Ángelica Jara Mendoza

Expediente 1642/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1642/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Ángelica Jara Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Juicio de amparo 1642/2018 El siete de mayo de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión transcurrió del veintidós de abril al seis del mes y año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de abril de dos mil diecinueve. Que sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva. Sí existe un tomo de pruebas por devolver a la autoridad responsable magistrada presidenta de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de abril de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración; en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión, en razón de que se negó la suspensión definitiva; por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que se lleve a cabo su destrucción, toda vez que ya transcurrió el término de seis meses a que se refiere el punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Por último, devuélvase a la autoridad responsable magistrada presidenta de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, el toca de apelación civil 247/2018, que envió en apoyo a su informe justificado, en razón de que resulta innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Vicky

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1642/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, HÉCTOR GARCÍA ZAMORA, por conducto de su representante ANGÉLICA JARA MENDOZA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento a una prevención, la demanda se admitió a trámite por auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 24 y 25); se ordenó su registro con el número 1642/2018; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos todos los trámites, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo este juzgador considera que la parte quejosa reclama: La resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca civil 247/2018, de su índice. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio de amparo, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 1105 del tomo de pruebas); surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente, por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del veintisiete de agosto al diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, con descuento de los días uno, dos, ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el trece de septiembre de dos mil dieciocho, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 31 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con el toca de apelación civil 247/2018; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. . La procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente se debe examinar, lo aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, ninguna de las partes invocó causas de improcedencia, así como tampoco este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna de aquéllas, por lo que procede el estudio de fondo del asunto, al tenor de los motivos de inconformidad que fueron expuestos. SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa refiere en los conceptos de violación que la responsable vulnera sus derechos a ser oído en la resolución que relama, además de la falta de fundamentación y motivación, en virtud de que las sentencias deben ser congruentes con la demanda y su contestación, atribuyendo tal violación en los siguientes motivos de disenso: Primer concepto de violación: - No fue oído por la responsable al momento de dictar la resolución reclamada, ya que no hace un estudio integro, ni analiza totalmente su escrito de agravios, porque: 1. No hace referencia clara a la existencia de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria García, Sociedad Anónima. 2. No refiere nada en relación a la liquidación de la citada sociedad. 3. No dice nada en relación a que Pascual García Cardiel, era socio mayoritario de dicha sociedad. Segundo concepto de violación: También se duele de qué la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, en virtud de que la responsable no hace referencia a lo expresado en el escrito de agravios de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en la parte que se le dijo: - No señala precepto legal cuando dice que la prueba idónea para acreditar la celebración de un contrato de donación lo constituye la documental. - Señala que el precepto legal aplicable es el 1694 del Código civil en vigor, pero no realiza la exteriorización de la justificación razonable que le llevó a esa determinación. - Tampoco motiva ni expone las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que consideró aplicables de los artículos 1667 y 1670 de la citada legislación. - Justifica la impugnación realizada por el demandado incidentista, en relación a la documental que exhibió relativa a la copia certificada expedida por el once de abril de dos mil diecisiete, por el Notario Público 42, sin que mencione el precepto legal aplicable. - Señala que la manifestación de Pascual García Cardiel, debió constar en escritura pública, como lo establece la fracción II del artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles; sin embargo, dicho numeral no dice nada al respecto. Tercer concepto de violación: La parte quejosa arguye que la responsable no estudio la manifestación en relación a la voluntad de Pascual García Cardiel, en la asamblea en la cual se liquidó la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria García, de nueve de marzo de dos mil ocho, con la cual se estima como prueba idónea para demostrar el contrato de donación que se hizo a favor de la parte impetrante y que dicha manifestación no se ha puesto en duda. Los conceptos de violación señalados como primero y tercero se analizan en su conjunto ya que los mismos van encaminados en esencia a que la responsable no se pronunció respecto de la voluntad de Pascual García Cardiel, así como que no se hizo manifestación en relación a la liquidación de la Sociedad Mercantil denominada Inmobiliaria García, Sociedad Anónima, donde dicha persona era socio mayoritario; sin embargo, resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones. Dice el impetrante que la Sala responsable no le da una contestación respecto a la existencia de la sociedad mercantil de la cual Pascual García Cardiel, era socio mayoritario, ni a su liquidación, ni la voluntad plasmada en la misma del citado García Cardiel, en las cuales el incidentista soporta su oposición al inventario. No le asiste la razón al impetrante, pues la autoridad sí se ocupó de los agravios que hicieron valer en su recurso, pues como se ve de la resolución no puso en duda la existencia de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria García, Sociedad Anónima, ni que Pascual García Cardiel, era socio mayoritario de la misma, ni su liquidación, mucho menos la voluntad de dicha persona. Lo anterior, porque la responsable adujo al respecto que si bien presentó el actor incidentista copia certificada del primer testimonio del instrumento notarial que contiene la protocolización del acta levantada con motivo de la asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el nueve de marzo de dos mil ocho, en la que se advierte plasmada la voluntad de Pascual García Cardiel, de donar a favor del aquí quejoso diversas propiedades que pretende se excluyan del inventario, misma que valoró en términos del artículo 323, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado y sin embargo, la responsable llegó a la conclusión de que no era suficiente para excluir las propiedades que pretende, del inventario que integran los bienes de la masa hereditaria de Pascual García Cardiel y/o Pascual García y/o Don Pascual García Cardiel, sino que para acreditar que los bienes que pretende excluir ya pertenecían a su patrimonio, era necesario haber presentado la escritura pública de los mismos, fundando su actuar en los preceptos 1694, en relación con los diversos 1667 y 1670, todos del Código Civil del Estado, que disponen: "Artículo 1694.- La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta exige la ley. Artículo 1667.- La venta de un inmueble que tenga valor hasta el equivalente de cien días del salario mínimo vigente en el lugar de ubicación del inmueble, en la fecha de la celebración del contrato, podrá hacerse en instrumento privado que firmarán el vendedor y el comprador ante dos testigos. Artículo 1670.- Si el valor del inmueble excede del equivalente a cien días del salario mínimo vigente en la época de la celebración del contrato, su venta se otorgará en escritura pública. Cuando se trate de operaciones o contratos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, independientemente del valor del inmueble, se hará constar en escritura pública, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias." Así, como se advierte de los preceptos legales transcritos, la donación de bienes se efectuara conforme los requisitos que para su venta exige la ley. Asimismo, podrá hacerse en instrumento privado donde conste la firma del vendedor y del comprador y dos testigos; sin embargo, si el valor del bien inmueble excede de cien días de salario mínimo vigente en la época de la celebración del contrato, este deberá otorgarse en escritura pública. Lo que es acertado por la Sala responsable, toda vez que no puso en duda en ningún momento lo manifestado por el impetrante en relación a la existencia de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria García, Sociedad Anónima, ni que Pascual García Cardiel, era socio mayoritario de la misma, ni su liquidación, mucho menos la voluntad de dicha persona. De este modo, lo que la responsable determinó fue que con esas circunstancias no se advertía motivo para la exclusión de los bienes inmuebles, sino que era necesario que obrara escritura pública, de las donaciones, circunstancia con la cual, analizó la voluntad del de cujus, plasmada en la asamblea de la sociedad Inmobiliaria García. Ahora, si bien es cierto lo que manifiesta el quejoso en relación a que la responsable no podía llegar a la conclusión de que era necesaria la escritura pública para poder excluir del inventario los bienes que dice pasaron a ser de su patrimonio, en virtud de que en el sumario de origen no obra el valor de los bienes a que se hace referencia. Al respecto, no le resulta acertada la manifestación del impetrante en atención a que en la resolución reclamada la Sala sí se pronunció en relación a la falta de constancias que avalaran el valor de los bienes que pretende excluir del inventario, pues refirió correctamente que como es pretensión de la parte actora incidentista el excluir bienes del inventario, señaló que era necesario que la misma parte presentara prueba idónea del valor de los inmuebles a que refiere, al ser carga probatoria que debe asumir el actor incidental. De igual manera, la responsable justificó su dicho en el hecho de que aun y cuando no se contara con constancia que sustentara el valor de los inmuebles, basándose en la lógica y la experiencia, así como en las características de los inmuebles consistentes en: una finca urbana ubicada en la Plaza Miguel Azua, número 2, 4, 4 Bis, por la Calle Caja, con el número 2, de la Ciudad de Zacatecas y finca ubicada en la calle Ventura Salazar, número 53, de la manzana quinta del Cuartel 15 de esta ciudad, concretamente en cuanto a su ubicación, dimensiones y condiciones de los bienes que de autos se advierten, era válido y posible deducir sin duda que el valor que ampara la donación de referencia excede de la cuantía a que alude el artículo 1667, del Código Civil del Estado, máxime que dichos inmuebles se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, por lo que aumentan su valía. De ahí que, resulte correcta la apreciación de la Sala responsable, ya que se basó en la lógica y la experiencia para determinar que en autos se advertían indicios de que los inmuebles superaban el valor de los cien días de salario mínimo a que alude el precepto 1667 del Código Civil del estado de Zacatecas, dadas las características de la ubicación, dimensiones y condiciones de los bienes, lo que generó un alto grado de probabilidad de que las constancias de autos eran aptas para generar la presunción de certeza de que valor de los bienes supera los cien días de salario mínimo, para que su donación se hicieras constar en escritura pública. Apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 1463, registro 180873, del rubro y texto siguiente: "INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza." Ahora, por lo que hace al segundo motivo de disenso que refiere la parte quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca civil 247/2018, de su índice, carece de fundamentación y motivación, dicho argumento es infundado. Para evidenciar lo anterior, es necesario precisar que conforme a la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005, las resoluciones jurisdiccionales deben cumplir con las garantías de debido proceso y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se estableció que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior, como se puede leer del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 (Registro: 176546), que dice lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". De conformidad con lo resuelto por la Sala responsable, se advierte que determinó confirmar la interlocutoria emitida el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, por la cual el Juez Tercero Civil del Distrito judicial de esta capital, declara infundado el incidente de oposición de inventario y avalúo, derivado del expediente 78/2017, relativo al juicio sucesorio testamentario a bines de Pascual García Cardiel. Lo anterior, en virtud de que el actor incidentista no demostró con pruebas fehacientes que los bienes inmuebles que pretende excluir de la masa hereditaria ya pertenecían a su patrimonio. La Sala responsable fundó la anterior determinación, esencialmente, en los artículos 1694, en relación con los diversos 1667 y 1670, todos del Código civil del Estado y motivó precisando que la prueba idónea para poder excluir los bienes que pretendía el quejoso era la escritura pública; lo anterior, basándose en los artículos ya citados en el que exigen que los contratos de donación deberán efectuarse conforme lo establece las reglas de la venta; por lo que, sí los bienes son de cuantía mayor a cien días de salario mínimo vigente en la época de los hechos, está era indispensable que se legalizara con escritura pública. Luego, el acto reclamado, en el que se confirmó un incidente donde se tuvo por infundado la oposición al inventario y avalúo, contra lo que argumentó el quejoso, sí cumple con los extremos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se encuentra fundado y motivado. Ello es así ya que la autoridad responsable señaló los fundamentos en los que basó su determinación; y, motivó su actuar, al precisar los argumentos por los que estimó improcedente la oposición del inventario y avalúo. Lo anterior, se reitera, deja patente que la Sala responsable no violó en perjuicio de la parte quejosa, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues expuso los motivos o causas que tomó en consideración para emitir el acto reclamado y con fundamento en la legislación correspondiente que contiene su potestad, precisó la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables al caso; de ahí, lo infundado del motivo de disenso en examen. Máxime que se considera correcta la determinación de la Sala responsable, en el sentido de que la prueba fehaciente para determinar que los bienes que pretendía excluir de la masa hereditaria, era precisamente la escritura pública de la donación, ya que como se dijo los bienes al estar en el primer cuadro de la ciudad y dadas sus dimensiones es inconcuso que su valor rebasa el límite a que refiere el artículo 1667 del código civil del Estado de Zacatecas. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis I.6o. C.47 C (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 21, Agosto de 2015, tomo III, página 2173, registro 2009757, de rubro y texto siguientes: "DONACIÓN DE INMUEBLES. PARA SU PERFECCIONAMIENTO LA ACEPTACIÓN DEL DONATARIO DEBE REALIZARSE EN ESCRITURA PÚBLICA Y EN VIDA DEL DONANTE. De acuerdo con los artículos 2340 y 2346 del Código Civil para el Distrito Federal, en el contrato de donación el consentimiento se forma con el acuerdo de voluntades, en donde el donante debe exteriorizar la intención de hacer una liberalidad en favor del donatario, consistente en entregarle y transmitirle la propiedad de bienes o la titularidad de derechos (animus donandi); y el donatario, por su parte, debe exteriorizar su intención de aceptar gratuitamente esos bienes o derechos y hacerle saber al donante, en vida, esa aceptación. Ahora bien, cuando la donación recae sobre bienes inmuebles debe otorgarse en la misma forma que para su venta exige la ley, por lo que en términos del numeral 2320 de la citada legislación sustantiva, si el valor del inmueble excede de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la operación, el contrato debe celebrarse en escritura pública. Sobre el particular, el profesor Ramón Sánchez Medal, en su obra "De los Contratos Civiles", Editorial Porrúa, México, páginas 207 a 209, sostiene que la donación, dada su naturaleza de liberalidad, es un contrato con mayores exigencias de formalidad y ello radica en la protección de los bienes de la familia del donante, dando ocasión a una mayor reflexión al mismo donante al exigirle que acuda ante notario público y se dé cuenta que el acto que va a realizar es irreversible. Por su parte, el tratadista Rafael Rojina Villegas, en el libro "Derecho Civil Mexicano", tomo sexto, Contratos, volumen I, Editorial Porrúa, México, páginas 434 a 437, expresa que el donatario debe notificar su aceptación al donante y debe hacerlo en vida del mismo, de manera que si el donante muere antes de que se le notifique la aceptación -en la forma prevista por la ley- el contrato no llega a formarse, por lo que los herederos del donante no estarán obligados a sostener la oferta. Así las cosas, para acreditar el hecho de expresión de la voluntad en el contrato de donación, el legislador mexicano estableció en el mencionado precepto legal 2346 que -a diferencia de otros contratos traslativos- para la formación del contrato de donación se requiere que: 1. El donatario acepte con las formalidades que se requieren para este tipo de contratos. 2. El donatario debe notificar su aceptación al donante y debe hacerlo en vida del mismo. En ese orden de ideas, en tratándose de una donación de bienes raíces, que como se ha visto, es un contrato formal, en tanto que debe constar en escritura pública cuando el valor del inmueble exceda de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la operación, la aceptación del donatario que se requiere para su perfeccionamiento debe realizarse de la misma manera, esto es, en escritura pública y en vida del donante." Bajo tal panorama, al no demostrarse que el acto reclamado sea violatorio de derechos humanos, ni advertir este Juzgado de Distrito que se funde en leyes declaradas inconstitucionales por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 74, 75, 76, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO ampara NI protege a Héctor García Zamora, por conducto de su representante legal Angélica Jara Mendoza, en contra del acto reclamado, por las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese; y personalmente. Así lo resolvió y firmó, Iván Ojeda Romo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta hoy nueve de abril de dos mil diecinueve, que así lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el secretario Álvaro Augusto Álvarez Rendón, que autoriza y da fe. En la misma fecha se libran los oficios 8700 , al tenor de la minuta que se agrega. CONSTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ANGELICA JARA MENDOZA apoderada de HÉCTOR GARCÍA ZAMORA Y TERCERO INTERESADA LIDIA MARÍA GARCÍA ZAMORA Y RODOLFO GARCÍA ZAMORA, ALBACEAS TESTAMENTARIOS DAE PASCUAL GARCÍA CARDIEL por conducto de su mandatario judicial Arturo Flores Torres, LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1642/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, HÉCTOR GARCÍA ZAMORA, por conducto de su representante ANGÉLICA JARA MENDOZA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento a una prevención, la demanda se admitió a trámite por auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 24 y 25); se ordenó su registro con el número 1642/2018; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos todos los trámites, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo este juzgador considera que la parte quejosa reclama: La resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca civil 247/2018, de su índice. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio de amparo, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 1105 del tomo de pruebas); surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente, por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del veintisiete de agosto al diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, con descuento de los días uno, dos, ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el trece de septiembre de dos mil dieciocho, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 31 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con el toca de apelación civil 247/2018; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. . La procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente se debe examinar, lo aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, ninguna de las partes invocó causas de improcedencia, así como tampoco este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna de aquéllas, por lo que procede el estudio de fondo del asunto, al tenor de los motivos de inconformidad que fueron expuestos. SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa refiere en los conceptos de violación que la responsable vulnera sus derechos a ser oído en la resolución que relama, además de la falta de fundamentación y motivación, en virtud de que las sentencias deben ser congruentes con la demanda y su contestación, atribuyendo tal violación en los siguientes motivos de disenso: Primer concepto de violación: - No fue oído por la responsable al momento de dictar la resolución reclamada, ya que no hace un estudio integro, ni analiza totalmente su escrito de agravios, porque: 1. No hace referencia clara a la existencia de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria García, Sociedad Anónima. 2. No refiere nada en relación a la liquidación de la citada sociedad. 3. No dice nada en relación a que Pascual García Cardiel, era socio mayoritario de dicha sociedad. Segundo concepto de violación: También se duele de qué la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, en virtud de que la responsable no hace referencia a lo expresado en el escrito de agravios de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en la parte que se le dijo: - No señala precepto legal cuando dice que la prueba idónea para acreditar la celebración de un contrato de donación lo constituye la documental. - Señala que el precepto legal aplicable es el 1694 del Código civil en vigor, pero no realiza la exteriorización de la justificación razonable que le llevó a esa determinación. - Tampoco motiva ni expone las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que consideró aplicables de los artículos 1667 y 1670 de la citada legislación. - Justifica la impugnación realizada por el demandado incidentista, en relación a la documental que exhibió relativa a la copia certificada expedida por el once de abril de dos mil diecisiete, por el Notario Público 42, sin que mencione el precepto legal aplicable. - Señala que la manifestación de Pascual García Cardiel, debió constar en escritura pública, como lo establece la fracción II del artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles; sin embargo, dicho numeral no dice nada al respecto. Tercer concepto de violación: La parte quejosa arguye que la responsable no estudio la manifestación en relación a la voluntad de Pascual García Cardiel, en la asamblea en la cual se liquidó la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria García, de nueve de marzo de dos mil ocho, con la cual se estima como prueba idónea para demostrar el contrato de donación que se hizo a favor de la parte impetrante y que dicha manifestación no se ha puesto en duda. Los conceptos de violación señalados como primero y tercero se analizan en su conjunto ya que los mismos van encaminados en esencia a que la responsable no se pronunció respecto de la voluntad de Pascual García Cardiel, así como que no se hizo manifestación en relación a la liquidación de la Sociedad Mercantil denominada Inmobiliaria García, Sociedad Anónima, donde dicha persona era socio mayoritario; sin embargo, resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones. Dice el impetrante que la Sala responsable no le da una contestación respecto a la existencia de la sociedad mercantil de la cual Pascual García Cardiel, era socio mayoritario, ni a su liquidación, ni la voluntad plasmada en la misma del citado García Cardiel, en las cuales el incidentista soporta su oposición al inventario. No le asiste la razón al impetrante, pues la autoridad sí se ocupó de los agravios que hicieron valer en su recurso, pues como se ve de la resolución no puso en duda la existencia de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria García, Sociedad Anónima, ni que Pascual García Cardiel, era socio mayoritario de la misma, ni su liquidación, mucho menos la voluntad de dicha persona. Lo anterior, porque la responsable adujo al respecto que si bien presentó el actor incidentista copia certificada del primer testimonio del instrumento notarial que contiene la protocolización del acta levantada con motivo de la asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el nueve de marzo de dos mil ocho, en la que se advierte plasmada la voluntad de Pascual García Cardiel, de donar a favor del aquí quejoso diversas propiedades que pretende se excluyan del inventario, misma que valoró en términos del artículo 323, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado y sin embargo, la responsable llegó a la conclusión de que no era suficiente para excluir las propiedades que pretende, del inventario que integran los bienes de la masa hereditaria de Pascual García Cardiel y/o Pascual García y/o Don Pascual García Cardiel, sino que para acreditar que los bienes que pretende excluir ya pertenecían a su patrimonio, era necesario haber presentado la escritura pública de los mismos, fundando su actuar en los preceptos 1694, en relación con los diversos 1667 y 1670, todos del Código Civil del Estado, que disponen: "Artículo 1694.- La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta exige la ley. Artículo 1667.- La venta de un inmueble que tenga valor hasta el equivalente de cien días del salario mínimo vigente en el lugar de ubicación del inmueble, en la fecha de la celebración del contrato, podrá hacerse en instrumento privado que firmarán el vendedor y el comprador ante dos testigos. Artículo 1670.- Si el valor del inmueble excede del equivalente a cien días del salario mínimo vigente en la época de la celebración del contrato, su venta se otorgará en escritura pública. Cuando se trate de operaciones o contratos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, independientemente del valor del inmueble, se hará constar en escritura pública, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias." Así, como se advierte de los preceptos legales transcritos, la donación de bienes se efectuara conforme los requisitos que para su venta exige la ley. Asimismo, podrá hacerse en instrumento privado donde conste la firma del vendedor y del comprador y dos testigos; sin embargo, si el valor del bien inmueble excede de cien días de salario mínimo vigente en la época de la celebración del contrato, este deberá otorgarse en escritura pública. Lo que es acertado por la Sala responsable, toda vez que no puso en duda en ningún momento lo manifestado por el impetrante en relación a la existencia de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria García, Sociedad Anónima, ni que Pascual García Cardiel, era socio mayoritario de la misma, ni su liquidación, mucho menos la voluntad de dicha persona. De este modo, lo que la responsable determinó fue que con esas circunstancias no se advertía motivo para la exclusión de los bienes inmuebles, sino que era necesario que obrara escritura pública, de las donaciones, circunstancia con la cual, analizó la voluntad del de cujus, plasmada en la asamblea de la sociedad Inmobiliaria García. Ahora, si bien es cierto lo que manifiesta el quejoso en relación a que la responsable no podía llegar a la conclusión de que era necesaria la escritura pública para poder excluir del inventario los bienes que dice pasaron a ser de su patrimonio, en virtud de que en el sumario de origen no obra el valor de los bienes a que se hace referencia. Al respecto, no le resulta acertada la manifestación del impetrante en atención a que en la resolución reclamada la Sala sí se pronunció en relación a la falta de constancias que avalaran el valor de los bienes que pretende excluir del inventario, pues refirió correctamente que como es pretensión de la parte actora incidentista el excluir bienes del inventario, señaló que era necesario que la misma parte presentara prueba idónea del valor de los inmuebles a que refiere, al ser carga probatoria que debe asumir el actor incidental. De igual manera, la responsable justificó su dicho en el hecho de que aun y cuando no se contara con constancia que sustentara el valor de los inmuebles, basándose en la lógica y la experiencia, así como en las características de los inmuebles consistentes en: una finca urbana ubicada en la Plaza Miguel Azua, número 2, 4, 4 Bis, por la Calle Caja, con el número 2, de la Ciudad de Zacatecas y finca ubicada en la calle Ventura Salazar, número 53, de la manzana quinta del Cuartel 15 de esta ciudad, concretamente en cuanto a su ubicación, dimensiones y condiciones de los bienes que de autos se advierten, era válido y posible deducir sin duda que el valor que ampara la donación de referencia excede de la cuantía a que alude el artículo 1667, del Código Civil del Estado, máxime que dichos inmuebles se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, por lo que aumentan su valía. De ahí que, resulte correcta la apreciación de la Sala responsable, ya que se basó en la lógica y la experiencia para determinar que en autos se advertían indicios de que los inmuebles superaban el valor de los cien días de salario mínimo a que alude el precepto 1667 del Código Civil del estado de Zacatecas, dadas las características de la ubicación, dimensiones y condiciones de los bienes, lo que generó un alto grado de probabilidad de que las constancias de autos eran aptas para generar la presunción de certeza de que valor de los bienes supera los cien días de salario mínimo, para que su donación se hicieras constar en escritura pública. Apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 1463, registro 180873, del rubro y texto siguiente: "INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza." Ahora, por lo que hace al segundo motivo de disenso que refiere la parte quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca civil 247/2018, de su índice, carece de fundamentación y motivación, dicho argumento es infundado. Para evidenciar lo anterior, es necesario precisar que conforme a la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005, las resoluciones jurisdiccionales deben cumplir con las garantías de debido proceso y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se estableció que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior, como se puede leer del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 (Registro: 176546), que dice lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". De conformidad con lo resuelto por la Sala responsable, se advierte que determinó confirmar la interlocutoria emitida el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, por la cual el Juez Tercero Civil del Distrito judicial de esta capital, declara infundado el incidente de oposición de inventario y avalúo, derivado del expediente 78/2017, relativo al juicio sucesorio testamentario a bines de Pascual García Cardiel. Lo anterior, en virtud de que el actor incidentista no demostró con pruebas fehacientes que los bienes inmuebles que pretende excluir de la masa hereditaria ya pertenecían a su patrimonio. La Sala responsable fundó la anterior determinación, esencialmente, en los artículos 1694, en relación con los diversos 1667 y 1670, todos del Código civil del Estado y motivó precisando que la prueba idónea para poder excluir los bienes que pretendía el quejoso era la escritura pública; lo anterior, basándose en los artículos ya citados en el que exigen que los contratos de donación deberán efectuarse conforme lo establece las reglas de la venta; por lo que, sí los bienes son de cuantía mayor a cien días de salario mínimo vigente en la época de los hechos, está era indispensable que se legalizara con escritura pública. Luego, el acto reclamado, en el que se confirmó un incidente donde se tuvo por infundado la oposición al inventario y avalúo, contra lo que argumentó el quejoso, sí cumple con los extremos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se encuentra fundado y motivado. Ello es así ya que la autoridad responsable señaló los fundamentos en los que basó su determinación; y, motivó su actuar, al precisar los argumentos por los que estimó improcedente la oposición del inventario y avalúo. Lo anterior, se reitera, deja patente que la Sala responsable no violó en perjuicio de la parte quejosa, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues expuso los motivos o causas que tomó en consideración para emitir el acto reclamado y con fundamento en la legislación correspondiente que contiene su potestad, precisó la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables al caso; de ahí, lo infundado del motivo de disenso en examen. Máxime que se considera correcta la determinación de la Sala responsable, en el sentido de que la prueba fehaciente para determinar que los bienes que pretendía excluir de la masa hereditaria, era precisamente la escritura pública de la donación, ya que como se dijo los bienes al estar en el primer cuadro de la ciudad y dadas sus dimensiones es inconcuso que su valor rebasa el límite a que refiere el artículo 1667 del código civil del Estado de Zacatecas. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis I.6o. C.47 C (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 21, Agosto de 2015, tomo III, página 2173, registro 2009757, de rubro y texto siguientes: "DONACIÓN DE INMUEBLES. PARA SU PERFECCIONAMIENTO LA ACEPTACIÓN DEL DONATARIO DEBE REALIZARSE EN ESCRITURA PÚBLICA Y EN VIDA DEL DONANTE. De acuerdo con los artículos 2340 y 2346 del Código Civil para el Distrito Federal, en el contrato de donación el consentimiento se forma con el acuerdo de voluntades, en donde el donante debe exteriorizar la intención de hacer una liberalidad en favor del donatario, consistente en entregarle y transmitirle la propiedad de bienes o la titularidad de derechos (animus donandi); y el donatario, por su parte, debe exteriorizar su intención de aceptar gratuitamente esos bienes o derechos y hacerle saber al donante, en vida, esa aceptación. Ahora bien, cuando la donación recae sobre bienes inmuebles debe otorgarse en la misma forma que para su venta exige la ley, por lo que en términos del numeral 2320 de la citada legislación sustantiva, si el valor del inmueble excede de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la operación, el contrato debe celebrarse en escritura pública. Sobre el particular, el profesor Ramón Sánchez Medal, en su obra "De los Contratos Civiles", Editorial Porrúa, México, páginas 207 a 209, sostiene que la donación, dada su naturaleza de liberalidad, es un contrato con mayores exigencias de formalidad y ello radica en la protección de los bienes de la familia del donante, dando ocasión a una mayor reflexión al mismo donante al exigirle que acuda ante notario público y se dé cuenta que el acto que va a realizar es irreversible. Por su parte, el tratadista Rafael Rojina Villegas, en el libro "Derecho Civil Mexicano", tomo sexto, Contratos, volumen I, Editorial Porrúa, México, páginas 434 a 437, expresa que el donatario debe notificar su aceptación al donante y debe hacerlo en vida del mismo, de manera que si el donante muere antes de que se le notifique la aceptación -en la forma prevista por la ley- el contrato no llega a formarse, por lo que los herederos del donante no estarán obligados a sostener la oferta. Así las cosas, para acreditar el hecho de expresión de la voluntad en el contrato de donación, el legislador mexicano estableció en el mencionado precepto legal 2346 que -a diferencia de otros contratos traslativos- para la formación del contrato de donación se requiere que: 1. El donatario acepte con las formalidades que se requieren para este tipo de contratos. 2. El donatario debe notificar su aceptación al donante y debe hacerlo en vida del mismo. En ese orden de ideas, en tratándose de una donación de bienes raíces, que como se ha visto, es un contrato formal, en tanto que debe constar en escritura pública cuando el valor del inmueble exceda de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la operación, la aceptación del donatario que se requiere para su perfeccionamiento debe realizarse de la misma manera, esto es, en escritura pública y en vida del donante." Bajo tal panorama, al no demostrarse que el acto reclamado sea violatorio de derechos humanos, ni advertir este Juzgado de Distrito que se funde en leyes declaradas inconstitucionales por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 74, 75, 76, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO ampara NI protege a Héctor García Zamora, por conducto de su representante legal Angélica Jara Mendoza, en contra del acto reclamado, por las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese; y personalmente. Así lo resolvió y firmó, Iván Ojeda Romo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta hoy nueve de abril de dos mil diecinueve, que así lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el secretario Álvaro Augusto Álvarez Rendón, que autoriza y da fe. ..."

  4. Principal

    El ocho de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 164 y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito presentado por el licenciado Arturo Flores Torres, en su carácter de mandatario judicial de los terceros interesados Lidia María García Zamora y Rodolfo García Zamora; en consecuencia de lo anterior, con apoyo en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, ténganse por apersonados al presente juicio de amparo a los aludidos terceros interesados, por conducto de su mandatario judicial, personalidad que tiene reconocida en el toca de apelación civil 247/2018, circunstancia que es visible a foja 1054 del aludido expediente, mismo del que derivan los actos reclamados en el presente asunto; lo anterior, conforme al artículo 10, párrafo segundo, de la ley en cita, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, désele la intervención legal que le corresponda en este juicio; asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de su parte el que señala en el escrito de mérito. En ese sentido, con fundamento en los artículos 124 y 119, de la Ley de la Materia, téngasele formulando los alegatos que hace valer en su libelo y por ofrecida la documental que anexa al mismo, la cual se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de relacionarlos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza. Doy fe. Vicky

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