Angélica Hernández Ávila y Otros.
Expediente 587/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Angélica Hernández Ávila y Otros.
- Angélica Hernández Ávila
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por Angélica Hernández Ávila, por derecho propio, y quien se ostenta como representante del menor de iniciales R.A.H.A.; fórmese el expediente relativo con el número 587/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO De un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama fundamentalmente: -La determinación de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, emitida en la continuación de audiencia de juicio, dentro de la causa penal 123/2023, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec de Morelos, estado de México, en la que al fiscal a cargo de dicha causa, así como al asesor jurídico, se les tuvo por desistidos de diversos medios de prueba, consistentes en tres documentales y la testimonial a cargo de la aquí quejosa Angélica Hernández Ávila. DESECHAMIENTO (...) Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
"...Con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo vigente procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la quejosa Angélica Hernández..., el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, misma PUBLICACIÓN que aparecerá en la lista que se coloca en los estrados del juzgado de mi adscripción el día hábil siguiente al de la fecha en que se levanta la presente, y que se fija a las nueve horas del veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Doy fe. SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por Angélica Hernández Ávila, por derecho propio, y quien se ostenta como representante del menor de iniciales R.A.H.A.; fórmese el expediente relativo con el número 587/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO De un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama fundamentalmente: -La determinación de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, emitida en la continuación de audiencia de juicio, dentro de la causa penal 123/2023, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec de Morelos, estado de México, en la que al fiscal a cargo de dicha causa, así como al asesor jurídico, se les tuvo por desistidos de diversos medios de prueba, consistentes en tres documentales y la testimonial a cargo de la aquí quejosa Angélica Hernández.... DESECHAMIENTO Por tanto, respecto al acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Lo anterior, debido a que, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b)1 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Se afirma lo anterior, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicha determinación sólo implica infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, esto es, el acto reclamado no genera afectación a derechos sustantivos del quejoso, sino únicamente de carácter adjetivo. 1 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ." 2Lo anterior, atendiendo a que las pruebas que pretendía desahogar en la causa de origen fueron inadmitidas o excluidas como parte del haber probatorio dentro de un plano puramente procedimental sujeto a una condición suspensiva consistente en la valoración en el juicio oral, que es lo que en su caso, generaría una trascendencia en la esfera jurídica, pero del imputado y no de los demás sujetos procesales -víctima, ofendido, ente acusador-; pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que es un acto de índole adjetiva -intraprocesal-, que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba); de ahí que se considera que no es susceptible de cuestionarse a través de amparo indirecto, ya que si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo. Lo anterior, pues existe criterio jurisprudencial que resulta aplicable al presente caso por mayoría de razón, en el que el Máximo Tribunal del País concluyó que es posible comprender que por regla general, la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre este aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica pero DEL IMPUTADO, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. En ese sentido, la exclusión de medios de prueba, forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica DEL IMPUTADO, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. En ese tenor, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, en el caso concreto, no se deprende que al excluirse los medios de prueba ofertados para robustecer la acusación del fiscal, se transgredan derechos humanos en detrimento de alguna prerrogativa de carácter sustantivo, derivado de que tanto el fiscal, así como el asesor jurídico, en la etapa de la continuación de juicio oral se desistieron de aquellos. En efecto, estimar lo contrario, sería permitir el uso desmedido del juicio de amparo, es decir, que ante los actos tendentes a evitar continuar con el desahogo de los demás medios probatorios, implicaría una trasgresión a los derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), registro 2023906, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 256, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Diciembre de 2021, Undécima Época, página 1319, de texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." De igual forma, la tesis II.2o.P.10 P (10a.), registro 2000637, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." Así como la tesis aislada II.2o.P.9 P (10a.), registro 2000673, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 24/92, emita por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11, octava época, de rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." De modo que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente. No se inadvierte que la parte quejosa aduce que acude por sí y en representación del impúber, sin que al efecto haya anexado documental con la que acredite su representación; y tampoco se inadvierte que en los conceptos de violación la impetrante hace mención respecto a que la exclusión de los medios de prueba se debe a la falta de notificación a la continuación de audiencia; sin embargo, se estima que resulta innecesario formular el requerimiento respectivo, ya que sería infructuoso, toda vez que a la misma conclusión se arribaría. Por lo anterior, se concluye que al haberse determinado que el presente juicio de amparo es improcedente, se desecha de plano la demanda en estudio, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión con anterioridad, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos únicamente de carácter personal el señalado en su escrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de la presente determinación, éste notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Con relación a los correos electrónicos que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional..."
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