Angel Sainz Ortiz

Expediente 350/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
350/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Angel Sainz Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil veintidós. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. SE DEVUELVEN ANEXO Y DISCOS En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a la autoridad responsable Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro- Poniente, con desde en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), la copia autorizada de la carpeta judicial administrativa 259/2020/CHOLULA, con la que se formó el anexo I; así como, seis (6) discos versátiles digitales que contienen los registros audiovisuales de diversas audiencias celebradas en dicha carpeta judicial administrativa. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la jueza responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse de que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado en su lugar de reclusión; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil veintidós. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. SE DEVUELVEN ANEXO Y DISCOS En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a la autoridad responsable Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro- Poniente, con desde en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), la copia autorizada de la carpeta judicial administrativa 259/2020/CHOLULA, con la que se formó el anexo I; así como, seis (6) discos versátiles digitales que contienen los registros audiovisuales de diversas audiencias celebradas en dicha carpeta judicial administrativa. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la jueza responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse de que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado en su lugar de reclusión; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, la actualización de una causal de improcedencia que como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. I. ACTO RECLAMADO. Ángel Sáinz Ortiz, en su demanda de amparo reclamó de la Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con desde en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas, la resolución dictada en audiencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la etapa intermedia, para la restitución provisional -en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales- del bien inmueble denominado Atoyac, ubicado en lateral de la autopista Atlixcáyotl, número 7425, de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, que reputa como propio, en el proceso penal 259/2020/CHOLULA, que se sigue contra el aquí tercero interesado Felipe Nicéforo Cuautle Pérez, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de despojo. II. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Como ya se adelantó, este juzgador de oficio aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" En relación con dicha porción normativa se estima que es improcedente entrar al estudio de las violaciones cometidas en el procedimiento penal acusatorio una vez que se ha transitado de una etapa a otra del mismo. Al respecto se cita la tesis: "AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACION. Del texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia a que alude se surte cuando dentro de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se producen los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, estos es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que el tercero de estos supuestos se actualice, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situaciones jurídicas, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica sólo así la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón se habla, en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no se modificaría la nueva situación jurídica." Para corroborar la causa de improcedencia, conviene mencionar que tratándose del Sistema Procesal Penal Adversarial de Corte Acusatorio y Oral, el "cambio de situación jurídica" debe atenderse a la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales en sí mismas, pues esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de garantías pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En relación a lo anterior, se tiene que, conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal se compone por tres momentos o etapas procesales, a saber, la de investigación, la intermedia o de preparación a juicio, y la de juicio, cada una con finalidad específica en el procedimiento; de las que se destacan, en lo que interesa en el presente caso, la intermedia o de preparación a juicio, y la de juicio oral. La etapa intermedia, surge al momento en que el Ministerio Público formula acusación una vez que ha concluido el plazo para el cierre de la investigación complementaria; y ésta tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual podrán solicitar al juez de control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral; de conformidad con lo establecido en los artículos 334 a 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta fase se compone por dos etapas, una escrita y otra oral, iniciando la primera con el escrito de acusación a cargo del órgano del Ministerio Público, y la segunda, da inicio con el desahogo de la audiencia intermedia, en la cual durante su desarrollo el juez de control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. Una vez que el juez de control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchó los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, y si fuera el caso, se establecerán los acuerdo probatorios asumidos por estos y el juez de control se cerciorará que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio y se excluirán aquellos medios de prueba que no se refieran a los hechos objeto de investigación, así como los que resulten sobreabundantes, impertinentes o innecesarios, obtenidos con violación a derechos humanos, los que han sido declarados nulos o resulten ilícitos y posterior a ello se dictará la resolución o auto de apertura a juicio, en el cual deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Tocante a la última fase procedimental en comento, ésta acontece una vez que la resolución de apertura de juicio oral, se ha recibido ante el Tribunal de enjuiciamiento y quedan a disposición las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medida cautelar decretada por el juez de control, fijando el juez de debate oral fecha para la celebración de la audiencia correspondiente; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 348 a 413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante la audiencia de juicio oral se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes. Terminado el debate, si el juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado. Como se puede ver de lo anterior, el procedimiento penal acusatorio y oral, se encuentra dividido en una serie de etapas y cada una de ellas tiene una función específica, las que además, se van sucediendo irreversiblemente unas a otras (como estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los diversos amparos directos en revisión 669/2015, 5744/2014, 7225/2016, 7103/2016 y 2058/2017); lo que trae como consecuencia que sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que legalmente exista la posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esto es así, pues como quedó de manifiesto la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio, la cual culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, en tanto que en la audiencia de juicio oral deberán desahogarse las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes, para con ello sea factible considerar por el juez o tribunal si existen o no elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado concluyendo con el dictado de la sentencia respectiva. Ahora bien, sobre el particular, Ángel Sáinz Ortiz, reclama de la Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con desde en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), la resolución dictada en audiencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la etapa intermedia, para la restitución provisional -en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales- del bien inmueble denominado Atoyac, ubicado en lateral de la autopista Atlixcáyotl, número 7425, de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, que reputa como propio, en el proceso penal 259/2020/CHOLULA, que se sigue contra el aquí tercero interesado Felipe Nicéforo Cuautle Pérez, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de despojo. Sin embargo, en audiencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós, fue emitido auto de apertura a juicio y, el veinticinco siguiente, mediante oficio número 16319/2022-ADM, se envió a la abogada Rosa Celia Pérez González, Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento, y se radicó el asunto con el número de carpeta judicial 36/2022/JO/CENTRO PONIENTE. Oficio que fue recibido por la citada jueza el veintiséis de abril de dos mil veintidós, dejando desde luego a su disposición al hoy tercero interesado Felipe Nicéforo Cuautle Pérez. (Fojas 61 a 80). En este estado de cosas, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia previamente señalada, pues queda demostrado que el asunto de origen se encuentra en un etapa diversa a aquella donde se generó el acto reclamado, ya que se ha transitado de la intermedia a la de juicio oral, por lo que es inconcuso que ya no puede decidirse sobre el acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procedimiento, y, por ende las violaciones alegadas quedaron consumadas de modo irreparable. Dicho de otra manera, deben considerarse consumadas de forma irreparable las violaciones que pudiera contener la determinación controvertida ya que se sustituyó la fase del procedimiento donde se verificó y ha finalizado sin posibilidad de ser reabierta, por lo que no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica que rige en ese procedimiento. Esto pues, se insiste, en el sistema penal de corte acusatorio y oral opera la lógica de cierre de etapas y oportunidad para alegar, lo que se le denomina principio de continuidad, por lo que en cada una de las etapas procesales -investigación, intermedia y juicio- deberán desarrollarse de manera continua, desenvolviéndose sin interrupciones, de ahí que en cada una de ellas, se deberá cumplir a cabalidad con la función para la cual fueron diseñadas pues una vez agotada alguna de ellas y se avance a la siguiente ya no será posible regresar a la anterior, por ello, las partes se encuentren obligadas a realizar los planteamientos de inconformidad en la fase legal correspondiente, de lo contrario, por regla general, su derecho de hacerlo se habrá consumado. Es aplicable al caso, por las razones que contiene, la tesis jurisprudencial 1a./J. 74/2018 (10a.) de rubro y texto: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." En ese orden de ideas, si se considera que el quejoso se duele de diversas violaciones acontecidas en una determinación dictada durante la etapa intermedia y ésta ya fue cerrada e iniciada la de juicio oral, entonces, es evidente que ya no se puede retrotraer el proceso a la primera, para salvaguardar el derecho del cual alega su violación, en razón de que en el supuesto de declarar su inconstitucionalidad, la determinación combatida afectaría la etapa posterior (de juicio oral), atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos no sólo la audiencia donde se emitió el acto reclamado, sino también la intermedia, a fin de reabrir la etapa, pues de otra manera el juez de control no podría actuar en una etapa culminada, afectando a terceros e incidiendo en cuestiones que no son parte de la litis. Es por lo dicho que se itera que tales violaciones quedaron irreparablemente consumadas y ya no pueden ser analizadas ante el cambio de situación jurídica, pues no podría decidirse sobre ellas sin afectar la situación jurídica que rige la nueva etapa del procedimiento que -además- también incide en el estatus jurídico del acusado (aquí tercero interesado), pues de hacerlo se violaría el principio de continuidad que gobierna el procedimiento penal. Al respecto se cita, por las razones que la conforman, la tesis: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Máxime si se toma en consideración que al dictarse el auto de apertura a juicio y al haberse recibido éste por el tribunal de enjuiciamiento, la juez responsable concluyó su facultad para conocer de las incidencias planteadas en la etapa intermedia, como lo es la resolución reclamada, ya que las facultades del juez en el nuevo procedimiento penal acusatorio deben entenderse conforme a las fases del procedimiento penal. Aunado a que la eventual declaratoria de inconstitucionalidad de tal resolución no tendría ejecutividad, al advertirse que la sentencia que en su caso llegara a dictarse, vulneraría el principio constitucional de continuidad, al implicar que se obligue a la autoridad responsable a que retrotraiga el asunto de la fase de juicio oral, en la cual se encuentra, a su etapa intermedia, cuando esta última ya fue clausurada; la cual, en observancia a la prohibición expresa contenida en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, no puede reabrirse una vez agotada. Por tanto, es incuestionable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ello, procede en términos del diverso 63, fracción V, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efectos las nueve horas con veintiocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, señaladas en auto de tres anterior, para la celebración de la audiencia constitucional (foja 83 a 84), pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese por personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado en su lugar de reclusión; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, la actualización de una causal de improcedencia que como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. I. ACTO RECLAMADO. Ángel Sáinz Ortiz, en su demanda de amparo reclamó de la Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con desde en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas, la resolución dictada en audiencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la etapa intermedia, para la restitución provisional -en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales- del bien inmueble denominado Atoyac, ubicado en lateral de la autopista Atlixcáyotl, número 7425, de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, que reputa como propio, en el proceso penal 259/2020/CHOLULA, que se sigue contra el aquí tercero interesado Felipe Nicéforo Cuautle Pérez, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de despojo. II. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Como ya se adelantó, este juzgador de oficio aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" En relación con dicha porción normativa se estima que es improcedente entrar al estudio de las violaciones cometidas en el procedimiento penal acusatorio una vez que se ha transitado de una etapa a otra del mismo. Al respecto se cita la tesis: "AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACION. Del texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia a que alude se surte cuando dentro de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se producen los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, estos es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que el tercero de estos supuestos se actualice, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situaciones jurídicas, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica sólo así la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón se habla, en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no se modificaría la nueva situación jurídica." Para corroborar la causa de improcedencia, conviene mencionar que tratándose del Sistema Procesal Penal Adversarial de Corte Acusatorio y Oral, el "cambio de situación jurídica" debe atenderse a la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales en sí mismas, pues esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de garantías pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En relación a lo anterior, se tiene que, conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal se compone por tres momentos o etapas procesales, a saber, la de investigación, la intermedia o de preparación a juicio, y la de juicio, cada una con finalidad específica en el procedimiento; de las que se destacan, en lo que interesa en el presente caso, la intermedia o de preparación a juicio, y la de juicio oral. La etapa intermedia, surge al momento en que el Ministerio Público formula acusación una vez que ha concluido el plazo para el cierre de la investigación complementaria; y ésta tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual podrán solicitar al juez de control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral; de conformidad con lo establecido en los artículos 334 a 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta fase se compone por dos etapas, una escrita y otra oral, iniciando la primera con el escrito de acusación a cargo del órgano del Ministerio Público, y la segunda, da inicio con el desahogo de la audiencia intermedia, en la cual durante su desarrollo el juez de control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. Una vez que el juez de control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchó los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, y si fuera el caso, se establecerán los acuerdo probatorios asumidos por estos y el juez de control se cerciorará que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio y se excluirán aquellos medios de prueba que no se refieran a los hechos objeto de investigación, así como los que resulten sobreabundantes, impertinentes o innecesarios, obtenidos con violación a derechos humanos, los que han sido declarados nulos o resulten ilícitos y posterior a ello se dictará la resolución o auto de apertura a juicio, en el cual deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Tocante a la última fase procedimental en comento, ésta acontece una vez que la resolución de apertura de juicio oral, se ha recibido ante el Tribunal de enjuiciamiento y quedan a disposición las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medida cautelar decretada por el juez de control, fijando el juez de debate oral fecha para la celebración de la audiencia correspondiente; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 348 a 413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante la audiencia de juicio oral se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes. Terminado el debate, si el juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado. Como se puede ver de lo anterior, el procedimiento penal acusatorio y oral, se encuentra dividido en una serie de etapas y cada una de ellas tiene una función específica, las que además, se van sucediendo irreversiblemente unas a otras (como estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los diversos amparos directos en revisión 669/2015, 5744/2014, 7225/2016, 7103/2016 y 2058/2017); lo que trae como consecuencia que sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que legalmente exista la posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esto es así, pues como quedó de manifiesto la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio, la cual culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, en tanto que en la audiencia de juicio oral deberán desahogarse las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes, para con ello sea factible considerar por el juez o tribunal si existen o no elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado concluyendo con el dictado de la sentencia respectiva. Ahora bien, sobre el particular, Ángel Sáinz Ortiz, reclama de la Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con desde en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), la resolución dictada en audiencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la etapa intermedia, para la restitución provisional -en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales- del bien inmueble denominado Atoyac, ubicado en lateral de la autopista Atlixcáyotl, número 7425, de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, que reputa como propio, en el proceso penal 259/2020/CHOLULA, que se sigue contra el aquí tercero interesado Felipe Nicéforo Cuautle Pérez, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de despojo. Sin embargo, en audiencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós, fue emitido auto de apertura a juicio y, el veinticinco siguiente, mediante oficio número 16319/2022-ADM, se envió a la abogada Rosa Celia Pérez González, Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento, y se radicó el asunto con el número de carpeta judicial 36/2022/JO/CENTRO PONIENTE. Oficio que fue recibido por la citada jueza el veintiséis de abril de dos mil veintidós, dejando desde luego a su disposición al hoy tercero interesado Felipe Nicéforo Cuautle Pérez. (Fojas 61 a 80). En este estado de cosas, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia previamente señalada, pues queda demostrado que el asunto de origen se encuentra en un etapa diversa a aquella donde se generó el acto reclamado, ya que se ha transitado de la intermedia a la de juicio oral, por lo que es inconcuso que ya no puede decidirse sobre el acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procedimiento, y, por ende las violaciones alegadas quedaron consumadas de modo irreparable. Dicho de otra manera, deben considerarse consumadas de forma irreparable las violaciones que pudiera contener la determinación controvertida ya que se sustituyó la fase del procedimiento donde se verificó y ha finalizado sin posibilidad de ser reabierta, por lo que no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica que rige en ese procedimiento. Esto pues, se insiste, en el sistema penal de corte acusatorio y oral opera la lógica de cierre de etapas y oportunidad para alegar, lo que se le denomina principio de continuidad, por lo que en cada una de las etapas procesales -investigación, intermedia y juicio- deberán desarrollarse de manera continua, desenvolviéndose sin interrupciones, de ahí que en cada una de ellas, se deberá cumplir a cabalidad con la función para la cual fueron diseñadas pues una vez agotada alguna de ellas y se avance a la siguiente ya no será posible regresar a la anterior, por ello, las partes se encuentren obligadas a realizar los planteamientos de inconformidad en la fase legal correspondiente, de lo contrario, por regla general, su derecho de hacerlo se habrá consumado. Es aplicable al caso, por las razones que contiene, la tesis jurisprudencial 1a./J. 74/2018 (10a.) de rubro y texto: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." En ese orden de ideas, si se considera que el quejoso se duele de diversas violaciones acontecidas en una determinación dictada durante la etapa intermedia y ésta ya fue cerrada e iniciada la de juicio oral, entonces, es evidente que ya no se puede retrotraer el proceso a la primera, para salvaguardar el derecho del cual alega su violación, en razón de que en el supuesto de declarar su inconstitucionalidad, la determinación combatida afectaría la etapa posterior (de juicio oral), atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos no sólo la audiencia donde se emitió el acto reclamado, sino también la intermedia, a fin de reabrir la etapa, pues de otra manera el juez de control no podría actuar en una etapa culminada, afectando a terceros e incidiendo en cuestiones que no son parte de la litis. Es por lo dicho que se itera que tales violaciones quedaron irreparablemente consumadas y ya no pueden ser analizadas ante el cambio de situación jurídica, pues no podría decidirse sobre ellas sin afectar la situación jurídica que rige la nueva etapa del procedimiento que -además- también incide en el estatus jurídico del acusado (aquí tercero interesado), pues de hacerlo se violaría el principio de continuidad que gobierna el procedimiento penal. Al respecto se cita, por las razones que la conforman, la tesis: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Máxime si se toma en consideración que al dictarse el auto de apertura a juicio y al haberse recibido éste por el tribunal de enjuiciamiento, la juez responsable concluyó su facultad para conocer de las incidencias planteadas en la etapa intermedia, como lo es la resolución reclamada, ya que las facultades del juez en el nuevo procedimiento penal acusatorio deben entenderse conforme a las fases del procedimiento penal. Aunado a que la eventual declaratoria de inconstitucionalidad de tal resolución no tendría ejecutividad, al advertirse que la sentencia que en su caso llegara a dictarse, vulneraría el principio constitucional de continuidad, al implicar que se obligue a la autoridad responsable a que retrotraiga el asunto de la fase de juicio oral, en la cual se encuentra, a su etapa intermedia, cuando esta última ya fue clausurada; la cual, en observancia a la prohibición expresa contenida en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, no puede reabrirse una vez agotada. Por tanto, es incuestionable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ello, procede en términos del diverso 63, fracción V, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efectos las nueve horas con veintiocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, señaladas en auto de tres anterior, para la celebración de la audiencia constitucional (foja 83 a 84), pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese por personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado en su lugar de reclusión; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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