Angélica Acevedo Moyao

Expediente 453/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
453/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Angélica Acevedo Moyao

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veinte de septiembre del año en curso, a efecto de que ésta manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en la sentencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1) A la brevedad posible, esto es, dentro de los plazos establecidos en el artículo 91, Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero (tres días), con libertad de jurisdicción emita el acuerdo que corresponde al escrito de promoción presentado por la parte actora -aquí quejosa- el once de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente natural ********************." Así, previo requerimiento de cumplimiento, la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante oficio 10376/2023, de dieciocho de septiembre del presente año, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, en la misma fecha, remitió copia certificada de las constancias con las que refirió cumplir el fallo protector. Con el oficio y anexos descritos en el párrafo anterior, mediante proveído veinte de septiembre de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que de ser su intención dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo procedente. Tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa de forma personal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintiuno de septiembre del presente año, como se advierte de la constancia respectiva que obra agregada en autos, sin que ésta hubiera hecho manifestación alguna respecto del cumplimiento informado por dicha autoridad responsable. Por lo anterior, y al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Ahora, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario atender a los efectos para los que se concedió la protección constitucional, mismos que han quedado transcritos con antelación. De ahí que, la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 10376/2023, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el dieciocho de septiembre del presente año, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en autos, remitiendo copia certificada del acuerdo de esa misma fecha, emitido dentro del expediente laboral ********************; documental a la cual se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitida por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Así, de la constancia descrita en el párrafo anterior, se advierte que la autoridad responsable en dieciocho de septiembre del presente año, tuvo recibido el escrito presentado por la parte actora aquí quejosa ante ese Tribunal laboral, el once de enero de la presente anualidad, y emitió el acuerdo respectivo en relación a lo solicitado por la parte obrera -aquí quejosa-. En ese tenor, a consideración de este Juzgado, la autoridad responsable se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa corriéndole traslado con copia autorizada del oficio de cuenta y sus anexos, para que de ser su intención dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado, se pronunciará respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: escrito inicial de demanda y auto que admitió a trámite la misma; notificaciones realizadas a las partes procesales; informe justificado rendido por la autoridad responsable y auto en que se tuvo recibido, así como oficio en el que la Síndica Procuradora y representante legal del tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Olinalá, Guerrero, informó que fue recibido en esa institución el oficio mediante el cual este Juzgado ordenó el emplazamiento a juicio de dicho tercero interesado. EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales que fueron exhibidas por la parte quejosa anexas a su escrito inicial de demanda; con las constancias que remitió la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado; asimismo, hace constar que ninguna otra parte procesal ofreció medio de convicción que deba ser relacionado en este período. EL JUEZ ACUERDA: En términos del arábigo 119 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de prueba antes referidos, mismos que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de que sean tomados en consideración al resolver el presente juicio; asimismo, se tiene perdido el derecho de las demás partes procesales para ofrecer pruebas con posterioridad; en consecuencia, se cierra el período. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS: La Secretaria hace constar que ninguna otra parte procesal hizo uso de ese derecho. EL JUEZ ACUERDA: Se declara precluído el derecho de las demás partes para formularlos, por lo que, no habiendo más que agregar, se cierra la presente etapa. Al no existir diligencias pendientes que desahogar, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose a dictar la siguiente sentencia. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 453/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal César Alonso Navor; contra actos de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado en esa misma fecha, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ********************, por conducto de su apoderado legal César Alonso Navor, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PROMOCIÓN DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2023, DENTRO DEL JUICIO LABORAL NÚMERO ********************, MISMA QUE SE DEBE ACORDAR DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, COMO TODAS LAS DETERMINACIONES QUE DICTE ESA AUTORIDAD JURISDICCIONAL", toda vez que con esta omisión el juicio natural, está TOTALMENTE PARALIZADO, así mismo existe una ABIERTA DILACIÓN PROCESAL en acordar dicha promoción, y con ello la responsable viola a la quejosa las Garantías Constitucionales de LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA Y SU DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, que se consagran en los preceptos 14, 16 y 17 respectivamente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, solicitamos a su señoría ordene a la responsable, ajuste conforme a derecho sus actos procesales, es decir, se apegue a dictar sus acuerdos conforme a la Ley de la Materia; ya que la responsable omite acordar inmediatamente mi promoción antes citada, en flagrante violación del artículos 91 de la Ley 51 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO; paralizando completamente el procedimiento dentro del Juicio Natural." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de trece de abril de dos mil veintitrés, se radicó la demanda como juicio de amparo indirecto 453/2023, y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se inició en términos de la ley y concluye en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura íntegra a la demanda de amparo y constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que de manera categórica el quejoso se duele de: * La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en acordar el escrito de promoción presentado en la oficialía de dicho órgano obrero el once de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Gurrero, con sede en esta ciudad, mismo que ha quedado precisado en el segundo considerando de esta sentencia, pues así lo manifestó expresamente al rendir el informe justificado, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, visible a página 231, que dice textualmente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con la constancia que remitió la autoridad responsable a su informe justificado, a las que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Procedencia del Juicio. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Sirve de sustento la Jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, segunda parte, página 553, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Conceptos de violación y estudio. Se procede a estudiar los argumentos de disenso contenidos en la demanda de amparo, los que no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción y tampoco se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis identificada con la nomenclatura 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Precisado lo anterior, es de señalar que la parte quejosa aduce en síntesis, en su único concepto de violación lo siguiente: Que el tribunal obrero transgrede sus derechos jurídicos establecidos, principalmente el de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, al no emitir acuerdo sobre el escrito presentado en la oficialía de dicho órgano obrero el once de enero de dos mil veintitrés, paralizando totalmente el procedimiento en el juicio de origen. Por lo anterior, a consideración de esta potestad, resulta fundado el concepto de violación vertido por la parte quejosa, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del artículo transcrito se advierte, que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; por ello, el Estado creó tribunales para evitar la autotutela, los cuales tienen la obligación de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, dictar resoluciones de manera pronta, expedita e imparcial, sin que su servicio requiera retribución alguna, a fin de garantizar al gobernado el acceso efectivo a la justicia, consistente en la posibilidad de ser parte en algún proceso e instar la función jurisdiccional, para luego cumplirse con sus fases procesales y obtener una decisión en la cual se resuelva sobre las pretensiones reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 56 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, de la literalidad siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL". El citado derecho fundamental de acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, ha sido explicado y definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Consecuentemente, la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues el precepto constitucional en comento, señala que la prontitud comprende, tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia 33, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, citada anteriormente. En ese contexto, es necesario señalar que, el numeral 91 de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece que todos los términos serán de tres días, el cual es de la siguiente literalidad: "Artículo 91. Todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos que a juicio del Tribunal deba autorizarse plazo mayor; correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento." Entonces, si de las constancias de autos no se advierte se haya acordado el escrito presentado ante la autoridad responsable el once de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral de origen, cuestión que hasta la fecha de la presente resolución no ha realizado, dejando a un lado lo establecido en el artículo 91, de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, pues ha rebasado con demasía el término general que señala de tres días y sin que exista constancia que se haya autorizado un plazo mayor para acordar dicho escrito; debe decirse que con tal omisión por parte del Tribunal responsable, evidentemente se traduce en una transgresión de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que engloba el artículo 17 Constitucional, en perjuicio de la parte quejosa. En ese orden, de conformidad con lo expuesto y fundado, LO PROCEDENTE ES CONCEDER A LA PARTE QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL para los efectos que se precisan en el considerando siguiente: SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: A la brevedad posible, esto es, dentro de los plazos establecidos en el artículo 91, Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero (tres días), con libertad de jurisdicción emita el acuerdo que corresponde al escrito de promoción presentado por la parte actora -aquí quejosa- el once de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente natural ********************. Cabe apuntar, que este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar las subsecuentes condiciones de retardo u omisión que se originen dentro expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando de esta sentencia. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de trece de abril de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el catorce siguiente, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, contra el acto que ha quedado especificado en el segundo considerando de esta sentencia, y que reclamó de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en términos de lo razonado en el considerando quinto, y para los efectos señalados en el sexto considerativo de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando del presente fallo.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Síndica Procuradora Municipal del Ayuntamiento Municipal de ********************, Guerrero, mediante el cual informa que esa municipalidad recibió el oficio 10289/2023, el cuatro de mayo del presente año; por tanto, se tiene al citado ayuntamiento dando cumplimiento al requerimiento ordenado en autos y debidamente emplazado al presente juicio, para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano