Angel Valentin Martinez Mendoza
Expediente 490/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Angel Valentin Martinez Mendoza
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que en acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, se requirió al Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, a fin de que informara si el menor quejoso fue inoculado con la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el virus SARS-CoV-2, a fin de constatar si se llevó a cabo su esquema completo de vacunación, pues en el oficio recibido en tal proveído solo informó de la aplicación de la segunda dosis; sin que a la fecha haya dado cumplimiento a tal requerimiento. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento, por remisión de su arábigo 2o., párrafo segundo, se requiere nuevamente al Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato y a la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se les notifique el presente acuerdo, informen si el menor quejoso de iniciales *****, fue inoculado con la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el virus SARS-CoV-2, a fin de verificar si se LLEVÓ A CABO SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACION, para lo cual deberá remitir las constancias completas que así lo acrediten, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para ello, toda vez que resultan necesarias para la resolución del juicio de amparo en que se actúa. En el entendido, de que las mismas podrán ser remitidas a este Juzgado vía digital por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, en caso de no ser posible a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remitan de manera física; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. Para tal efecto, subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en el auto por el que se decretó la suspensión de plano, en caso de no hacerlo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia P./J.17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Sin perjuicio de lo anterior, se requiere a la representante del menor quejoso en cita para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, informe si al menor en comento se le aplicó la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el virus SARS-CoV-2, a fin de determinar que se haya COMPLETADO EL ESQUEMA DE VACUNACION, para lo cual deberá remitir las constancias que así lo acrediten, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, toda vez que resultan necesarias para la resolución del juicio de amparo en que se actúa, con el apercibimiento que, de no exhibir el referido documento, o bien, hacer manifestación alguna, se considerará que está completo el esquema de vacunación referido, precisamente, porque en autos obra constancia de la aplicación de la segunda vacuna al menor y, bajo esa consideración, se determinará lo procedente. DIFIERE AUDIENCIA Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS para su verificativo; ello, atendiendo a las cargas de trabajo del Juzgado. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
...Notifíquese de manera personal a la parte quejosa...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de ejecución del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región, con sede en Irapuato, Guanajuato, y otras autoridades, que considera violatorios de las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 490/2022; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO".3 Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, este Juzgado Federal advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso numeral 5º, fracción I, del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario; los cuales, literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En concordancia con el anterior artículo, es oportuno mencionar, que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de agravio personal y directo, según se desprende del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" En relación con el principio anotado, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En ese tenor, cabe destacar que el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En esas condiciones, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. En la ejecutoria que originó la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 25/2003, publicada en la página 73, Tomo XVII, Junio de 2003 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Se advierte, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 5º, fracción I, de la ley en cita, exige como condición para que pueda promoverse el juicio. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1740, Tomo XLI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." De igual modo sirve de apoyo, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV- 1, Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto señala: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." En la especie, en el apartado de los antecedentes el quejoso señaló lo siguiente: ".el temor que tengo del traslado en mi contra es real e inminente, así como cierto, en virtud de que como ya lo referí, ya me encuentro sentenciado; ello en razón de que el día 02 dos se (sic) marzo de 2022, fueron trasladados alrededor de cuarenta personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en el CEPRESO lrapuato, que es en donde actualmente me encuentro recluido, traslado que se hizo sin mediar una orden respectiva, ya que en el momento que mis compañeros estaban recogiendo sus cosas, escuche que todos se quejaban porque nunca les notificaron que los fueran a trasladar, e incluso los trasladaron al CEFERESO número 5 de Veracruz, sin importar que estuvieran por un delito del fuero común; asimismo los custodios dijeron que continuarían los traslados a CEFERESOS, y uno me dijo que en el próximo traslado había la posibilidad de que me trasladaran a mí, además de que yo he visto que siempre que se hacen los traslados no te notifican, lo que me impediría agotar recursos previstos para evitar mi traslado, y en caso de que se me llegase a trasladar me perjudicaría enormemente." (Lo resaltado es propio) De lo anterior, se advierte que el acto reclamado, de manera medular, consiste en la posibilidad de una orden de traslado del Centro de Prevención Social de Irapuato, Guanajuato, a otro centro de lo cual, de la narrativa realizada en la demanda que se analiza, no se advierte ni de manera indiciaria que se hubiera dictado o que sea inminente -como dice el quejoso-. Sobre esa base, se considera que el promovente combate actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales en realidad no se tiene la certeza de su realización, sin que existan datos que por lo menos hagan presumir que existen principios de ejecución o que se llevará a cabo el traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro de manera inminente. En efecto, se colige que el citado traslado no es un acto de inminente ejecución, pues no se advierte que exista siquiera un indicio cierto de su existencia o inminencia esto, ya que incluso, el propio ocursante refiere que tal acto pudiera llevarse a cabo, de lo cual además se enteró "de oídas", pues refiere que "uno me dijo que en el próximo traslado había la posibilidad de que me trasladaran a mí", es decir, alude a una mera probabilidad. Sin que tampoco revele lo contrario, el hecho de que a otros internos los hayan trasladado, pues ese dato no abona para estimar que reclama actos que le produzcan una afectación real y actual, al contrario, que a otras personas se les haya trasladado no es un elemento que se considere como revelador de que también al quejoso y, menos aún, bajo las condiciones que señala, es decir, sin aviso o procedimiento previo. Los actos y condiciones de internamiento de terceros, no desvirtúan que en esta demanda el quejoso reclame actos futuros y, además, inciertos. Es inconcuso que se trata de actos cuya realización resulta ser futura e incierta, ya que no nacen a la vida jurídica y por ende, hasta el momento de la presentación de demanda, no pueden ocasionarle el agravio personal y directo exigido por la Ley de Amparo, pues se evidencia que su realización dependerá del proceder que, en su caso, tomaren las responsables pero que, se insiste, no existe certeza ni inminencia. Siendo incontrovertible además que la fecha de la presentación de la demanda, tampoco se ha materializado algún acto siquiera vinculado con su traslado del Centro de Prevención Social de Irapuato, Guanajuato, al federal en Veracruz o a algún otro. Por tanto, dicha circunstancia, de modo alguno pone de manifiesto que se haya emitido alguna determinación que contenga alguna orden de trasladarlo de un centro de reclusión a otro diverso; de ahí que, se insiste, los actos que se reclaman, son futuros o de realización incierta. Resulta oportuno destacar que en el caso no resulta aplicable la jurisprudencia, 1ª./J. 25/2003, publicada en la página 73, Tomo XVII, Junio de 2003 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, señalada en párrafos que anteceden, pues con las manifestaciones realizadas en el escrito inicial de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, quedó demostrada la causal de improcedencia que se dio noticia, sin ser necesario esperar los informes y anexos de las autoridades responsables, pues el presunto acto que dice el quejoso pudiera ejercerse en su contra, resulta ser un hecho futuro e incierto. A mayor abundamiento, la improcedencia del presente juicio es patente porque incluso en el caso de que eventualmente en lo futuro y en un momento incierto pudieran las autoridades ordenar su traslado "contra su voluntad" -como señala en la demandaincluso en ese supuesto el juicio de amparo sería improcedente contra la orden respectiva. Si se dictara por autoridades ajenas a las jurisdiccionales, porque previo a acudir a el juicio de amparo, en atención al principio de definitividad, debe agotarse de manera previa la controversia judicial que prevé la Ley de Ejecución Penal, según lo establece la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) de título: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." y la tesis aislada 1a. XXIV/2021 (10a.) de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." E incluso la propia la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Pero de momento lo relevante es que el quejoso plantea su inconformidad constitucional como una mera probabilidad, señalado actos reclamados futuros de realización incierta. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio. Por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia; ello, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *** se le tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo asentado en la certificación de cuenta. Asimismo, a la diversa persona que indica, se le tiene en términos restringidos, del mencionado artículo, por ser pasante jurídico. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte promovente proporcionó una dirección de correo electrónico y números telefónicos, lo cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que serán considerados para efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por dicho medio, en los casos en que se estime pertinente.4 Se les invita a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros señalados en el párrafo que antecede5. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado,6 se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones.7 USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.
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