Angelica del Carmen Viera Raygoza

Expediente 253/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
253/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Angelica del Carmen Viera Raygoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de once de diciembre de dos mil veinte, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado guardan los autos, se advierte que en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte se dio vista con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, vista que no fue desahogada por la parte quejosa. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante oficio 706 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de octubre del año en curso, los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, informaron que el veintiuno de agosto del dos mil veinte, comparecieron ante esa autoridad la quejosa Angélica Carmen Alicia Viera Raygoza y el Licenciado Jesús Guillermo Ávila de la Luz, este último en su carácter de apoderado legal de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, quienes solicitaron audiencia especial en la cual se asentó el arreglo conciliatorio al cual coincidieron los mismos, por la cantidad de $34,371.00 (treinta y cuatro mil pesos con trescientos setenta y un pesos 00/100 m.n.), dando con ello fin al conflicto laboral OPDJ.E.No.2-10-34/2015; anexando copia certificada de dicha actuación, mismas que obran agregadas en el presenta asunto. Ahora bien, el reclamo de la quejosa a la responsable consistió esencialmente en la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral OPDJ.E.No.2-10-34/2015, y por sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la mencionada quejosa para el efecto de que la Presidente Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, realizara las gestiones necesarias para que se cumpliera con lo ordenado en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veinte, para la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado en el juicio laboral O.P.D.J.E.N°2-10-34/2015. Entonces, con motivo del citado convenio como consecuencia lógica y legal es inconcuso que se ha restituido a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196 ambos de la Ley de Amparo; esto, pues la finalidad del mencionado pacto tiene como fin cubrir las prestaciones a que se condenó a la parte demandada en el procedimiento laboral; por ende, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, no procede enviar el presente expediente a la superioridad, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento, por igualdad jurídica, en la tesis III.4º.T.17 K (10a) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Materia Común, página 2676, del siguiente tenor: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo.".

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA QUEJOSA ANGELICA DEL CARMEN VIERA RAYGOZA EL PROVEÍDO DICTADO EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE QUE DICE Visto el estado guardan los autos, se advierte que en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte se dio vista con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, vista que no fue desahogada por la parte quejosa. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante oficio 706 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de octubre del año en curso, los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, informaron que el veintiuno de agosto del dos mil veinte, comparecieron ante esa autoridad la quejosa Angélica Carmen Alicia Viera Raygoza y el Licenciado Jesús Guillermo Ávila de la Luz, este último en su carácter de apoderado legal de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, quienes solicitaron audiencia especial en la cual se asentó el arreglo conciliatorio al cual coincidieron los mismos, por la cantidad de $34,371.00 (treinta y cuatro mil pesos con trescientos setenta y un pesos 00/100 m.n.), dando con ello fin al conflicto laboral OPDJ.E.No.2-10-34/2015; anexando copia certificada de dicha actuación, mismas que obran agregadas en el presenta asunto. Ahora bien, el reclamo de la quejosa a la responsable consistió esencialmente en la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral OPDJ.E.No.2-10-34/2015, y por sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la mencionada quejosa para el efecto de que la Presidente Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, realizara las gestiones necesarias para que se cumpliera con lo ordenado en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veinte, para la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado en el juicio laboral O.P.D.J.E.N°2-10-34/2015. Entonces, con motivo del citado convenio como consecuencia lógica y legal es inconcuso que se ha restituido a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196 ambos de la Ley de Amparo; esto, pues la finalidad del mencionado pacto tiene como fin cubrir las prestaciones a que se condenó a la parte demandada en el procedimiento laboral; por ende, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, no procede enviar el presente expediente a la superioridad, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento, por igualdad jurídica, en la tesis III.4º.T.17 K (10a) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Materia Común, página 2676, del siguiente tenor: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo.".

  4. Principal

    Atendiendo el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia emitida el uno de octubre de dos mil veinte, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Angélica del Carmen Viera Raygoza, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio firmado por la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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