Ángel Olegario Márquez González

Expediente 655/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
655/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Ángel Olegario Márquez González

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 19 - 22), en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO... Número de expediente: 655/2019 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Radicación: Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Olegario Márquez González, contra actos del Fiscal en Jefe Titular de la Mesa Uno de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; fórmese expediente físico y electrónico bajo el número de amparo indirecto 655/2019. Desechamiento. La demanda de amparo debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. En el caso, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley; que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para mejor comprensión del asunto y de las razones por las que se actualiza la citada causa de improcedencia, cabe destacarse que para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Noviembre de 2001, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, el quejoso reclama del Fiscal en Jefe Titular de la Mesa Uno de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto de a Vicefiscalía Regional de la Mixteca con sede en Huajupan de León, Oaxaca, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. A).- EXCARCELACIÓN QUE SIN AUTORIZACIÓN LEGAL REALIZÓ DE MI PERSONA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019. B).- REMOCIÓN DE MI DEFENSOR PRIVADO E IMPOSICIÓN DE UN DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADA CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2019, con el fin de realizar un acto de investigación consistente en el reconocimiento de persona entre el suscrito y JORGE MORALES VELÁSQUEZ, quien es mi coimputado en la causa penal 02/2019 del índice del Juzgado de Control de Tlaxiaco, Oaxaca. C).- Por consecuencia de los actos anteriores, también señalo como acto reclamado: LA DILIGENCIA DE DESHOGO DEL ACTO DE INVESTIGACIÓN CONSISTENTE EN EL RECONOCIMIENTO DE PERSONA ENTRE EL SUSCRITO Y JORGE MORALES VELÁSQUEZ QUIEN ES MI COIMPUTADO EN LA CAUSA PENAL 02/2019 DEL JUZGADO DE CONTROL DE TLAXIACO, OAXACA, misma que fue realizada el 26 de junio del 2019." Así también, en los antecedentes del acto reclamado, el promovente manifiesta que se encuentra privado de su libertad bajos los efectos del auto de vinculación a proceso que le fue dictado el siete de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal 02/2019 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, por el delito de homicidio calificado. Luego, lo relatado pone de manifiesto que el Fiscal señalado como responsable, dejó de tener el carácter de autoridad desde que ejerció la acción penal, y se convirtió en parte procesal dentro del expediente penal respectivo, por lo que sus actos no pueden considerarse para efectos del amparo como emanados de una autoridad, al carecer de autonomía y coercibilidad, pues sus actuaciones se encuentran supeditadas al arbitrio del juzgador que conoce de la causa penal. Por tanto, el juicio de amparo que promueve contra los actos llevados a cabo por el Fiscal en Jefe Titular de la Mesa Uno de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto de a Vicefiscalía Regional de la Mixteca con sede en Huajupan de León, Oaxaca, resulta improcedente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2020129, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, hasta en tanto acrediten ante este órgano jurisdiccional encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado, o proporcionen los datos correspondientes, en virtud de que la cédula número 5915646 que proporciona, no se localizó registrada en el Portal del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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