Ángel Ricardo de Luna Escobedo

Expediente 1610/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1610/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
08/04/2016

Partes del expediente

  • Ángel Ricardo de Luna Escobedo
  • Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En ocho de abril de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Juez de Distrito con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de abril de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El nueve de octubre de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con la sentencia respectiva el once de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que se concedió el amparo al impetrante de garantías, en los términos y para los efectos siguientes: [.] "Consecuentemente, en atención a que el motivo de disenso examinado resultó fundado y suficiente para determinar la ilegalidad del acto reclamado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el impetrante para los efectos que se precisaran en el considerando siguiente. QUINTO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para el efecto de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad de mismo nombre, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada en el toca oral 41/2015, en la parte donde confirma el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso, en la causa penal 712/2013, por los delitos de homicidio simple intencional y lesiones agravadas, que constituye la materia del presente juicio y, en su lugar; 2. Emita otra resolución, en la que reitere todo lo que no fue materia de estudio de esta sentencia y, con plenitud de jurisdicción, examine de oficio la excluyente de incriminación establecida en el arábigo 13, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativa a obrar en cumplimiento de un deber consignado en la ley, y en su caso, si existió un exceso en términos del numeral 14 de este último ordenamiento, conforme a lo dispuesto en los ordinales 15 de la citada codificación sustantiva penal y 319, fracción IV, del Código Procesal Penal para esa Entidad Federativa, hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda en relación a la actualización o no de esa excluyente de responsabilidad y su impacto en el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso." (f. 140 vuelta). [.] En auto de once de marzo de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia de mérito y se ordenó requerir a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad para que dentro del término de tres días remitiera el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (f. 146). En atención a lo anterior, mediante oficio 223, recibido en este Juzgado el dieciséis de marzo de la presente anualidad, la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjuntó copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, en la cual se dejó insubsistente la diversa de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal oral 41/2015; y en su lugar emitió otra el dieciséis de marzo del año en curso, en la cual, como se determinó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable analizó la excluyente de incriminación establecida en el artículo 13, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativa a obrar en cumplimiento de un deber consignado en la ley; asimismo, examinó lo relativo a si existió un exceso en términos del numeral 14 de ese ordenamiento; lo que se llevó a cabo según lo revela la lectura de la misma, en la parte conducente que establece: [...] "Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo a la que se da cumplimiento, corresponde el turno de analizar de manera oficiosa, conforme a lo prescrito por los ordinales 319 fracción IV del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas y 15 del Código Penal en vigor, la diversa excluyente de incriminación establecida en el artículo 13 fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativo a obrar en cumplimiento a un deber consignado en la ley, y en su caso, si existe un exceso en términos del numeral 14 de este ordenamiento, atento a los hechos respecto de los cuales se ha establecido, existen bases para vincular a proceso a Ángel Ricardo de Luna Escobedo por su participación, como coautor, en la comisión de los delitos de homicidio simple intencional y lesiones que tardaron más de quince días en sanar, y pusieron en peligro la vida, en perjuicio respectivamente de Sergio Abraham Acuña Romero y Vanessa Alejandra Delgado Cell." [.] "Se concibe pues la actualización de una causa de justificación, aunque ciertamente no en la plenitud que permita establecer que el proceder de los elementos policiacos, concretamente el caso de Ángel Ricardo de Luna Escobedo, se encontró totalmente apegado a la norma, pues las condiciones destacadas no eliminan la conciencia plena de lo antijurídico de su actuación, de tal manera que ello se establece que la conducta de los elementos de Policía Preventiva, se actualizó excediendo el cumplimiento de un deber". Son varias las razones que permiten concebirlo de esa manera. Primeramente tenemos que la intensidad de la reacción de los elementos fue desproporcionada, pues resultó drásticamente superior a la posición amenazante en que se situaron las Victimas, dada la conducta que exteriorizó el conductor. Por otra parte, los antecedentes de investigación permiten sostener que la detención que finalmente se requería del conductor de aquella unidad, pudo haberse logrado, aún en el contexto de esa forma violenta, aplicando medidas menos extremas, como lo pudo ser el direccionar las armas hacían partes de la carrocería que permitieran única y exclusivamente su detención, como lo pudieron ser los neumáticos, ello por tratarse de elementos debidamente capacitados y adiestrados en su uso. Finalmente se reconoce que si bien la Policía Estatal está facultada para el uso de la fuerza, representando en el caso concreto precisamente por el empleo de las armas, ésta solo puede desplegarse como medida estrictamente necesaria para la restauración del orden o control de una situación, por ello en el caso resulta exigible el desarrollo de estrategias o técnicas diversas para lograr la detención de la unidad, encontrando en ello excesiva la actuación de los policías en el cumplimiento de su deber. Atentos a lo anterior, se considera que cobra la aplicación lo dispuesto por el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado, dispositivo que de ninguna manera elimina la atribución del hecho a título doloso, sino que vislumbra la aplicación de una pena atenuada para casos como el que nos ocupa, en que el agente se exceda en el cumplimiento de un deber. En esta tesitura, analizados los requisitos y formalidades exigidas por el numeral 19 Constitucional y 319 del Código Procesal Penal en vigor, es de MODIFICARSE el fallo impugnado por el cual se VINCULÓ A PROCESO A ÁNGEL RICARDO DE LUNA ESCOBEDO por existir la probabilidad de que haya participado como coautor de los hechos que la ley señala como delitos de HOMICIDIO Y LESIONES AGRAVADAS; en perjuicio respectivamente de SERGIO ABRAHAM ACUÑA ROMERO y VANESSA ALEJANDRA DELGADO CELL; con la salvedad de que se ha previsto que los hechos deben establecer o sustentarse conforme lo dispone el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado, es decir, excediendo el cumplimiento de un deber, en la actuación de Ángel Ricardo de Luna Escobedo, al desempeñarse como Agente de la Policía Estatal." (f. 181-196). [.] Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal oral 41/2015; y en su lugar emitiera una nueva conforme a lo prescrito por los ordinales 319 fracción IV del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas y 15 del Código Penal en vigor, en la que analizara la excluyente de incriminación establecida en el artículo 13 fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativa a obrar en cumplimiento a un deber consignado en la ley, y en su caso, si determinara si en el actuar del quejoso existió o no un exceso en términos del numeral 14 de este último ordenamiento; y tomando en consideración que de las constancias de autos se advierte que se acataron los extremos de la concesión, en los términos precisados en la nueva resolución emitida por la autoridad responsable el dieciséis de marzo del año en curso; por tanto, esta resolutora DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y con apoyo, en el artículo 196, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en el Punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que tanto el expediente en que se actúa como el incidente de suspensión son SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, en razón de que en cuanto al primero se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia federal solicitados; y por lo que respecta al segundo se concedió la suspensión definitiva solicitada; en el entendido de que sólo deberá conservarse el escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; así como las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión. En consecuencia, agréguese el mencionado cuaderno incidental al juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado Punto Vigésimo Primero, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADO Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EL AIUTO DE OCHO DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "#En ocho de abril de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Juez de Distrito con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de abril de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El nueve de octubre de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con la sentencia respectiva el once de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que se concedió el amparo al impetrante de garantías, en los términos y para los efectos siguientes: [.] "Consecuentemente, en atención a que el motivo de disenso examinado resultó fundado y suficiente para determinar la ilegalidad del acto reclamado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el impetrante para los efectos que se precisaran en el considerando siguiente. QUINTO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para el efecto de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad de mismo nombre, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada en el toca oral 41/2015, en la parte donde confirma el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso, en la causa penal 712/2013, por los delitos de homicidio simple intencional y lesiones agravadas, que constituye la materia del presente juicio y, en su lugar; 2. Emita otra resolución, en la que reitere todo lo que no fue materia de estudio de esta sentencia y, con plenitud de jurisdicción, examine de oficio la excluyente de incriminación establecida en el arábigo 13, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativa a obrar en cumplimiento de un deber consignado en la ley, y en su caso, si existió un exceso en términos del numeral 14 de este último ordenamiento, conforme a lo dispuesto en los ordinales 15 de la citada codificación sustantiva penal y 319, fracción IV, del Código Procesal Penal para esa Entidad Federativa, hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda en relación a la actualización o no de esa excluyente de responsabilidad y su impacto en el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso." (f. 140 vuelta). [.] En auto de once de marzo de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia de mérito y se ordenó requerir a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad para que dentro del término de tres días remitiera el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (f. 146). En atención a lo anterior, mediante oficio 223, recibido en este Juzgado el dieciséis de marzo de la presente anualidad, la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjuntó copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, en la cual se dejó insubsistente la diversa de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal oral 41/2015; y en su lugar emitió otra el dieciséis de marzo del año en curso, en la cual, como se determinó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable analizó la excluyente de incriminación establecida en el artículo 13, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativa a obrar en cumplimiento de un deber consignado en la ley; asimismo, examinó lo relativo a si existió un exceso en términos del numeral 14 de ese ordenamiento; lo que se llevó a cabo según lo revela la lectura de la misma, en la parte conducente que establece: [...] "Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo a la que se da cumplimiento, corresponde el turno de analizar de manera oficiosa, conforme a lo prescrito por los ordinales 319 fracción IV del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas y 15 del Código Penal en vigor, la diversa excluyente de incriminación establecida en el artículo 13 fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativo a obrar en cumplimiento a un deber consignado en la ley, y en su caso, si existe un exceso en términos del numeral 14 de este ordenamiento, atento a los hechos respecto de los cuales se ha establecido, existen bases para vincular a proceso a Ángel Ricardo de Luna Escobedo por su participación, como coautor, en la comisión de los delitos de homicidio simple intencional y lesiones que tardaron más de quince días en sanar, y pusieron en peligro la vida, en perjuicio respectivamente de Sergio Abraham Acuña Romero y Vanessa Alejandra Delgado Cell." [.] "Se concibe pues la actualización de una causa de justificación, aunque ciertamente no en la plenitud que permita establecer que el proceder de los elementos policiacos, concretamente el caso de Ángel Ricardo de Luna Escobedo, se encontró totalmente apegado a la norma, pues las condiciones destacadas no eliminan la conciencia plena de lo antijurídico de su actuación, de tal manera que ello se establece que la conducta de los elementos de Policía Preventiva, se actualizó excediendo el cumplimiento de un deber". Son varias las razones que permiten concebirlo de esa manera. Primeramente tenemos que la intensidad de la reacción de los elementos fue desproporcionada, pues resultó drásticamente superior a la posición amenazante en que se situaron las Victimas, dada la conducta que exteriorizó el conductor. Por otra parte, los antecedentes de investigación permiten sostener que la detención que finalmente se requería del conductor de aquella unidad, pudo haberse logrado, aún en el contexto de esa forma violenta, aplicando medidas menos extremas, como lo pudo ser el direccionar las armas hacían partes de la carrocería que permitieran única y exclusivamente su detención, como lo pudieron ser los neumáticos, ello por tratarse de elementos debidamente capacitados y adiestrados en su uso. Finalmente se reconoce que si bien la Policía Estatal está facultada para el uso de la fuerza, representando en el caso concreto precisamente por el empleo de las armas, ésta solo puede desplegarse como medida estrictamente necesaria para la restauración del orden o control de una situación, por ello en el caso resulta exigible el desarrollo de estrategias o técnicas diversas para lograr la detención de la unidad, encontrando en ello excesiva la actuación de los policías en el cumplimiento de su deber. Atentos a lo anterior, se considera que cobra la aplicación lo dispuesto por el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado, dispositivo que de ninguna manera elimina la atribución del hecho a título doloso, sino que vislumbra la aplicación de una pena atenuada para casos como el que nos ocupa, en que el agente se exceda en el cumplimiento de un deber. En esta tesitura, analizados los requisitos y formalidades exigidas por el numeral 19 Constitucional y 319 del Código Procesal Penal en vigor, es de MODIFICARSE el fallo impugnado por el cual se VINCULÓ A PROCESO A ÁNGEL RICARDO DE LUNA ESCOBEDO por existir la probabilidad de que haya participado como coautor de los hechos que la ley señala como delitos de HOMICIDIO Y LESIONES AGRAVADAS; en perjuicio respectivamente de SERGIO ABRAHAM ACUÑA ROMERO y VANESSA ALEJANDRA DELGADO CELL; con la salvedad de que se ha previsto que los hechos deben establecer o sustentarse conforme lo dispone el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado, es decir, excediendo el cumplimiento de un deber, en la actuación de Ángel Ricardo de Luna Escobedo, al desempeñarse como Agente de la Policía Estatal." (f. 181-196). [.] Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal oral 41/2015; y en su lugar emitiera una nueva conforme a lo prescrito por los ordinales 319 fracción IV del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas y 15 del Código Penal en vigor, en la que analizara la excluyente de incriminación establecida en el artículo 13 fracción VI, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, relativa a obrar en cumplimiento a un deber consignado en la ley, y en su caso, si determinara si en el actuar del quejoso existió o no un exceso en términos del numeral 14 de este último ordenamiento; y tomando en consideración que de las constancias de autos se advierte que se acataron los extremos de la concesión, en los términos precisados en la nueva resolución emitida por la autoridad responsable el dieciséis de marzo del año en curso; por tanto, esta resolutora DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y con apoyo, en el artículo 196, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en el Punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que tanto el expediente en que se actúa como el incidente de suspensión son SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, en razón de que en cuanto al primero se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia federal solicitados; y por lo que respecta al segundo se concedió la suspensión definitiva solicitada; en el entendido de que sólo deberá conservarse el escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; así como las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión. En consecuencia, agréguese el mencionado cuaderno incidental al juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado Punto Vigésimo Primero, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADO Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la razón actuarial que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial de dieciocho del mes y año en curso, asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal Federal, de la que se advierte que no le fue posible notificar el auto de diecisiete de marzo del año actual a la tercero interesada Vanessa Alejandra Delgado Cell, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones a nombre de ésta, no obstante haber sido legalmente notificada y requerida para que lo señalara, por lo que se le hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de veintiocho de agosto de la pasada anualidad; por tanto, practíquese a la tercero interesada en comento, la notificación del referido proveído, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor, ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad de Zacatecas. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis. SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERO INTERESADA VANESSA ALEJANDRA DELGADO CELL, EL AUTO DE 17 D EMARZO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN III, INCISO B) Y 29 D ELA LEY DE AMPARO. "Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS (por conducto del Magistrado Presidente y Ponente de dicha Sala), por el que en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjunta copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, en la cual se deja insubsistente la diversa de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal oral 41/2015; y en su lugar emitió una nueva; con lo anterior, DESE VISTA a las partes para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado dicha autoridad responsable al fallo constitucional. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. "

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS (por conducto del Magistrado Presidente y Ponente de dicha Sala), por el que en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjunta copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, en la cual se deja insubsistente la diversa de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal oral 41/2015; y en su lugar emitió una nueva; con lo anterior, DESE VISTA a las partes para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado dicha autoridad responsable al fallo constitucional. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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