Ángel Ramirez Morán
Expediente 1753/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1753/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ángel Ramirez Morán
Actuaciones
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el auto dictado en esta misma fecha en el expediente principal 1753/2019, se forma y tramita por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión solicitado, con dos copias simples del escrito inicial y aclaratorio de la demanda de amparo promovida por Ángel Ramírez Morán, contra el Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y otras autoridades. Requerimiento de los informes previos Por otra parte, con base en el artículo 138 fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables el informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto; apercibiéndola, que en caso contrario, en su momento procesal oportuno, se le impondrá una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Denominación de las Autoridades Responsables Se previene a la parte quejosa de que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda que se acuerda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación de las responsables, lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". De la audiencia incidental Se señalan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para el desahogo de la audiencia incidental. Precisión del acto reclamado Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la quejosa reclama: ". IV. ACTO RECLAMADO. - DE LA AUTORIDAD INDICADA COMO ORDENADORA DEL ACTO RECLAMADO, SEÑALAMOS LA ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN, ASEGURAMIENTO Y REMISIÓN AL CORRALÓN DE LOS VEHÍCULOS DE NUESTRA PROPIEDAD RESPECTIVAMENTE QUE SE SEÑALAN EN SEGUIDA: [.] ÁNGEL RAMÍREZ MORÁN, MARCA TOYOTA, PANEL, HIACE. MODELO 2017, NÚMERO DE SERIE JTFPX22PXH0066848." Negativa de la Suspensión Provisional Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 128, 138, fracción I, y 217 de la Ley de la Materia, se niega la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la orden de detención, aseguramiento y remisión del respectivo vehículo del aquí quejoso emitido por las responsables, toda vez que en el caso dicha orden que reclama ya se emitió, lo cual implica que se está en presencia de actos consumados y por ende, no resulta procedente conceder la providencia cautelar solicitada, en razón de que sería tanto como darle efectos restitutorios a la inconforme, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el expediente principal del que emana esta incidencia. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del 2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Ahora bien, respecto a la ejecución o aplicación del acto que reclama, el solicitante de amparo cumple con el requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza, porque la medida cautelar es solicitada por la parte quejosa, quien afirma que con los actos reclamados se violan sus derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico produciendo una afectación a su esfera jurídica. Además, la parte quejosa, acredita su interés suspensional, ya que exhiben copia certificada del permiso de servicio público para circular 170559P que le fue otorgado, así como los recibos de pago realizados a Telecom; con lo que acredita el interés suspensional que le asiste para solicitar la medida cautelar. En relación con el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de la Materia, la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social, ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, tratándose de normas generales autoaplicativas, la medida cautelar se debe otorgar siempre que concurran los requisitos previstos en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, sin que pueda considerarse que por el sólo hecho de suspender su aplicación en la esfera jurídica del quejosos, se vulneran normas de orden público y se afecta el interés social, pues la propia ley permite la paralización de los efectos de la norma, lo cual conlleva a que el juzgador deba realizar un análisis pormenorizado respecto de las circunstancias específicas del asunto para determinar si se colma o no ese requisito. Por su parte, de la solicitud de la suspensión se desprende que el impetrante pretende el otorgamiento de la medida cautelar con la finalidad de impedir los efectos y consecuencias de la orden de detención, aseguramiento y remisión al corralón del vehículo propiedad de la parte quejosa. Pues bien, atento al marco jurídico de la suspensión y a la interpretación que se hizo en párrafos precedentes, se concluye que la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización, ya que en consideración de que los actos prohibitivos impiden al particular realizar una determinada acción o conducta y que la actuación de la autoridad se dirige a que el particular se abstenga de seguir actuando o de ejecutar determinado acto, por regla general, es improcedente la suspensión en su contra, ya que su concesión implicaría retrotraer los efectos al estado en que se encontraban antes de la prohibición, efecto que, por regla general, corresponde a una sentencia de fondo, además de incorporar al quejoso un derecho con el que no contaba antes de emitirse el acto impugnado. Sin embargo, tratándose de actos prohibitivos con efectos positivos como lo es en el caso concreto, se actualiza una excepción a la regla indicada, pues si bien con ellos se impide al gobernad realizar cierto acto o actividad, también traen consigo la restricción de derechos adquiridos con anterioridad, como sucede como cuando se cuenta con un permiso o licencia para realizar una actividad, pero con posterioridad se prohíbe continuar con ésta. Prohibición que no sólo puede derivar de un acto concreto de aplicación de una norma general sino también de ésta, la cual, cuando se reclama por su sola entrada en vigor, sus efectos y consecuencias son susceptibles de paralizarse en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo. En tal virtud el decreto reclamado es una norma prohibitiva con efectos positivos frente a los particulares que al inicio de su vigencia contaban con autorización para prestar el servicio de transporte público y su naturaleza no constituye un obstáculo para conceder la suspensión provisional contra su aplicación. En ese orden de ideas, reunidos los requisitos legales, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131 y 144 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, a efecto de que al quejoso no se le detenga el vehículo MARCA TOYOTA, PANEL, HIACE. MODELO 2017, NÚMERO DE SERIE JTFPX22PXH0066848, siempre y cuando el permiso que le fue otorgado se encuentre vigente y además se apegue a los efectos para los que fue expedido el mismo. La suspensión provisional concedida surte sus efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. En el entendido de que la concesión de la presente medida cautelar no surtirá efecto alguno en caso de que la resolución reclamada ya se haya ejecutado en su totalidad; o bien, si el acto reclamado es dictado y ejecutado con motivo de una ejecutoria de amparo, o emitido por autoridades distintas de las señaladas como responsables en este asunto. Obligaciones de las autoridades responsables Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Finalmente, de conformidad con lo estatuido en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente proveído, previa constancia de recibo que obre en autos, teniendo por autorizada para recibirla a las personas que indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio firmado por Ángel Ramírez Morán, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diecinueve de diciembre del año en curso; en atención a lo anterior, se tiene a la ocursante subsanando la demanda de amparo. Por tanto, una vez cumplido con lo solicitado, este Juzgado se pronuncia en relación a su contenido. Admisión de la demanda En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo, promovida por Ángel Ramírez Morán, contra el Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y otras autoridades, de quienes reclama la ilegal orden de detención, aseguramiento y remisión del vehículo marca Toyota, Panel, Hiace, Modelo 2017, Número de Serie JTFPX22PXH0066848. Del incidente de suspensión Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, se ordena la apertura del incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes justificados De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Denominación de las Autoridades Responsables Se previene a la parte quejosa de que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda que se acuerda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación de las responsables, lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que se anexan al escrito que se provee, mismas que se desahogaran en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al auto de dieciséis de diciembre del año actual, dictado en el juicio de amparo 1751/2019, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, informa que con esa fecha se efectuó registro de un asunto más a nombre de ********************, lo anterior, con motivo de la separación de juicios que ordena el auto de referencia, por lo que anexa boleta del registro correspondiente y un juego de copias certificadas: Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a proveer lo siguiente: Prevención de la demanda Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del escrito inicial de demanda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el numeral 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se previene al promovente de amparo para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Exhiba cuatro copias de su demanda de amparo, para correrle traslado a las partes intervinientes en el presente juicio. Con el apercibimiento al impetrante de amparo que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de éste proveído, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, este Juzgado de Distrito tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Domicilio procesal y autorizados En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias del precepto antes citado a los profesionistas que refiere, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la toma y copiado de acuerdos que integran el expediente en que se actúa, y se le hace saber a las partes que el uso indebido o la divulgación de la información obtenida será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el acuerdo que a continuación se cita: Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al auto de dieciséis de diciembre del año actual, dictado en el juicio de amparo 1751/2019, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, informa que con esa fecha se efectuó registro de un asunto más a nombre de ********************, lo anterior, con motivo de la separación de juicios que ordena el auto de referencia, por lo que anexa boleta del registro correspondiente y un juego de copias certificadas: Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a proveer lo siguiente: Prevención de la demanda Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del escrito inicial de demanda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el numeral 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se previene al promovente de amparo para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Exhiba cuatro copias de su demanda de amparo, para correrle traslado a las partes intervinientes en el presente juicio. Con el apercibimiento al impetrante de amparo que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de éste proveído, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, este Juzgado de Distrito tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Domicilio procesal y autorizados En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias del precepto antes citado a los profesionistas que refiere, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la toma y copiado de acuerdos que integran el expediente en que se actúa, y se le hace saber a las partes que el uso indebido o la divulgación de la información obtenida será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese personalmente.
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