Angel Rodriguez Garcia

Expediente 11/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
11/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Angel Rodriguez Garcia
  • Fiscal General del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. . Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Calificación de los cuadernos incidentales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) , en relación con el numeral 20, fracción II, inciso a) , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que CONCEDIÓ la suspensión provisional y la definitiva se CONCEDIO y negó, mientras que el duplicado es susceptible de DESTRUCCIÓN. En consecuencia, transcurridos los seis meses, contados a partir de esta data, y dentro de los treinta días siguientes, a que se refiere el artículo 20, penúltimo párrafo del Acuerdo General citado, procédase a la destrucción del cuaderno duplicado del incidente de suspensión, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta data, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración del presente expediente, por lo que únicamente deberá de conservarse, la o las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el presente proveído. Finalmente, tomando en consideración que de autos de advierte que se encuentra en este juzgado federal copias certificadas de diversas constancias remitidas por una de las autoridades responsables y habiéndose declarado este juicio de garantías con el carácter de cosa juzgada, no existe motivo alguno por el cual deban de permanecer dicho testimonio, motivo por el cual se ordena remitir el mismo a la autoridad responsable remitente, sin que sea necesario acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Sentencia con engrose de veintiuno de julio de dos mil veintiuno: "... PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Catalina García Rodríguez, en representación de Ángel Rodriguez Garcia solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal y Juez de Control del Tercer Distrito Judicial del Estado. Acto reclamado. "Privación ilegal de la libertad personal de la quejosa, fuera de procedimiento judicial, y que hasta la fecha se desconoce algún número de Carpeta de Investigación o hechos que se le impute." SEGUNDO. El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, una vez ratificada la demanda, esta autoridad admitió el juicio de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 11/2021, concedió la suspensión de plano, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de detención emitida contra el quejoso, así como los malos tratos, golpes y tortura efectuados en su contra TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables negaron el acto reclamado consistente en los malos tratos, golpes y tortura, además el Fiscal General del Estado de Morelos, negó el acto reclamado consistente en la detención efectuada en contra del quejoso, sin que Ángel Rodriguez Garcia haya desvirtuado dichos actos no obstante que dicha carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUATRO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consiste en la detención del quejoso, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que la potestad judicial responsable acompañó a su informe con justificación, relativas al juicio penal JCC/002/2021. Documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 129 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Improcedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien ahora resuelve estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Respecto al cambio de situación jurídica es de citar la tesis 2 a CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Ahora bien, la parte quejosa Ángel Rodriguez Garcia reclama la detención realizada en su persona el cinco de enero de dos mil veintiuno. Sin embargo, fue puestos a disposición dentro de la causa penal JCC/002/2021, y el seis de enero de dos mil veintiuno se le vinculó a proceso por el delito de violación agravada en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales S.G.M.T. Por lo anterior, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con base esencialmente en que operó un cambio de situación jurídica al haberse puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional al quejoso para efectos de la calificación de la detención y que se resolviera su situación jurídica. Es decir, el hecho de poner al quejoso Ángel Rodriguez Garcia a disposición de la autoridad jurisdiccional y que ésta resuelva su situación jurídica, se traduce en que tal determinación generó efectos distintos y novedosos a los que en su momento se crearon con la detención reclamada, los cuales se afectarían si se adentrara al estudio de constitucionalidad del acto primigenio. De lo que se desprende, hubo un cambio de situación jurídica del inconforme, que quedó irreparablemente consumada, por lo que se actualiza la invocada causal de improcedencia, de ahí que lo conducente es sobreseer en este juicio de garantías de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ilustra por analogía la tesis XVIII 2 P A 2 P (10 a), publicada en la página 1430, del Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio". Y la tesis II 2 P 20 P (10 a), impresa a foja 1287, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Rodriguez Garcia, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintiuno de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Catalina García Rodríguez, en representación de Ángel Rodriguez Garcia solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal y Juez de Control del Tercer Distrito Judicial del Estado. Acto reclamado. "Privación ilegal de la libertad personal de la quejosa, fuera de procedimiento judicial, y que hasta la fecha se desconoce algún número de Carpeta de Investigación o hechos que se le impute." SEGUNDO. El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, una vez ratificada la demanda, esta autoridad admitió el juicio de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 11/2021, concedió la suspensión de plano, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de detención emitida contra el quejoso, así como los malos tratos, golpes y tortura efectuados en su contra TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables negaron el acto reclamado consistente en los malos tratos, golpes y tortura, además el Fiscal General del Estado de Morelos, negó el acto reclamado consistente en la detención efectuada en contra del quejoso, sin que Ángel Rodriguez Garcia haya desvirtuado dichos actos no obstante que dicha carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUATRO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consiste en la detención del quejoso, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que la potestad judicial responsable acompañó a su informe con justificación, relativas al juicio penal JCC/002/2021. Documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 129 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Improcedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien ahora resuelve estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Respecto al cambio de situación jurídica es de citar la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Ahora bien, la parte quejosa Ángel Rodriguez Garcia reclama la detención realizada en su persona el cinco de enero de dos mil veintiuno. Sin embargo, fue puestos a disposición dentro de la causa penal JCC/002/2021, y el seis de enero de dos mil veintiuno se le vinculó a proceso por el delito de violación agravada en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales S.G.M.T. Por lo anterior, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con base esencialmente en que operó un cambio de situación jurídica al haberse puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional al quejoso para efectos de la calificación de la detención y que se resolviera su situación jurídica. Es decir, el hecho de poner al quejoso Ángel Rodriguez Garcia a disposición de la autoridad jurisdiccional y que ésta resuelva su situación jurídica, se traduce en que tal determinación generó efectos distintos y novedosos a los que en su momento se crearon con la detención reclamada, los cuales se afectarían si se adentrara al estudio de constitucionalidad del acto primigenio. De lo que se desprende, hubo un cambio de situación jurídica del inconforme, que quedó irreparablemente consumada, por lo que se actualiza la invocada causal de improcedencia, de ahí que lo conducente es sobreseer en este juicio de garantías de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ilustra por analogía la tesis XVIII.2o.P.A.2 P (10a.), publicada en la página 1430, del Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio". Y la tesis II.2o.P.20 P (10a.), impresa a foja 1287, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Rodriguez Garcia, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintiuno de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de donde se advierte que el diecinueve de febrero del presente año, se concedió al quejoso un término de quince días, para que manifestara su deseo de ampliar su demanda de amparo y toda vez que dicho término se encuentra transcurriendo, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, misma que se difiere para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
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