Angel Sainz Ortiz

Expediente 907/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
907/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Angel Sainz Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 2 a 11), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido el veintidós siguiente en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Ángel Sáinz Ortiz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Señalo como autoridad ordenadora: La ciudadana Karla Patricia Ambrocio Vargas, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente del Estado de Puebla. IV. ACTOS RECLAMADOS.- La resolución del recurso de revocación interpuesto por la licenciada Xitlali Coyotl Coatl, en su calidad de asesor jurídico de la víctima Ángel Sáinz Ortiz, de fecha 27 de agosto del año 2021, notificado electrónicamente el día 30 de agosto del mismo año." (Foja 2). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. En acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 12 a 16), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 907/2021, y se previno al promovente como sigue: "Único. Señale el número de expediente del que emana el acto reclamado, esto es, el proceso en el que fue dictada la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno." Mediante escrito recibido en este juzgado el uno de octubre de dos mil veintiuno, con registro 17329 (foja 19), el promovente señaló a la parte tercera interesada así como su domicilio y precisó que el número de proceso penal correcto es el 259/2020/CHOLULA. En consecuencia, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno (fojas 20 a 24), se admitió a trámite la demanda, sin incidente de suspensión, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 30). TERCERO. Parte tercera interesada. El trece de octubre de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, zona Centro Norte (José Luis Azucena Silva) - foja 37-. Mientras que el seis anterior, se hizo lo propio con Felipe Nicéforo Cuautle Pérez (foja 31). CUARTO. Cita para sentencia. En acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno (foja 38) se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras etapas (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, escrito de desahogo e informe justificado rendido por la responsable, se advierte que Ángel Sáinz Ortiz, reclama de la Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), la resolución que emitió el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el proceso penal 259/2020/CHOLULA, donde resolvió el recurso de revocación interpuesto por Xitlali Coyotl Coatl (asesora jurídica del aquí quejoso, víctima en la causa penal de origen), contra el acuerdo de dieciocho de ese mes y año. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 40 y 41), por lo que se tiene plenamente acreditada su certeza. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias relativas al proceso penal 259/2020/CHOLULA, que la jueza responsable remitió como apoyo a su informe, de las que se aprecia que, efectivamente, el el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitió el auto combatido (fojas 163 y 164 del anexo I). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que se pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causal de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que se advierta de oficio que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en los artículos 107 y 61 de la Ley de Amparo, de modo que el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por la demandante constitucional. No obstante lo anterior, no pasa desapercibido que el tercero interesado Felipe Nicéforo Cuautle Pérez, en sus alegatos formulados, sostiene que el presente juicio de amparo es improcedente y que, por ende, debe sobreseerse; lo anterior, según argumenta, porque el quejoso Ángel Sainz Ortiz -ofendido de origen-, al no haber interpuesto el recurso de revocación respectivo, consintió la determinación dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 259/2020/CHOLULA, en donde la jueza de control responsable se pronunció por primera vez y de forma negativa a un escrito que presentó por conducto de su asesor jurídico, en el que solicitó la restitución de la posesión del inmueble denominado Atoyac, ubicado en lateral de la autopista Atlixcáyotl, número 7425, de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Sin embargo, debe decirse que dicho alegato, al constituir uno de los motivos por los cuales la jueza responsable -en la determinación ahora reclamada- declaró infundado recurso de revocación hecho valer por el quejoso en contra del diverso auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno -en el cual, por segunda vez se negó la restitución del bien-, no refiere a la actualización de alguna causa de improcedencia del juicio constitucional que aquí deba atenderse, más bien se trata de una cuestión del fondo de la litis planteada. De ahí que, en el presente considerando, no se realice mayor pronunciamiento al respecto. QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. El acto reclamado es una determinación emitida dentro de un proceso judicial, por lo que la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." La resolución impugnada se notificó al aquí quejoso, vía telefónica, el treinta de agosto de dos mil veintiuno (foja 173 vuelta del anexo I) por lo que, esa notificación surtió efectos el treinta y uno siguiente, transcurriendo el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra, del uno al veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, con descuento de los sábados y domingos que mediaron entre esas fechas, así como del catorce y dieciséis de septiembre por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; aunado al trece de septiembre de dos mil veintiuno, declarado no laborable mediante circular 09/2021 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es indudable que su promoción es oportuna. SEXTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la undécima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La carpeta judicial administrativa de donde derivan los actos reclamados, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, los actos aquí combatidos serán analizados con las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tiene el carácter de víctima, en la causa penal de la que deriva el acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: - Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el artículo 1º), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. - Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. - Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. - Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, parte. Así, corresponde a este juzgador determinar si el acto reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la parte quejosa. Previo a ello, conviene reseñar los antecedentes más relevantes que se obtienen de las constancias remitidas por la autoridad responsable. 1. En el proceso penal 259/2020/CHOLULA, el once de enero de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Felipe Nicéforo Cuautle Pérez (aquí tercero interesado), por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de despojo, cometido en contra de Ángel Sáinz Ortíz (hoy quejoso) -foja 93 del anexo I- 2. En acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, específicamente en su punto "V" la responsable tuvo por recibido un escrito de Otymarxiodet Salas Castelán, asesor jurídico del hoy quejoso, mediante el cual le solicitó -en favor de éste- la restitución de la posesión del bien inmueble denominado Atoyac, ubicado en lateral de la autopista Atlixcáyotl, número 7425, de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, ya que se encontraba acreditada la propiedad dentro de la causa penal de origen, se había dictado auto de vinculación a proceso y se estaba dentro del plazo de investigación complementaria. Ante ello, la responsable indicó que Felipe Nicéforo Cuautle Pérez, había promovido en juicio de amparo 25/2021-III-6 de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, contra el aludido auto de vinculación a proceso, de ahí que dicha resolución: ". se encuentra sub iúdice (sic) a lo que resuelva la autoridad federal, no obstante ello, la suspensión definitiva concedida dentro de la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión del juicio de amparo antes indicado, lo es para el efecto de que el proceso penal deberá seguirse por todos sus trámites legales, hasta la etapa intermedia, momento en el cual deberá suspender el procedimiento, hasta que la autoridad federal se pronuncie del juicio de garantías. Razón por la cual y atendiendo al punto III del presente proveído, nos encontramos inmersos en la investigación complementaria, tal y como lo indica el asesor jurídico de la víctima directa. Sin pasar desapercibido una solicitud ambigua, puesto que no se proporciona la información que permita justificar que el inmueble señalado por el asesor jurídico es el mismo que fuera materia del cuadro fáctico por el cual el imputado se encuentra vinculado a proceso, a mayor abundamiento los datos que señaló fueron materia para una solicitud diversa. En concatenación a lo anterior, en relación a la solicitud de restitución del bien inmueble, es de precisarse que el inmueble señalado no se encuentra a disposición de la juzgadora, asimismo no se logra advertir solicitud alguna a la representación social; a mayor abundamiento, esta juzgadora se encuentra impedida para acceder a tal petición, puesto que como lo señala el asesor jurídico, nos encontramos en la etapa de investigación complementaria, lo que en lógica jurídica no se cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de Felipe Nicéforo Cuautle Pérez, por la concisión (sic) del delito de despojo en relación a dicho inmueble, por lo que impedida estoy por seguridad jurídica de resolver de manera anticipada a una sentencia, lo que trastocaría derechos fundamentales de persona alguna, puesto que en caso contrario, si la suscrita accede a tal petición y la autoridad correspondiente determina que el imputado Felipe Nicéforo Cuautle Pérez, fuera absuelto, implicaría una vulneración a derechos, lo que esta juzgadora en contrario sentido debe vigilar como jueza de control. Ahora bien, esta juzgadora en pleno conocimiento de lo que dispone el numeral 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece no existen elementos suficientes para acceder a tal petición, asimismo, en virtud de que tal y como se indica en el citado numeral se ordenaría como medida provisional "cuando la naturaleza del hecho lo permita" no siendo el caso en concreto en el que nos encontramos. Atento a lo antes expuesto, se resuelve que no se accede de conformidad a la petición presentada por el asesor jurídico de la víctima directa Ángel Sáinz Ortiz" (Foja 97 del anexo I). 3. En acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno (foja 155 del anexo I), la responsable tuvo por recibido un escrito signado por Ángel Sáinz Ortiz (visible a fojas 156 a 159 del anexo I), donde le solicitó, en términos de los artículos 3, fracción X y 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictara medida provisional de restitución de la fracción que se segregó del predio denominado Atoyac, ubicado en lateral de la autopista Atlixcáyotl, número 7425, de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, cuya posesión afirmó haber tenido antes de que el imputado (aquí tercero interesado) cometiera el ilícito que se le atribuye; y adjuntó copia de diversas escrituras públicas a efecto de evidenciar el derecho que tiene sobre el bien de referencia, el error cometido en el establecimiento de las medidas del predio y la identidad del inmueble. Lo anterior, pues en audiencia oral de once de enero de dos mil veintiuno se vinculó a proceso a Felipe Nicéforo Cuautle Pérez, se decretó la medida de prisión preventiva oficiosa y "quedó evidenciado" el delito de despojo, aunado a que el juicio de amparo 25/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se resolvió el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de negar la protección de la justicia federal; y, además, se está en la etapa de investigación complementaria. En relación con tales manifestaciones la responsable proveyó: ".III. Por otro lado, la víctima Ángel Sáinz Ortiz solicita la restitución de la posesión a su favor del predio que describe en su escrito; no obstante, tal y como obra en resolución de 23 veintitrés de marzo de 2021 dos mil veintiuno ya se pronunció sobre dicha solicitud por lo que deberá estarse a lo resuelto en la misma, máxime que el presente asunto se encuentra sub judice en razón del juicio de amparo 453/2021-VII. Asimismo, no pasa desapercibido que el solicitante anexa a su escrito diversa documentación de la cual se entiende es para sustentar su petición, sin embargo, esta forma no es la que la norma establece para incorporar información, por lo que en el presente caso se instruye a la administración de este juzgado para que realice la devolución de las constancias anexas." 4. Inconforme, mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, Xitlali Coyotl Coatl, asesora jurídica del aquí quejoso, interpuso recurso de revocación en contra de mencionado acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno (fojas 169 a 172 del anexo I). 5. En acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno (fojas 163 a 164 del anexo I), la responsable resolvió: "San Andrés Cholula, Puebla a 27 veintisiete de agosto de 2021 dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48, 50, 52, 67 primer párrafo, 68 y 70 del Código Nacional de Procedimientos Penales, agregase lo descrito en la razón de cuenta a las presentes actuaciones para que surtan sus efectos legales correspondientes y, visto su contenido se acuerda: I. Mediante el oficio indicado en el inciso a) de la razón de cuenta, la autoridad penitenciaria da contestación a lo ella requerido por auto de fecha que antecede, por lo que anexa a su oficio el examen médico practicado por la titular del área médica de fecha 25 veinticinco de agosto del presente año, en el cual se obtiene como resultado que Felipe Nicéforo Cuautle Pérez presenta diabetes tipo II, lo cual resulta coincidente con los antecedentes que obran en la presente causa penal; de igual forma es informado que, dicho encausado no acude por su tratamiento, así como que no se presenta a recibir su medicamento. De igual forma comunica que el 17 diecisiete de junio de 2021 dos mil veintiuno, se autorizó el ingreso a dicho centro penitenciario a médico particular para la atención médica que solicitara el encausado para sus pies; asimismo, se hace saber que el referido imputado se encuentra en el dormitorio "C", el cual es destinado para personas que están sujetas a observación médica o en proceso de recuperación, de lo cual adjunta constancias en copia simple para acreditar su dicho. Circunstancias de las que se advierte cumplimiento por parte de la autoridad penitenciaria a lo ella requerido. Con lo expuesto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. II. De la revisión íntegra de actuaciones, tal y como obra en audiencia inicial de 23 veintitrés de julio del presente año, se concedió un plazo de 1 un mes más para la investigación complementaria, y pese a que por auto de fecha que antecede el fiscal pretendió declara (sic) su cierre de manera anticipada, esta Juzgadora no puede dejar en estado de indefensión a las partes, por lo que declarar el cierre de manera prematura, perjudicaría los actos de defensa que realizará el asesor jurídico de la víctima así como el defensor del imputado de referencia; en consecuencia, ante la omisión del ministerio público para pronunciarse de manera precisa sobre el cierre plazo de la investigación complementaria, con fundamento en lo que determinan los artículos 321, 322 y 323 de la ley procesal penal, se declara el cierre de la investigación complementaria, esto es el día 12 doce de agosto de 2021 dos mil veintiuno, por lo que el cómputo del término a que hacer referencia el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inició a partir del día 13 trece mes y año referidos (día hábil siguiente al cierre). III. Mediante escrito de cuenta escrito de Xitlali Coyotl Coatl interpone recurso de revocación, en contra de la resolución de 18 dieciocho de agosto de 2021 dos mil veintiuno; atendiendo el contenido del mismo, con fundamento en lo arábigos 82 fracción I, inciso b), 94, 456, 457, 458, 465 y 466 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales; está en condiciones de resolver sobre el mismo, por lo que se procede a emitir la siguiente resolución con base a los siguientes considerandos: PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para conocer respecto de la solicitud que ha realizado la agente del ministerio público, por dicho del quejoso, la materia del recurso interpuesto versa sobre una resolución de mero trámite, que en el caso en concreto lo es la emitida el 18 dieciocho de agosto de 2021 dos mil veintiuno, siendo esta Juzgadora la que emitió la resolución combatida y quien tiene que resolver el mismo, procediendo a examinar de nueva cuenta sobre el tema en cuestión y del que el quejoso refiere que le causa agravios, esto tal y como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diverso 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el Recurso de Revocación es un recurso precisamente que puede ser interpuesto en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelva sin sustanciación. El objeto de este recurso es que, el Órgano Jurisdiccional que emitió la resolución impugnada la examine de nueva cuenta, dicte la resolución que corresponda. SEGUNDO. Ahora, en términos de los dispuesto por el artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el recurso de la revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, el cual deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El quejoso hace valer que le causa agravio el auto emitido el 17 diecisiete de febrero de 2021 dos mil veintiuno (sic), tal y como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con sustento en los siguientes argumentos que a la letra se transcriben: AGRAVIOS. HECHO INFRACTOR. Lo constituye el tercer punto del auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el cual su señoría ordena estarse a lo resuelto mediante acuerdo de fecha veintitrés de marzo del mismo año, respecto del escrito signado por la víctima de fecha 9 nueve de agosto y presentado ante este juzgado el día diez de agosto del año en curso en el que solicita la restitución de la posesión del inmueble materia de la presente a su favor. TERCERO. Los conceptos de violación planteados por el recurrente, son analizados en conjunto con la resolución que se combate, concretamente se advierte como agravio loso (sic) consistentes en que a su criterio se le genera agravio por: 1. Que a toda petición debe recaer un acuerdo. 2. Que todo acto de autoridad debe ser emitido conforme a las leyes aplicables vigentes. 3. Resolución fundada y motivada. 4. Que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 8,14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De estos agravios, ha de decirse al recurrente que: A) Relativo a que toda petición debe recaer un acuerdo, de este agravio tal como el propio recurrente hace mención, su solicitud fue contestada mediante el auto de 18 dieciocho de agosto del presente año, esto es, dicho agravio es inexistente, por lo que si se dio respuesta a su petición. B) Sobre el agravio de que todo acto de autoridad debe ser emitido conforme a las leyes aplicables vigentes, este agravio de igual forma es inexistentes ya que, en el cuerpo del auto combatido, justamente se inicia con un primer párrafo en el cual se estableció el fundamento que da pie a esta Juzgadora a emitir el auto correspondiente, articulado que pertenece el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la norma aplicable vigente al momento de atendida la petición, mismo que abarca a la totalidad del autor emitido el 18 dieciocho de agosto de 2021 dos mil veintiuno. C) Sobre que la resolución combatida no es fundada ni motivada, ha de decirse al quejoso que al ser la misma solicitud que en su momento fuera presentada ante este juzgado el 17 diecisiete de febrero de 2021 dos mil veintiuno, se reitera que ésta ya fue entendida por auto de 23 veintitrés de marzo de la presente anualidad, en la cual se realizó la respectiva fundamentación y motivación que a su solicitud debía recaer, por lo que en su caso, de no haber estado conforme con la misma, debió ejercitar su derecho a recurrirla, lo cual en el presente caso no ocurrió, por lo que la misma queda firme y no pretender con la subsecuente solicitud sanar dicha omisión. D) Que se violan en su perjuicio los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reitera que, tal y como se dijo en líneas anteriores, conforme al artículo 8°, se dio contestación a su petición; relativo a los artículos 14 y 16, no se le ha privado de su libertad o de sus propiedad, posesiones o derechos, pues el predio del cual solicita su restitución, se encuentra a disposición del agente del ministerio público en atención a la investigación de la cual es objeto y hasta la fecha, no se tiene informe de si incluso ese predio está bajo investigación dentro de diversa causa carpeta de investigación a la que diera origen a la presente causa penal, de lo cual la asesora jurídica no se ha hecho cargo de verificar, porque como se ha dicho, el bien inmueble materia de la investigación, no se encuentra a disposición de esta Juzgadora, sino del agente del ministerio público, condición la cual a la fecha no ha variado y por el cual desde la primera solicitud que se hiciera se dijo que no ha lugar a conceder la restitución que se pidió. En razón a lo dicho en este punto, y conforme a lo que determinan los artículos 1, 14, 16, 18, 20, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emiten los siguientes puntos: RESOLUTIVOS. ÚNICO. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que no es de revocarse ni se revoca el auto de 18 dieciocho de agosto de 2021 dos mil veintiuno". Y éste es el acto reclamado. Del análisis de la resolución reclamada, se obtiene que son fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. La actuación de la juez responsable contraviene los principios de legalidad y debido proceso previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dicen: "Artículo. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del segundo párrafo del primero de los mandatos constitucionales trascritos, se aprecia -además de otras- el sustento de la garantía relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Dicha garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos por las partes en la controversia, resolviendo sobre todos los puntos materia del debate. Tal prerrogativa se encuentra vinculada estrechamente con la diversa contenida en el trascrito artículo 16 constitucional, del que deriva la obligación de toda autoridad de fundar y motivar sus actos, entendiéndose por fundamentación la expresión con precisión del precepto legal aplicable al caso; y, por motivación, la manifestación de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad para emitir el acto de molestia; además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Esto es, para que se cumpla el imperativo constitucional de fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: a. Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). b. Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). c. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Entonces, la falta de fundamentación y motivación se verifica cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica; es decir, la carencia o ausencia de tales requisitos. De igual forma, conviene precisar que existen diferencias entre la falta y la indebida fundamentación y motivación de los actos de autoridad; cuestión que es de suma importancia distinguir pues en el juicio de amparo se traduce en una consecuencia tanto en el estudio de los conceptos de violación como, en su caso, en la posible concesión de la protección federal. En este sentido, la falta de fundamentación y motivación se traduce, en cuanto a la primera garantía, en una inexistencia en la cita de los preceptos legales en los que la autoridad base su actuación, y en cuanto a la segunda, en una ausencia total de las circunstancias especiales o razones particulares que tuvo en cuenta la autoridad para la emisión del acto. Por su parte, la indebida fundamentación y motivación se traducen, en el primer caso, en que si bien existe una cita de preceptos legales estos no son aplicables al caso en concreto y, en el segundo, en que aun cuando se dan razones o argumentos, ellos no correspondan a los hechos, o bien cuando los argumentos que se dan en el acto no corresponden a las normas aplicadas. Al respecto se invoca la jurisprudencia I.6o.C. J/52 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." En este punto, cabe mencionar que las referidas exigencias -fundamentación y motivación-, se encuentran estrechamente vinculadas con los principios de congruencia y exhaustividad, contemplados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo que interesa, establece lo siguiente: } "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)." El precepto legal transcrito es la base constitucional del dictado de las resoluciones jurisdiccionales, estableciendo, entre otras hipótesis, que aquéllas tienen que dictarse de forma completa o integral, y de este principio derivan los de congruencia y exhaustividad que deben observarse en toda resolución. El primero de tales principios establece la obligación de que las resoluciones cumplan con dos requisitos; a saber: 1) Congruencia interna, consistente en que la resolución sea congruente consigo misma, y; 2) Congruencia externa, que se traduce en la concordancia entre lo resuelto y la litis planteada. De ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como la característica de la resolución consistente en que no contenga consideraciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que atañe a la concordancia con los planteamientos de las partes, esto es, que la resolución no distorsione lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes. Por su parte, el principio de exhaustividad consiste en el examen que debe realizar la autoridad jurisdiccional respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno, es decir, implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos por las partes y demás pretensiones hechas valer oportunamente, esto es, que debe de ocuparse de todos los cuestionamientos hechos valer por las partes, y analizarlos en su integridad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia VI.3o.A. J/13, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas." Establecido lo anterior, debe decirse que de análisis de la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable, no cumplió con la exigencia constitucional apuntada, en virtud de que omitió analizar y dar respuesta a los agravios que la parte apelante formuló. A fin de explicar lo anterior, es pertinente traer a la luz el contenido de los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Así, se tiene que el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Dicho recurso, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar los motivos y fundamentos de la resolución que se combate, cuya tramitación es competencia del juez que emitió el auto impugnado. Ahora, por regla general (excepto cuando procede suplir la queja deficiente) la litis está formada exclusivamente por la resolución combatida y los agravios planteados por el recurrente, los que el juzgador se encuentra obligado a contestar integralmente, pues de lo contrario, simplemente no podría colmarse el objeto del referido medio defensivo, esto es, confirmar, revocar o modificar los motivos y fundamentos de la resolución que se combate. Por tal motivo, debe entenderse que si al resolver la revocación, el juez respectivo no atiende la totalidad de agravios expuestos por el recurrente, transgrede en perjuicio del justiciable el derecho fundamental de legalidad, ya que tal falta de exhaustividad deja en estado de indefensión a la parte que se encuentra inconforme con la resolución atinente. En la especie, a efecto de verificar si se cumplió con las prerrogativas planteadas, es menester aludir a los agravios hechos valer por Xitlali Coyotl Coatl (asesora jurídica del aquí quejoso), en su escrito por el cual interpuso recurso de revocación contra la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, que se sintetizan de la siguiente forma: 1. La resolución combatida adolece de una debida fundamentación y motivación. 2. La responsable pasó por alto que las condiciones que imperaban cuando se presentó el escrito de quince de febrero de dos mil veintiuno, que dio origen al diverso de acuerdo de veintitrés de marzo variaron. 3. El hecho de que exista en trámite un juicio de amparo 453/2021-VII, no es impedimento para proveer la solicitud del hoy quejoso, pues no guarda relación con la causa de pedir. 4. La solicitud (de restitución del bien) es oportuna, ya que se puede realizar en cualquier estado del procedimiento, en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. En la nueva petición se establecen los requisitos previstos en la Ley para su procedencia, por lo que se encontraba obligada a estudiarla nuevamente y de manera independiente, analizando y estudiando sus diferencias, en términos de los artículos 68 y 134 del ordenamiento adjetivo penal en cita. Precisado lo anterior, se citan a continuación los razonamientos esgrimidos por la juez responsable, en el considerando tercero del punto III de la resolución combatida en esta vía constitucional, con los que atendió los agravios expuestos, y que son los siguientes: "TERCERO. Los conceptos de violación planteados por el recurrente, son analizados en conjunto con la resolución que se combate, concretamente se advierte como agravio loso consistentes en que a su criterio se le genera agravio por: 1. Que a toda petición debe recaer un acuerdo. 2. Que todo acto de autoridad debe ser emitido conforme a las leyes aplicables vigentes. 3. Resolución fundada y motivada. 4. Que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 8,14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De estos agravios, ha de decirse al recurrente que: A) Relativo a que toda petición debe recaer un acuerdo, de este agravio tal como el propio recurrente hace mención, su solicitud fue contestada mediante el auto de 18 dieciocho de agosto del presente año, esto es, dicho agravio es inexistente, por lo que si se dio respuesta a su petición. B) Sobre el agravio de que todo acto de autoridad debe ser emitido conforme a las leyes aplicables vigentes, este agravio de igual forma es inexistentes ya que, en el cuerpo del auto combatido, justamente se inicia con un primer párrafo en el cual se estableció el fundamento que da pie a esta Juzgadora a emitir el auto correspondiente, articulado que pertenece el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la norma aplicable vigente al momento de atendida la petición, mismo que abarca a la totalidad del autor emitido el 18 dieciocho de agosto de 2021 dos mil veintiuno. C) Sobre que la resolución combatida no es fundada ni motivada, ha de decirse al quejoso que al ser la misma solicitud que en su momento fuera presentada ante este juzgado el 17 diecisiete de febrero de 2021 dos mil veintiuno, se reitera que ésta ya fue entendida por auto de 23 veintitrés de marzo de la presente anualidad, en la cual se realizó la respectiva fundamentación y motivación que a su solicitud debía recaer, por lo que en su caso, de no haber estado conforme con la misma, debió ejercitar su derecho a recurrirla, lo cual en el presente caso no ocurrió, por lo que la misma queda firme y no pretender con la subsecuente solicitud sanar dicha omisión. D) Que se violan en su perjuicio los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reitera que, tal y como se dijo en líneas anteriores, conforme al artículo 8°, se dio contestación a su petición; relativo a los artículos 14 y 16, no se le ha privado de su libertad o de sus propiedad, posesiones o derechos, pues el predio del cual solicita su restitución, se encuentra a disposición del agente del ministerio público en atención a la investigación de la cual es objeto y hasta la fecha, no se tiene informe de si incluso ese predio está bajo investigación dentro de diversa causa carpeta de investigación a la que diera origen a la presente causa penal, de lo cual la asesora jurídica no se ha hecho cargo de verificar, porque como se ha dicho, el bien inmueble materia de la investigación, no se encuentra a disposición de esta Juzgadora, sino del agente del ministerio público, condición la cual a la fecha no ha variado y por el cual desde la primera solicitud que se hiciera se dijo que no ha lugar a conceder la restitución que se pidió. En razón a lo dicho en este punto, y conforme a lo que determinan los artículos 1, 14, 16, 18, 20, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emiten los siguientes puntos: RESOLUTIVOS. ÚNICO. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que no es de revocarse ni se revoca el auto de 18 dieciocho de agosto de 2021 dos mil veintiuno". En ese sentido, basta el simple contraste de los motivos de inconformidad que se hicieron valer en el recurso de revocación, con lo considerado por el juez responsable en la resolución reclamada para advertir que ésta carece de los principios exhaustividad y congruencia, pues no se abordó el estudio de ninguno de los argumentos expresados por el allí recurrente. En efecto, la juez precisó de forma deficiente lo pedido, analizando su resolución a la luz de los preceptos constitucionales invocados por la recurrente, pero sin atender la causa real del agravio, limitándose a parafrasear lo vertido en sus autos de veintitrés de marzo y dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Dicho de otra forma, lo determinado por la juez responsable de ninguna forma da contestación a lo planteado por el disconforme, ni resulta congruente con la totalidad de los agravios expuestos, pues la responsable debió de contestar de manera completa, fundada y motivada. Por lo que, es inconcuso que omitió el estudio de los agravios en los términos en que éstos le fueron propuestos, de ahí que se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Ángel Sáinz Ortiz, en contra de la resolución que la responsable emitió el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el proceso penal 259/2020/CHOLULA, donde resolvió el recurso de revocación interpuesto por Xitlali Coyotl Coatl (asesora jurídica del aquí quejoso, víctima en la causa penal de origen), contra el acuerdo de dieciocho de ese mes y año. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Ángel Sáinz Ortiz, para que la Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución que emitió el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el proceso penal 259/2020/CHOLULA, donde resolvió el recurso de revocación interpuesto por Xitlali Coyotl Coatl (asesora jurídica del aquí quejoso, víctima en la causa penal de origen), contra el acuerdo de dieciocho de ese mes y año. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva el recurso de revocación planteado, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar las deficiencias formales destacadas en esta resolución, esto es: -Deberá analizar y dar respuesta integral, fundada y motivada a todos los agravios expuestos por la recurrente, para lo cual deberá atender las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de esta sentencia. 3. Notificará dicha resolución a Ángel Sáinz Ortiz, así como a su defensa. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten. Sin que lo anterior signifique, necesariamente, que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita; sin que el presente fallo implique necesariamente, que la pretensión del peticionario sea legítima, fundada en derecho o procedente, lo cual habrá de determinar la autoridad responsable, al resolver el medio de impugnación planteado. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 75/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." NOVENO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ángel Sáinz Ortiz, contra el acto reclamado a la Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el diverso considerando octavo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, personalmente al tercero interesado Felipe Nicéforo Cuautle Pérez en el domicilio señalado en el escrito con registro 21419 de 2021 y por conducto de su personal autorizado; y mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente (Karla Patricia Ambrosio Vargas), con un anexo y cuatro discos (DVD), con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. II. PRUEBA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, las documentales que anexa a su informe justificado y los discos versátiles digitales que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción de los citados discos, dada su naturaleza jurídica. Guárdense en sobre cerrado los discos versátiles digitales que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." III. SE FORMA ANEXO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese el ANEXO I, respetando el folio original, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. Notifíquese personalmente al tercero interesado en el lugar de su reclusión, entregándole copia autorizada del acuerdo y del informe justificado que se acuerda con esta fecha; y, por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional, en razón de que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, a efecto de que la autoridad responsable 1. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, Karla Patricia Ambrosio Vargas, rinda su informe con justificación. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las nueve horas con treinta minutos del día de hoy, se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al tercero interesado en el lugar de su reclusión; y, por lista a las demás partes...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable: 1. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, Karla Patricia Ambrosio Vargas, por medio de cual da cumplimiento al proveído de cuatro de octubre del año en curso; esto es, proporciona el nombre correcto del fiscal que interviene en la carpeta judicial administrativa: 259/2020/CHOLULA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase como autoridad tercero interesada al agente del Ministerio Público (José Luis Azucena Silva); y, según lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional, por medio de oficio que se gire para tal efecto (en la dirección que indica la autoridad responsable), adjuntándole copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." Emplácese vía oficio al agente del ministerio público (José Luis Azucena Silva) y, por lista a las demás partes...

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