Angélica del Carmen Bustamante Méndez
Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Angélica del Carmen Bustamante Méndez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la quejosa omitió recurrir el auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE MAYO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN Y/O ACUERDO: Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe +++, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Publico Investigador de la Zona Regional Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de revisar la demanda de protección, y si existiere una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse de plano. Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda que suscribe la quejosa +++. Para demostrarlo basta indicar que los actos reclamados estriban en lo siguiente: la omisión y retardo de la investigación al no ordenar se practiquen todas las diligencias necesarias para la investigación de los hechos, con apariencia de delitos denunciados por el quejoso para su integración debida y judicialización ante el juez de control dentro de la carpeta de investigación número ++++ incumpliendo lo previsto por el artículo 17 de la constitución política de los estados unidos mexicanos en cuanto a la impartición de justicia pronta y expedita. La quejosa reclama esos actos debido a la inactividad que a su decir existe en la referida indagatoria, y en la cual tiene la condición de víctima porque fue ella quien presentó una denuncia por el delito de fraude (foja 3). Pero la revisión que se hace a la demanda de protección constitucional, permite visualizar que la indagatoria de la autoridad responsable y que atañe a los actos reclamados, se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio porque inició con una denuncia presentada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, como lo manifestó la quejosa en su demanda (foja 3). Entonces, resalta desde este momento una causal de improcedencia de forma indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados en la demanda de protección tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar la quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario que es el juicio de amparo. Para demostrarlo, es necesario presentar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Del precepto anterior se obtuvo que las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por omisiones o resoluciones atribuibles al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprende de la tesis aislada XVIII.1o.P.A.2 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, de rubro: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Interpretación que ha validado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fecha reciente, pues al decidir la contradicción de tesis 233/2017 donde contendió la tesis antes citada estableció que los preceptos 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad que exista en la indagatoria a cargo del Ministerio Público. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control en esa ruta ordinaria de impugnación que examine las actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, que el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis 233/2017, que tiene validez para regir el sentido de este acuerdo pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Por consiguiente, es válido afirmar que los actos reclamados por la quejosa la omisión de investigar los hechos denunciados deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definividad. En otras palabras, la quejosa debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la legalidad de las actuaciones practicadas en la referida indagatoria, fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales previstos en la constitución federal, podrá acudir después a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto contra la resolución del juez de control. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que los actos reclamados por la quejosa, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo cual atiende a que la omisión reclamada en la demanda de protección constitucional, debe ser impugnada primero en la ruta ordinaria de impugnación, que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales ello ante un juez de control. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113, en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección constitucional, porque se encuentra en forma manifiesta e indudable, la causal antes indicada. Por otro lado, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo, se tiene por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que, una vez que registren sus cédulas profesionales, se tendrán por autorizados en términos amplios del referido numeral, previa solicitud que se realice en ese sentido. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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