Angélica Luna Bonilla

Expediente 658/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
658/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Angélica Luna Bonilla
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza. Huamuxtitlán, Guerrero.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que el auto de veintitrés de octubre del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo promovida por Angélica Luna Bonilla, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, con sede en Huamuxtitlán, Guerrero, ha causado estado. Hágase la anotación que corresponde en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO; ello, una vez transcurridos tres años de haberse dictado el presente acuerdo. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multi mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la Secretaria licenciada Yuvidalia Pineda Torres, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes, asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante, ello con fundamento en el Acuerdo General 13/2020, reformado por los similares 18/2020, 21/2020 y 25/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, con sede en Huamuxtitlán, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 658/2020-III, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, el auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente ********************, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, residente en Huamuxtitlán, Guerrero; auto mediante el cual s pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, en el que ordenó no admitir las pruebas enumeradas del 2 al 5, de su escrito de ofrecimiento de la aquí quejosa, consistentes en: 2. la documental privada consistente en el recibo firmado por ********************, por la cantidad de $ 32,800.00 (treinta y dos mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional; de fecha dos de agosto de dos mil catorce; 3. la documental privada consistente en el recibo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, firmado por el licenciado ******************** por la cantidad de $ 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de abono de la deuda que tenía la aquí quejosa con el señor ********************; 4. el reconocimiento de contenido y firma por el señor ********************; y 5. el reconocimiento de contenido y firma por el licenciado ********************. Al respecto, se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido, 170, fracción I y 172, fracción III; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (...) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;." Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se comenta en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte la defensa del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, se tiene que los actos que reclama la impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fueron dictados dentro de un juicio, estos no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito indispensable que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que el acto reclamado consiste en el auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, emitido en el expediente ********************, relativo al juicio ejecutivo mercantil, en el que el juez primario desechó diversas pruebas ofrecidas por la aquí quejosa ********************, ello, se traduce en su caso, en una violación a las leyes del procedimiento; acto que no se puede considerar dentro de aquéllos que son susceptibles de acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal evento, puede, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener la parte quejosa una sentencia favorable a sus intereses. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo de la parte impetrante del amparo, y en caso de que dicha violación procesal trascienda al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la referida sentencia por encontrarse expresamente prevista en la fracción III, del artículo 172 en relación con el 170, fracción I, de la Ley de la Materia. Lo anterior se sostiene debido a que los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de las garantías individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aun en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio; circunstancia que no acontece en el caso que se analiza. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De ahí que, se considere que el reclamo no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional sin esperar que se promueva el amparo directo contra la sentencia que se decida sobre el fondo del juicio natural, pues precisamente, de resultar contrario a sus intereses dicha resolución dictada, la solicitante del amparo estaría en aptitud de combatirla mediante el juicio de garantías uninstancial. Es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Lo que es así, pues el hecho que no se hayan admitido las pruebas ofrecidas por la aquí impetrante del amparo, y cuya pretensión con la presentación de la demanda de amparo indirecto, en contra del acto que atribuye al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, es conseguir la admisión de aquellas, de llegar a trascender en el resultado del juicio de primera instancia, tal circunstancia puede ser alegada como concepto de violación en el amparo directo, sin que sea factible la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales no de las cuestiones procedimentales o adjetivas surgidas en la contienda. Lo anterior encuentra plena explicación en la Tesis: P./J. 6/94, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, Materia(s): Común, Época: Octava Época, Página: 13, con Registro: 205484, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con la fracción V, de los artículos 170 fracción I (aplicado en contrario sentido), y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************(hotel Muñiz), de esta ciudad, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones a ********************, por no contar con el requisito antes indicado. Sin que por el momento haya lugar a tenerle señalado el correo electrónico y números de teléfono que refiere, toda vez que no indica cuál es la finalidad de su designación. Por tanto, se previene a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifieste para qué efecto señala el correo electrónico y números telefónicos en comento, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, no se acordará lo conducente, hasta en tanto desahogue dicha prevención. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice el referido quejoso, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Secretario José Antonio Valente Ramírez, que autoriza y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes, asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante, ello con fundamento en el Acuerdo General 13/2020, reformado por los similares 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

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