Ángel Morales García

Expediente 1105/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1105/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Ángel Morales García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1105/2023. R E S U L T A N D O: ÚNICO. Trámite. En proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por ********************, contra los actos reclamados a la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que más adelante se precisarán, actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 89, 90, 71, 72, 73, 124 y 133, Constitucionales. Por consiguiente, se pidió a la autoridad responsable su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el juicio de amparo son: Acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente incidental ********************, en el que la autoridad responsable le impone al quejoso de manera provisional la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de su cargo como encargado del despacho de la Coordinación Administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que la autoridad responsable admite a trámite el informe de presunta responsabilidad administrativa con número de expediente ********************. Acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente incidental ********************, en el que la autoridad responsable le impone de manera definitiva medida cautelar consistente en la suspensión temporal de su cargo como encargado del despacho de la Coordinación Administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad resolutora, Coordinador Jurídico y Substanciadora y Encargado del Despacho, todos de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al rendir su informe previo, convinieron en la existencia de los actos reclamados. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. Previo a examinar si se cumplen o no los requisitos para decretar la medida cautelar solicitada, es menester atender a la naturaleza de los actos reclamados, así como a los efectos y consecuencias que producen estos, a efecto de determinar si se pueden suspender y que dicha medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Al respecto, adquiere relevancia el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo contenido es el que sigue: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". Para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: a) Que la solicite la parte quejosa. b) No se siga perjuicio al interés social. c) Ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los actos reclamados puedan ser objeto de suspensión, además de los requisitos anteriormente precisados, se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para cumplir con el contenido de la fracción X, del artículo 107, de la Constitución, el juzgador debe tomar en consideración la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, definiendo al primero como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y al segundo, como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede producirse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En efecto, se debe ponderar de manera simultánea los aspectos que se analizan, es decir, se debe confrontar la apariencia del buen derecho invocado por la parte quejosa, con la posible afectación que se pueda ocasionar al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuestos a que se refieren las fracciones II y III, del artículo 128 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el estudio de las referidas condiciones para suspender el acto reclamado debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad, sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo para decretar la medida. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 165659, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, de epígrafe y sinopsis siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte d Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: 'SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamad o, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Ahora bien, en cuanto a la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en: Acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente incidental ********************, en el que la autoridad responsable le impone al quejoso de manera provisional la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de su cargo como encargado del despacho de la Coordinación Administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que la autoridad responsable admite a trámite el informe de presunta responsabilidad administrativa con número de expediente ********************. Acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente incidental ********************, en el que la autoridad responsable le impone de manera definitiva medida cautelar consistente en la suspensión temporal de su cargo como encargado del despacho de la Coordinación Administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En el caso existe petición de la parte quejosa, formulada en su demanda, así como que no se advierte que el otorgamiento de la suspensión definitiva solicitada cause perjuicio al interés social o contravenga disposiciones de orden público, respecto del cual deberá llevarse a cabo un análisis ponderado bajo la apariencia del buen derecho. En el presente asunto, se satisfacen dichos requisitos, y toda vez que en la resolución reclamada de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente incidental ********************, la autoridad responsable le impone de manera definitiva medida cautelar consistente en la suspensión temporal de su cargo como encargado del despacho de la Coordinación Administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; por tanto, la materialización de estas sanciones es susceptible de ser paralizada, ya que puede detenerse transitoriamente su aplicación; en tal virtud, el acto reclamado, por su naturaleza, sí permite la suspensión, al tratarse de una sanción temporal de su cargo Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª/J.34/2004, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 444, con el rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 128, 138, 147 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realice inmediatamente las gestiones necesarias para que no se ejecuten las sanciones decretadas en la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, oficio ********************, consistentes en la suspensión temporal de su cargo como encargado del despacho de la Coordinación Administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; lo anterior, en el entendido de que si ya se hubiese iniciado la suspensión temporal, dicho periodo se interrumpirá y quedará paralizado solo por lo que hace a dicha suspensión temporal. La medida cautelar se concede en los apuntados términos únicamente respecto a la ejecución de las sanciones referidas en la demanda de amparo. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos desde ahora y hasta que se notifique a las autoridades responsables la declaración de ejecutoria de la sentencia que se dicte en el expediente principal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Informan cumplimiento a suspensión provisional. Incorpórese a los autos el oficio de la autoridad resolutora y Coordinador Jurídico y Substanciador, ambos de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el cual informan la determinación de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** de su índice, en cumplimiento a la suspensión provisional concedida al quejoso ********************, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la autoridad resolutora, Coordinador Jurídico y Substanciadora y Encargado del Despacho, todos de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el cual rinden informe previo; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación y admisión de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) con el número 1105/2023. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Contraloría General del ********************. Por separado tramítese el incidente de suspensión solicitado. Requerimiento de informes. Pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo, las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento al tercero interesado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, con una copia de la demanda y mediante oficio que al efecto se gire, emplácese a juicio a la autoridad tercera interesada ********************, para que esté en aptitud de promover conforme a su interés legal convenga. Autorizados. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, sin gozar de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcione el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Se autoriza consulta y notificaciones vía electrónica (determinaciones relevantes). Toda vez que el promovente proporciona el usuario "********************" - que se localizó como válido conforme a la certificación de cuenta-; por consiguiente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Así también, se autorizan las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, con el nombre de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía -electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber al promovente que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2026122, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la parte quejosa la que adjunta a su escrito de demanda, la cual se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza y sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. En cuanto a la presuncional legal y humana y la de actuaciones que ofrece, en el momento procesal oportuno se tomarán en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y se deducirán las presunciones que en su favor se aprecien. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción se deje en autos. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.

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