Angelica Carreño Mijares
Expediente 753/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Angelica Carreño Mijares
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, primero de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese la razón suscrita por el actuario de la adscripción en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa, el auto de catorce de los actuales, por los motivos que ahí expone; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de la lista que se fija en los estrados del Juzgado dicho proveído y las subsecuentes aun las de carácter personal; hasta en tanto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este juzgado (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de mayo de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por Angélica Carreño Mijares, regístrese bajo el número 753/2018-IV-B. ACTO RECLAMADO La parte quejosa señala como acto reclamado el auto de ocho de marzo del actual, dictado en el expediente 638/2017, donde se le apercibió con imponerle una multa. DESECHAMIENTO Es menester resaltar que respecto de la determinación reclamada, esto es el apercibimiento decretado en el acuerdo de ocho de marzo del presente año, consistente en la imposición de una multa de quince días de salario base, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación a los dispositivos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El primer precepto transcrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses jurídicos o legítimos del peticionario de garantías; y, los restantes disponen que sólo podrá promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, siendo que tendrá la calidad de quejoso, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos previstos en el numeral 1º de la Ley de la Materia, esto es, que produzca un afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en el caso, el apercibimiento decretado en el auto reclamado, no tiene carácter de definitivo, atento a que su realización está condicionada a dos eventos, a saber: que se incumpla con lo ordenado en tal acuerdo, y que con apoyo en ello, el Tribunal del conocimiento haga efectiva la medida de apremio; sin embargo, esa circunstancia podría no acontecer, de tal suerte que pudiera cumplimentarse el acuerdo combatido en sus términos y que por ello la autoridad responsable no tendría razón alguna para hacer efectivo el apercibimiento. En este orden de ideas, se concluye que por esta razón la sola emisión del apercibimiento aludido no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, dado que su materialización es un acto futuro e incierto. Tal consideración radica en que por actos futuros e inciertos, deben entenderse aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones; lo que en la especie se configura, pues su realización no es segura, por depender de la conducta que la demandada (ahora quejosa) asuma en relación con ese mandato judicial y de las medidas que la responsable pudiera adoptar al respecto. De lo expuesto, se advierte que el acuerdo que se reclama fue dictado en un procedimiento jurisdiccional; también, que el apercibimiento decretado para el caso de que el Ayuntamiento demandado, incumpla a lo ordenado por el Tribunal responsable en el propio acto reclamado, se le impondrá una multa de quince días de salario base, por su sola emisión no incide en la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, ni le ocasiona una afectación inmediata y directa a sus intereses jurídicos. Resulta aplicable, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2321, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 26, tomo III, enero de dos mil dieciséis, décima época, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." También, sirve de apoyo a lo anterior y en lo conducente, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo 66 Tercera Parte, en Materia Administrativa, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto establece: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." De igual forma sustenta lo expuesto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1304, del Tomo LI, en materia común, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación a los dispositivos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda y le notifique el presente proveído, corriéndole traslado con copia simple del mismo. Asimismo, se tiene como autorizado a la persona que indica en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de mayo de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por Angélica Carreño Mijares, regístrese bajo el número 753/2018-IV-B. ACTO RECLAMADO La parte quejosa señala como acto reclamado el auto de ocho de marzo del actual, dictado en el expediente 638/2017, donde se le apercibió con imponerle una multa. DESECHAMIENTO Es menester resaltar que respecto de la determinación reclamada, esto es el apercibimiento decretado en el acuerdo de ocho de marzo del presente año, consistente en la imposición de una multa de quince días de salario base, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación a los dispositivos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El primer precepto transcrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses jurídicos o legítimos del peticionario de garantías; y, los restantes disponen que sólo podrá promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, siendo que tendrá la calidad de quejoso, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos previstos en el numeral 1º de la Ley de la Materia, esto es, que produzca un afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en el caso, el apercibimiento decretado en el auto reclamado, no tiene carácter de definitivo, atento a que su realización está condicionada a dos eventos, a saber: que se incumpla con lo ordenado en tal acuerdo, y que con apoyo en ello, el Tribunal del conocimiento haga efectiva la medida de apremio; sin embargo, esa circunstancia podría no acontecer, de tal suerte que pudiera cumplimentarse el acuerdo combatido en sus términos y que por ello la autoridad responsable no tendría razón alguna para hacer efectivo el apercibimiento. En este orden de ideas, se concluye que por esta razón la sola emisión del apercibimiento aludido no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, dado que su materialización es un acto futuro e incierto. Tal consideración radica en que por actos futuros e inciertos, deben entenderse aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones; lo que en la especie se configura, pues su realización no es segura, por depender de la conducta que la demandada (ahora quejosa) asuma en relación con ese mandato judicial y de las medidas que la responsable pudiera adoptar al respecto. De lo expuesto, se advierte que el acuerdo que se reclama fue dictado en un procedimiento jurisdiccional; también, que el apercibimiento decretado para el caso de que el Ayuntamiento demandado, incumpla a lo ordenado por el Tribunal responsable en el propio acto reclamado, se le impondrá una multa de quince días de salario base, por su sola emisión no incide en la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, ni le ocasiona una afectación inmediata y directa a sus intereses jurídicos. Resulta aplicable, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2321, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 26, tomo III, enero de dos mil dieciséis, décima época, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." También, sirve de apoyo a lo anterior y en lo conducente, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo 66 Tercera Parte, en Materia Administrativa, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto establece: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." De igual forma sustenta lo expuesto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1304, del Tomo LI, en materia común, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación a los dispositivos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda y le notifique el presente proveído, corriéndole traslado con copia simple del mismo. Asimismo, se tiene como autorizado a la persona que indica en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. El Secretario Greka.
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