Angelina Hernández Hernández
Expediente 567/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Angelina Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado vía línea el quince de marzo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Angelina Hernández Hernández, por conducto de su apoderado Diego Leroy Arteaga Loredo, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra diversos actos que imputó a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Presidente Ejecutor. SEGUNDO. Este Juzgado de Distrito radicó el asunto con el número 335/2022. En auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se ordenó la separación de los actos señalados en la demanda de amparo, por estimarse que se trataba de actos distintos. TERCERO. Mediante oficio número OCC/C18/JDM/449/2022, recibido en este Juzgado de Distrito el cuatro de mayo de dos mil veintidós, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, remitió un legajo de copias certificadas del juicio de amparo número 335/2022 y la boleta de turno con número de folio 202209010319011903. Con citado oficio y el legajo de copias certificadas se radicó el número de expediente 567/2022, mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, donde se hizo constar lo siguiente: ? La demanda es promovida por Angelina Hernández Hernández, por conducto de su apoderado Diego Leroy Arteaga Loredo. ? El acto reclamado materia de estudio es la omisión de señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la incorporación a la carrera magisterial de Angelina Hernández Hernández, como lo dispone el resolutivo segundo del laudo emitido en el juicio laboral 01/19/13. ? La autoridad responsable es el Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Además, en ese auto, se formuló prevención a la parte quejosa en los puntos que ahí quedaron precisados. Mediante escrito vía línea presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, Diego Leroy Arteaga Loredo, desahogó la citada prevención. Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por desahogada la prevención y se admitió la demanda de amparo, se requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Para lograr lo anterior se hace un estudio de las constancias de autos: En la demanda de amparo se señaló como acto reclamado: "IV.1. La omisión de señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la incorporación a la carrera magisterial de la hoy quejosa como lo dispone en resolutivo segundo del laudo emitido por la responsable el pasado de junio (sic) de 2016" En auto nueve de mayo de dos mil veintidós, se formuló prevención, en el siguiente sentido: ".la parte promovente deberá precisar, bajo protesta de decir verdad, en forma precisa, cronológica y detallada, cuales son la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y deberá ampliar los mismos, esto es, deberá indicar la última fecha en que solicitó por escrito a la autoridad responsable señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la incorporación de la hoy quejosa a la carrera magisterial en el juicio laboral de origen 01/19/13, y si la Junta responsable dio contestación a su solicitud, y de ser así deberá informar a este juzgado esa respuesta, así como su notificación." En el escrito de desahogo de prevención, Diego Leroy Arteaga Loredo, apoderado de la quejosa, manifestó: "Primero. Por medio del presente. "Las fechas en que se le ha solicitado al presidente ejecutor el cumplimiento del segundo resolutivo son las siguientes: "8 de mayo de 2017. "30 de enero de 2018. "5 de abril de 2018. "10 de septiembre de 2018. "30 de julio de 2019. "25 de febrero de 2022. "7 de marzo de 2022. "Segundo. Ahora bien, la última fecha en que se solicitó por escrito a la autoridad responsable señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la incorporación de la hoy quejosa a la carrera magisterial en el juicio laboral de origen 01/19/13 fue el día 7 de marzo de 2022 y la cual quedó registrada bajo el número de folio 1636. "Hasta el día de hoy, la Junta responsable no ha dado contestación a nuestra solicitud." De las constancias remitidas por la responsable se advierte lo siguiente: El escrito de ocho de mayo de dos mil diecisiete, fue acordado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. El ocurso de treinta de enero de dos mil dieciocho, fue acordado el uno de agosto de dos mil dieciocho. El escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, fue acordado el uno de agosto de dos mil dieciocho. El ocurso de diez de septiembre de dos mil dieciocho, fue acordado el veinte de noviembre de dos mil diecinueve. El escrito de treinta de junio de dos mil diecinueve, fue acordado el veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Entonces, los escritos pendientes de acordar al quince de marzo de dos mil veintidós, fecha en que se presentó la demanda de amparo, son estos: ? Veinticinco de febrero de dos mil veintidós. ? Siete de marzo de dos mil veintidós. Y así, ese es el acto reclamado en este juicio de amparo 567/2022, la omisión de acordar esos dos escritos que fueron presentados en el juicio laboral 01/19/13. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por la parte quejosa al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo anterior por así desprenderse del informe justificado rendido por dicha autoridad; lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 01/19/13; documental que por ser de carácter público goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, materia común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del tomo VII, abril de 1998, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó los escritos presentados el veinticinco de febrero y siete de marzo, ambos meses de dos mil veintidós, registrados con los folios 14565 y 1636, y el treinta de mayo de dos mil veintidós, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora; ello dentro de los autos del juicio laboral 01/19/13. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la incorporación a la carrera magisterial de la quejosa, como lo dispone el resolutivo segundo del laudo dictado en el juicio laboral 01/19/13, solicitado mediante los escritos presentados el veinticinco de febrero y siete de marzo, ambos meses de dos mil veintidós; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada; de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados, como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy dos de septiembre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de quince de junio del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que debe mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma y se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Encargada del Despacho de la Presidencia de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Ahora, visto el volumen de las documentales que anexa como complemento a su informe justificado, fórmese un anexo por separado, ello para el mejor manejo del expediente en que se actúa. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dice: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Ahora, lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a la parte quejosa, pues las citadas constancias podrán ser consultadas en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Finalmente, de acuerdo con las manifestaciones que vierte y las copias certificadas que remite, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad a Diego Leroy Arteaga Loredo, como apoderado legal de Angelina Hernández Hernández. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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