Ángel Razo Rojas

Expediente 939/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
939/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2016

Partes del expediente

  • Ángel Razo Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa *****, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, le transcurrió del cinco al siete de diciembre del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente juicio y con apoyo en la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa, esta y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para recibir y oír notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, atendiendo al estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintidós de noviembre del año que transcurre, mediante el cual se desechó la demanda de garantías por su notoria e indudable improcedencia, promovida por *****, por propio derecho, no fue recurrido dentro del plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías por su notoria e indudable improcedencia. Por último, devuélvanse a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, el Toca ***** de su índice, constante de un tomo; asimismo, al Juez de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en Salamanca, Guanajuato, el expediente ***** de su índice, constante de un tomo, así como un sobre con un medio de almacenamiento correspondiente a las audiencias desahogadas en el juicio oral ordinario Civil sobre reconocimiento de Paternidad (un disco compacto), así como actas de nacimiento números *****, ***** y *****, mismas que acompañaron respectivamente a su informe justificado; asimismo, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta 19371/2016, suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 376/2016 (1406), con las constancias relativas de la notificación del proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis a la parte quejosa -----------, lo cual se realizó por lista el uno de diciembre de dos mil dieciséis. Acúsese recibo y dese de baja en el Libro de Gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta 7004, que signa el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Ángel Razo Rojas, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital; en virtud de que mediante proveído de quince de noviembre del año que transcurre, se declaró incompetente de plano para conocer del asunto planteado debido a que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva, ni resolución que haya puesto fin al juicio y, ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta ciudad, por lo que le correspondió conocer del mismo a este Juzgado Décimo de Distrito. Además adjuntó copia certificada del oficio 2891, siete copias de la demanda, constancia de emplazamiento, toca *****, expediente ***** y un sobre con un disco compacto y tres actas de nacimiento. Acúsese recibo. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas, fórmese en dos tomos, los cuadernos respectivos. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda promovida por *****. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 939/2016-II, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Establecido lo anterior, cabe precisar que del análisis íntegro del escrito de demanda, se aprecia que el accionante del amparo se duele del acto consistente en: La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca *****, por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la Capital, en la que se revocó la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento para recabar evidencia respecto del procedimiento que se llevó al cabo para preservar la cadena de custodia en relación con las muestras sanguíneas de las partes involucradas en el asunto para el análisis y determinación de la identidad genética, que se llevó a cabo en el expediente ***** del juzgado de Oralidad Familiar en Salamanca, Guanajuato. Ahora bien, respecto al citado acto, de oficio, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ésta, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera excepcional procede el amparo indirecto tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como se adelantó, atenta la naturaleza del acto reclamado que se analiza, éste no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata. Se afirma lo anterior, dado que si bien, su consecuencia es dejar insubsistente la sentencia en la que se declaró que ***** es padre de ***** y lo condenó a otorgar una pensión alimenticia definitiva a favor de su hija ***** por la cantidad correspondiente al 25% del salario prestaciones ordinarias y extraordinarias, ello no se traduce en una violación que afecte sus derechos fundamentales, de tal suerte que una vez subsanadas las formalidades, a través de la reposición del procedimiento, para los efectos de que el médico ***** sea requerido con los respectivos apercibimientos, a fin de que a la brevedad posible exhiba las placas fotográficas y cualquier evidencia que en su poder obre respecto del procedimiento que, para preservar la cadena de custodia, se siguió en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, lugar al que, en voz del perito se remitieron las muestras hemáticas extraídas de los contendientes y de la menor ***** y otras, estará en aptitud de ejercer su derecho de defensa, pudiendo obtener una resolución favorable a sus intereses, lo cual, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener sentencia favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Ahora, suponiendo sin conceder, que el sentido afectatorio del acto reclamado trascienda de tal forma a la sentencia que se dicte en esa instancia y sea contraria a los intereses del peticionario de garantías, éste tiene posibilidad de señalar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 171, 172, y 174 de la Ley de Amparo. En suma, atendiendo a que el acto que por esta vía combate el impetrante, únicamente se refiere, en esencia, a la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca *****, por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la Capital, en la que se revocó la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento para recabar evidencia respecto del procedimiento que se llevó al cabo para preservar la cadena de custodia en relación con las muestras sanguíneas de las partes involucradas en el asunto para el análisis y determinación de la identidad genética, que se llevó a cabo en el expediente ***** del juzgado de oralidad Familiar en Salamanca, Guanajuato, es inconcuso que dicho actuar constituye un acto que, en dado caso, afectaría derechos adjetivos que no trascienden en grado predominante o superior del quejoso y que tampoco afectan los derechos fundamentales que tutela la constitución, para hacer procedente el juicio de garantías. Por lo antes expuesto, es inconcuso que la presente demanda resulta improcedente en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación. Corolario de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia analizada en el cuerpo de esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente. Por otro lado, atendiendo a que de la demanda de garantías se aprecia que el promovente *****, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, esto es, fuera del lugar de residencia de este Juzgado, gírese atento exhorto al Juez de Distrito, en turno, con sede en aquella ciudad, para que por su conducto y en apoyo de este Juzgado, comisione a quien corresponda a efecto de notificar el presente proveído al aludido promovente, por sí o por conducto de su autorizado, en el domicilio ubicado en *****. Igualmente, lo requiera a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados en este juzgado federal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se concede al funcionario que sea designado, la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendientes a la localización del domicilio de dicha persona, en caso de que el proporcionado no sea el correcto. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de practique cualquier diligencia en el presente juicio. Por otra parte, se tiene como autorizado del promovente del amparo en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, en términos restringidos a *****, ***** y *****, por no contar con dicho requisito. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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