Angel Parral Archundia

Expediente 1098/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1098/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Angel Parral Archundia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Alfonso Alejandro Lujan Reyes, Director Jurídico del Ayuntamiento de Campeche, mediante el cual refiere que ha hecho la devolución vía transferencia bancaria del numerario relativo al pago del derecho de alumbrado público (DAP) debidamente actualizada, asimismo, refiere que solicitó al Jefe de Departamento y Responsable de la Zona Comercial Campeche, División Comercial Peninsular CFE Suministrador de Servicios Básicos, para el efecto de que no le sea exigido a la moral quejosa el cobró del derecho de alumbrado público. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Erika Asunción Chi Orlayneta, Tesorera del Ayuntamiento de Campeche, para que en el término de cinco días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, informe y acredite lo siguiente: Informe y acredite con las documentales idóneas la respuesta dada por el Jefe de Departamento y Responsable de la Zona Comercial Campeche, División Comercial Peninsular CFE Suministrador de Servicios Básicos, con el fin de que no le sea exigido a la moral quejosa el cobró del derecho de alumbrado público. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós Agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar, signado por la Subconsejera de Atención a Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, en el cual informa que el oficio 19485/2022, le fue notificado el siete de septiembre de la presente anualidad y por lo que respecta al diverso 21571/2022, no le ha sido notificado. En virtud de lo anterior, y con el fin de evitar mayores dilaciones procesales, remítase de nueva cuenta el oficio 21571/2022, así como copia de los agravios del escrito de revisión interpuesto en autos. Por último, requiérase a dicha autoridad responsable, para que en el término de veinticuatro horas, informe la fecha con la que le fue notificado, el oficio antes señalado, mismo que contiene el escrito de agravios del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo aquí acordado, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 237, fracción I, 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandato judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se encuentra disponible la dirección de correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, para tal efecto, sin perjuicio de hacerlo vía ordinaria. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, ante el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, GLORIA ANGÉLICA JAIMES SALGADO solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° LIC, MARÍA DEL CARMEN VERÓNICA CUEVAS LÓPEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ° LIC. ELDA FLORES LEÓN, MAGISTRADA INTEGRANTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ° MAGISTRADO VISITADOR GENERAL DEPENDIENTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DEPENDIENTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ° ENCARGADO DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. ° DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. ° DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. ° TITULAR DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE AHORRO (CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS), DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. Acto reclamado: ".Reclamo de la Lic, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su calidad de Presidenta y de la Lic. Elda Flores León en su calidad de Magistrada Integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la celebración de la Sesión Extraordinaria de fecha ocho de enero de dos mil veinte, y a su vez también se reclama la emisión de un oficio con número MCVCL/JUNTA ADMON/0082/2020, el cual está fechado el 08 de enero de 2020 y contiene su firma, derivado de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos en esa misma fecha y se cita en este punto, la que carece de una debida motivación y fundamentación, ya que en dicha sesión extraordinaria, SE INSTRUYÓ DE FORMA IRREGULAR E ILEGAL DEJAR SIN EFECTOS MI NOMBRAMIENTO COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CNTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES CON JURISDICCIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS. .Reclamo de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, que sustituyó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, autoridad señalada como responsable en esta demanda de amparo, por ser está quien se constituyó en la sesión extraordinaria de fecha ocho de enero de dos mil veinte, y su respectivo oficio número MCVCL/JUNTA ADMON/0082/2020, que no están debidamente fundados ni motivados. .del C. Magistrado Visitador General, la instrucción para la realización de la diligencia de fecha nueve de enero de dos mil veinte, en la que se me enteró que se dejaba sin efectos mi nombramiento como Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Estado de Morelos, además del cese de mi función jurisdiccional por carecer de una adecuada fundamentación y motivación, ya que al oficio número MCVCL/JUNTA ADMON/0082/2020, no le acompaña el oficio con la resolución y/o acuerdo que le instruya que proceda a realizar dicha diligencia ni para que proceda a designar a un funcionario para que realice estas acciones. .Reclamo del C. Director General de Administración así como del C. encargado de la Jefatura de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el hecho de que integren en mi expediente laboral, el cual está a su resguardo, la determinación unilateral de dejar sin efectos mi nombramiento de JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES CON JURISDICCIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS. .Se reclama de manera conjunta al C. DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, la DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS y al TITULAR DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE AHORRO (CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS), DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, .reclamo de estas autoridades .negarme el servicio o las prestaciones legales a las cuales tengo derecho.". SEGUNDO. El cuatro de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el asunto con el número de expediente 146/2020, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, el diez de marzo de dos mil veinte, la quejosa amplió su demanda de amparo, a la cual recayó auto de doce del mismo mes y año, sin que se acordara al respecto, en razón del planteamiento de incompetencia por conocimiento previo que realizó dicho Juzgado Federal. CUARTO. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, se recibió oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 146/2020, de su índice, con motivo de la incompetencia planteada en favor de este Juzgado de Distrito. QUINTO. En atención a lo anterior, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, esta autoridad Federal, radicó el asunto con el número de expediente 360/2020, se avocó al conocimiento del asunto, requirió a las responsables su informe justificado respecto de la ampliación de demanda formulada el diez de marzo de dos mil veinte, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma por diverso auto de catorce de agosto de dos mil veinte, se reiteró sobre tener por ampliada la demanda respecto del acto reclamado consistente en: ".la insistencia arbitraria sin fundamentos ni motivos de mantener vigentes los efectos de la Sesión Extraordinaria de fecha ocho de enero de dos mi veinte ya que ha sido declarada excesiva y se ha instruido quede sin efectos por el Juez Tercero de Distrito desde el veinticinco de febrero del año en curso, y por consiguiente los efectos del oficio con número MCVCL/JUNTA ADMON/0082/2020, el cual está fechado el 08 de enero de 2020.". Atento a lo anterior, se requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se fijó hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. SEXTO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno, la quejosa Gloria Angélica Jaimes Salgado, formuló ampliación de demanda, respecto de las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: ° PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DEPENDIENTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ° ENCARGADO DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. Actos reclamados: ".Reclamo de los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la insistencia arbitraria sin fundamentos ni motivos de no reconocer los derechos de la suscrita quejosa y en consecuencia de mis dependientes económicos que lo son mi hijos, dados los efectos de la Sesión Ordinaria de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, que me niega reconocer mis derechos humanos y laborales del ocho de enero al treinta y uno de agosto de dos mil veinte, determinación que no es impugnable por ningún recurso existente, por lo que la actual postura de la autoridad demandada carece además de una debida motivación y fundamentación. .Reclamo de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, que sustituyó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, autoridad señalada como responsable en esta demanda de amparo, el que mantengan injustificadamente los efectos de no reconocer que por una mala interpretación de su parte se me separo injustificadamente de mi función jurisdiccional desde el ocho de enero hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, a pesar de lo resuelto el pasado veinticinco de febrero de esta anualidad en la ejecutoria del amparo 1870/2011 que es del conocimiento del C. Juez Tercero de Distrito y esta determinación no admite recurso alguno... .Reclamo del C. Director General de Administración así como del C. encargado de la Jefatura de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el hecho de que integren en mi expediente laboral, el cual está a su resguardo, la determinación emanada de la ahora autoridad demandada por la sesión ordinaria del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ya que dicha acción violenta mis derechos humanos fundamentales y humanos." SÉPTIMO. El tres de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad, en relación con la ampliación de demanda presentada el dos del mismo mes y año, se determinó remitir a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, como demanda independiente. En relación con lo anterior, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, respecto de la queja interpuesta por la hoy quejosa Gloria Angélica Jaimes Salgado, ordenándose rendir informe con justificación correspondiente. OCTAVO. Mediante sesión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, resolvió desechar por improcedente el recurso de queja de referencia; por tanto, por acuerdo de veinte de abril del año en curso, se mandó agregar y en diverso auto de trece de mayo de dos mil veintidós, se señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: ° La sesión extraordinaria de ocho de enero de dos mil veinte, celebrada por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, y de la que se emitió el oficio MCVCL/JUNTA ADMON/0082/2020. ° La sesión ordinaria de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, que por dicho de la quejosa niega reconocer derechos humanos y laborales a partir del ocho de enero al treinta y uno de agosto de dos mil veinte. ° La insistencia en dejar sin efectos su nombramiento como Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones. ° La pérdida de sus derechos laborales. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama. Además la autoridad señalada como responsable citada en el párrafo que antecede, en mérito de la negativa de los actos reclamados, precisó que a la fecha en que rindió su informe; la quejosa continuaba vigente en el sistema afiliatorio al Régimen Obligatorio de la Seguridad Social. Así, dado que la parte quejosa no aportó a este juicio prueba idónea para desvirtuar tal negativa, procede sobreseer en el presente juicio, respecto de la citada autoridad y de los actos reclamados a aquélla, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20 (8ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, segunda parte-2, julio-diciembre de 1989, página 627, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción IV del ordenamiento en cita. Por tanto, al tratarse de una autoridad ejecutora, se encuentra obligada a acatar la orden emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la desafiliación, y en consecuencia, negarle el servicio de prestaciones laborales a las que tiene derecho. CUARTO.- Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañan a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la autoridad señalada como responsable Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, negó la existencia de los actos reclamados, toda vez que de sus propias manifestaciones se advierte la certeza de los actos reclamados, en el sentido de que existe la celebración de un contrato pagaré número 762165, suscrito con el representante de la autoridad de referencia; de ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que en sesión extraordinaria llevada a cabo el veintiocho de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable dejó insubsistente el acta de ocho de enero de dos mil veinte, e instruyó al Magistrado Visitador, para el efecto de que se llevara a cabo la entrega recepción a los jueces entre estos a la hoy quejosa Gloria Angélica Jaimes Salgado, como Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, adscribiendo a la citada quejosa en la sede judicial de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos. Asimismo, mediante oficio recibido en este Juzgado el doce de mayo de dos mil veintidós, la autoridad señalada como responsable remitió en dos anexos los oficios dirigidos al Jefe de Departamento Técnico Normativo, de parte de la Jefa de Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, relativos a la nueva afiliación de la hoy quejosa para el goce de las prestaciones económicas y servicios del organismo; además de la cancelación de los registros negativos y respecto del crédito especial directo número 546,722, otorgado a la hoy quejosa el mismo fue liquidado en su totalidad el treinta de abril de dos mil veinte. De igual forma informa que el once de mayo de dos mil veintidós, le fue otorgado un nuevo crédito a la aquí quejosa, y que en razón de que se encuentra activa como trabajadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, como se advierte del oficio que adjunto CO/SPE/DAV/183/2022, emitido por el departamento de vigencia de derechos de once de mayo del año dos mil veintidós, se encuentra cotizando ante ese instituto. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional el acta de ocho de enero de dos mil veinte, el oficio derivado de dicha acta de sesión extraordinaria MCVCL/JUNTA ADMON/0082/2020, y como consecuencia su destitución del cargo que ostentó, así como la negativa del reconocimiento de los derechos laborales relativos; sin embargo, con la actuación señalada en el párrafo que antecede, es decir, el acta de sesión ordinaria de veintiocho de agosto de dos mil veinte, la resolución reclamada quedó superada, así como sus consecuencias relativas al reconocimiento de los derechos derivados de la reincorporación como Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al dejar sin efectos el mismo, en cumplimiento a lo establecido en el diverso juicio de amparo 1870/2011 del índice de este Juzgado de Distrito, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Cobra aplicación por los argumentos que la sustentan, la jurisprudencia VIII.1o. J/28, con registro digital 169736, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE IMPUGNA UN LAUDO CON EL QUE SE PRETENDIÓ DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DICTA UN ACUERDO PLENARIO POR EL CUAL LA TIENE POR NO CUMPLIDA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA JUNTA RESPONSABLE AÚN NO HAYA DECLARADO LA INSUBSISTENCIA DE AQUÉL. El acuerdo plenario emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito por el cual tiene por no cumplida la ejecutoria de amparo que concedió la protección constitucional a la parte quejosa respecto de un laudo dictado por la Junta en acatamiento a ella, debe ser observado ineludiblemente por ésta; en tal virtud, cualquier juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo con el que se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria es improcedente por haber cesado los efectos del acto reclamado, con independencia de que la autoridad responsable todavía no haya declarado la insubsistencia de ese laudo, pues con el aludido acuerdo cesan los efectos de éste, al ordenar que quede sin efectos y se pronuncie uno nuevo en el que se cumplan los lineamientos de la ejecutoria de amparo, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, de esta ley." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia, lo conducente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo respecto de dichos actos reclamados, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Al no existir diversas causas de improcedencia pendientes de analizar que hayan hecho valer las partes o que se adviertan de oficio, a continuación se procede al estudio del fondo del asunto. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy doce de septiembre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintisiete de julio del año en curso, informa que a la fecha no ha sido comunicado de la sentencia definitiva. De lo anterior, se hace del conocimiento a la autoridad oficiante que este órgano de control constitucional a la fecha ya cuenta con el acuse de recibo del oficio 18502/2022, de treinta de junio del presente año, mismo con el cual se advierte que dicha autoridad ha quedado notificada de la sentencia definitiva dictada por este juzgado federal; por tanto se deja sin efectos el requerimiento y apercibimiento a la autoridad oficiante. En otro orden de ideas, agréguese a los autos el correo electrónico de cuenta, signado por el Director General de la Coordinación de Asesoría del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante el cual informa la fecha en que fue notificado de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; al respecto, téngase por hecha la comunicación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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