Angélica Álvarez Vega

Expediente 47/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
47/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Angélica Álvarez Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del veintinueve de marzo al once de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada por este juzgado dentro del juicio de amparo 47/2019. Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión definitiva, sin embargo, no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerite proveer su destino Que no existe tomo de prueba por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El secretario Juan García Trejo En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la matería, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En atención a que la sentencia de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; además, de que este juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo general, es DEPURABLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, por tanto, dicho cuaderno guárdese por separado y una vez que transcurra el término de seis meses en la forma que prevé el numeral en cita, llévese a cabo su destrucción. Por último, dese el trámite correspondiente que establece el punto décimo primero del multicitado acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Enrique.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas por auto de veintiuno de febrero de esta anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías 47/2019. El licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes a esta audiencia. Acto seguido, el secretario realiza una lectura íntegra al escrito relativo a la demanda de amparo, y en esa guisa procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos, al respecto, da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Subdirector de Recursos Humanos, Director Administrativo, y Directora del Centro Estatal para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de Género, todas de Servicios de Salud de Zacatecas (fojas 27 a 33, 36 a 40 y 41 a 46), además con las constancias obrantes a fojas 34 a 35 y 59 a 60, que fueron aportadas por las dos primera autoridades señaladas con antelación, como anexos a si informe con justificación y en la secuela procesal, respectivamente. Acto continuo, el Juez de Distrito acuerda: ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y con las constancias allegadas, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa, obrantes a fojas 10 a 15 y 25, así como con las constancias relacionadas por el secretario, las cuales se tienen por desahogadas acorde a su propia y especial naturaleza de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo; por lo que, sin pruebas diversas que relacionar, se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta que el agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional formuló sus alegatos respectivos, mediante pedimento 242/2019, obrante a fojas 48 a 49, asimismo se hace constar que no existen diversos alegatos que relacionar, por lo que el Juez de Distrito acuerda: se tienen por recibidos los alegatos presentados mediante el pedimento en comento, los que se agregan para que surtan los efectos legales a que haya lugar; asimismo sin más alegatos que relacionar, se cierra este periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de qué hacer relación, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 47/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad de mismo nombre, Angélica Álvarez Vega, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que más adelante se precisarán. La quejosa estimó vulnerados en su perjuicio, las garantías y derechos humanos consagrados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes del acto reclamado. SEGUNDO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, siendo que por auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se registró y admitió bajo el número de expediente ya precisado, al respecto, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público; se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en párrafos precedentes, y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque los actos reclamados tienen ejecución en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, resulta necesario precisar los actos reclamados, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y de las constancias que obran agregadas al juicio de garantías, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, con registro 192097, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esas condiciones, de un análisis acucioso al libelo de garantías se permite precisar que los actos reclamados a las autoridades responsables Subdirector de Recursos Humanos, Director Administrativo, y Directora del Centro Estatal para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de Género, todas de Servicios de Salud de Zacatecas, se hace consistir en los siguientes: La terminación de la comisión laboral a la UNEME SORID, y la orden de presentación al lugar de adscripción CEPAVIF Zacatecas, contenida en el oficio 5020/1533, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dirigido a la quejosa Angélica Álvarez Vega, en su carácter de psicóloga clínica de los Servicios de Salud de Zacatecas; así como su ejecución. Hecha la anterior precisión se procede al estudio de la existencia de los actos reclamados. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las responsables Subdirector de Recursos Humanos y Directora del Centro Estatal para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de Genero, ambos de Servicios de Salud de Zacatecas; lo anterior, en razón que si bien al rendir sus informes con justificación, no se pronunciaron de manera concreta sobre la existencia de los actos que se les atribuyen, no obstante dicha inexistencia se actualiza en razón de lo que se procede a explicar. Al respecto obra en el sumario, la constancia aportada por la responsable señalada en primer término, consistente en la copia certificada del oficio 5020/1533, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 56), que constituye el acto reclamado en el presente juicio, de cuyo contenido se advierte que dicho documento fue emitido por el Director Administrativo de Servicios de Salud de Zacatecas, de ahí que no pueda atribuírseles el acto reclamado a las autoridades citadas en el párrafo precedente. Amén que de autos no se advierte que las autoridades en comento hayan intervenido en su carácter de ejecutoras; máxime que de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a la parte quejosa desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las responsables, debiendo acreditar su existencia y la inconstitucionalidad de los mismos; lo cual en el caso en concreto no aconteció. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis VI.2o.A.4 K, con registro 187728, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, respecto de los actos y las autoridades precisadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la terminación de la comisión laboral a la UNEME SORID, y la orden de presentación al lugar de adscripción CEPAVIF Zacatecas, contenida en el oficio 5020/1533, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dirigido a la quejosa Angélica Álvarez Vega, en su carácter de Psicóloga Clínica de los Servicios de Salud de Zacatecas; y su ejecución, que se le atribuye al Director Administrativo de Servicios de Salud de Zacatecas, pues así lo aceptó en la parte conducente de su informe justificado (fojas 36 a 40). Apoya esa conclusión la tesis de jurisprudencia, con registro 394261, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Existencia que se corrobora con la constancia consistente en la copia certificada del oficio 5020/1533, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 56), con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte la terminación de la comisión laboral a la UNEME SORID, y la orden de presentación al lugar de adscripción CEPAVIF Zacatecas, dirigida a la quejosa Angélica Álvarez Vega, en su carácter de Psicóloga Clínica de los Servicios de Salud de Zacatecas, y por ende, dicha constancia resulta apta para demostrar la existencia del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En esa guisa, quien ahora resuelve estima que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". Ahora bien, la interpretación sistemática de los citados preceptos permite concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualicen causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo; asimismo, que esta garantía jurisdiccional tiene por objeto resolver, entre otras cosas, la violación de los derechos humanos de las personas cuando son vulnerados por autoridades, entendiendo por autoridad con independencia de su naturaleza formal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso concreto la quejosa reclama en esencia la terminación de su comisión laboral a la UNEME SORID, y la orden de presentación al lugar de adscripción CEPAVIF Zacatecas. Al respecto se estima que el acto reclamado deriva de una relación laboral en plano de coordinación y de ahí que el Director Administrativo de Servicios de Salud de Zacatecas, no pueda ser considerado como autoridad responsable. En efecto, de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", se pueden extraer que las notas que distinguen a la autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, como referencia puede señalarse que en la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, se añadió el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5, en el cual se estableció que también los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable siempre que realicen: a) actos equivalentes a los de autoridad; b) que afecten derechos humanos; y, c) cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, es evidente que al emitir el acto reclamado, el Director Administrativo de Servicios de Salud de Zacatecas no actuó en una situación de supra a subordinación con respecto a la quejosa, sino que fue en un plano de coordinación como superior jerárquico laboral de la aquí disidente, y en esa guisa, estaba en posibilidad de realizar la terminación de la comisión laboral a la UNEME SORID, y la consecuente orden de presentación al lugar de adscripción CEPAVIF Zacatecas. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una actuación unilateral de índole patronal proveniente de la relación de coordinación con la quejosa, sin involucrar una potestad pública administrativa que pueda modificar o extinguir por sí o ante sí aquélla, siendo una cuestión independiente y de fondo, determinar si fue correcta la determinación ahí contenida. Es aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia con registro 2011343, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, con el rubro y contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Por lo anterior se concluye que un funcionario de un ente público cuando actúa como patrón no puede ser considerado como autoridad toda vez que su actuación si bien es unilateral la misma es de índole patronal proveniente de la relación de coordinación con el servidor público, la cual no involucra una potestad pública administrativa que pueda modificar o extinguir por sí o ante sí aquélla, aspecto que es propio de las relaciones de supra a subordinación. En este orden de ideas, en virtud de que en autos quedó comprobada que la relación existente entre la quejosa y el Director Administrativo de Servicios de Salud de Zacatecas, es de naturaleza de coordinación y no de supra a subordinación; por tanto, se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I; y, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado, al emanar del acto emitido por la ordenadora, y no reclamarse por vicios propios. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas, tendentes a demostrar la violación de derechos humanos aducida. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Angélica Álvarez Vega, respecto de los actos y las autoridades precisadas en los considerandos tercero y último del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario de juzgado, licenciado Jesús Romero Hernández, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 2517 Y 2518. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan las promociones de cuenta signadas por el subdirector de Recursos Humanos y director administrativo, ambos de los Servicios de Salud del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante las cuales en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de los actuales, remiten copia certificada del oficio 5020/1533, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de las autoridades citadas, la documental que adjuntan a sus promociones que se provee, misma que dada su propia y especial naturaleza se tiene desahogada sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.

  4. Principal

    El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 2174 y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Por otra parte, de autos se advierte que mediante proveído de veintiuno de enero del año en curso (fojas 16 a 19), se tuvieron rendidas las pruebas que anexó la parte quejosa en su escrito de demanda, ahora, de dichas constancias, específicamente del anexo cuatro, que contiene el oficio 5020/1533 (foja 15), se desprende que lo suscribe el director administrativo de los Servicios de Salud del estado de Zacatecas, sin embargo el anexo de referencia obra en copia simple. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, toda vez que este Órgano Jurisdiccional puede recabar oficiosamente las pruebas que considera necesarias para resolver el presente juicio de amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase al director administrativo de los Servicios de Salud del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal federal copia certificada del oficio 5020/1533. Bajo apercibimiento que de hacer caso omiso al presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Finalmente, de autos se desprende que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del día de la fecha, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, por tanto, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la referida audiencia, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.

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