Angélica Ma. Cruz Ponce

Expediente 450/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
450/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Angélica Ma. Cruz Ponce
  • ANGÉLICA MA. CRUZ PONCE y Otros.
  • Adriana María Olvera de la Tejera
  • ADRIANA MARÍA OLVERA DE LA TEJERA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama: Del Secretario de Educación del Gobierno del Estado, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, el Jefe de Departamento de Secundarias Generales y la Coordinadora General de Recursos Humanos, todos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado: - Los oficios (i) ********************, (ii) ******************** y (iii) ********************, y 2. La medida administrativa generada o que se pueda generar por no acatar lo indicado en dichos oficios, que identifican las quejosas como la "orden de levantamiento o inicio de acta administrativa por incidencia y/o cese, debido a la no presentación o toma de posesión al centro de trabajo que como nueva adscripción a cada una de las suscritas nos fue ordenado.". Actualiza causal de improcedencia. En el caso, esta juzgadora federal advierto de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso a estudio han cesado los efectos de los actos reclamados. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." De lo anteriormente transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora bien, en el caso a estudio se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que los oficios (i) ********************, (ii) ******************** y (iii) ********************, y la medida administrativa generada o que se pueda generar por no acatar lo indicado en dichos oficios, que identifican las quejosas como la orden de levantamiento o inicio de acta administrativa por incidencia y/o cese, debido a la no presentación o toma de posesión al centro de trabajo que como nueva adscripción a cada una de las suscritas nos fue ordenado, fueron emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del juicio ******************** del índice de este juzgado federal, emitida el treinta de septiembre de dos mil veintidós. Luego, del examen que se realiza a las constancias que integran el citado juicio de amparo ********************, relacionado con este asunto, el cual se tiene a la vista en este momento como hecho notorio acorde al artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, se analizó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al respecto se determinó que, si bien se encontraba demostrado por parte de la autoridad responsable que mediante oficio ********************, dejó insubsistente la comunicación ********************, de seis de abril de dos mil veintidós; sin embargo, no se le tenía dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues a fin de evitar confusión en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la responsable debería dejar sin efecto los oficios i) ********************, (ii) UAJDHDCA-********************, (iii) UAJDH-DCA-******************** (iv) ********************, (v) ******************** y (vi) ********************pues las órdenes de cambio de adscripción de las quejosas no eran medidas de seguridad decretadas en su favor, mismas que deberían ser sustituidas en atención al requerimiento formulado en ese sentido por este juzgado. Por ende, este juzgado consideró que si bien era cierto que se encontraba demostrado por parte de la autoridad responsable el cambio de adscripción de las quejosas dentro del municipio de Rioverde, San Luis Potosí -como medida de seguridad-, también lo era que no se desprendía que ésta hubiera reiterado que se dejó insubsistente el oficio ******************** de seis de abril de dos mil veintidós, así como cuáles medidas se tomaron para que sus subordinados no las revictimizaran y el estado procesal que guarda el procedimiento de queja promovido, puesto que si bien la autoridad informó que el mismo fue concluido, las quejosas refirieron que éste se encontraba en revisión. En tal virtud, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de dicho proveído, diera cumplimiento a los tópicos que faltó atender de la sentencia de amparo y que quedaron señalados en dicho proveído, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho; o bien, informe el impedimento que tenga para ello. En esa medida, es claro que resulta improcedente este juicio de amparo que se promueve en contra de los oficios (i) ********************, (ii) ******************** y (iii) ********************, y la medida administrativa generada o que se pueda generar por no acatar lo indicado en dichos oficios, que identifican las quejosas como la orden de levantamiento o inicio de acta administrativa por incidencia y/o cese, debido a la no presentación o toma de posesión al centro de trabajo que como nueva adscripción a cada una de las quejosas les fue ordenado, mismos que fueron emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del juicio ******************** del índice de este juzgado federal, emitida el treinta de septiembre de dos mil veintidós, de ahí que en forma evidente sus efectos han cesado, con lo cual deviene la imposibilidad de analizar los conceptos de violación que aduce en su contra la quejosas. Lo anterior, con independencia de que las mencionadas responsables todavía no hayan cumplido con la totalidad de los efectos de la ejecutoria de amparo, pues con la emisión de la resolución de cumplimiento por parte de este órgano jurisdiccional, cesan los efectos de ésta, al ordenar que quede sin efectos y se pronuncie uno nuevo en el que se cumplan los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VIII.1o. J/28 emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE IMPUGNA UN LAUDO CON EL QUE SE PRETENDIÓ DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DICTA UN ACUERDO PLENARIO POR EL CUAL LA TIENE POR NO CUMPLIDA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA JUNTA RESPONSABLE AÚN NO HAYA DECLARADO LA INSUBSISTENCIA DE AQUÉL. El acuerdo plenario emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito por el cual tiene por no cumplida la ejecutoria de amparo que concedió la protección constitucional a la parte quejosa respecto de un laudo dictado por la Junta en acatamiento a ella, debe ser observado ineludiblemente por ésta; en tal virtud, cualquier juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo con el que se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria es improcedente por haber cesado los efectos del acto reclamado, con independencia de que la autoridad responsable todavía no haya declarado la insubsistencia de ese laudo, pues con el aludido acuerdo cesan los efectos de éste, al ordenar que quede sin efectos y se pronuncie uno nuevo en el que se cumplan los lineamientos de la ejecutoria de amparo, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, de esta ley.". En ese sentido, la necesidad del establecimiento de causas de improcedencia, como límite al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la impartición de justicia, se justifica en virtud de la existencia de condiciones imprescindibles para el nacimiento, desarrollo y conclusión válida de un litigio, que doten de certeza, seguridad jurídica y legalidad al fallo que se emita. Decisión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo y, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el día de hoy.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a estos autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente a su contenido.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado por este juzgado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que acompañó a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Vista. Con lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Rogelio Javier Salazar Zavala, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Requiérase nuevamente, y por última ocasión, al Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en representación del Secretario de Educación, para que en el término de tres días informe si a la fecha ya dio cumplimiento al requerimiento de tres de octubre del año en curso, derivado del juicio de amparo **** y de ser así, remita copia certificada de las constancias respectivas. A efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la autoridad indicada.

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