Angelica Justo Lopez

Expediente 959/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
959/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Angelica Justo Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 959/2022-IX. Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 959/2022-IX.. Puebla, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1 , signada por la quejosa +++++++++++++++ por derecho propio, contra actos de la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial Región Judicial Centro y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 -que causa la enfermedad COVID-19-. Integración de la demanda original al expediente. Debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Exhortación para la tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, 3 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"4 . Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, Angélica Justo López, reclama a las autoridades responsables lo siguiente: ? El transcurso en exceso del tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, pues lleva más de dos años nueve meses, privada de su libertad, ya que desde el veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, fue detenida por la policía municipal. Al respecto, a juicio de este órgano judicial, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, Apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 de la Ley de Amparo, que prevén: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.-- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación.-- A. De los principios generales.-- (.) IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral.-- (.) VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución". Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 6. Principio de contradicción.-- Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código". "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal.-- Son sujetos de procedimiento penal los siguientes:-- (.) Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico". Del contenido del precepto constitucional y diversos numerales transcritos, se advierte que, la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva por más de dos años de la que se duele la parte quejosa, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es necesario que, en primer término y dentro del procedimiento penal acusatorio, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. En efecto, en términos de la Ley de Amparo no se podría analizar la referida subsistencia de la prisión preventiva, sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, ya que de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, lo cual, además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido al respecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75, de la Ley de Amparo, que impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Lo anterior, con independencia de que la imputada, ahora quejosa, en términos con el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueda plantear la revisión de la mencionada medida cautelar, de acuerdo a lo que alega por el tiempo transcurrido. Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se pretende, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido por el artículo 113. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional, que el acceso a las instalaciones del juzgado está sujeto al artículo 3 del invocado Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), que regula el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física, la cual será mediante previa cita, que podrán registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizados términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo las profesionistas que señala en su escrito de demanda, porque la parte quejosa no les otorgó facultades amplias. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General reformado en cuanto a su vigencia por su similar 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto6 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, acorde a los lineamientos de acceso establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Notifíquese; de manera personal a la quejosa; y cúmplase

  3. Principal

    SE DEJO CITATORI A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 959/2022-IX.. Puebla, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1 , signada por la quejosa +++++++++++++++ por derecho propio, contra actos de la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial Región Judicial Centro y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 -que causa la enfermedad COVID-19-. Integración de la demanda original al expediente. Debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Exhortación para la tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, 3 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"4 . Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, Angélica Justo López, reclama a las autoridades responsables lo siguiente: ? El transcurso en exceso del tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, pues lleva más de dos años nueve meses, privada de su libertad, ya que desde el veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, fue detenida por la policía municipal. Al respecto, a juicio de este órgano judicial, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, Apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 de la Ley de Amparo, que prevén: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.-- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación.-- A. De los principios generales.-- (.) IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral.-- (.) VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución". Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 6. Principio de contradicción.-- Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código". "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal.-- Son sujetos de procedimiento penal los siguientes:-- (.) Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico". Del contenido del precepto constitucional y diversos numerales transcritos, se advierte que, la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva por más de dos años de la que se duele la parte quejosa, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es necesario que, en primer término y dentro del procedimiento penal acusatorio, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. En efecto, en términos de la Ley de Amparo no se podría analizar la referida subsistencia de la prisión preventiva, sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, ya que de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, lo cual, además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido al respecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75, de la Ley de Amparo, que impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Lo anterior, con independencia de que la imputada, ahora quejosa, en términos con el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueda plantear la revisión de la mencionada medida cautelar, de acuerdo a lo que alega por el tiempo transcurrido. Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se pretende, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido por el artículo 113. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional, que el acceso a las instalaciones del juzgado está sujeto al artículo 3 del invocado Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), que regula el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física, la cual será mediante previa cita, que podrán registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizados términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo las profesionistas que señala en su escrito de demanda, porque la parte quejosa no les otorgó facultades amplias. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General reformado en cuanto a su vigencia por su similar 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto6 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, acorde a los lineamientos de acceso establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Notifíquese; de manera personal a la quejosa; y cúmplase

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