Angélica Jara Mendoza

Expediente 474/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
474/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
03/07/2015

Partes del expediente

  • Angélica Jara Mendoza
  • María Guadalupe Gallegos Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de junio de dos mil quince Visto el telegrama de cuenta que remite el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, por el que en atención al telegrama de doce de junio del año en curso, que le fue enviado a fin de que enviara a este Juzgado el escrito original de expresión de agravios relativo al recurso de queja interpuesto en contra del auto de seis de abril de dos mil quince; informa que el mismo se envió por correo, así como por telegrama urgente. Sin embargo, al tratarse de una comunicación vía telegráfica no contiene el escrito original por el que se interpuso el recurso de queja contra el aludido auto de seis de abril de dos mil quince que admitió la demanda de garantías; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de doce de junio del año actual, y se tiene por no presentado el indicado medio de impugnación. Notifíquese mediante oficio al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González Doy Fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 474/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Soledad Torres Muguiro, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace constar que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que quedó debidamente notificado, tal como se advierte del acuse de recibo que obra glosado a foja 147 de los presentes autos; asimismo, se procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con sede en México, Distrito Federal, en términos del numeral 117 de la Ley de la Materia en consulta; y respecto a la omisión que incurrió el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en rendir su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por omiso. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, en el cual la Secretaria hace constar que ninguna de las partes las ofreció, por lo que se declara cerrado el período probatorio y se pasa a la etapa de alegatos en la cual, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló y al no haber más actuaciones y constancias que relacionar y sin que exista pedimento presentado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, se levanta la presente acta en términos del citado precepto legal 124 de la Ley de Amparo y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 474/2015; y, RESULTANDO 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MARÍA GUADALUPE GALLEGOS GUERRERO, ANGÉLICA JARA MENDOZA, SUSANA CASTILLO CASTILLO, ELVIA VARELA DEL RÍO y MARÍA MATILDE BELMONTES ARAUJO, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza. Acto reclamado: Presentar a Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza como integrante de la terna para la designación de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; su designación y la aceptación del cargo. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como tales, los contemplados en los artículos 17 y 95, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular mediante proveído de seis de abril de dos mil quince, admitió a trámite la demanda de garantías y se tuvo únicamente como autoridades responsable al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se emplazó a juicio al tercero interesado; asimismo, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente acta. C O N S I D E R A N D O I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que las quejosas reclaman: La presentación de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza como integrante de la terna para la designación de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; su designación y la aceptación del cargo. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del siguiente rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con residencia en México, Distrito Federal, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos de ese Órgano Legislativo, al rendir su informe con justificación manifestó que son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, fue omiso en rendir su informe justificado no obstante que quedó debidamente notificado, tal como se advierte del acuse de recibo que obra glosado a foja 147 de los presentes autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene como omiso y por ciertos los actos que se le atribuyen. III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La autoridad responsable Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con residencia en México, Distrito Federal, al rendir su informe justificado, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 4° y 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que este Tribunal Federal comparte. Dichos dispositivos disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." "Artículo 4°. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la Ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta Ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ".XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". De los preceptos transcritos se obtiene que uno de los principios que rigen el juicio de garantías es el de instancia de parte agraviada, es decir, que debe instarse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, un gobernado puede promover un juicio de amparo, cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos, ya sean personales o patrimoniales. Es aplicable a lo anterior la tesis del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto ." El interés jurídico se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, el cual deriva de la norma objetiva y que supone la reunión de tres elementos, a saber: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; y que la protección legal se resuelve a favor del titular de ese derecho otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad para que ésta realice la prestación debida. El interés exclusivo, actual y directo, debe ser personal, existir al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él, conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Asimismo, el agravio debe ser actual y directo, no indirecto ni eventual, por lo que el peticionario de garantías tiene la obligación de acreditar plenamente que el acto reclamado lesionó su esfera de derechos, a fin de que la autoridad que conozca el juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder o negar la protección de la Justicia Federal. De esta manera, si las normas objetivas no se refieren a un derecho subjetivo del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnar el acto de autoridad señalado en su demanda de amparo. En este orden de ideas, para demostrar la afectación del interés jurídico en el juicio constitucional, se requiere que se precise el acto reclamado en la demanda de garantías; el informe justificado de la autoridad responsable y las pruebas que demuestren la existencia conjunta de varios elementos, como son: a). Una persona determinada (parte agraviada, persona física o moral quien ejerce la acción de amparo). b). Un derecho legítimo del agraviado; c). La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d). Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y e). La afectación del citado derecho, a través del acto autoritario (principio de agravio personal y directo). De lo anterior, se advierte que si no se demuestra el conjunto de los apuntados elementos, el peticionario de la protección constitucional carecerá de interés jurídico para ejercer la acción de defensa de garantías individuales a través del juicio de amparo. Por lo tanto, el interés jurídico implica la legitimación de obrar, o bien, la legitimación activa y el perjuicio. Lo anterior es así, ya que desde el punto de vista del derecho, el interés jurídico no denota simplemente un elemento subjetivo que pueda revelar deseo, aspiración, finalidad o intención, sino que debe traducirse en una situación o hechos objetivos de los que pueda obtenerse un provecho o beneficio positivo, así, cuando esa situación o hecho objetivo está consignado o tutelado por la ley, se estará en presencia del multireferido interés jurídico. En consecuencia, se infiere que la legitimación para obrar, vinculada al interés jurídico, consiste en la identidad de la persona del quejoso, con el gobernado (en sentido amplio) en cuyo favor la ley protege un derecho y, por tanto, no basta que considere existente la violación aducida, sino que es necesario que compruebe que dicha violación afecta un derecho legítimo protegido y que éste corresponde al peticionario que lo hace valer. Sirve de apoyo al respecto la jurisprudencia del siguiente rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona ". En el presente asunto, como se precisó en párrafos que anteceden, de la demanda de garantías, se advierte que las quejosas reclaman la presentación de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza como integrante de la terna para la designación de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; su designación y la aceptación del cargo. En ese sentido, lo procedente es analizar en primer término, si las quejosas tiene o no legitimación para promover el amparo, tomando en cuenta que los artículos 107, fracción I, constitucional y 4º de la Ley de Amparo, establecen que la legitimación para promover el juicio de garantías sólo la tiene la persona física o moral directamente agraviada por la ley o acto que se estime violatorio de garantías. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte que las quejosas hayan acreditado su interés jurídico para promover el presente juicio de garantías, dado que de autos no se acredita que con la presentación de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza como integrante de la terna para la designación de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; su designación y la aceptación del cargo, se le cause un perjuicio a las quejosas, el cual pueda ser reclamado a través del juicio de amparo, puesto que corresponde a la parte quejosa, acreditar la procedencia de la acción constitucional, para ello se requiere como presupuesto necesario que se pruebe la afectación por el acto reclamado de los derechos que se estimen conculcados, de manera fehaciente, y no con base a presunciones. Por lo tanto, se actualiza en el presente caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Asimismo, resultan aplicables las tesis del rubro y texto siguiente: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase. Por tanto, no basta el reconocimiento por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica el promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama". "INTERES JURIDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACION DEL. La causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo puede configurarse con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de la demanda hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, si en el referido lapso procesal no acredita o se encuentra comprobada tal situación, debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causal de referencia". Y no constituye obstáculo alguno para la determinación anterior, el hecho de que se haya tenido por acreditada la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, en mérito a que, como ha quedado establecido, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de acreditar que dichos actos afectan su esfera de derechos públicos subjetivos tutelados por la ley fundamental. Es ilustrativa sobre el particular, la Jurisprudencia del rubro y texto que dice: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste puede deparar a la persona en concreto". También es aplicable el criterio que a la letra dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La existencia del acto reclamado, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo ". En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 4° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de garantías. Así, al haberse actualizado una causal de improcedencia del juicio de amparo, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por MARÍA GUADALUPE GALLEGOS GUERRERO, ANGÉLICA JARA MENDOZA, SUSANA CASTILLO CASTILLO, ELVIA VARELA DEL RÍO y MARÍA MATILDE BELMONTES ARAUJO, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el resultando primero y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria con quien actúa, licenciada María Soledad Torres Muguiro. DOY FE. mtm

  4. Principal

    En doce de junio de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio con registro 11424 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de junio de dos mil quince. Visto el oficio y anexos de cuenta que remite el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal con sede en México, Distrito Federal, mediante el cual manifiesta que en alcance al recurso de queja que interpuso esa autoridad, remite copias del escrito para correr traslado a las partes; sin embargo, la citada autoridad no remite el escrito original de expresión de agravios, sino únicamente copias simples de dicho ocurso; en consecuencia, requiérase a la mencionada autoridad, para que en el término de veinticuatro horas siguientes a la legal notificación de este auto, remita el aludido escrito original por el que interpone dicho medio de impugnación; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado el indicado medio de impugnación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

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