Angela Marcela Jiménez García

Expediente 1097/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1097/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
11/01/2016

Partes del expediente

  • Angela Marcela Jiménez García

Actuaciones

  1. Principal

    CONSTANCIA.- Como está ordenado en veintiocho de diciembre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de once de enero de dos mil dieciséis, que señala: Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil quince, en el cual se desechó la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente en SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo. Finalmente, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger la documental original que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, ésta podrá ser depurada junto con el expediente, lo anterior atento a lo señalado en el artículo vigésimo primero del citado acuerdo.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil quince, en el cual se desechó la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente en SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo. Finalmente, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger la documental original que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, ésta podrá ser depurada junto con el expediente, lo anterior atento a lo señalado en el artículo vigésimo primero del citado acuerdo.

  3. Principal

    CONSTANCIA.- Como está ordenado en veintiocho de diciembre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa, la resolución de esa misma fecha, que señala: Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1097/2015-I; y, fórmese expediente. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: - A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame. - A partir del día siguiente al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. - A partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Bajo ese tenor, el legislador dispuso de tres momentos a partir de los cuales debe contabilizarse el plazo de quince días, para la presentación de la demanda de amparo. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que de constancias se advierta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas por la propia quejosa, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la demanda en estudio se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, se tiene que la parte quejosa, en su escrito de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad: " ANTECEDENTES Bajo protesta de decir verdad manifiesto que derivado de la carpeta de investigación *************** de la cual soy parte ofendida dentro de la misma, el día cinco de noviembre del presente año me constituí en la Agencia del Ministerio Público, Adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, de esta ciudad que es la que conoce del asunto mencionad, para solicitar el expediente con el ánimo de enterarme del momento procesal en que se encontraba, por lo que en ese mismo día me entere que había otorgado mi más amplio perdón de (manera voluntaria). y que hasta el seis de noviembre que me entregan copias autentificadas de la carpeta mencionada me entero que dicho acto ocasionó un agravio en mi perjuicio violentando mis garantías individuales." Por tanto, se considera que fue a partir del seis de noviembre de dos mil quince, en que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama y en ese sentido, la citada fecha se debe tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente; de ahí que si la quejosa tuvo conocimiento cuando menos, desde esa data, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del nueve de noviembre al dos de diciembre actual, sin contar los días siete, ocho catorce, quince, dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre de dos mil quince, por resultar inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, ya no puede ser analizado, porque lo consintió tácitamente, al no haber promovido el amparo dentro del término a que alude el numeral 17 de la Ley de la Materia. [Lo resaltado es de este Juzgado]. En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías, lo anterior, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada. Por otra parte, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este órgano de control constitucional por así haberlo solicitado de manera expresa; asimismo, se autoriza en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a la persona que indica, toda vez que no cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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