Angelina Valenzuela Benites

Expediente 48/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
48/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Angelina Valenzuela Benites

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (notificada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, misma que causó ejecutoria el tres de mayo de dos mil diecinueve; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisional y definitivamente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y los autos en que se concedió dicha medida cautelar en el incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por último, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, por tanto, resulta innecesario seguir conservando en depósito y a disposición de este juzgado el billete de depósito número N635515 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional) que la quejosa Angelina Valenzuela Benites, exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue concedida por este Juzgado; por tanto, al no existir motivo alguno para hacer efectivo el importe que ampara dicho documento devuélvase y entréguese previa razón que por su recibo se deje en autos a la quejosa, quien deberá comparecer a este Órgano Jurisdiccional debidamente identificada con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que a partir de la legal notificación de este proveído tiene el término de dos años para tal efecto, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA AGELINA VALENZUELA BENITES EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE:Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (notificada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, misma que causó ejecutoria el tres de mayo de dos mil diecinueve; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisional y definitivamente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y los autos en que se concedió dicha medida cautelar en el incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por último, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, por tanto, resulta innecesario seguir conservando en depósito y a disposición de este juzgado el billete de depósito número N635515 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional) que la quejosa Angelina Valenzuela Benites, exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue concedida por este Juzgado; por tanto, al no existir motivo alguno para hacer efectivo el importe que ampara dicho documento devuélvase y entréguese previa razón que por su recibo se deje en autos a la quejosa, quien deberá comparecer a este Órgano Jurisdiccional debidamente identificada con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que a partir de la legal notificación de este proveído tiene el término de dos años para tal efecto, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio número 6169/2019, del ocho de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por el MAGISTRADO INSTRUCTOR Y SECRETARIO DE ACUERDOS, AMBOS ADSCRITOS A LA SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, del que se desprende que se cumple con la ejecutoria que se dictara en el juicio de garantías de que se trata. Una vez realizados los actos procesales correspondientes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, por auto del nueve de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con el citado documento para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el diez de mayo del dos mil diecinueve (fojas 442 de autos), sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos y las manifestaciones vertidas por las partes, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió sobreseer el juicio de amparo y conceder el amparo solicitado (fojas 419 del juicio de garantías de que se trata). Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto del tres de mayo de dos mil diecinueve, causó estado la sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos (fojas 418 vuelta de autos): ". Séptimo. Efectos de la concesión de amparo. Para que la autoridad jurisdiccional responsable deje sin efectos la orden de arresto a la quejosa contenida en el proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio de nulidad 2085/2018-IIIB de origen, únicamente en lo que se refiere a ese aspecto, y ordena le sea notificado a ésta última el acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve, que contiene el apercibimiento, directamente o de manera personal, cumpliendo las formalidades de ley. ." Conforme lo anterior, la autoridad debió realizar dos actos en concreto: Dejar insubsistente su proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve y, Notificar de forma personal a la quejosa, el acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio 6169/2019, al que adjuntó copia certificada del acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad 2085/2018 (fojas 430 de autos); en este auto se expuso: ". Se deja sin efectos la orden de arresto ordenada en contra de Angelina Valenzuela Benites, emitida en proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve dentro de los autos del juicio de nulidad 2085/2018-IIIB, únicamente en lo que se refiere a ese aspecto, quedando subsistente el resto de lo acordado en el proveído de referencia. . Y, finalmente; se ordena la notificación de manera directa del acuerdo emitida el once de enero de dos mil diecinueve en los autos del juicio de nulidad en que se actúa a Angelina Valenzuela Benites en su carácter de Síndico Procuradora del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, como parte integrante de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, autoridad demandada en el presente juicio. ." Finamente, también obra a fojas cuatrocientas treinta y siete del presente cuaderno de amparo, constancia de notificación dirigido a la quejosa Angelina Valenzuela Benites, a través de la cual, la actuaria adscrita a la autoridad señalada como responsable, le hace de su conocimiento el proveído del once de enero del dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad 2085/2018. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que el MAGISTRADO INSTRUCTOR DE LA SALA REGIONAL, ZONA NORTE, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, efectuó actos con los que tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, hizo lo siguiente: Dejó sin efectos la orden de arresto contenida en el proveído del veintitrés de enero de dos mil diecinueve y, Antes de ejecutar cualquier medida de apremio en contra de la justiciable, le notificó a ésta el auto que la previene (auto del once de enero de dos mil diecinueve). Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Agréguese sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio sin número suscrito por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se giraron las instrucciones necesarias para acatar cualquier orden que emita la autoridad jurisdiccional responsable, por lo que no existe impedimento alguno para cumplimentar la resolución emitida en el presente juicio de amparo.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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