Ángel René Román Medina
Expediente 73/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 28 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 08/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ángel René Román Medina
- Oscar Daniel Román Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del veinticuatro de noviembre al siete de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 73/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No se aperturó incidente de suspensión; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, que actúa con Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 73/2017, estando en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de las autoridades responsables Subdirectora Especializada en Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) y Titular de la Subdirección Especializada en Atención al Público en Zacatecas (fojas 23 a 30, 67 a 74 y 107 a 112). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por el quejoso con su demanda de amparo (fojas 7 a 10), así como con la documental allegada por la responsable (135 a 158). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario relaciona los vertidos por la quejosa (foja 79) y la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante pedimentos 99/2017 y 987/2017 (fojas 42 a 44 y 120)); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 73/2017; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Ma. De la Luz Medina Miranda, en representación de sus menores hijos Ángel René y Oscar Daniel, de apellidos Román Medina, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda, así como de la ampliación, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: Del Titular de la Subdirección Especializada de Atención al Público en Zacatecas y Titular de la Subdirección Especializada en Atención al Público de PENSIONISSSTE, con residencia en la Ciudad de México: A) La falta de respuesta a la solicitud de entrega de los recursos de la cuenta de PENSIONISSSTE del extinto trabajador Anastacio Román Muñóz, realizada a través del formato denominado "disposición de recursos" a la que se le asignó el número de folio SEAP-0003140400, con clave de autorización 578. B) La negativa a liberar los recursos de la cuenta de PENSIONISSSTE del extinto trabajador Anastacio Román Muñóz, a favor de sus beneficiarios, como fue señalado en el oficio 170 177.2/026/2016. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de los actos reclamados, ya que si la omisión que se reclama a las autoridades responsables es lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, es claro que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo respecto a este tipo de actos es oportuna en cualquier momento. De igual forma, la ampliación de demanda fue promovida en tiempo, toda vez que el auto de cinco de junio de dos mil diecisiete en el que se previno para que si era deseo de la quejosa ampliara su demanda, le fue notificado el seis de junio de dos mil diecisiete (foja 89 vuelta), surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Amparo, por lo que el término de quince días transcurrió del ocho al veintiocho de junio de dos mil diecisiete, por lo que si la ampliación se presentó el veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 95 ídem) resulta evidente que fue presentada en tiempo. CUARTO. Inexistencia de acto reclamado. El Titular de la Subdirección Especializada de Atención al Público en Zacatecas y el Titular de la Subdirección Especializada en Atención al Público de PENSIONISSSTE, con residencia en la Ciudad de México, al rendir sus informes justificados, tanto de la demanda de amparo así como de la ampliación (fojas 23 a 30, 67 a 74, y 107 a 112 del juicio de amparo), negaron el acto reclamado consistente en la falta de respuesta a la solicitud de entrega de los recursos de la cuenta de PENSIONISSSTE del extinto trabajador Anastacio Román Muñóz, realizada a través del formato denominado disposición de recursos a la que se le asignó el número de folio SEAP-0003140400, con clave de autorización 578, pues al respecto manifestaron que mediante oficio 170 177.2/026/2016, le dieron respuesta a dicha petición. En ese tenor, deviene inexistente el aludido acto reclamado, pues como lo afirman las responsables, se advierte la existencia del oficio 170 177.2/026/2016, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 27 a 30 del juicio de amparo), en el que se advierte que el Jefe de Servicios en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), dio respuesta a la petición formulada por Ma. De la Luz Medina Miranda, misma que se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 1238/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, la cual le fue notificada a ésta en dicho juicio de manera personal por conducto de uno de sus autorizados, el once de febrero de dos mil dieciséis, mismo que se hace valer como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su 2° numeral, agregando copia certificada en lo conducente, para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia XXII. J/12, pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, Enero de 1997, visible a página 295, que reza: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO., sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. Así, si la parte quejosa en el presente juicio se duele de la omisión de atender la petición con número de folio SEAP-0003140400, y de las constancias que remitió la responsable se advierte que la responsable ya dio contestación a ésta, y fue notificada a su representante legal con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veinte de enero de dos mil diecisiete- por lo tanto, el acto que ahora se reclama resulta inexistente. Lo anterior es así, sin pasar por alto que el presente juicio de amparo es promovido por los menores, sin embargo, no obstante que la respuesta a la petición contenida en el oficio 170 177.2/026/2016, fue notificada a su representante legal (Ma. De la Luz Medina Miranda), les surte plenos efectos, pues ésta, al promover el presente juicio, aunado a que no lo promueva por propio derecho, jurídicamente no puede aducir conocerlos en lo personal y desconocerlos en representación de sus menores hijos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis VI.2o.C. J/184, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS RECLAMADOS CONOCIDOS POR EL REPRESENTANTE. Si el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados por conducto de su representante legal, en fecha muy anterior a la presentación de la demanda, surge la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento legal, sin que sea obstáculo el hecho de que dicho representante los haya conocido por su propio derecho, pues jurídicamente no puede conocerlos en lo personal y desconocerlos por su representación. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 79, Julio de 1994, Materia Común, registro 206346, página 15, del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. De igual forma, la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, registro 13793, página 254, del tenor siguiente: JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado consistente en la falta de respuesta a la solicitud de entrega de los recursos de la cuenta de PENSIONISSSTE del extinto trabajador Anastacio Román Muñóz, realizada a través del formato denominado disposición de recursos a la que se le asignó el número de folio SEAP-0003140400, con clave de autorización 578, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. El Titular de la Subdirección Especializada de Atención al Público en Zacatecas y el Titular de la Subdirección Especializada en Atención al Público de PENSIONISSSTE, con residencia en la Ciudad de México, al rendir sus informes justificados, tanto de la demanda de amparo así como de la ampliación (fojas 23 a 30, 67 a 74, y 107 a 112 del juicio de amparo), por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la negativa a liberar los recursos de la cuenta de PENSIONISSSTE del extinto trabajador Anastacio Román Muñóz, a favor de sus beneficiarios, como fue señalado en el oficio 170 177.2/026/2016, la autoridad responsable negó su existencia, sin embargo, no obstante dicha negativa, se estima cierto, pues de las propias manifestaciones de la responsable se advierte que expresó las razones por las que se negó la devolución de los recursos que reclama la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con las copias certificadas del oficio 170 177.2/026/2016 (fojas 27 a 30 del juicio de amparo) así como de diversas constancias relativas al trámite de devolución de recursos realizado por la parte quejosa (fojas 135 a 158 del juicio de amparo); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º . SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, las autoridades responsables al rendir su informe justificado, entre otras cosas, manifestaron que en el caso se actualizaba una causa de sobreseimiento del presente juicio en virtud de que no podían ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo. Son fundadas tales manifestaciones, pues en el caso, respecto al acto reclamado consistente en la negativa a liberar los recursos de la cuenta de PENSIONISSSTE del extinto trabajador Anastacio Román Muñóz, a favor de sus beneficiarios, como fue señalado en el oficio 170 177.2/026/2016, como las responsables lo manifiestan, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, al considerar que el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, consiste únicamente en una función que éstas realizan con el carácter de administradoras de fondo para el retiro, por lo cual se trata de una relación entre particulares; lo que llevó a deducir que las autoridades del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, señaladas como responsables, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, toda vez que no están investidas con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa. Al respecto, en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo se prevé: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sobre ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo cual se sigue que autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Asimismo señaló, al atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; de acuerdo con la cual, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional es el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Corolario de lo anterior, dicha Segunda Sala precisó que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Y destacó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De las anteriores consideraciones derivó la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 1089, del tenor siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Aunado a lo expuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. De ahí que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que a la luz del nuevo alcance del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, señaló que el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. En este orden de ideas, dicha Sala puntualizó que al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo; el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. En resumidas cuentas, señaló que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. De dicha denuncia de contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Materia Común, Décima Época, página 1797, de rubro: ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En esa tesitura, se estima que los actos reclamados por el quejoso a autoridades del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), no tienen como origen una relación de supra a subordinación -como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio y un particular-. Ciertamente, para llegar a dicha conclusión es preciso mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la administración de los seguros (de salud, de riesgos de trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de invalidez y vida), las prestaciones y los servicios establecidos en ese ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esa ley. Por su parte, según se prevé en los artículos 103, 104 y 105 del ordenamiento jurídico en cita, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), es un órgano público desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dotado de facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de dicha ley, que tiene a su cargo administrar cuentas individuales e invertir los recursos de las cuentas individuales que administre, excepto los de la subcuenta del fondo de la vivienda, y cuenta con las facultades siguientes: I. Abrir, administrar y operar las cuentas individuales de los trabajadores en los mismos términos que las administradoras; II. Recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las cuentas individuales y los demás recursos que en términos de la Ley del ISSSTE puedan ser recibidos en las cuentas individuales, excepto las de la subcuenta del fondo de la vivienda; III. Individualizar las cuotas y aportaciones destinadas a las cuentas individuales, así como los rendimientos derivados de la inversión de las mismas; IV. Invertir los recursos de las cuentas individuales en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que administre; V. Constituir y operar sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro; VI. Cobrar comisiones a las cuentas individuales de los trabajadores, con excepción de la subcuenta del fondo de la vivienda. Estas comisiones estarán destinadas a cubrir los gastos de administración y operación del PENSIONISSSTE que sean inherentes a sus funciones. VII. Enviar, por lo menos dos veces al año, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales y el estado de sus inversiones, destacando en ellos las aportaciones de las dependencias y entidades, del estado y del trabajador, y el número de días de cotización registrado durante cada bimestre que comprenda el periodo del estado de cuenta, así como las comisiones cobradas; VIII. Establecer servicios de información y atención a los trabajadores; IX. Entregar los recursos a la aseguradora o administradora que el trabajador o sus familiares derechohabientes hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias, del seguro de sobrevivencia, o retiros programados; X. Contratar cualquier tipo de servicios requeridos para la administración de las cuentas individuales y la inversión de los recursos; y, XI. Las demás que le otorguen la Ley del ISSSTE u otras leyes. En adición a lo anterior, para los trabajadores que escojan permanecer en el sistema de reparto que se establecía en la Ley del ISSSTE abrogada, se estipula en el artículo décimo primero transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, que las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán ingresadas en la tesorería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, excepto la aportación del dos por ciento de retiro, la cual se destinará a la subcuenta de ahorro para el retiro de las cuentas individuales de esos trabajadores que serán administradas exclusivamente por el PENSIONISSSTE. Por lo que si bien es cierto, las pensiones que se otorgan a los trabajadores que opten por el esquema establecido en el artículo décimo transitorio estarán a cargo del Gobierno Federal, también es verdad, que de acuerdo con lo previsto en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo transitorios de la Ley del ISSSTE en vigor, los recursos acumulados en las cuentas individuales deberán ser transferidos al PENSIONISSSTE y serán administradas por él. En ese tenor, queda evidenciado que respecto de los actos reclamados que el disidente atribuyó a las autoridades del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), que consistieron en la negativa a liberar los recursos de la cuenta de PENSIONISSSTE del extinto trabajador Anastacio Román Muñóz, en favor de sus beneficiarios, como fue señalado en el oficio 170 177.2/026/2016, no procede el juicio de amparo indirecto, dado que esos actos reclamados se originaron de la relación que la parte quejosa, en su carácter de beneficiarios de quien en vida fue asegurado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues una de las obligaciones de dicho instituto de seguridad social es administrar los diversos seguros previstos en la ley que lo rige, entre los cuales se encuentran el de salud, de riesgos de trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de invalidez y vida; de modo que, para hacer efectiva tal labor, se creó el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), como un órgano público desconcentrado dotado de facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de la Ley del ISSSTE, quien tiene a su cargo administrar cuentas individuales e invertir los recursos de las cuentas individuales que administre, excepto los de la subcuenta del fondo de la vivienda. De ahí que la vinculación que guarda la parte quejosa con las autoridades señaladas como responsables y dependientes del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, como órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, surge de las obligaciones que tiene el ISSSTE, y se sitúa en un plano de coordinación en relación con los beneficiarios que solicitan la entrega de los recursos acumulados en la cuenta individual de quien en vida llevó el nombre de Anastacio Román Muñóz, por lo que no se puede considerar como un acto unilateral, revestido de imperio y obligatoriedad, en tanto que no realizan actos equivalentes a los de autoridad, pues no dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar acto alguno en forma unilateral y obligatoria, ni omitió actuar en determinado sentido; ya que la negativa a entregar los recursos la emitió dado el mecanismo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que le otorga la atribución de administrar las cuentas individuales de los trabajadores. En efecto, la circunstancia consistente en que el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), sea un órgano público desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se encargue de administrar los recursos que las dependencias aportan por cada trabajador que tengan a su servicio, a fin de que constituyan un ahorro para el momento en que se retiren del servicio, no es una atribución que le confiera el carácter de autoridad para efectos del amparo, porque al realizar esas funciones no actúa con potestad de imperio por la que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que incidan en la esfera legal del gobernado. En ese contexto, aun y cuando el PENSIONISSSTE maneje los recursos de los trabajadores pensionados, ello no significa que actúe investido de imperio con funciones que le atribuyan el carácter de autoridad, sino por el contrario, al regirse con base en reglas financieras, se asemeja formal y materialmente a las denominadas administradoras de fondos para el retiro (AFORES), que por su propia naturaleza, actúan en un plano de coordinación frente a los trabajadores de quienes administran sus cuentas, y que con el cobro de comisiones, buscan obtener una ganancia, a diferencia del PENSIONISSTE, que debe canalizar esos recursos a la actividad productiva nacional, la construcción de vivienda y la generación de energía, lo que no le confiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 171/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Materia Laboral, página 24, que se cita a continuación: PENSIONISSSTE. AL MANEJAR LOS RECURSOS DE LOS TRABAJADORES SE RIGE CON BASE EN REGLAS FINANCIERAS. De los artículos 103 a 113 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1o. de abril de 2007, se advierte que la naturaleza jurídica del PENSIONISSSTE es la de un órgano público desconcentrado del Instituto con facultades para invertir los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores -buscando una mayor seguridad y rentabilidad- en valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión determinado por su Comisión Ejecutiva; que estará sujeto a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las reglas de carácter general que al respecto se emitan y que dentro de las atribuciones y funciones de su Comisión Ejecutiva está el proponer a la Junta Directiva del Instituto, la estrategia de inversión de los recursos de pensiones. Por otra parte, los artículos 226 y 227 de la ley del Instituto, disponen que éste deberá constituir un Comité de Inversiones que tendrá a su cargo analizar y hacer recomendaciones respecto de la Inversión de los Fondos de las Reservas que constituya el Instituto. Por ello, el PENSIONISSSTE es un participante activo de los sistemas de ahorro para el retiro, asemejándose formal y materialmente a las denominadas Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), distinguiéndose en que tiene la característica de ser un órgano desconcentrado del Instituto, cuyos fondos que administre deberán ser canalizados preferentemente, a través de su colocación en valores, a fomentar la actividad productiva nacional, la construcción de vivienda, la generación de energía, la producción de gas y petroquímica y la construcción de carreteras, mientras que las segundas son entidades de carácter privado, cuyas inversiones si bien, igualmente se canalizan a importantes áreas, no pueden destinarse a la generación de energía, la producción de gas y petroquímica y la construcción de carreteras. En consecuencia, el PENSIONISSSTE, desarrolla actividades primordialmente de carácter financiero, que administra e invierte sin ánimo de lucro, con seguridad y transparencia los recursos de las cuentas individuales en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que administre, por lo que el hecho de que en su Comisión Ejecutiva y en el Comité de Inversiones del Instituto, participen individuos designados por diversos órganos de gobierno, no significa que las actividades desarrolladas estén determinadas por estrategias políticas con ánimo de lucro, toda vez que su tarea fundamental es de índole financiera, habida cuenta que en la Comisión Ejecutiva participan 9 representantes de los trabajadores y en el Comité de Inversiones por lo menos 2 personas independientes con experiencia en la materia." Por lo que, para dirimir las diferencias entre dichas partes (PENSIONISSSTE y beneficiarios), quienes sostienen una relación de coordinación, se prevén en la ley los procedimientos que se tramitarán ante los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, siendo improcedente por tanto, la instancia constitucional que intentó la parte quejosa a través de la interposición de su demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis 2a. CXLIV/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época, página 785, del tenor siguiente: TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE LOS RECLAMOS REALIZADOS AL ISSSTE, AL FOVISSSTE Y AL PENSIONISSSTE. Conforme al artículo 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la competencia para conocer de los juicios en los que los beneficiarios de los trabajadores al servicio del Estado demanden prestaciones de seguridad social, recae en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Adicionalmente, de los artículos 1, fracción III, 6, fracciones I, IV y XXVII, 103, 105 y 192 de la misma ley, se advierte que: a) ésta es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y es aplicable para las dependencias, entidades, trabajadores del servicio civil, pensionados, familiares y derechohabientes que hayan laborado en las dependencias y entidades del Poder Judicial de la Federación; b) el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado PENSIONISSSTE, se creó como un órgano desconcentrado del propio Instituto; y c) los recursos de la subcuenta del fondo de vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores, serán transferidos a aquél, a las administradoras o aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente o se entregarán en una sola exhibición. Así, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al ser la autoridad facultada para conocer de los juicios en los que los beneficiarios de los trabajadores al servicio del Estado demandan prestaciones de seguridad social, entre los que se incluyen los pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, es la autoridad competente para conocer de la declaración de beneficiarios derivada del deceso de alguno de sus servidores públicos, así como de las prestaciones reclamadas por los trabajadores de aquél o sus beneficiarios, y de los reclamos de éstos en lo que atañe a la devolución de los montos acumulados en las cuentas individuales administradas por el PENSIONISSSTE y, consecuentemente, del reconocimiento de beneficiarios para esos fines. Asimismo, dicho Tribunal también debe conocer de los reclamos de los trabajadores del Poder mencionado y sus beneficiarios en lo que atañe a la devolución de los montos acumulados en la cuenta individual del Fondo de Vivienda de ese Instituto (FOVISSSTE), conforme al artículo 6, fracción XXVII, en relación con el 78 de la Ley del Instituto referido, toda vez que las aportaciones reclamadas surgieron con motivo de la relación laboral entre los trabajadores y el Estado. Así como por las consideraciones expuestas, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del rubro y texto: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. Por lo tanto, el acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que la actuación desplegada por éstas, se ubica en un plano de coordinación en relación con el jubilado, por lo que carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley. Máxime que si lo que en realidad la parte quejosa reclama es el oficio 170 177.2/026/2016, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 27 a 30 del juicio de amparo), en el que el Jefe de Servicios en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), dio respuesta a la petición formulada por Ma. De la Luz Medina Miranda, el juicio de amparo de igual forma resultaría improcedente ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo que literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del primer precepto se desprende que la presentación de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas hipótesis que contempla dicho numeral, como son: cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en un plazo de hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, podrá presentarse en cualquier tiempo; excepciones que no se actualizan en el presente caso. En el diverso precepto legal citado, se establecen diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: I) a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; II) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o III) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Como se dijo, si lo que en realidad la parte quejosa reclama es el oficio 170 177.2/026/2016, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 27 a 30 del juicio de amparo), en el que el Jefe de Servicios en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), dio respuesta a la petición formulada por Ma. De la Luz Medina Miranda, el juicio de amparo resulta extemporáneo, pues dicho oficio fue notificado a la representante legal de los menores, el once de febrero de dos mil dieciséis dentro del juicio de amparo 1238/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, por lo que de manera evidente a la fecha de presentación de la demanda (veinte de enero de dos mil diecisiete) transcurrió en exceso el término de quince días que prevé la Ley de Amparo para la presentación de la demanda. Lo anterior sin pasar por alto que la respuesta a la petición contenida en el oficio 170 177.2/026/2016, fue notificada a la representante legal de los menores aquí quejosos (Ma. De la Luz Medina Miranda), pues como ya se dijo, jurídicamente ésta no puede aducir que conoce dicho oficio en lo personal y lo desconoce en representación de sus menores hijos, por lo que dicha notificación les surte plenos efectos los menores aquí quejosos. Entonces, el juicio de amparo en contra del oficio 170 177.2/026/2016, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 27 a 30 del juicio de amparo), en el que el Jefe de Servicios en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), dio respuesta a la petición formulada por Ma. De la Luz Medina Miranda, resulta improcedente pues se promovió de manera extemporánea. SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. De la Luz Medina Miranda, en representación de sus menores hijos Ángel René y Oscar Daniel, de apellidos Román Medina, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo por las razones anotadas en los diversos cuarto y sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso quien autoriza y da fe. El licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, Secretario del Juzgado, hace constar y certifica que la presente corresponde a la última foja de la sentencia dictada en esta fecha dentro del juicio de amparo 73/2017, promovido por Ma. de la Luz Medina Miranda. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Doy fe.
- Principal
El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con un oficio registrado con el folio 14313 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signando por la Jefa de Servicios de lo Contencioso del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), con residencia en la ciudad de México, con el cual da cumplimiento a lo requerido mediante auto de veintiséis de septiembre de la presente anualidad; informa: 1) respecto al trámite de disposición de recursos con número de folio 1233285, los trámites que son rechazados documentalmente no se concentran para su archivo, 2) respecto al trámite de disposición de recursos folio 3140400, de lo cual adjunta copia certificada del mismo, 3) respecto al requerimiento relativo al impacto en DATAMART por orfandad resuelto el treinta de enero de dos mil doce e impacto por viudez con fecha de resolución de tres de julio de dos mil doce, de lo cual adjunto impresión de pantalla. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la referida autoridad las constancias antes descritas y que adjunta en copia certificada del expediente folio SEAP-0003140400; prueba que dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con su contenido, dese vista a las partes, para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL
- Principal
El veinticinco de dos mil diecisiete. El suscrito licenciado Juan García Trejos, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Asimismo, que no obra el acuse de recibo 1343/2017 por el cual se le notificó a la Jefa de Servicios de lo Contencioso y en representación del Titular de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE); el auto de diecinueve de octubre de la presente anualidad. Lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario Juan García Trejo da cuenta al Juez con la certificación que antecede, el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de lo que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, aún no obra en autos el acuse correspondiente al oficio 1343/2017 por el cual le fue notificada a la Jefa de Servicios de lo Contencioso y en representación del Titular de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) el auto de diecinueve de octubre de la presente anualidad por el cual le fue concedida una prórroga por el termino de diez días para presentar las constancias que se le solicitaron mediante auto de veintiséis de septiembre de la presente anualidad; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL
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