Angelica Maria Morales Leyva

Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
200/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Angelica Maria Morales Leyva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos del que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veinte de julio de dos mil veintitrés (notificado por lista el veintiuno siguiente), por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por ********************, por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, en relación con el numeral 98, ambos de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veinte de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por desechada la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja 73/2023, en la que se resuelve: ". ÚNICO.- Es fundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa Angélica María Morales Leyva, en contra del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en el juicio de amparo indirecto 200/2023. ." Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales. Acúsese recibo. Análisis de la demanda de amparo. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la promovente y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Acto reclamado y sus antecedentes. En el caso puesto a debate, la promovente de amparo reclama el proceso legislativo llevado a cabo para la discusión, aprobación, expedición y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, a partir de su entrada en vigor. Ahora, para estar en contexto, conviene transcribir los dichos por la promovente de amparo en sus conceptos de violación: ". Reclamo los siguientes actos: La aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso Iegislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023. La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario Oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En este sentido, los actos que se atribuyen a las autoridades responsables citadas, constituyen conductas violatorias de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°,5°, 14, 16, 25, 34, 41 y 73 fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" así como a los Tratados Internacionales de los cuales México es parte como lo son: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la EOA y la OIT." En ese contexto, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este órgano de control constitucional advierte que respecto a los actos reclamados por el quejoso, consistentes en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." El precepto establece la improcedencia del juicio si cesaron los efectos del acto reclamado. Al respecto, se destaca que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario cuyo objeto es proteger a las personas respecto de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con el artículo 103, fracción I, constitucional y 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, en términos generales, en caso de otorgarse el amparo el efecto será: I) Si el acto es positivo se restituiría al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II) Si el acto es negativo o implica una omisión, se obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 77, fracciones I y II, de la ley de la materia. Asimismo, si se declara la inconstitucionalidad de una norma general los efectos se extienden a aquellas normas o actos cuya validez dependa de la norma invalidada. Lo anterior se desprende del artículo 78 de la Ley de Amparo. Bajo esa lógica, se previó la imposibilidad de ejercer la acción constitucional vía amparo contra actos, omisiones y normas generales que hayan destruido todos sus efectos en la esfera jurídica de los particulares, ya que sería ocioso su estudio si las cosas volvieron al estado en que se encontraban o la autoridad ya actúa como debía hacerlo, pues precisamente esa es la pretensión de los quejosos. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha causal de improcedencia se actualizará cuando, además de que la autoridad responsable deje insubsistentes los actos reclamados, con ello también sean destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, de una manera tal, que no exista huella de la invasión de la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Así lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración 2a./J.59/99, con número de registro 193758, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o 3 Consultable en la página 38, del Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente asunto, de la versión taquigráfica de la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, se advierte que al resolverse las Acciones de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 Y 93/2023, promovidas, respectivamente, por los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, El Partido Político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la Invalidez del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, resuelve lo siguiente: ". PRIMERO. SON PROCEDENTES Y FUNDADAS LAS PRESENTES ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. NOTIFÍQUESE; ." En la especie, tenemos que los actos reclamados por la quejosa Angélica María Morales Leyva, son la aprobación, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés; sin embargo, y como se apuntó anteriormente, en Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 Y 93/2023, se declaró la invalidez del decreto impugnado. De modo que al haber cesado los efectos del acto reclamado, deviene improcedente el juicio constitucional, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo. En esa virtud, se concluye que en el presente juicio biinstancial, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1107, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, correspondiente al mes de abril de 2013, Tomo 2, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos.". Es importante resaltar que, para estimar actualizada la causa de improcedencia que se analiza, no debe existir efecto o consecuencia legal alguna que pudiere haber dejado en la esfera jurídica del justiciable. En otras palabras, debe existir constancia plena de que no hay aspecto alguno que haya trascendido en perjuicio del gobernado por la sola entrada en vigor del ordenamiento legal impugnado durante el tiempo en que se encontró vigente, y que pudiera desaparecer ante una eventual concesión de amparo. Lo anterior, permite concluir que no está acreditado que el Decreto cuestionado en el juicio de amparo, como norma autoaplicativa vigente durante el periodo comprendido del dos de marzo al veintidós de junio de dos mil veintitrés, hubiese producido consecuencias materiales, es decir, que hubiese aplicado a la parte quejosa durante el periodo que estuvieron vigentes, por lo que, en el caso, una eventual concesión del amparo en contra de esos preceptos carecería de efectos. En efecto, la parte quejosa es servidora pública adscrita a la Junta Distrital Ejecutiva 02 de Sinaloa, del Instituto Nacional Electoral, en esta ciudad, lo cual se encuentra plenamente acreditado con las pruebas que acompañó a la demanda; sin embargo, la evidencia aportada no demostró que las normas reclamadas fueron aplicadas en su perjuicio. Además, es un hecho notorio en términos del artículo 88 de la ley adjetiva, que en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concedió la suspensión sobre los efectos y consecuencias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, por lo que, los efectos de la norma, no se aplicaron a la parte quejosa, a saber: ". Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que únicamente se pretende preservar la materia del juicio y asegurar que los efectos y consecuencias del decreto impugnado no se ejecute de manera irreparable en perjuicio de la ciudadanía y de los servidores públicos adscritos al Instituto, además de garantizar provisionalmente la situación jurídica y el derecho o el interés del actor. Tampoco se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida puesto que, con ello, se garantiza el acceso a los derechos político electorales de la ciudadanía, la equidad en la contienda, los derechos humanos de todas las personas que forman parte del Padrón Electoral, así como los derechos laborales del personal, y se conserva la estructura orgánica y el funcionamiento que ya tenía el Instituto Nacional Electoral, hasta en tanto se resuelve, en definitiva, el presente asunto. ." Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XVIII, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo formulada por Angélica María Morales Leyva, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 6691/2023 signado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja y ampliación del mismo interpuesto por la autorizada de la parte quejosa contra el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 5825/2023, suscrito por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, con el que solicita que le sean remitidos los autos originales presente juicio de garantías; toda vez que ese Tribunal Colegiado estima necesario tener a la vista dichas constancias para proveer conforme a derecho corresponda, respecto del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. En ese sentido, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese el presente asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto.

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