Angelica Ma. Cruz Ponce

Expediente 443/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 42 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
443/2022
Año
2022
Actuaciones
42
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • ANGELICA MA. CRUZ PONCE y Otros.
  • Angelica Ma. Cruz Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega promoción con registro 23737. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, por medio del cual formula diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo. Vista con informe. En virtud de lo anterior y teniendo en consideración las manifestaciones realizadas por la oficiante, concretamente las relativas a que, contrariamente lo informado por la parte quejosa mediante escrito registrado en este juzgado con el número de correspondencia interna * a esta data el procedimiento de queja promovido en el expediente de origen se encuentra totalmente concluido; con copia del oficio que se provee, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computados, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia de que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional procederá a proveer lo conducente en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se recibió el escrito signado por las quejosas * y *, mediante el cual en desahogo de la vista concedida en auto de seis del mes y año en curso, manifestaron que, a su criterio, no se encontraba cumplida la ejecutoria de amparo. Caso concreto. Las quejosas refieren, en esencia, que la autoridad responsable en forma reiterada insiste en otorgar la apariencia de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con escritos y anexos que se encuentran alejados de lo ordenado por este órgano jurisdiccional. Ahora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. 1.1 A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por un parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el oficio UAJ-446-2022 de seis de abril de dos mil veintidós. 2. Emita uno diverso, con libertad de jurisdicción pero purgando los vicios formales destacados, esto es, dé contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo del año en curso. Respuesta que debe estar fundada, motivada y además debe ser congruente con lo que se peticionó. 3. Notifique personal dicha misiva a la parte quejosa, en el domicilio señalado en su escrito de petición, como consta en la documental que se acompañó por la parte quejosa a su demanda de amparo". 1.2. En proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió a la autoridad responsable a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. 2. Informes sobre el cumplimiento. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el oficio UAJDH-DCA-203/2023 signado por el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, al que adjuntó diversas constancias en copia certificada. Posteriormente, en auto de diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en dar contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, purgando los vicios formales destacados en la sentencia, esto es, que se satisfaga el principio de congruencia en cuanto a: a) Cuáles son las medidas de seguridad decretadas a favor de las quejosas, respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia. b) Cuáles medidas se tomaron para que los subordinados del Coordinador y/o Jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Región Media, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, no las revictimicen. c) Si se ha concluido el procedimiento de queja iniciado en contra del Coordinador y/o Jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Región Media, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, en todas sus etapas apegándose a derecho. d) Incluso les tendrían que indicar cuáles sanciones administrativas se les impondrían. Lo anterior, porque las quejosas en su escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, -acto reclamado- solicitaron de manera concreta: 1) Se decretaran medidas de seguridad, pues temían por actos de violencia en su persona, patrimonio y familia. 2) Que se concluyera el procedimiento de queja iniciado, en todas sus etapas apegándose a derecho. 3) Además, medidas para que los subordinados se abstuvieran de tomar medidas que las revictimicen. Ante tal situación, este juzgado consideró que, si bien se encontraba demostrado por parte de la autoridad responsable que mediante oficio UAJDH-513/2023, dejó insubsistente la comunicación UAJ-0446-2022, de seis de abril de dos mil veintidós, sin embargo, no se le tenía dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, se requirió nuevamente al Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, a fin de que diera cumplimiento a los tópicos que faltó atender de la sentencia de amparo, esto es, con libertad de jurisdicción, pero purgando los vicios formales destacados en la sentencia, diera contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (respuesta que debe estar fundada, motivada y además congruente con lo que se peticionó), e informara cuáles son las medidas de seguridad decretadas a favor de las quejosas, respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia, cuáles medidas se tomaron para que sus subordinados no las revictimizaran y si se concluyó el procedimiento de queja iniciado que refieren las quejosas en su escrito reclamado en todas sus etapas apegándose a derecho, y remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran su acatamiento, o en su caso manifestaran el motivo que se lo impidiera. En proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio *, con registro *, signado por el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en autos de diecinueve de mayo y trece de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, no se advirtió el cumplimiento del fallo protector. Así, el doce de julio de dos mil veintitrés, en análisis a la referida documental, se destacó que tanto la capacitación al personal que integra la "URSE Región Media" en relación con el tema "No discriminación, hostigamiento laboral, relaciones laborales y no revictimización", como la emisión de los oficios * y *, el primero de ellos dirigido al Jefe de Departamento de Secundarias Generales de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, a fin de que le asignara una nueva adscripción a la C. Adriana María Olvera de la Tejera; y el segundo de ellos dirigido a la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, con el objeto de que pudiera ser extendida la readscripción temporal otorgada a la C. Angélica María Cruz Ponce, a juicio de este órgano jurisdiccional, no eran medidas de seguridad decretadas en favor de las quejosas. Lo anterior se estimó así, pues dichas medidas irrogan un perjuicio o una carga al cambiar a las solicitantes del amparo de su entorno laboral, ya que estas medidas no eran eficaces, en razón de que el cambio de adscripción o readscripción de las quejosas es con motivo de una conducta que desarrolla una diversa persona, siendo que el presunto agresor es este último y no las citadas quejosas, por lo que las medidas decretadas por la responsable, se insistió, no eran a favor de las solicitantes del amparo, pues este calificativo de "a favor", debe entenderse que es en beneficio, por ejemplo, el trabajo a distancia, o bien, cambiarlas de adscripción pero dentro del municipio en donde laboran. En virtud de lo anterior, se requirió nuevamente a la autoridad responsable, Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, a fin de que diera cumplimiento a los tópicos que faltó atender de la sentencia de amparo, -esto es con libertad de jurisdicción, pero purgando los vicios formales destacados en la sentencia, diera contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, (respuesta que debía estar fundada, motivada y además congruente con lo que se peticionó), e informara cuáles son las medidas de seguridad decretadas a favor de las quejosas, respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia, cuáles medidas se tomaron para que sus subordinados no las revictimizaran y si se concluyó el procedimiento de queja iniciado que refieren las quejosas en su escrito reclamado en todas sus etapas apegándose a derecho-, y remita copia certificada de las constancias que acrediten su acatamiento, o en su caso manifiesten el motivo que se lo impedía. En el entendido de que a fin de evitar confusión en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debía dejar sin efecto las medidas tomadas con antelación, mismas que debían ser sustituidas en atención al requerimiento formulado en la presente determinación. Ahora, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio *, con registro *, signado por el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en proveídos de doce y veinticinco de julio de dos mil veintitrés, sin embargo no se concluyó que se encontraba cumplido el fallo protector, pues de las constancias remitidas se advirtió que: El uno de agosto de dos mil veintitrés, la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, emitió el dictamen *, dirigido a las quejosas, en el cual les informó que se dejó insubsistente el diverso oficio *, y en relación con las peticiones formuladas en escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, respecto de las medidas de seguridad, actos de violencia hacia su persona, patrimonio y familia, así como que permitan el acceso a su centro de trabajo, en esencia, les indicó lo siguiente: 1) Respecto de la inconformidad de algunos trabajadores de la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media quienes "supuestamente" tomaron instalaciones e hicieron declaraciones de apoyo entre otras dos personas, al representante sindical del centro de trabajo de referencia, expresó que esas situaciones no se podían dar por ciertas ya que no se aportaron mayores probanzas en su escrito referido más que los propios dichos de las quejosas. 2) Desde que dejaron de asistir a la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, la cual era su adscripción en la fecha de presentación de su escrito de queja, continuaron gozando de su sueldo, prestaciones y demás derechos laborales, por lo que no se les ha causado menoscabo alguno en su patrimonio, y/o familia, ni mucho menos se ha presentado algún acto de violencia hacia sus personas, por lo que emitir alguna diversa medida para protección de la mismas resultaba incongruente, ya que se encontraban ante actos ya consumados por el paso del tiempo, de manera tal que no era posible restituir a las quejosas en el goce de la garantía violada, en el entendido de que se ha garantizado por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado la no repetición de los mismos mediante lo dispuesto en ese dictamen. 3) Como es de su conocimiento el veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se inició un procedimiento administrativo de investigación y posible sanción a * y *, procedimiento que consistió en el levantamiento de actas administrativas a ambos trabajadores de referencia, actas sobre las cuales recayeron los dictámenes * y *, los que fueron recurridos mediante recurso de reconsideración, dando origen a los diversos dictámenes * y *, los que no admiten recurso alguno, por lo que la investigación y proceso de queja de los hechos denunciados por las quejosas ha concluido. 4) En relación con la diversa solicitud de que se abstengan los subordinados del coordinador y/o jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, a tomar medidas que las revictimicen, se les hace del conocimiento, que el trece de junio de dos mil veintitrés, se impartió una capacitación a todo el personal de la Unidad de Servicios Regionales, Región Media, ubicada en el municipio de Rio Verde San Luis Potosí, sobre el tema "No discriminación, Hostigamiento Laboral, Relaciones Laborales y No Revictimización", como medida preventiva para evitar posibles actos de revictimización, concientizando al personal que labora en dicha Unidad de Servicios en los temas en cita, así como dando a conocer la normatividad que rige sobre los mismos y las sanciones que pudieran hacerse acreedores en virtud de transgredir estos. Además de que el nueve de marzo de dos mil veintidós, el Secretario de Educación del Gobierno del Estado firmó el "Pronunciamiento Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como de toda forma de violencia contra las mujeres, o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado", hecho que fue difundido y notificado a todas y todos los trabajadores de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, mismo que vincula a todo el personal de dicha Secretaría, por lo que se garantiza la no revictimizacion de las quejosas, pues en caso de que el personal incumpla con lo establecido en el multicitado Pronunciamiento, se hará acreedor a la sanción administrativa que corresponda, dependiendo de la gravedad de su falta. 5) En relación con lo anterior, se emitió oficio *, dirigido al Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a fin de que le asignara una nueva adscripción a Adriana María Olvera De La Tejera, en virtud de que, no existían la condiciones de seguridad que garantizaran la integridad de la citada quejosa en el centro de trabajo donde sucedieron los hechos, por lo que se determinó su cambio de adscripción a la escuela *, cuyos datos de localización constan en la orden de presentación con número de oficio *, signado por el entonces Director de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, así como por el Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, mismos que fueron recibidos el siete de marzo de dos mil veintitrés, por el licenciado *, autorizado de las quejosas, por lo que debió presentarse en su nueva adscripción a partir del día siguiente de la notificación, situación que a la fecha no ha ocurrido, por lo que conforme a lo establecido por el numeral 25, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, de nueva cuenta se le invita cordialmente a la citada quejosa a presentarse en su nueva adscripción, y se dé cabal cumplimiento a la citada orden de presentación. 6) En lo que respecta al oficio *, dirigido a la entonces Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a fin de que le asignara una nueva adscripción a Angélica María Cruz Ponce, en virtud de que no existían la condiciones de seguridad que garanticen su integridad en el centro de trabajo donde sucedieron los hechos, con fundamento en el artículo 55 fracciones I y III del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, así como el artículo 90, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se determinó su readscripción temporal al Centro de Maestros de Ciudad Fernández, cuyos datos de localización constan en la orden de presentación oficio *, la que fue recibida en fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, por el licenciado Miguel Ángel Herrera Galarza, autorizado de la quejosa, por lo que por lo que debió presentarse en su nueva adscripción a partir del día siguiente de la notificación legal del escrito de referencia, situación que a la fecha no ha ocurrido, es por tanto que conforme a lo establecido por el numeral 25, fracción VI del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública Vigente de nueva cuenta se le invitaba cordialmente a presentarse en su nueva adscripción. 7) Por último, destacó que si bien es cierto que en el momento de la presentación de la queja no se dictaron medidas de protección a su favor, en virtud de que se carecían de elementos probatorios para dar por ciertos los hechos de que se adolecen las quejosas, éstas desde el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dejaron de presentase en su centro de trabajo, en la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, sin haber recibido indicación por escrito para tal efecto, siendo que hasta la fecha no se han presentado a laborar a dicho centro de trabajo ni a uno diverso, por lo que han faltado a laborar desde la fecha en cuestión, (un año y cuatro meses aproximadamente), no obstante han estado percibiendo su salario correspondiente, y tienen vigentes las prestaciones que les corresponden como lo es la seguridad social y siguen generando la antigüedad, sin que hasta la fecha se haya procedido conforme a lo establecido por el numeral 55 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, ello con la finalidad de no menoscabar el patrimonio de las quejosas, no obstante, de que las mismas están enteradas del contenido de las de los oficios * y *. Para finalizar les reitera a las quejosas la cordial invitación a efecto de que puedan presentarse a sus áreas de trabajo asignadas, con la finalidad de no seguir violentado la Carta Magna, en donde se establece velar por la educación. Así las cosas, mediante proveído de seis de septiembre del año en curso, este tribunal determinó que con dicho actuar por parte de la autoridad responsable no se satisfacía el cumplimiento de la sentencia amparatoria, por los motivos siguientes: No obstante que el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, comunicó que emitió el dictamen *, dirigido a las quejosas, en el cual les informó que: (1) Se dejó insubsistente el diverso oficio *. (2) Desde que dejaron de asistir a la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, la cual era su adscripción en la fecha de presentación de su escrito de queja, continuaron gozando de su sueldo, prestaciones y demás derechos laborales, por lo que no se les ha causado menoscabo alguno en su patrimonio, y/o familia, ni mucho menos se ha presentado algún acto de violencia hacia sus personas. (3) El procedimiento administrativo de investigación y posible sanción a Miguel Ángel Rivera Arellano y Agustín Segura Loredo, ha concluido. Sin embargo, es de destacarse que, como se precisó en proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, tanto la capacitación al personal que integra la "URSE Región Media" en relación con el tema "No discriminación, hostigamiento laboral, relaciones laborales y no revictimización", como la emisión de los oficios * y *, el primero de ellos dirigido al Jefe de Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del estado, a fin de que le asignara una nueva adscripción a la C. ; y el segundo de ellos dirigido a la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, con el objeto de que pudiera ser extendida la readscripción temporal otorgada a la C. *, de los que derivaron los diversos oficios * y *, por los cuales se ordenó el cambio de adscripción y readscripción, respectivamente, de las quejosas, de sus centros de trabajo, a juicio de este órgano jurisdiccional, no son medidas de seguridad decretadas en favor de las quejosas. Lo anterior es así, pues dichas medidas irrogan un perjuicio o una carga al cambiar a las solicitantes del amparo de su entorno laboral, ya que estas medidas no son eficaces, en razón de que el cambio de adscripción o readscripción de las quejosas es con motivo de una conducta que desarrolla una diversa persona, siendo que el presunto agresor es este último y no las citadas quejosas, por lo que las medidas decretadas por la responsable, se insiste, no son a favor de las solicitantes del amparo, pues este calificativo de "a favor", debe entenderse que es en beneficio, por ejemplo, el trabajo a distancia, o bien, cambiarlas de adscripción pero dentro del municipio en donde laboran. Ahora, en relación con los tópicos informados a las quejosas consistentes en que: 1) desde que dejaron de asistir a la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, la cual era su adscripción en la fecha de presentación de su escrito de queja, continuaron gozando de su sueldo, prestaciones y demás derechos laborales, por lo que no se les ha causado menoscabo alguno en su patrimonio, y/o familia, ni mucho menos se ha presentado algún acto de violencia hacia sus personas, por lo que emitir alguna diversa medida para protección de la mismas resultaba incongruente, ya que se encontraban ante actos consumados por el paso del tiempo, de manera tal que no era posible restituir a las quejosas en el goce de la garantía violada, en el entendido de que se ha garantizado por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado la no repetición de los mismos mediante lo dispuesto en el dictamen, 2) en el momento de la presentación de la queja no se dictaron medidas de protección a su favor, en virtud de que se carecían de elementos probatorios para dar por ciertos los hechos de que se adolecen las quejosas y 3) desde el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en que dejaron de presentase en su centro de trabajo, sin haber recibido indicación por escrito para tal efecto, siendo que hasta la fecha no se han presentado a laborar a dicho centro de trabajo ni a uno diverso, por lo que han faltado a laborar desde la fecha en cuestión, (un año y cuatro meses aproximadamente), no obstante han estado percibiendo su salario correspondiente, y tienen vigentes las prestaciones que les corresponden como lo es la seguridad social y siguen generando la antigüedad, sin que hasta la fecha se les haya cesado por tener más de tres faltas de asistencia consecutivas en un periodo de treinta días, sin mediar permiso por escrito del titular de su área de trabajo o causa justificada, ello con la finalidad de no menoscabar el patrimonio de las quejosas, no obstante, de que las mismas están enteradas del contenido de las de los oficios *, de los que derivan sus cambios de adscripción o readscripción, se precisó que, en virtud de la concesión del amparo, y en espera al cumplimiento de la ejecutoria de la misma, es por lo que las quejosas no se han presentado a laborar, pues se insistió que las medidas adoptadas por las responsables consistentes en los cambios de adscripción y readscripción, a consideración de este juzgado, no son medidas a favor de las quejosas, por lo que la reiteración a las quejosas de que se presenten a las áreas de trabajo asignadas, es contraria al acatamiento de la sentencia de amparo. En virtud de las consideraciones anteriores y debido a que la autoridad responsable, fue omisa en dar contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, purgando los vicios formales destacados en la sentencia, esto es, que se satisfaga el principio de congruencia en cuanto a: a) Cuáles son las medidas de seguridad decretadas a su favor, respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia. b) Cuáles medidas se tomaron para que los subordinados del Coordinador y/o Jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Región Media, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, no las revictimicen. (.) d) Incluso les tendrían que indicar cuáles sanciones administrativas se les impondrían. Lo anterior, porque las quejosas en su escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, -acto reclamado- solicitaron de manera concreta: 1) Se decretaran medidas de seguridad, pues temían por actos de violencia en su persona, patrimonio y familia. 2) Que se concluyera el procedimiento de queja iniciado, en todas sus etapas apegándose a derecho. 3) Además, medidas para que los subordinados se abstuvieran de tomar medidas que las revictimicen.". En virtud de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en seguimiento a los proveídos emitidos el diecinueve de mayo y doce de julio de dos mil veintitrés, en el primer proveído por el cual se declaró no cumplida la sentencia de amparo y en el segundo por el que se le precisó por qué con las documentales exhibidas anexas al oficio con registro 12890 no daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, a fin de que, dentro del término de tres días, diera cumplimiento a los tópicos que faltó atender de la sentencia de amparo, -esto es con libertad de jurisdicción, pero purgando los vicios formales destacados en la sentencia, diera contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, (respuesta que debe estar fundada, motivada y además congruente con lo que se peticionó, porque la medida de seguridad adoptada de cambio de adscripción de las quejosas, no son en su favor, por lo que es incongruente), e informara cuáles son las medidas de seguridad decretadas a favor de las quejosas, (entendidas tales medidas como aquellas que produzcan un beneficio, por ejemplo, el trabajo a distancia, o bien, cambiarlas de adscripción pero dentro del municipio en donde laboran), respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia, cuáles medidas se tomaron para que sus subordinados no las revictimizaran-, y remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran su acatamiento, o en su caso, manifestara el motivo que se lo impide. En el entendido de que a fin de evitar confusión en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la responsable debería dejar sin efecto los oficios i) *, (ii) *, pues las órdenes de cambio de adscripción de las quejosas no son medidas de seguridad decretadas en su favor, mismas que deberán ser sustituidas en atención al requerimiento formulado en ese sentido por este juzgado. Asimismo, en seguimiento a la ejecutoria de amparo debería reiterar que deja insubsistente el oficio UAJ-446-2022 de seis de abril de dos mil veintidós. Ahora, en proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio *, con registro 22081, signado por el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, mediante el cual pretende dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en proveídos de doce y veinticinco de julio, así como seis de septiembre de dos mil veintitrés, sin embargo, no se advierte el cumplimiento del fallo protector, pues de las constancias remitidas únicamente se advierte que: Mediante oficio *, de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, se solicitó al Ingeniero *, Director de Educación Básica, su colaboración para cambiar de adscripción de manera inmediata a la quejosa Adriana María Olvera de la Tejera, dentro del municipio de Rioverde, San Luis Potosí. Mediante oficio *, de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, se solicitó a *, Coordinadora General de Recursos Humanos, su colaboración para cambiar de adscripción de manera inmediata a la quejosa Angélica Ma. Cruz Ponce, dentro del municipio de Rioverde, San Luis Potosí. - Por oficio "orden de presentación número *, de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó a Adriana María Olvera de la Tejera presentarse en la Escuela Benito Juárez, ubicada en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, para desempeñar la función de veinte horas de la asignatura de matemáticas. - Por oficio "cambio de adscripción temporal. Reubicación de centro de trabajo", de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dirigido a la quejosa Angélica Ma. Cruz Ponce, se le ordenó presentarse a partir del dieciséis de octubre de este año, en la Escuela Secundaria Técnica Número 74, ubicada en Rioverde, San Luis Potosí. 3. Valoración probatoria. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, de los que se desprende que no da cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su totalidad por lo siguiente: Determinación sobre el cumplimiento. Este juzgado considera que si bien es cierto se encuentra demostrado por parte de la autoridad responsable el cambio de adscripción de las quejosas dentro del municipio de Rioverde, San Luis Potosí -como medida de seguridad-, también lo es que no se desprende que ésta haya reiterado que se dejó insubsistente el oficio * de seis de abril de dos mil veintidós, así como cuales medidas se tomaron para que sus subordinados no las revictimizaran y el estado procesal que guarda el procedimiento de queja promovido, puesto que si bien la autoridad informó que el mismo fue concluido, la quejosa refiere que éste se encuentra en revisión. Requiere cumplimiento. En tal virtud, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a los tópicos que faltó atender de la sentencia de amparo y que quedaron precisados en el párrafo precedente, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho; o bien, informe el impedimento que tenga para ello. Apercibimiento. En caso que de no hacerlo así sin causa justificada, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Sin que sea necesario abundar en las consideraciones expuestas por la parte quejosa en el ocurso con registro 23009, dado lo resuelto en la presente determinación.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se recibió el escrito signado por las quejosas * y *, mediante el cual en desahogo de la vista concedida en auto de seis del mes y año en curso, manifestaron que, a su criterio, no se encontraba cumplida la ejecutoria de amparo. Caso concreto. Las quejosas refieren, en esencia, que la autoridad responsable en forma reiterada insiste en otorgar la apariencia de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con escritos y anexos que se encuentran alejados de lo ordenado por este órgano jurisdiccional. Ahora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. 1.1 A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por un parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el oficio UAJ-446-2022 de seis de abril de dos mil veintidós. 2. Emita uno diverso, con libertad de jurisdicción pero purgando los vicios formales destacados, esto es, dé contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo del año en curso. Respuesta que debe estar fundada, motivada y además debe ser congruente con lo que se peticionó. 3. Notifique personal dicha misiva a la parte quejosa, en el domicilio señalado en su escrito de petición, como consta en la documental que se acompañó por la parte quejosa a su demanda de amparo". 1.2. En proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió a la autoridad responsable a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. 2. Informes sobre el cumplimiento. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el oficio UAJDH-DCA-203/2023 signado por el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, al que adjuntó diversas constancias en copia certificada. Posteriormente, en auto de diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en dar contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, purgando los vicios formales destacados en la sentencia, esto es, que se satisfaga el principio de congruencia en cuanto a: a) Cuáles son las medidas de seguridad decretadas a favor de las quejosas, respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia. b) Cuáles medidas se tomaron para que los subordinados del Coordinador y/o Jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Región Media, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, no las revictimicen. c) Si se ha concluido el procedimiento de queja iniciado en contra del Coordinador y/o Jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Región Media, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, en todas sus etapas apegándose a derecho. d) Incluso les tendrían que indicar cuáles sanciones administrativas se les impondrían. Lo anterior, porque las quejosas en su escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, -acto reclamado- solicitaron de manera concreta: 1) Se decretaran medidas de seguridad, pues temían por actos de violencia en su persona, patrimonio y familia. 2) Que se concluyera el procedimiento de queja iniciado, en todas sus etapas apegándose a derecho. 3) Además, medidas para que los subordinados se abstuvieran de tomar medidas que las revictimicen. Ante tal situación, este juzgado consideró que, si bien se encontraba demostrado por parte de la autoridad responsable que mediante oficio UAJDH-513/2023, dejó insubsistente la comunicación UAJ-0446-2022, de seis de abril de dos mil veintidós, sin embargo, no se le tenía dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, se requirió nuevamente al Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, a fin de que diera cumplimiento a los tópicos que faltó atender de la sentencia de amparo, esto es, con libertad de jurisdicción, pero purgando los vicios formales destacados en la sentencia, diera contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (respuesta que debe estar fundada, motivada y además congruente con lo que se peticionó), e informara cuáles son las medidas de seguridad decretadas a favor de las quejosas, respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia, cuáles medidas se tomaron para que sus subordinados no las revictimizaran y si se concluyó el procedimiento de queja iniciado que refieren las quejosas en su escrito reclamado en todas sus etapas apegándose a derecho, y remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran su acatamiento, o en su caso manifestaran el motivo que se lo impidiera. En proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio *, con registro *, signado por el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en autos de diecinueve de mayo y trece de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, no se advirtió el cumplimiento del fallo protector. Así, el doce de julio de dos mil veintitrés, en análisis a la referida documental, se destacó que tanto la capacitación al personal que integra la "URSE Región Media" en relación con el tema "No discriminación, hostigamiento laboral, relaciones laborales y no revictimización", como la emisión de los oficios * y *, el primero de ellos dirigido al Jefe de Departamento de Secundarias Generales de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, a fin de que le asignara una nueva adscripción a la C. Adriana María Olvera de la Tejera; y el segundo de ellos dirigido a la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, con el objeto de que pudiera ser extendida la readscripción temporal otorgada a la C. Angélica María Cruz Ponce, a juicio de este órgano jurisdiccional, no eran medidas de seguridad decretadas en favor de las quejosas. Lo anterior se estimó así, pues dichas medidas irrogan un perjuicio o una carga al cambiar a las solicitantes del amparo de su entorno laboral, ya que estas medidas no eran eficaces, en razón de que el cambio de adscripción o readscripción de las quejosas es con motivo de una conducta que desarrolla una diversa persona, siendo que el presunto agresor es este último y no las citadas quejosas, por lo que las medidas decretadas por la responsable, se insistió, no eran a favor de las solicitantes del amparo, pues este calificativo de "a favor", debe entenderse que es en beneficio, por ejemplo, el trabajo a distancia, o bien, cambiarlas de adscripción pero dentro del municipio en donde laboran. En virtud de lo anterior, se requirió nuevamente a la autoridad responsable, Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, a fin de que diera cumplimiento a los tópicos que faltó atender de la sentencia de amparo, -esto es con libertad de jurisdicción, pero purgando los vicios formales destacados en la sentencia, diera contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, (respuesta que debía estar fundada, motivada y además congruente con lo que se peticionó), e informara cuáles son las medidas de seguridad decretadas a favor de las quejosas, respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia, cuáles medidas se tomaron para que sus subordinados no las revictimizaran y si se concluyó el procedimiento de queja iniciado que refieren las quejosas en su escrito reclamado en todas sus etapas apegándose a derecho-, y remita copia certificada de las constancias que acrediten su acatamiento, o en su caso manifiesten el motivo que se lo impedía. En el entendido de que a fin de evitar confusión en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debía dejar sin efecto las medidas tomadas con antelación, mismas que debían ser sustituidas en atención al requerimiento formulado en la presente determinación. Ahora, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio *, con registro *, signado por el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en proveídos de doce y veinticinco de julio de dos mil veintitrés, sin embargo no se concluyó que se encontraba cumplido el fallo protector, pues de las constancias remitidas se advirtió que: El uno de agosto de dos mil veintitrés, la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, emitió el dictamen *, dirigido a las quejosas, en el cual les informó que se dejó insubsistente el diverso oficio *, y en relación con las peticiones formuladas en escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, respecto de las medidas de seguridad, actos de violencia hacia su persona, patrimonio y familia, así como que permitan el acceso a su centro de trabajo, en esencia, les indicó lo siguiente: 1) Respecto de la inconformidad de algunos trabajadores de la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media quienes "supuestamente" tomaron instalaciones e hicieron declaraciones de apoyo entre otras dos personas, al representante sindical del centro de trabajo de referencia, expresó que esas situaciones no se podían dar por ciertas ya que no se aportaron mayores probanzas en su escrito referido más que los propios dichos de las quejosas. 2) Desde que dejaron de asistir a la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, la cual era su adscripción en la fecha de presentación de su escrito de queja, continuaron gozando de su sueldo, prestaciones y demás derechos laborales, por lo que no se les ha causado menoscabo alguno en su patrimonio, y/o familia, ni mucho menos se ha presentado algún acto de violencia hacia sus personas, por lo que emitir alguna diversa medida para protección de la mismas resultaba incongruente, ya que se encontraban ante actos ya consumados por el paso del tiempo, de manera tal que no era posible restituir a las quejosas en el goce de la garantía violada, en el entendido de que se ha garantizado por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado la no repetición de los mismos mediante lo dispuesto en ese dictamen. 3) Como es de su conocimiento el veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se inició un procedimiento administrativo de investigación y posible sanción a * y *, procedimiento que consistió en el levantamiento de actas administrativas a ambos trabajadores de referencia, actas sobre las cuales recayeron los dictámenes * y *, los que fueron recurridos mediante recurso de reconsideración, dando origen a los diversos dictámenes * y *, los que no admiten recurso alguno, por lo que la investigación y proceso de queja de los hechos denunciados por las quejosas ha concluido. 4) En relación con la diversa solicitud de que se abstengan los subordinados del coordinador y/o jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, a tomar medidas que las revictimicen, se les hace del conocimiento, que el trece de junio de dos mil veintitrés, se impartió una capacitación a todo el personal de la Unidad de Servicios Regionales, Región Media, ubicada en el municipio de Rio Verde San Luis Potosí, sobre el tema "No discriminación, Hostigamiento Laboral, Relaciones Laborales y No Revictimización", como medida preventiva para evitar posibles actos de revictimización, concientizando al personal que labora en dicha Unidad de Servicios en los temas en cita, así como dando a conocer la normatividad que rige sobre los mismos y las sanciones que pudieran hacerse acreedores en virtud de transgredir estos. Además de que el nueve de marzo de dos mil veintidós, el Secretario de Educación del Gobierno del Estado firmó el "Pronunciamiento Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como de toda forma de violencia contra las mujeres, o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado", hecho que fue difundido y notificado a todas y todos los trabajadores de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, mismo que vincula a todo el personal de dicha Secretaría, por lo que se garantiza la no revictimizacion de las quejosas, pues en caso de que el personal incumpla con lo establecido en el multicitado Pronunciamiento, se hará acreedor a la sanción administrativa que corresponda, dependiendo de la gravedad de su falta. 5) En relación con lo anterior, se emitió oficio *, dirigido al Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a fin de que le asignara una nueva adscripción a Adriana María Olvera De La Tejera, en virtud de que, no existían la condiciones de seguridad que garantizaran la integridad de la citada quejosa en el centro de trabajo donde sucedieron los hechos, por lo que se determinó su cambio de adscripción a la escuela *, cuyos datos de localización constan en la orden de presentación con número de oficio *, signado por el entonces Director de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, así como por el Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, mismos que fueron recibidos el siete de marzo de dos mil veintitrés, por el licenciado *, autorizado de las quejosas, por lo que debió presentarse en su nueva adscripción a partir del día siguiente de la notificación, situación que a la fecha no ha ocurrido, por lo que conforme a lo establecido por el numeral 25, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, de nueva cuenta se le invita cordialmente a la citada quejosa a presentarse en su nueva adscripción, y se dé cabal cumplimiento a la citada orden de presentación. 6) En lo que respecta al oficio *, dirigido a la entonces Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a fin de que le asignara una nueva adscripción a Angélica María Cruz Ponce, en virtud de que no existían la condiciones de seguridad que garanticen su integridad en el centro de trabajo donde sucedieron los hechos, con fundamento en el artículo 55 fracciones I y III del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, así como el artículo 90, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se determinó su readscripción temporal al Centro de Maestros de Ciudad Fernández, cuyos datos de localización constan en la orden de presentación oficio *, la que fue recibida en fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, por el licenciado Miguel Ángel Herrera Galarza, autorizado de la quejosa, por lo que por lo que debió presentarse en su nueva adscripción a partir del día siguiente de la notificación legal del escrito de referencia, situación que a la fecha no ha ocurrido, es por tanto que conforme a lo establecido por el numeral 25, fracción VI del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública Vigente de nueva cuenta se le invitaba cordialmente a presentarse en su nueva adscripción. 7) Por último, destacó que si bien es cierto que en el momento de la presentación de la queja no se dictaron medidas de protección a su favor, en virtud de que se carecían de elementos probatorios para dar por ciertos los hechos de que se adolecen las quejosas, éstas desde el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dejaron de presentase en su centro de trabajo, en la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, sin haber recibido indicación por escrito para tal efecto, siendo que hasta la fecha no se han presentado a laborar a dicho centro de trabajo ni a uno diverso, por lo que han faltado a laborar desde la fecha en cuestión, (un año y cuatro meses aproximadamente), no obstante han estado percibiendo su salario correspondiente, y tienen vigentes las prestaciones que les corresponden como lo es la seguridad social y siguen generando la antigüedad, sin que hasta la fecha se haya procedido conforme a lo establecido por el numeral 55 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, ello con la finalidad de no menoscabar el patrimonio de las quejosas, no obstante, de que las mismas están enteradas del contenido de las de los oficios * y *. Para finalizar les reitera a las quejosas la cordial invitación a efecto de que puedan presentarse a sus áreas de trabajo asignadas, con la finalidad de no seguir violentado la Carta Magna, en donde se establece velar por la educación. Así las cosas, mediante proveído de seis de septiembre del año en curso, este tribunal determinó que con dicho actuar por parte de la autoridad responsable no se satisfacía el cumplimiento de la sentencia amparatoria, por los motivos siguientes: No obstante que el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, comunicó que emitió el dictamen *, dirigido a las quejosas, en el cual les informó que: (1) Se dejó insubsistente el diverso oficio *. (2) Desde que dejaron de asistir a la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, la cual era su adscripción en la fecha de presentación de su escrito de queja, continuaron gozando de su sueldo, prestaciones y demás derechos laborales, por lo que no se les ha causado menoscabo alguno en su patrimonio, y/o familia, ni mucho menos se ha presentado algún acto de violencia hacia sus personas. (3) El procedimiento administrativo de investigación y posible sanción a Miguel Ángel Rivera Arellano y Agustín Segura Loredo, ha concluido. Sin embargo, es de destacarse que, como se precisó en proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, tanto la capacitación al personal que integra la "URSE Región Media" en relación con el tema "No discriminación, hostigamiento laboral, relaciones laborales y no revictimización", como la emisión de los oficios * y *, el primero de ellos dirigido al Jefe de Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del estado, a fin de que le asignara una nueva adscripción a la C. ; y el segundo de ellos dirigido a la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, con el objeto de que pudiera ser extendida la readscripción temporal otorgada a la C. *, de los que derivaron los diversos oficios * y *, por los cuales se ordenó el cambio de adscripción y readscripción, respectivamente, de las quejosas, de sus centros de trabajo, a juicio de este órgano jurisdiccional, no son medidas de seguridad decretadas en favor de las quejosas. Lo anterior es así, pues dichas medidas irrogan un perjuicio o una carga al cambiar a las solicitantes del amparo de su entorno laboral, ya que estas medidas no son eficaces, en razón de que el cambio de adscripción o readscripción de las quejosas es con motivo de una conducta que desarrolla una diversa persona, siendo que el presunto agresor es este último y no las citadas quejosas, por lo que las medidas decretadas por la responsable, se insiste, no son a favor de las solicitantes del amparo, pues este calificativo de "a favor", debe entenderse que es en beneficio, por ejemplo, el trabajo a distancia, o bien, cambiarlas de adscripción pero dentro del municipio en donde laboran. Ahora, en relación con los tópicos informados a las quejosas consistentes en que: 1) desde que dejaron de asistir a la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Media, la cual era su adscripción en la fecha de presentación de su escrito de queja, continuaron gozando de su sueldo, prestaciones y demás derechos laborales, por lo que no se les ha causado menoscabo alguno en su patrimonio, y/o familia, ni mucho menos se ha presentado algún acto de violencia hacia sus personas, por lo que emitir alguna diversa medida para protección de la mismas resultaba incongruente, ya que se encontraban ante actos consumados por el paso del tiempo, de manera tal que no era posible restituir a las quejosas en el goce de la garantía violada, en el entendido de que se ha garantizado por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado la no repetición de los mismos mediante lo dispuesto en el dictamen, 2) en el momento de la presentación de la queja no se dictaron medidas de protección a su favor, en virtud de que se carecían de elementos probatorios para dar por ciertos los hechos de que se adolecen las quejosas y 3) desde el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en que dejaron de presentase en su centro de trabajo, sin haber recibido indicación por escrito para tal efecto, siendo que hasta la fecha no se han presentado a laborar a dicho centro de trabajo ni a uno diverso, por lo que han faltado a laborar desde la fecha en cuestión, (un año y cuatro meses aproximadamente), no obstante han estado percibiendo su salario correspondiente, y tienen vigentes las prestaciones que les corresponden como lo es la seguridad social y siguen generando la antigüedad, sin que hasta la fecha se les haya cesado por tener más de tres faltas de asistencia consecutivas en un periodo de treinta días, sin mediar permiso por escrito del titular de su área de trabajo o causa justificada, ello con la finalidad de no menoscabar el patrimonio de las quejosas, no obstante, de que las mismas están enteradas del contenido de las de los oficios *, de los que derivan sus cambios de adscripción o readscripción, se precisó que, en virtud de la concesión del amparo, y en espera al cumplimiento de la ejecutoria de la misma, es por lo que las quejosas no se han presentado a laborar, pues se insistió que las medidas adoptadas por las responsables consistentes en los cambios de adscripción y readscripción, a consideración de este juzgado, no son medidas a favor de las quejosas, por lo que la reiteración a las quejosas de que se presenten a las áreas de trabajo asignadas, es contraria al acatamiento de la sentencia de amparo. En virtud de las consideraciones anteriores y debido a que la autoridad responsable, fue omisa en dar contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, purgando los vicios formales destacados en la sentencia, esto es, que se satisfaga el principio de congruencia en cuanto a: a) Cuáles son las medidas de seguridad decretadas a su favor, respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia. b) Cuáles medidas se tomaron para que los subordinados del Coordinador y/o Jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Región Media, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, no las revictimicen. (.) d) Incluso les tendrían que indicar cuáles sanciones administrativas se les impondrían. Lo anterior, porque las quejosas en su escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, -acto reclamado- solicitaron de manera concreta: 1) Se decretaran medidas de seguridad, pues temían por actos de violencia en su persona, patrimonio y familia. 2) Que se concluyera el procedimiento de queja iniciado, en todas sus etapas apegándose a derecho. 3) Además, medidas para que los subordinados se abstuvieran de tomar medidas que las revictimicen.". En virtud de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en seguimiento a los proveídos emitidos el diecinueve de mayo y doce de julio de dos mil veintitrés, en el primer proveído por el cual se declaró no cumplida la sentencia de amparo y en el segundo por el que se le precisó por qué con las documentales exhibidas anexas al oficio con registro 12890 no daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, a fin de que, dentro del término de tres días, diera cumplimiento a los tópicos que faltó atender de la sentencia de amparo, -esto es con libertad de jurisdicción, pero purgando los vicios formales destacados en la sentencia, diera contestación de manera completa a las peticiones de las quejosas de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, (respuesta que debe estar fundada, motivada y además congruente con lo que se peticionó, porque la medida de seguridad adoptada de cambio de adscripción de las quejosas, no son en su favor, por lo que es incongruente), e informara cuáles son las medidas de seguridad decretadas a favor de las quejosas, (entendidas tales medidas como aquellas que produzcan un beneficio, por ejemplo, el trabajo a distancia, o bien, cambiarlas de adscripción pero dentro del municipio en donde laboran), respecto de los actos de violencia en su persona, patrimonio y familia, cuáles medidas se tomaron para que sus subordinados no las revictimizaran-, y remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran su acatamiento, o en su caso, manifestara el motivo que se lo impide. En el entendido de que a fin de evitar confusión en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la responsable debería dejar sin efecto los oficios i) *, (ii) *, pues las órdenes de cambio de adscripción de las quejosas no son medidas de seguridad decretadas en su favor, mismas que deberán ser sustituidas en atención al requerimiento formulado en ese sentido por este juzgado. Asimismo, en seguimiento a la ejecutoria de amparo debería reiterar que deja insubsistente el oficio UAJ-446-2022 de seis de abril de dos mil veintidós. Ahora, en proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio *, con registro 22081, signado por el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, mediante el cual pretende dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en proveídos de doce y veinticinco de julio, así como seis de septiembre de dos mil veintitrés, sin embargo, no se advierte el cumplimiento del fallo protector, pues de las constancias remitidas únicamente se advierte que: Mediante oficio *, de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, se solicitó al Ingeniero *, Director de Educación Básica, su colaboración para cambiar de adscripción de manera inmediata a la quejosa Adriana María Olvera de la Tejera, dentro del municipio de Rioverde, San Luis Potosí. Mediante oficio *, de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, se solicitó a *, Coordinadora General de Recursos Humanos, su colaboración para cambiar de adscripción de manera inmediata a la quejosa Angélica Ma. Cruz Ponce, dentro del municipio de Rioverde, San Luis Potosí. - Por oficio "orden de presentación número *, de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó a Adriana María Olvera de la Tejera presentarse en la Escuela Benito Juárez, ubicada en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, para desempeñar la función de veinte horas de la asignatura de matemáticas. - Por oficio "cambio de adscripción temporal. Reubicación de centro de trabajo", de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dirigido a la quejosa Angélica Ma. Cruz Ponce, se le ordenó presentarse a partir del dieciséis de octubre de este año, en la Escuela Secundaria Técnica Número 74, ubicada en Rioverde, San Luis Potosí. 3. Valoración probatoria. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, de los que se desprende que no da cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su totalidad por lo siguiente: Determinación sobre el cumplimiento. Este juzgado considera que si bien es cierto se encuentra demostrado por parte de la autoridad responsable el cambio de adscripción de las quejosas dentro del municipio de Rioverde, San Luis Potosí -como medida de seguridad-, también lo es que no se desprende que ésta haya reiterado que se dejó insubsistente el oficio * de seis de abril de dos mil veintidós, así como cuales medidas se tomaron para que sus subordinados no las revictimizaran y el estado procesal que guarda el procedimiento de queja promovido, puesto que si bien la autoridad informó que el mismo fue concluido, la quejosa refiere que éste se encuentra en revisión. Requiere cumplimiento. En tal virtud, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a los tópicos que faltó atender de la sentencia de amparo y que quedaron precisados en el párrafo precedente, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho; o bien, informe el impedimento que tenga para ello. Apercibimiento. En caso que de no hacerlo así sin causa justificada, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Sin que sea necesario abundar en las consideraciones expuestas por la parte quejosa en el ocurso con registro 23009, dado lo resuelto en la presente determinación.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega escrito. Visto el escrito de cuenta signado por las quejosas ******************** y ******************** atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la ley de Amparo, se les tiene desahogando la vista ordenada en proveído de seis de noviembre de la presente anualidad, lo cual se relacionará en el momento procesal oportuno. Pruebas. Asimismo, se tienen como pruebas documentales de su parte las constancias que remiten, las cuales serán relacionadas de nueva cuenta al momento de analizar lo relativo al cumplimiento del fallo protector informado por la autoridad responsable.

Quedan 38 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano