Angélica Hernández Hernández
Expediente 734/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Angélica Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo y anexos promovida por Angélica Hernández Hernández, Freddy Vargas Torres y Juan Salvador Ramírez Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 734/2022-III-ssv fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, se explica. En efecto, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. De la demanda se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. - Lo es la multa impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los suscritos mediante acuerdo de fecha 02 de junio de 2022, dentro del Expediente de Ejecución de cumplimiento de Sentencia número TCA/SS/056/2015." Asimismo, conviene precisar que los promoventes del amparo, bajo protesta de decir verdad, refieren en su capítulo de antecedentes en la parte que interesa, lo siguiente: "1. Que el C. EPIFANIO ÁLVAREZ LÓPEZ, demandó del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, nulidad del acto consistente en la supuesta baja como policía preventivo ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Zihuatanejo, Guerrero (otra Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo), misma a la que se le asignó el número TCA/SRZ/205/2012. 2. Que una vez desahogada la secuela procesal, se declaró la nulidad del acto impugnado y se condenó al pago de diversas prestaciones. 3. Una vez emitida la sentencia, el expediente fue remitido a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa para que dicha autoridad lleve a cabo el cumplimiento y ejecución de la ejecutoria antes citada, asignándole como número de expediente el TCA/SS/0056/2015. 4. Es el caso de que con fecha 02 de junio de 2022 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dicto un acuerdo dentro del expediente de número TJA/SS/056/2015 derivado del expediente de origen TCA/SRZ/205/2012". Lo anterior, pone de manifiesto que de manera categórica los quejosos Angélica Hernández Hernández, Freddy Vargas Torres y Juan Salvador Ramírez Sánchez, por su propio derecho, en su carácter de autoridades del Ayuntamiento Municipal de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, reclaman la multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA), a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 m.n.), equivalente a la cantidad de $9,622.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.), emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, sin que se hubiera señalado como autoridad responsable ejecutora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, de ahí que se arribe a la firme convicción que el acto reclamado tiene ejecución material en Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a uno de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que, cuya ejecución según lo manifestado por la parte quejosa se ejecutará en Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, lugar donde se encuentran radicados a fin de llevar a cabo su encomienda como autoridades del Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero; en consecuencia, se determina que este Juzgado federal es incompetente legalmente para conocer del presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado del cual deriva la multa decretada por un tribunal administrativo, se efectuará de forma material en el municipio antes referido, donde tienen su residencia los impetrantes del amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todos sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Acapulco, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia se está tratando de ejecutar materialmente el acto reclamado, por lo que, previo al cuaderno de antecedentes que se deje del mismo, remítase el presente expediente 734/2022, a la oficialía de partes común de dichos juzgados, y solicítese al titular del juzgado que por razón de turno conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal, por no haber señalado en esta ciudad, y como su autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Manuel Benítez Salinas, Armando Martínez Ayala, Norma Paulina Tapia Gutiérrez, Daniel Aguilar García, Jennifer Gatica Jiménez y Frida Pineda Salmerón, por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a César Uriel Tapia Gutiérrez, Adrián Mosso Vallejón, Crysthian Donaldo Cantú, Magly Lorenzo Ramírez y Jorge Antonio Pérez, por no contar con el anterior requisito. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice la referida quejosa, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley
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