Ángel Miranda Figueroa
Expediente 590/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ángel Miranda Figueroa
- Agente del Ministerio PùBlico de la FederaciòN Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
El cuatro de agosto de dos mil veintidós, el suscrito Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretaria de juzgado, certifico que: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintisiete de junio al ocho de julio del año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de diecisiete de junio del año en curso, dictado dentro del juicio de derechos en que se actúa; asimismo, todas las partes quedaron debidamente notificadas del citado auto; De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por separado; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que transcurrió para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el diecisiete de junio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la suspensión de plano, el presente asunto debe considerarse como DEPURABLE. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El diecisiete de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 12288 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la promoción signada por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la mencionada autoridad las documentales que adjunta. Así, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, este juzgador advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues en su libelo de demanda, los quejosos Susane Broches Guevara, Orelbe González Pérez y Ángel Miranda Figueroa, reclamaron del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, la privación ilegal de su libertad y, como consecuencia, la incomunicación, vejación y malos tratos que adujeron fueron objeto con motivo de dicha privación de libertad. Luego, con relación a dichos actos, el catorce de abril del año en curso, la autoridad responsable permitió el egreso de los quejosos Susane Broches Guevara, Orelbe González Pérez y Ángel Miranda Figueroa, con la única condición de acudir a firma todos los días y horas ahí establecidos, a las instalaciones de la Delegación en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, con el fin de continuar con su procedimiento administrativo. Asimismo se les hizo del conocimiento que de incumplir con las condiciones fijadas para autorizar su egreso, se emitiría la alerta migratoria correspondiente, tal como lo dispone el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración. La documental anterior cuenta con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser un documento público suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por los quejosos, en razón a que el catorce de abril del año en curso, ordenó su egreso a fin de que continuaran con el procedimiento administrativo que se les sigue, en libertad. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados al Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque fueron egresados de las instalaciones de dicha delegación estatal; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a los amparistas, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el catorce de abril de dos mil veintidós, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el seis de abril del año en curso, inhabilitó los efectos de los actos reclamados; debe considerarse que han sido destruidos los efectos del acto tildado de inconstitucional en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención de los quejosos ocurrida el trece de marzo de dos mil veintidós, por más de treinta y seis horas; así como la negativa a concederle el beneficio procesal de libertad bajo garantía caucional, si éstos ya fueron puestos en libertad con el fin que de esa manera se continúe con su procedimiento migratorio, siempre y cuando cumplan con las condiciones que se les fijaron. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cinco minutos del cinco de julio de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinte de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: El diecisiete de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 12288 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la promoción signada por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la mencionada autoridad las documentales que adjunta. Así, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, este juzgador advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues en su libelo de demanda, los quejosos Susane Broches Guevara, Orelbe González Pérez y Ángel Miranda Figueroa, reclamaron del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, la privación ilegal de su libertad y, como consecuencia, la incomunicación, vejación y malos tratos que adujeron fueron objeto con motivo de dicha privación de libertad. Luego, con relación a dichos actos, el catorce de abril del año en curso, la autoridad responsable permitió el egreso de los quejosos Susane Broches Guevara, Orelbe González Pérez y Ángel Miranda Figueroa, con la única condición de acudir a firma todos los días y horas ahí establecidos, a las instalaciones de la Delegación en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, con el fin de continuar con su procedimiento administrativo. Asimismo se les hizo del conocimiento que de incumplir con las condiciones fijadas para autorizar su egreso, se emitiría la alerta migratoria correspondiente, tal como lo dispone el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración. La documental anterior cuenta con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser un documento público suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por los quejosos, en razón a que el catorce de abril del año en curso, ordenó su egreso a fin de que continuaran con el procedimiento administrativo que se les sigue, en libertad. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados al Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque fueron egresados de las instalaciones de dicha delegación estatal; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a los amparistas, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el catorce de abril de dos mil veintidós, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el seis de abril del año en curso, inhabilitó los efectos de los actos reclamados; debe considerarse que han sido destruidos los efectos del acto tildado de inconstitucional en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención de los quejosos ocurrida el trece de marzo de dos mil veintidós, por más de treinta y seis horas; así como la negativa a concederle el beneficio procesal de libertad bajo garantía caucional, si éstos ya fueron puestos en libertad con el fin que de esa manera se continúe con su procedimiento migratorio, siempre y cuando cumplan con las condiciones que se les fijaron. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cinco minutos del cinco de julio de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinte de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El trece de junio de dos mil veintidós, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado certifica: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto; sin embargo, de autos se advierte que la responsable titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, al momento de rendir su informe justificado únicamente allegó copias certificadas del expediente administrativo de los quejosos Orelbe González Pérez y Ángel Miranda Figueroa, no así el de la diversa quejosa Susane Broches Guevara. Por tanto, tomando en consideración que este juzgado considera necesario realizar un análisis de las constancias justificativas; por tanto, de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a dicha responsable para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remita a este juzgado las constancias relativas al expediente relativo a la quejosa Susane Broches Guevara, en razón de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Bajo apercibimiento de que de no dar cumplimiento en los términos indicados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a CIEN UNIDADES de medida y actualización vigente en el país. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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