiente, con la finalidad de notificarle dicha determinación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO ALBERTO JORGE PÉREZ CHAPARRO POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: VISTO, para resolver el juicio de amparo 505/2023, promovido por ********************contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos; y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, ante la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ********************promovió demanda de amparo directo, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsableActo reclamado Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. La resolución pronunciada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************, que declara la reposición de procedimiento a partir de la formulación de imputación en la causa penal ********************. SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dentro del juicio de amparo directo 376/2022, por resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia legal por razón de la vía, para conocer del juicio constitucional, por lo que ordenó la remisión del asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos en turno. TERCERO. Este órgano de control constitucional recibió la demanda de amparo, y el catorce de abril de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 505/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************, que declara la reposición de procedimiento a partir de la formulación de imputación en la causa penal ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó el el acto reclamado por la parte quejosa, situación que se corrobora con las constancias y disco versátil digital que aportó al expediente, a los que se concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que versa: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Y la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación referente al año 2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes no invocaron ninguna causal de improcedencia, aunado que el suscrito juzgador tampoco advierte que se actualice alguno de los supuestos que para tal efecto prevé el artículo 61 del mismo ordenamiento. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Acotado lo anterior, la parte quejosa refiere, en su único concepto de violación, que la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos debió analizar de igual forma la prescripción del delito de fraude, que se le pretende imputar, ya que el Juez de Control, no declaró el sobreseimiento de la causa penal ********************, por falta de argumentos al momento de solicitar vincular a proceso; sino que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, deja ver que el delito de fraude ya está prescrito, actualizándose lo previsto en el artículo 316 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo cual resultaría intrascendente valorar cuestiones relativas al procedimiento penal, ya que se encuentra prescrita la pretensión punitiva. El concepto de violación es fundado, aunque suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término, debe señalarse que el acto reclamado se emitió con motivo del recurso de apelación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima, en contra de la resolución de sobreseimiento por prescripción de la pretensión punitiva, emitida por la Juez Especializada de Control del Distrito Judicial Único en el Sistema Acusatorio Adversarial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Dicha resolución fue emitida al resolver la situación jurídica dentro de la dilación constitucional en la carpeta penal ********************, instruida a ********************, por el delito de fraude, ilícito previsto y sancionado en el artículo 188, en relación con el diverso 189 del Código Penal Vigente en el Estado de Morelos, cometido en agravio de ********************. En la aludida determinación de primera instancia, la a quo estimó que el agente del Ministerio Público no dio debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, no hizo la relación de los datos expuestos, con los argumentos para motivar la existencia de un hecho considerado como delito por la ley y la probabilidad de que la imputada lo hubiera cometido, para que de esa forma se le dictara auto de vinculación a proceso a la aquí quejosa. Sin embargo, el motivo para decretar el auto de no vinculación a proceso, fue con motivo de que la pretensión punitiva en el asunto en cuestión se encontraba prescrita, de ahí que declarara el sobreseimiento de la causa ********************. Ahora bien, para arribar a tal conclusión, estableció que el veinte de julio de dos mil ocho, la víctima ********************, recibió una llamada de la encausada ********************, para comentarle que no podía darle el título del terreno que le había comprado, porque había un problema entre hermanos, porque se estaban disputando la herencia de su padre, y tampoco otorgarle la posesión, pero que ella le llamaría cuando se arreglara el problema. Esto es, la juez de control consideró que con independencia de la fecha en que se hubiera consumado el delito, a raíz de esa llamada, es que la víctima tuvo conocimiento del hecho delictivo de fraude, por lo que sería a partir de esa data en que debía computarse el inició de la prescripción de la acción penal. Para robustecer lo anterior, citó el registro 2011699, del cual emanó la jurisprudencia PC.XVIII. J/14 P (10a.), emitida por el Pleno del Decimoctavo Circuito, que establece: "FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Cuando se realice el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción persecutoria del delito de fraude genérico (perseguible por querella del ofendido o algún otro acto equivalente), previsto y sancionado en el artículo 188 del Código Penal para el Estado de Morelos (mediante la obtención ilícita de varios depósitos o entregas de dinero a favor del activo), a fin de no restringir la protección del derecho fundamental de la víctima a conocer la verdad, el juzgador no debe limitarse a aplicar el artículo 100 del citado código de manera expresa y ponderar si se acredita alguna de sus hipótesis, sino que debe interpretarlo conforme al derecho humano contenido en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cerciorarse de que la víctima haya tenido conocimiento de la comisión del delito y de la identidad del delincuente, para poder establecer el momento en que deba iniciarse el cómputo, ya sea a partir de los plazos señalados en el citado artículo 100, o bien, desde que el ofendido haya tenido conocimiento de la comisión del delito y de la identidad del delincuente, pues de esta manera no se restringe en perjuicio del ofendido el plazo para que prescriba la acción penal y se garantiza que contará de manera efectiva con los 3 años que fija el artículo 99 del Código Penal para el Estado de Morelos, para que se extinga su derecho a perseguir una conducta típica consumada ante los tribunales, respetándose así el derecho humano de las víctimas a conocer la verdad." Motivo por el cual, se reitera, la juez de control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de ********************, al haber operado la prescripción de la pretensión punitiva, y por ende, declaró el sobreseimiento de la causa penal. Por otra parte, en la resolución reclamada, el tribunal de alzada estimó que no se cumplieron con las formalidades del procedimiento, toda vez el agente del Ministerio Público no realizó una exposición de los datos de prueba ni de los argumentos y razones que se sustentó la solicitud de vinculación a proceso. Es decir, consideró que la falla de argumentación de forma oral, y que en su lugar, el fiscal proceda a la mera lectura de la imputación y de los datos de prueba dejan en estado de indefensión a la parte contraria y no proporcionan la información necesaria al juzgador para emitir el acto, de ahí que se infringiera el principio de oralidad. Para robustecer lo anterior, la Sala responsable citó la tesis XIII.1o.P.T.7 P (10a.), con registro digital 2020966, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, cuyo rubro establece: "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI EN LA AUDIENCIA RELATIVA EL MINISTERIO PÚBLICO SÓLO DIO LECTURA ÍNTEGRA A AQUÉLLA Y A LOS DATOS DE PRUEBA EN QUE SE APOYA, SIN EXPONER LOS ARGUMENTOS DE SU POSTURA, NI LOS DATOS DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD Y LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO." Bajo tales circunstancias advertidas, el tribunal de alzada, determinó ordenar la reposición del procedimiento, de conformidad con los artículos 97 y 101, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de llevar a cabo nuevamente la audiencia inicial, y en caso de que se solicite la vinculación a proceso de la imputada, el agente del Ministerio Público realice la argumentación jurídica del porqué con los datos de prueba expuestos, deba ser sujeta a proceso ********************. Como se adelantó, este órgano de control constitucional, advierte que la resolución reclamada vulnera en perjuicio de la quejosa, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que carece de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer, pues dichos dispositivos establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.(.)". A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas jurisprudencias en las que define los conceptos de fundamentación y motivación; entre ellas, se encuentra la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 30, Tercera Parte, página 57, registro digital 238924, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Así, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, en tanto que, por motivación el señalamiento en forma precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa citada. Además, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia 264, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Séptima Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, página 1239, registro digital 1011558, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Luego, la transgresión al artículo 16 constitucional, derivada de que las autoridades omitan fundar y motivar sus actos, constituye una violación de derechos fundamentales en alguna de las siguientes vertientes: a) De forma: cuando se trata de la falta total de fundamentación y/o motivación; y, b) De fondo: cuando lo que se presenta es una indebida o incorrecta fundamentación y/o motivación. El supuesto previsto en el inciso a) se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley. Mientras, la violación precisada en el inciso b) acontece cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación o motivación, entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas, así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una violación material o de fondo. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable no colmó los requisitos que el artículo 16 constitucional contempla al respecto, pues si bien es cierto que de la reproducción de la audiencia inicial y su continuación, se advierte que el agente del Ministerio Público, no realiza de forma correcta la exposición de la imputación, datos de prueba y argumentación para la vinculación a proceso, lo cierto es que la Sala responsable no expone de qué forma trascendió tal violación en el resultado del fallo en perjuicio de la imputada. Es decir, los artículos 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con los que sustentó la determinación de ordenar reponer el procedimiento, establecen: "Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo." "Artículo 101. Declaración de nulidad Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado." Ahora bien, de una lectura integra al numeral 101 de la legislación adjetiva penal, es dable concluir que, contrario a lo estimado por la Sala responsable, las hipótesis para decretar la nulidad de un acto y su reposición, no son alternativas, pues entre ambas fracciones media el vocablo "y", permite entender que es necesario que sucedan ambas hipótesis y no solo una como pretende concluir la Sala responsable, al considerar que únicamente con motivo de la segunda de las fracciones es suficiente para ordenar la reposición del procedimiento. Pero además de la deficiencia advertida, la Sala responsable no expone argumentos jurídicos para sustentar cómo es que la violación procesal advertida trasciende en el resultado del fallo en perjuicio del sujeto afectado. En el caso, no debe perderse de vista que la juez de control decretó la prescripción de la pretensión punitiva, cuyo estudio es oficioso y de forma preferente, tal como lo dispone el artículo 98 párrafo segundo del Código Penal para el Estado de Morelos. Es decir, la Sala responsable tenía en un principio que determinar si de acuerdo con los datos de prueba expuestos (deficientemente) por la representación social, existía la posibilidad de pronunciarse por cuanto a la prescripción o no del delito materia de la imputación, y solo para el caso de que concluyera que no era posible, lo cual evidentemente debía justificar de forma razonada, ordenar la reposición del procedimiento. Ahora bien, en caso de que sí se encontrara en aptitud de analizar el tópico de la prescripción, y solo para el caso de que estimara que no se daba esa figura, entonces también podría, de forma justificada, exponer cómo la violación procesal trascendía en el resultado del fallo, al no permitirle reasumir jurisdicción para resolver la situación jurídica de la imputada, una vez superado el tema de la prescripción. Sin embargo, la violación a las formalidades esenciales del procedimiento advertida, no puede estimarse que genera por sí misma un perjuicio a la contraparte, si en el caso, la juez de primera instancia decretó la prescripción de la pretensión punitiva. Esto es, solo para el caso de que estimara la imposibilidad técnica de analizar la prescripción (lo cual debe justificar) o si considerara de forma fundada y motivada que en el caso no opera tal figura, es que podría estimar que se ocasionó un perjuicio a las partes, debiendo en su momento exponer a qué parte se le perjudicó con el accionar deficiente de la representación social y cómo la reposición del procedimiento es necesaria para garantizar el cumplimiento de los derechos de esa parte De ahí que deba concederse el amparo y protección solicitado. SEXTO. Efectos del amparo. En virtud de lo anterior, se concede el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para efecto de que la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que se declaró que esta resolución causó ejecutoria, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos la resolución del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************, que declara la reposición de procedimiento a partir de la formulación de imputación en la causa penal ********************. 2. Dicte una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, en la cual, de manera fundada, motivada exponga de qué forma trascendió la violación a las formalidades esenciales del procedimiento, de acuerdo con los argumentos expuestos en el cuerpo de la presente resolución, y resuelva en consecuencia. En el entendido que la resolución que emita puede ser en el mismo sentido o en uno diferente, pero purgando los vicios de motivación expuestos en la presente sentencia. Por lo antes expuesto, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, por el acto atribuido a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de este fallo, respectivamente. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución que se cita; en consecuencia y con fundamento en el inciso b), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: "... De ahí que deba concederse el amparo y protección solicitado. SEXTO. Efectos del amparo. En virtud de lo anterior, se concede el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para efecto de que la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que se declaró que esta resolución causó ejecutoria, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos la resolución del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************, que declara la reposición de procedimiento a partir de la formulación de imputación en la causa penal ********************. 2. Dicte una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, en la cual, de manera fundada, motivada exponga de qué forma trascendió la violación a las formalidades esenciales del procedimiento, de acuerdo con los argumentos expuestos en el cuerpo de la presente resolución, y resuelva en consecuencia. En el entendido que la resolución que emita puede ser en el mismo sentido o en uno diferente, pero purgando los vicios de motivación expuestos en la presente sentencia. Por lo antes expuesto, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, por el acto atribuido a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de este fallo, respectivamente. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe."
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 505/2023, promovido por ********************contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos; y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, ante la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ********************promovió demanda de amparo directo, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsableActo reclamado Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. La resolución pronunciada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************, que declara la reposición de procedimiento a partir de la formulación de imputación en la causa penal ********************. SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dentro del juicio de amparo directo 376/2022, por resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia legal por razón de la vía, para conocer del juicio constitucional, por lo que ordenó la remisión del asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos en turno. TERCERO. Este órgano de control constitucional recibió la demanda de amparo, y el catorce de abril de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 505/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************, que declara la reposición de procedimiento a partir de la formulación de imputación en la causa penal ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó el el acto reclamado por la parte quejosa, situación que se corrobora con las constancias y disco versátil digital que aportó al expediente, a los que se concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que versa: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Y la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación referente al año 2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes no invocaron ninguna causal de improcedencia, aunado que el suscrito juzgador tampoco advierte que se actualice alguno de los supuestos que para tal efecto prevé el artículo 61 del mismo ordenamiento. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Acotado lo anterior, la parte quejosa refiere, en su único concepto de violación, que la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos debió analizar de igual forma la prescripción del delito de fraude, que se le pretende imputar, ya que el Juez de Control, no declaró el sobreseimiento de la causa penal ********************, por falta de argumentos al momento de solicitar vincular a proceso; sino que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, deja ver que el delito de fraude ya está prescrito, actualizándose lo previsto en el artículo 316 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo cual resultaría intrascendente valorar cuestiones relativas al procedimiento penal, ya que se encuentra prescrita la pretensión punitiva. El concepto de violación es fundado, aunque suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término, debe señalarse que el acto reclamado se emitió con motivo del recurso de apelación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima, en contra de la resolución de sobreseimiento por prescripción de la pretensión punitiva, emitida por la Juez Especializada de Control del Distrito Judicial Único en el Sistema Acusatorio Adversarial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Dicha resolución fue emitida al resolver la situación jurídica dentro de la dilación constitucional en la carpeta penal ********************, instruida a ********************, por el delito de fraude, ilícito previsto y sancionado en el artículo 188, en relación con el diverso 189 del Código Penal Vigente en el Estado de Morelos, cometido en agravio de ********************. En la aludida determinación de primera instancia, la a quo estimó que el agente del Ministerio Público no dio debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, no hizo la relación de los datos expuestos, con los argumentos para motivar la existencia de un hecho considerado como delito por la ley y la probabilidad de que la imputada lo hubiera cometido, para que de esa forma se le dictara auto de vinculación a proceso a la aquí quejosa. Sin embargo, el motivo para decretar el auto de no vinculación a proceso, fue con motivo de que la pretensión punitiva en el asunto en cuestión se encontraba prescrita, de ahí que declarara el sobreseimiento de la causa ********************. Ahora bien, para arribar a tal conclusión, estableció que el veinte de julio de dos mil ocho, la víctima ********************, recibió una llamada de la encausada ********************, para comentarle que no podía darle el título del terreno que le había comprado, porque había un problema entre hermanos, porque se estaban disputando la herencia de su padre, y tampoco otorgarle la posesión, pero que ella le llamaría cuando se arreglara el problema. Esto es, la juez de control consideró que con independencia de la fecha en que se hubiera consumado el delito, a raíz de esa llamada, es que la víctima tuvo conocimiento del hecho delictivo de fraude, por lo que sería a partir de esa data en que debía computarse el inició de la prescripción de la acción penal. Para robustecer lo anterior, citó el registro 2011699, del cual emanó la jurisprudencia PC.XVIII. J/14 P (10a.), emitida por el Pleno del Decimoctavo Circuito, que establece: "FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Cuando se realice el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción persecutoria del delito de fraude genérico (perseguible por querella del ofendido o algún otro acto equivalente), previsto y sancionado en el artículo 188 del Código Penal para el Estado de Morelos (mediante la obtención ilícita de varios depósitos o entregas de dinero a favor del activo), a fin de no restringir la protección del derecho fundamental de la víctima a conocer la verdad, el juzgador no debe limitarse a aplicar el artículo 100 del citado código de manera expresa y ponderar si se acredita alguna de sus hipótesis, sino que debe interpretarlo conforme al derecho humano contenido en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cerciorarse de que la víctima haya tenido conocimiento de la comisión del delito y de la identidad del delincuente, para poder establecer el momento en que deba iniciarse el cómputo, ya sea a partir de los plazos señalados en el citado artículo 100, o bien, desde que el ofendido haya tenido conocimiento de la comisión del delito y de la identidad del delincuente, pues de esta manera no se restringe en perjuicio del ofendido el plazo para que prescriba la acción penal y se garantiza que contará de manera efectiva con los 3 años que fija el artículo 99 del Código Penal para el Estado de Morelos, para que se extinga su derecho a perseguir una conducta típica consumada ante los tribunales, respetándose así el derecho humano de las víctimas a conocer la verdad." Motivo por el cual, se reitera, la juez de control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de ********************, al haber operado la prescripción de la pretensión punitiva, y por ende, declaró el sobreseimiento de la causa penal. Por otra parte, en la resolución reclamada, el tribunal de alzada estimó que no se cumplieron con las formalidades del procedimiento, toda vez el agente del Ministerio Público no realizó una exposición de los datos de prueba ni de los argumentos y razones que se sustentó la solicitud de vinculación a proceso. Es decir, consideró que la falla de argumentación de forma oral, y que en su lugar, el fiscal proceda a la mera lectura de la imputación y de los datos de prueba dejan en estado de indefensión a la parte contraria y no proporcionan la información necesaria al juzgador para emitir el acto, de ahí que se infringiera el principio de oralidad. Para robustecer lo anterior, la Sala responsable citó la tesis XIII.1o.P.T.7 P (10a.), con registro digital 2020966, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, cuyo rubro establece: "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI EN LA AUDIENCIA RELATIVA EL MINISTERIO PÚBLICO SÓLO DIO LECTURA ÍNTEGRA A AQUÉLLA Y A LOS DATOS DE PRUEBA EN QUE SE APOYA, SIN EXPONER LOS ARGUMENTOS DE SU POSTURA, NI LOS DATOS DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD Y LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO." Bajo tales circunstancias advertidas, el tribunal de alzada, determinó ordenar la reposición del procedimiento, de conformidad con los artículos 97 y 101, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de llevar a cabo nuevamente la audiencia inicial, y en caso de que se solicite la vinculación a proceso de la imputada, el agente del Ministerio Público realice la argumentación jurídica del porqué con los datos de prueba expuestos, deba ser sujeta a proceso ********************. Como se adelantó, este órgano de control constitucional, advierte que la resolución reclamada vulnera en perjuicio de la quejosa, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que carece de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer, pues dichos dispositivos establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.(.)". A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas jurisprudencias en las que define los conceptos de fundamentación y motivación; entre ellas, se encuentra la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 30, Tercera Parte, página 57, registro digital 238924, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Así, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, en tanto que, por motivación el señalamiento en forma precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa citada. Además, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia 264, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Séptima Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, página 1239, registro digital 1011558, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Luego, la transgresión al artículo 16 constitucional, derivada de que las autoridades omitan fundar y motivar sus actos, constituye una violación de derechos fundamentales en alguna de las siguientes vertientes: a) De forma: cuando se trata de la falta total de fundamentación y/o motivación; y, b) De fondo: cuando lo que se presenta es una indebida o incorrecta fundamentación y/o motivación. El supuesto previsto en el inciso a) se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley. Mientras, la violación precisada en el inciso b) acontece cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación o motivación, entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas, así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una violación material o de fondo. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable no colmó los requisitos que el artículo 16 constitucional contempla al respecto, pues si bien es cierto que de la reproducción de la audiencia inicial y su continuación, se advierte que el agente del Ministerio Público, no realiza de forma correcta la exposición de la imputación, datos de prueba y argumentación para la vinculación a proceso, lo cierto es que la Sala responsable no expone de qué forma trascendió tal violación en el resultado del fallo en perjuicio de la imputada. Es decir, los artículos 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con los que sustentó la determinación de ordenar reponer el procedimiento, establecen: "Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo." "Artículo 101. Declaración de nulidad Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado." Ahora bien, de una lectura integra al numeral 101 de la legislación adjetiva penal, es dable concluir que, contrario a lo estimado por la Sala responsable, las hipótesis para decretar la nulidad de un acto y su reposición, no son alternativas, pues entre ambas fracciones media el vocablo "y", permite entender que es necesario que sucedan ambas hipótesis y no solo una como pretende concluir la Sala responsable, al considerar que únicamente con motivo de la segunda de las fracciones es suficiente para ordenar la reposición del procedimiento. Pero además de la deficiencia advertida, la Sala responsable no expone argumentos jurídicos para sustentar cómo es que la violación procesal advertida trasciende en el resultado del fallo en perjuicio del sujeto afectado. En el caso, no debe perderse de vista que la juez de control decretó la prescripción de la pretensión punitiva, cuyo estudio es oficioso y de forma preferente, tal como lo dispone el artículo 98 párrafo segundo del Código Penal para el Estado de Morelos. Es decir, la Sala responsable tenía en un principio que determinar si de acuerdo con los datos de prueba expuestos (deficientemente) por la representación social, existía la posibilidad de pronunciarse por cuanto a la prescripción o no del delito materia de la imputación, y solo para el caso de que concluyera que no era posible, lo cual evidentemente debía justificar de forma razonada, ordenar la reposición del procedimiento. Ahora bien, en caso de que sí se encontrara en aptitud de analizar el tópico de la prescripción, y solo para el caso de que estimara que no se daba esa figura, entonces también podría, de forma justificada, exponer cómo la violación procesal trascendía en el resultado del fallo, al no permitirle reasumir jurisdicción para resolver la situación jurídica de la imputada, una vez superado el tema de la prescripción. Sin embargo, la violación a las formalidades esenciales del procedimiento advertida, no puede estimarse que genera por sí misma un perjuicio a la contraparte, si en el caso, la juez de primera instancia decretó la prescripción de la pretensión punitiva. Esto es, solo para el caso de que estimara la imposibilidad técnica de analizar la prescripción (lo cual debe justificar) o si considerara de forma fundada y motivada que en el caso no opera tal figura, es que podría estimar que se ocasionó un perjuicio a las partes, debiendo en su momento exponer a qué parte se le perjudicó con el accionar deficiente de la representación social y cómo la reposición del procedimiento es necesaria para garantizar el cumplimiento de los derechos de esa parte De ahí que deba concederse el amparo y protección solicitado. SEXTO. Efectos del amparo. En virtud de lo anterior, se concede el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para efecto de que la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que se declaró que esta resolución causó ejecutoria, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos la resolución del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************, que declara la reposición de procedimiento a partir de la formulación de imputación en la causa penal ********************. 2. Dicte una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, en la cual, de manera fundada, motivada exponga de qué forma trascendió la violación a las formalidades esenciales del procedimiento, de acuerdo con los argumentos expuestos en el cuerpo de la presente resolución, y resuelva en consecuencia. En el entendido que la resolución que emita puede ser en el mismo sentido o en uno diferente, pero purgando los vicios de motivación expuestos en la presente sentencia. Por lo antes expuesto, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, por el acto atribuido a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de este fallo, respectivamente. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual está dando cumplimiento al requerimiento que obra en autos; en consecuencia de lo anterior, se tienen por hecha la comunicación vertida, así como satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad antes mencionada, y con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar un anexo colocándole carátula de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. Ahora bien, se precisa que el anexo referido en el párrafo que antecede no será digitalizado ni formará parte del expediente electrónico, ello es así tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a las partes, pues las citadas constancias podrán ser consultadas en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, previa cita que estos hagan a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además que las mismas deberán ser analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIECISÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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