Angélica Ma. Camila Barajas Cervantes

Expediente 1756/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1756/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Angélica Ma. Camila Barajas Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Se agregan manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ****, autorizado del tercero interesado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto de las cuales solicita que se decrete el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, ténganse sus manifestaciones en vía de alegatos de su intención, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver. Se solicitan constancias. Toda vez que el promovente acompaña a su ocurso copias simples de diversas constancias relativas la tercería excluyente de dominio ******************** del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil en esta ciudad. En ese tenor, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase al Juzgado Cuarto del Ramo Civil en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, remita a este órgano de control constitucional copia certificada de la tercería excluyente de dominio ******************** de su índice. Apercibimiento. Apercibido, que en caso de no cumplir lo anterior o no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, dentro del plazo concedido, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 163/2005, en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.". Notifíquese por medio de lista y mediante oficio al Juzgado Cuarto del Ramo Civil en esta ciudad.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad oficiante la documental que acompaña, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual podrá ser tomada en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de la misma en la audiencia constitucional. Estado de autos. Visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado de cuenta, así como el anexo remitido con éste, por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se desprende que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Actualiza causal de improcedencia. En efecto, del informe y anexo que allegó al sumario el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable, el tres de enero del año en curso, proveyó lo correspondiente al acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, particularmente en cuanto a la insistencia de la aquí quejosa de emplazar a su contraparte en el domicilio a que se refirió en su escrito de veintidós de octubre del mismo año, ello, dentro del expediente laboral 300/2021/E-3, de su índice. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que el tribunal responsable demostró haber determinado lo correspondiente a la petición contenida en el escrito que le fue presentado por el ahora quejoso, con fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en relación al requerimiento contenido en el acuerdo de dieciocho del mismo mes y año, dentro del expediente laboral 300/2021/E-3, de su índice, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto omisivo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas adquirieron un estado como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por las Magistradas Integrantes de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por medio del cual, en atención al requerimiento ordenado en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés y por las razones que expone, solicita se le conceda una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia emitida dentro del juicio en que se actúa. Se concede término adicional Como lo solicita, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, comuníquese a la autoridad oficiante de mérito, que se le concede la ampliación del plazo que solicita por un término de diez días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para informar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento formulado a esa autoridad en el aludido proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista y por oficio a la autoridad responsable citada.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Admisión. Con la demanda de amparo promovida por *****************************, contra la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el EStado; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 1756/2022-VII. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita; de igual forma, requiérasele para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables jurisdiccionales que al término de quince días que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo, no le serán descontados los plazos que prevé la legislación que las rija y/o su normativa. Pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Comunicaciones electrónicas. Indíquese a la autoridad responsable, que en la medida de lo posible las comunicaciones que les sean requeridas en este asunto, deberá enviarlas a través de medios electrónicos; para tal efecto, se hace de su conocimiento que podrá remitir tal información al correo electrónico 6jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. En el supuesto de que sea necesaria la remisión de constancias voluminosas, deberán ser digitalizadas y asentarse la certificación correspondiente por el funcionario que así corresponda. Apercibimiento. De no cumplir con lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II de la ley en cita, le será impuesta una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción I, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, dígase a la responsable que, si se negare a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación, y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. En el entendido de que el actuario correspondiente deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina relativa que, no obstante, se niegue a recibir el oficio, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que le asiste el carácter de parte en el presente juicio de amparo, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento. Requiérase a las partes para que, en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de la materia; en el entendido de que de acuerdo a lo establecido por el artículo 251 de esa misma legislación, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigentes. Tercero interesado. Con fundamento en el numeral 5°, fracción III de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado en este juicio al que refiere, en virtud de que no se encuentra en ninguna de las hipótesis a que se refiere el citado numeral. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que adjunta a su escrito de demanda, las cuales se tomarán en consideración al momento de resolver el presente asunto, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y como autorizados para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la promovente tiene el carácter de trabajadora. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que al expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregarán los documentos que se reciban por vía física. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Notificación por lista a las partes de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional . Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional.

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