Angélica Martínez Martínez

Expediente 876/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
876/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Angélica Martínez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio de amparo. Por último, devuélvanse a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco las constancias relativas al expediente laboral J.5/527/2009, remitido a este juicio en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 876/2021-VI; R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, recibido el seis de septiembre siguiente en este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de su apoderada ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por los actos que se indicarán más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Previo desahogo de la prevención formulada, mediante auto de veinte de septiembre de la anualidad en curso, este Juzgado de Distrito, por un lado, desechó parcialmente el ocurso constitucional y, por otro, admitió a trámite la demanda de amparo que registró con el número 876/2021-VI; además, dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, verificó oportunamente el emplazamiento de la parte tercera interesada y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman un acto declarativo carente de ejecución, supuesto en el cual es competente el Juez de Distrito ante el cual se presenta la demanda. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: a) La notificación que le fue practicada por medio de boletín judicial de la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco. b) La resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral de origen, a través de la cual se declara la prescripción de la acción para ejecutar el laudo y se ordena el archivo del expediente referido. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le reprochan, razón por la que se tiene acreditada su existencia. La certeza de los actos combatidos se corrobora además con las constancias remitidas por la responsable en comento, consistentes en copias certificadas del juicio natural; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causas de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Con relación al acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta determinación, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Del numeral invocado, se desprende la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Por su parte, el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, prevé el incidente de nulidad de notificaciones, el cual es el medio ordinario de defensa con el que cuentan las partes en un juicio laboral para impugnar una notificación, ya que mediante él, la Junta puede analizar el cumplimiento de las formalidades previstas en la citada legislación respecto de la notificación impugnada, lo que incluye tanto la forma en que se ordenó la práctica de esa comunicación procesal, como la manera en que el actuario desarrolló la diligencia correspondiente y, en caso de verificarse que no se cumplen con dichas formalidades, en términos del diverso numeral 752, pueden ser nulificadas las notificaciones practicadas. En ese sentido, el incidente de nulidad de notificaciones es el medio de defensa ordinario idóneo para combatir las irregularidades presentadas en la práctica de una notificación ordenada en un juicio laboral. Ilustra lo anterior, la tesis XVI.1o.T.58 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE PARA IMPUGNAR TANTO LOS VICIOS DE LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, COMO AQUELLOS EN LOS QUE PUDO INCURRIR LA AUTORIDAD LABORAL AL ORDENAR SU PRÁCTICA. El incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, es el medio ordinario de defensa con el que cuentan las partes en un juicio laboral para impugnar una notificación, ya que mediante él, la Junta puede analizar el cumplimiento de las formalidades previstas en la citada legislación respecto de la notificación impugnada, lo que incluye tanto la forma en que se ordenó la práctica de esa comunicación procesal, como la manera en que el actuario desarrolló la diligencia correspondiente, pues los artículos 739 a 751 señalan los términos en que deben practicarse las notificaciones, y las obligaciones a cargo de quienes materialmente realizan las diligencias, así como de las Juntas que las ordenan, en tanto que el diverso numeral 752 precisa que serán nulas las notificaciones que no se practiquen conforme a los preceptos referidos, lo que implica que la materia de estudio en el incidente de nulidad no sólo incluye los vicios de la diligencia de notificación, sino también aquellos en los que pudo incurrir la autoridad laboral al ordenar su práctica." En el caso, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado se desprende que en auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ********************, se tuvo a la aquí quejosa promoviendo incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación que se le practicó por boletín de la determinación de tres de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en expediente de origen, del cual se aprecia que el mencionado incidente de nulidad de notificaciones se encuentra en trámite, pues están señaladas las trece horas del diez de enero de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia incidental de nulidad de notificación. Consecuentemente, si contra la notificación que se le practicó por boletín de la determinación de tres de mayo de dos mil veintiuno, se encuentra en trámite un medio de defensa (incidente de nulidad) promovido por la aquí quejosa, el cual resulta ser el idóneo para que sea declarada su nulidad, lo que hace posible se restituya a la peticionaria de amparo en el derecho que aduce vulnerado, debe estimarse que en el caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 29, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". Criterio aplicable en tanto que no se opone a la presente ley, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de la Materia. Sentado lo anterior, es posible concluir que es improcedente la demanda de amparo promovida por lo que hace a dicho acto reclamado. Ahora, en cuanto al acto reclamado identificado con el inciso b) del punto considerativo segundo de esta resolución, quien esto juzga advierte oficiosamente que en el caso opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo referido establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de ahí se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral de origen, por el Presidente de la Junta responsable, a través de la cual se declara la prescripción de la acción para ejecutar el laudo y se ordena el archivo del expediente. En ese tenor, la parte quejosa debió promover recurso de revisión, según lo dispuesto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado. En efecto, del numeral en cita se obtiene que procede el recurso de revisión contra las determinaciones dictadas por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo; esto es, el aludido precepto legal establece un medio de defensa ordinario en virtud del cual puede ser revocada la determinación emitida por un Presidente en la etapa de ejecución del laudo. En ese sentido, si contra el acuerdo reclamado dictado en el juicio laboral de origen, resulta procedente el recurso de revisión, puesto que fue emitido por el Presidente de la Junta responsable en la etapa de ejecución del laudo, es evidente que en términos de lo establecido en el artículo en comento, para lograr que fuera revocada tal determinación, la quejosa debió interponer el medio de defensa aludido y, al no hacerlo así, no se ve colmado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J. 95/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Además, en este caso no se configura ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el numeral 61, fracción XVIII, de la normatividad de la materia. En consecuencia, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado las causas de improcedencia en estudio debe decretarse el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Por tanto, virtud del sobreseimiento decretado no es posible examinar los conceptos de violación planteados ni las tesis invocadas por la parte quejosa, como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos y fundamentos expresados en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio proveniente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle, Cuautitlán Texcoco, por el cual informa que dentro del expediente J.5/527/2009, se señalaron las trece horas del diez de enero de dos mil veintidós, para que tenga lugar la celebración de la audiencia incidental de nulidad de notificaciones; de lo que se toma conocimiento. De conformidad con el numeral 119, de La ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable, la documental que adjunta al oficio que se provee, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ella en la audiencia de ley. Por último, con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, dese cuenta a las partes con dicha constancia para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese..."

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que la parte quejosa combate en este juicio de amparo, la determinación de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral J.5/527/2009, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con sede en Ecatepec de Morelos Estado de México, así como la notificación que por boletín se le hiciera de dicha resolución. En ese tenor, de la revisión efectuada a las constancias que en apoyo a su informe justificado remitió la autoridad responsable se desprende que en auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de origen, se tuvo a la aquí quejosa promoviendo incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación que se le practicó por boletín de la determinación de tres de mayo de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con sede en Ecatepec de Morelos Estado de México, para que en el término de tres días, legalmente computado, informe el estado que guarda el incidente de nulidad de notificaciones en comento y, en caso de haberse resuelto, remita copia certificada y legible de la determinación que le haya recaído. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido o no señalar la imposibilidad que tenga para ello, se hará acreedora a una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. A fin de dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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